El Gobierno Nacional ha logrado desplegar un nuevo rumbo en materia de políticas para los diferentes sectores del campo orientándose decididamente a la promoción de los pequeños y medianos productores rurales.
Según consignó Tiempo Argentino, el 16 de marzo último, 6 años y medio después de la crisis política generada por la resolución 125, el gobierno dio a conocer una resolución mediante la cual se dispuso una segmentación de las retenciones para favorecer a los pequeños productores.
El nombramiento de Carlos Casamiquela como Ministro de Agricultura en noviembre de 2013 fue un adelanto de lo que podría ocurrir en la medida en que, ya en su asunción, estableció que los ejes de su política apuntarían a la creación de cadenas de valor regionales en donde los pequeños productores rurales juegan un papel de gran protagonismo.
La resolución del 16 de marzo surgió de un acuerdo con la nueva conducción de la Federación Agraria Argentina que, encabezada por Omar Príncipe decidió priorizar un diálogo con el gobierno para obtener beneficios para sus representados antes que sostener su alianza con la Mesa de Enlace.
Los precios de las commodities alimenticias se han derrumbado y los márgenes de ganancias se han reducido sensiblemente, afectando principalmente a los pequeños productores.
CONTEXTO. Claro que la realidad del sector no es la misma hoy que hace algunos años e incluso algunos meses atrás lo que ha puesto a flor de piel los intereses y necesidades contradictorias existentes en el seno de la Mesa de Enlace poniendo de relieve su profunda heterogeneidad.
En diálogo con Tiempo, Gustavo Tettamanti actual Secretario Nacional de la Federación Agraria Argentina explicó que: «Del 2008 a esta parte al productor asociado a la FAA no le pudimos acercar ninguna solución. La Mesa de Enlace representa distintos intereses. La situación es grave por la caída de los precios de las commodities y por cuestiones climáticas. El pequeño y mediano productor necesita un oxígeno mayor que el grande, necesitamos una política tributaria diferenciada.» explicó.
Es que los precios de las commodities alimenticias se han derrumbado y los márgenes de ganancias se han reducido sensiblemente, afectando principalmente a los pequeños productores.
La soja, por ejemplo, que en julio de 2008 se ubicaba en alrededor de 570 dólares la tonelada, al cierre de esta edición cotizaba apenas 358 dólares. En el medio llegó a valuarse por encima de los 600 dólares. El trigo cerró el jueves último a 183 dólares la tonelada cuando en septiembre de 2012 llegó a ubicarse en los 330 dóalres. El maíz, por su parte, cotiza hoy a 154 dólares la tonelada cuando en julio de 2012 llegó hasta los 320 dólares, más del doble.
BENEFICIOS. Los beneficios otorgados por el gobierno a los pequeños productores no sólo alcanzaron a los que participan en la producción de granos y oleaginosas sino también a los pequeños productores de leche a quienes se les destinó un subsidio de $ 0,30 por litro a cargo del Estado para garantizar la rentabilidad del sector y la defensa de la cadena de producción y el empleo. En este caso también hubo un fuerte retroceso de los valores de la leche en polvo a nivel internacional. La medida busca preservar el entramado productivo de la cadena láctea evitando la quiebra de cooperativas y tambos de menor cuantía ya que alcanzará a los productores de hasta 2900 litros diarios que incluyen al 85% de los tamberos. Este beneficio durará, al menos, durante tres meses.
La segmentación de las retenciones para cereales y oleaginosas beneficiará a los 46 mil productores de soja, maíz, trigo y girasol que producen menos de 700 toneladas anuales y representan, según datos del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca, el 80% de los productores del país. Los beneficios siguen la lógica general de la resolución en la medida en que, de este segmento de pequeños productores, los beneficios en materia de derechos de exportación, se incrementarán de manera progresiva para los productores más pequeños, tanto en términos de volúmen de producción como en la extensión de la propiedad de la tierra.
Así, el próximo 15 de abril, los diferentes productores recibirán una parte proporcional del 20% de los 2500 millones de pesos totales que se destinarán al denominado Fondo de Reintegro y que resultará paulatinamente de los montos que efectivamente se recauden por ese concepto.
Según explicó a este diario Gustavo López, analista de Agritrend, «como concepto es un paliativo. El ministro explicó que, en total, son 60 mil millones de pesos de recaudación bajo el ítem de derechos de exportación. El fondo es de 2500 millones de pesos, lo que implica una participación del 4% sobre el total. Pero si uno lo limita al 12% de lo que producen los beneficiarios, que a su vez representan el 80% de los productores, entonces son unos 7200 millones de pesos y el beneficio llega al 35% de lo que habitualmente pagarían.», calculó.
Sin embargo, para Guillermo Martini de la Corriente Agraria Nacional y Popular (CANPO), «no hay un cambio de rumbo en cuanto a la política sino en lo que hace a la relación institucional con una de las organizaciones más importantes que es la de medianos y pequeños productores», aclaró, en referencia a la nueva conducción de la Federación Agraria Argentina, y continuó señalando que «esa relación se viene intentando por muchas otras líneas que no fueran la relación formal que Buzzi y su consejo directivo bloquearon permanentemente».
ANTENCEDENTES. En rigor, la voluntad del gobierno de ofrecer beneficios a los pequeños productores es de larga data. Las retenciones segmentadas ya estaban incluídas en la Resolución 125 que contemplaba, además, una compensación de fletes para pequeños productores. Guillermo Martini de la CANPO recuerda que «estuvo también planteada cuando Julián Domínguez era Ministro de Agricultura pero fue desechada por la conducción de la FAA de entonces. La actual conducción, que si bien surge de la mano de Buzzi, se da cuenta que hay montones de puertas abiertas. El gobierno no hace cosas diferentes a las que venía haciendo sino que ahora se pueden implementar». aclaró.
Otra señal de que el gobierno ya venía desarrollando políticas destinadas a los pequeños productores lo revela la elevación, en julio de 2014, a rango de Secretaría, a la entonces Subsecretaría de Agricultura Familiar y luego la aprobación de la Ley de Agricultura Familiar en diciembre de 2014 que entró en vigencia en enero de este año y que contempla un financiamiento de 1500 millones de pesos destinados al desarrollo de los pequeños productores rurales a través de proyectos de financiamiento, la cesión de tierras a través de la creación de un banco de tierras para el desarrollo de emprendimientos productivos y el impulso de ferias regionales y nacionales. La agricultura familiar representa el 20% del PBI del sector agropecuario nacional, contempla el 20% de tierras productivas y el 27% del valor de la producción. Comprende 30,9 millones de hectáreas totales y el 65% del total de los productores. La actividad además constituye el 53% del empleo rural. «Cuando yo era subsecretario de agricultura familiar, recuerda Martini, implementamos programas por mil millones de pesos.»
Consultado sobre los motivos del nuevo alineamiento de las organizaciones de pequeños productores, Martini explica que «la realidad impactó de lleno. Implica la necesidad de reconocer que los sistemas productivos necesitan de un trabajo en conjunto del gobierno con los sectores. Los altos precios disimulan cualquier problema mientras que los bajos precios te enfrentan a la realidad». explicó. Tettamanti de la FAA aclaró que «no negociamos sólo con el gobierno nacional sino también con los gobiernos provinciales de distinto signo político». Además explicó que para la situación coyuntural, a las medidas ya adoptadas, «habría que sumarle una política crediticia diferencial».
A largo plazo el dirigente explicó que «es necesario trabajar en cuestiones estructurales. Necesitamos una ley de arrendamiento que contemple el uso y tenencia de la tierra y una ley de semillas que frene las presiones de las grandes corporaciones para el patentamiento de los recursos naturales».
TRIUNFO POLÍTICO. Un resultado de esta nueva relación entre el gobierno y la FAA fue la virtual disolución de la Mesa de Enlace cuya capacidad de acción se vio fuertemente afectada en el último lockout que, según reconocieron todos los sectores políticos, fracasó rotundamente como lo demuestran también los números de las transacciones realizadas en los puertos de Rosario y en el Mercado de Liniers. El documento de la Mesa de Enlace criticó explícitamente el intervencionismo estatal justo cuando los pequeños productores se estaban beneficiando con acciones del propio Estado.
DEVALUACIONISTAS. Con todo, la retención de soja persiste ya que, según informó CIARA-CEC, la liquidación de granos en lo que va del año es un 32% menor a la que se produjo en el mismo período del año anterior a pesar de contar con una cosecha un 15% superior y con una tendencia de precios a la baja. Para Martini de CANPO «es inexplicable desde el punto de vista de la lógica económica, es solamente explicable desde el punto de vista de la especulación, ellos piensan ‘ya estamos metidos en un juego en el que le erramos, la única manera que tenemos de recuperar lo perdido es provocando una devaluación y para eso tenemos que restringir los dólares’. Es un grave error, la soja va a seguir bajando, hay una gran cosecha en Estados Unidos, lo mismo en Brasil y en Argentina». De cualquier forma, «van a tener que vender soja para pagar los insumos, los alquileres y en 20 días cuando esté la cosecha a pleno no les va a quedar otra que liquidar», pronosticó.
Según consignó Tiempo Argentino, el 16 de marzo último, 6 años y medio después de la crisis política generada por la resolución 125, el gobierno dio a conocer una resolución mediante la cual se dispuso una segmentación de las retenciones para favorecer a los pequeños productores.
El nombramiento de Carlos Casamiquela como Ministro de Agricultura en noviembre de 2013 fue un adelanto de lo que podría ocurrir en la medida en que, ya en su asunción, estableció que los ejes de su política apuntarían a la creación de cadenas de valor regionales en donde los pequeños productores rurales juegan un papel de gran protagonismo.
La resolución del 16 de marzo surgió de un acuerdo con la nueva conducción de la Federación Agraria Argentina que, encabezada por Omar Príncipe decidió priorizar un diálogo con el gobierno para obtener beneficios para sus representados antes que sostener su alianza con la Mesa de Enlace.
Los precios de las commodities alimenticias se han derrumbado y los márgenes de ganancias se han reducido sensiblemente, afectando principalmente a los pequeños productores.
CONTEXTO. Claro que la realidad del sector no es la misma hoy que hace algunos años e incluso algunos meses atrás lo que ha puesto a flor de piel los intereses y necesidades contradictorias existentes en el seno de la Mesa de Enlace poniendo de relieve su profunda heterogeneidad.
En diálogo con Tiempo, Gustavo Tettamanti actual Secretario Nacional de la Federación Agraria Argentina explicó que: «Del 2008 a esta parte al productor asociado a la FAA no le pudimos acercar ninguna solución. La Mesa de Enlace representa distintos intereses. La situación es grave por la caída de los precios de las commodities y por cuestiones climáticas. El pequeño y mediano productor necesita un oxígeno mayor que el grande, necesitamos una política tributaria diferenciada.» explicó.
Es que los precios de las commodities alimenticias se han derrumbado y los márgenes de ganancias se han reducido sensiblemente, afectando principalmente a los pequeños productores.
La soja, por ejemplo, que en julio de 2008 se ubicaba en alrededor de 570 dólares la tonelada, al cierre de esta edición cotizaba apenas 358 dólares. En el medio llegó a valuarse por encima de los 600 dólares. El trigo cerró el jueves último a 183 dólares la tonelada cuando en septiembre de 2012 llegó a ubicarse en los 330 dóalres. El maíz, por su parte, cotiza hoy a 154 dólares la tonelada cuando en julio de 2012 llegó hasta los 320 dólares, más del doble.
BENEFICIOS. Los beneficios otorgados por el gobierno a los pequeños productores no sólo alcanzaron a los que participan en la producción de granos y oleaginosas sino también a los pequeños productores de leche a quienes se les destinó un subsidio de $ 0,30 por litro a cargo del Estado para garantizar la rentabilidad del sector y la defensa de la cadena de producción y el empleo. En este caso también hubo un fuerte retroceso de los valores de la leche en polvo a nivel internacional. La medida busca preservar el entramado productivo de la cadena láctea evitando la quiebra de cooperativas y tambos de menor cuantía ya que alcanzará a los productores de hasta 2900 litros diarios que incluyen al 85% de los tamberos. Este beneficio durará, al menos, durante tres meses.
La segmentación de las retenciones para cereales y oleaginosas beneficiará a los 46 mil productores de soja, maíz, trigo y girasol que producen menos de 700 toneladas anuales y representan, según datos del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca, el 80% de los productores del país. Los beneficios siguen la lógica general de la resolución en la medida en que, de este segmento de pequeños productores, los beneficios en materia de derechos de exportación, se incrementarán de manera progresiva para los productores más pequeños, tanto en términos de volúmen de producción como en la extensión de la propiedad de la tierra.
Así, el próximo 15 de abril, los diferentes productores recibirán una parte proporcional del 20% de los 2500 millones de pesos totales que se destinarán al denominado Fondo de Reintegro y que resultará paulatinamente de los montos que efectivamente se recauden por ese concepto.
Según explicó a este diario Gustavo López, analista de Agritrend, «como concepto es un paliativo. El ministro explicó que, en total, son 60 mil millones de pesos de recaudación bajo el ítem de derechos de exportación. El fondo es de 2500 millones de pesos, lo que implica una participación del 4% sobre el total. Pero si uno lo limita al 12% de lo que producen los beneficiarios, que a su vez representan el 80% de los productores, entonces son unos 7200 millones de pesos y el beneficio llega al 35% de lo que habitualmente pagarían.», calculó.
Sin embargo, para Guillermo Martini de la Corriente Agraria Nacional y Popular (CANPO), «no hay un cambio de rumbo en cuanto a la política sino en lo que hace a la relación institucional con una de las organizaciones más importantes que es la de medianos y pequeños productores», aclaró, en referencia a la nueva conducción de la Federación Agraria Argentina, y continuó señalando que «esa relación se viene intentando por muchas otras líneas que no fueran la relación formal que Buzzi y su consejo directivo bloquearon permanentemente».
ANTENCEDENTES. En rigor, la voluntad del gobierno de ofrecer beneficios a los pequeños productores es de larga data. Las retenciones segmentadas ya estaban incluídas en la Resolución 125 que contemplaba, además, una compensación de fletes para pequeños productores. Guillermo Martini de la CANPO recuerda que «estuvo también planteada cuando Julián Domínguez era Ministro de Agricultura pero fue desechada por la conducción de la FAA de entonces. La actual conducción, que si bien surge de la mano de Buzzi, se da cuenta que hay montones de puertas abiertas. El gobierno no hace cosas diferentes a las que venía haciendo sino que ahora se pueden implementar». aclaró.
Otra señal de que el gobierno ya venía desarrollando políticas destinadas a los pequeños productores lo revela la elevación, en julio de 2014, a rango de Secretaría, a la entonces Subsecretaría de Agricultura Familiar y luego la aprobación de la Ley de Agricultura Familiar en diciembre de 2014 que entró en vigencia en enero de este año y que contempla un financiamiento de 1500 millones de pesos destinados al desarrollo de los pequeños productores rurales a través de proyectos de financiamiento, la cesión de tierras a través de la creación de un banco de tierras para el desarrollo de emprendimientos productivos y el impulso de ferias regionales y nacionales. La agricultura familiar representa el 20% del PBI del sector agropecuario nacional, contempla el 20% de tierras productivas y el 27% del valor de la producción. Comprende 30,9 millones de hectáreas totales y el 65% del total de los productores. La actividad además constituye el 53% del empleo rural. «Cuando yo era subsecretario de agricultura familiar, recuerda Martini, implementamos programas por mil millones de pesos.»
Consultado sobre los motivos del nuevo alineamiento de las organizaciones de pequeños productores, Martini explica que «la realidad impactó de lleno. Implica la necesidad de reconocer que los sistemas productivos necesitan de un trabajo en conjunto del gobierno con los sectores. Los altos precios disimulan cualquier problema mientras que los bajos precios te enfrentan a la realidad». explicó. Tettamanti de la FAA aclaró que «no negociamos sólo con el gobierno nacional sino también con los gobiernos provinciales de distinto signo político». Además explicó que para la situación coyuntural, a las medidas ya adoptadas, «habría que sumarle una política crediticia diferencial».
A largo plazo el dirigente explicó que «es necesario trabajar en cuestiones estructurales. Necesitamos una ley de arrendamiento que contemple el uso y tenencia de la tierra y una ley de semillas que frene las presiones de las grandes corporaciones para el patentamiento de los recursos naturales».
TRIUNFO POLÍTICO. Un resultado de esta nueva relación entre el gobierno y la FAA fue la virtual disolución de la Mesa de Enlace cuya capacidad de acción se vio fuertemente afectada en el último lockout que, según reconocieron todos los sectores políticos, fracasó rotundamente como lo demuestran también los números de las transacciones realizadas en los puertos de Rosario y en el Mercado de Liniers. El documento de la Mesa de Enlace criticó explícitamente el intervencionismo estatal justo cuando los pequeños productores se estaban beneficiando con acciones del propio Estado.
DEVALUACIONISTAS. Con todo, la retención de soja persiste ya que, según informó CIARA-CEC, la liquidación de granos en lo que va del año es un 32% menor a la que se produjo en el mismo período del año anterior a pesar de contar con una cosecha un 15% superior y con una tendencia de precios a la baja. Para Martini de CANPO «es inexplicable desde el punto de vista de la lógica económica, es solamente explicable desde el punto de vista de la especulación, ellos piensan ‘ya estamos metidos en un juego en el que le erramos, la única manera que tenemos de recuperar lo perdido es provocando una devaluación y para eso tenemos que restringir los dólares’. Es un grave error, la soja va a seguir bajando, hay una gran cosecha en Estados Unidos, lo mismo en Brasil y en Argentina». De cualquier forma, «van a tener que vender soja para pagar los insumos, los alquileres y en 20 días cuando esté la cosecha a pleno no les va a quedar otra que liquidar», pronosticó.
