29 de Marzo de 2015
Panorama económico
La presión de los grupos concentrados y sus socios políticos y mediáticos para modifcar la política cambiaria enfrenta la negativa oficial a efectuar una nueva devaluación ampliada.
A medida que avanza el 2015, se siguen consolidando estudios de lo que fue el 2014 en términos económicos. Recientemente, el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra) de la CTA difundió su informe de coyuntura, en el que dio cuenta de datos que terminan de exhibir lo que fue el peor año económico del ciclo kirchnerista. Allí, se señala que mientras que la inflación alcanzó el récord del 36,8% anual, los salarios de los trabajadores registrados experimentaron un descenso del 4,8% y la desocupación aumentó en un 0,2% en relación con 2013. Por si no bastara, el Indec difundió el miércoles que el coeficiente Gini, que mide la desigualdad en la distribución de ingresos, subió de 0,372 a 0,381, en una escala donde 1 es la desigualdad máxima y 0 su ausencia.
Este último dato no debería sorprender, si se tiene en cuenta cuál fue el desempeño de los grupos concentrados de la economía, que a todas luces contrasta con las cifras mencionadas.
Un informe de Página/12 difundido en la semana reveló que 73 de las principales compañías obtuvieron una rentabilidad promedio de 39% en 2014. Quienes obtuvieron los mayores beneficios fueron las compañías del sector agroalimentario, que lograron una rentabilidad anual de 391%, paradójicamente en un año en el que, de acuerdo con Cifra, el monto de ventas de productos primarios cayó en un 21,3% y el de las manufacturas de origen agropecuario 6,3%. También aquí se apuntaron los bancos, pues de acuerdo con datos del Banco Central, para fines del año pasado las entidades financieras privadas obtenían ganancias en un 83% mayor que en 2013.
En cierta forma, las altas rentabilidades de los grupos concentrados no constituyen novedad alguna, pero sí lo fueron las cifras relativas a empleo e ingresos, para un proyecto gubernamental que centró su política económica en proteger estas dos variables, por encima de cualquier otra financiera demandada por los mercados, como ser el riguroso control de la inflación o del déficit fiscal.
Razones para un cuadro. En el pobre panorama que exhibió la economía argentina en 2014, tuvieron una importante incidencia dos aspectos vinculados al mundo externo. El primero fue el menor crecimiento global y la caída del 13,6% en el monto de las exportaciones, en gran medida debido a la contracción de Brasil, nuestro principal socio comercial, que importó por valores en un 14% menores que en 2013. El segundo fue el punto máximo de la ofensiva del tándem conformado por los fondos buitre y la Justicia norteamericana, que generó una incertidumbre financiera que recién en el presente año comienza a menguar.
Pero si de situaciones excepcionales se trata, no hay dudas de que a nivel interno lo fue la primera y única devaluación ampliada efectuada por el Gobierno en todo su ciclo, que significó una caída del 22% en el valor del peso frente al dólar durante enero del año pasado, y sobre la cual ya nadie en el oficialismo duda que fue parte fundamental en los pobres resultados en materia de empleos e ingresos que sufrió la economía en 2014.
De ahí la fuerte negativa a efectuar otra medida de este tipo, posiblemente uno de los mayores focos de disidencia con gran parte de los economistas opositores, que ponen un énfasis cada vez mayor en la perdida de “competitividad” o en la necesidad de suprimir las restricciones a la venta de dólares, cuestiones ambas para las que, de manera implícita, plantean como única alternativa una importante devaluación, posiblemente en magnitud similar a la que favoreció a los grandes grupos económicos durante 2014.
La opción heterodoxa. Por cierto, la protección de los salarios, el consumo, y el empleo que significa sostener el actual valor del dólar, no está exenta de daños colaterales. Entre los más complejos, aquel que vincula este cuadro con la “guerra de monedas” que está efectuando buena parte del mundo, mediante la devaluación de sus monedas para lograr que sus productos sean más económicos que los de otras naciones con las que compiten. A esto se suma la anunciada revaluación del dólar, que implica que, sólo para sostener la paridad con el valor de esta moneda, sea necesaria una devaluación. Esta situación internacional, junto al menor crecimiento de nuestros principales socios comerciales, representa una complicación para diversas economías regionales nacionales, para las cuales la devaluación ampliada aparece ya como necesaria antes que potenciadora de beneficios. Es, de hecho, la excusa perfecta para el sector político, económico y mediático que demanda esta medida, omitiendo, claro está, los resultados en materia de ganadores y perdedores en 2014. Pero en base a la pasada experiencia, el Gobierno decidió dejar de lado esta medida ortodoxa, para en su lugar diseñar un programa de compensaciones para muchas de estas economías regionales, sobre el cual aún restan ver sus efectos. Estas acciones se inscriben en la estrategia retomada por el oficialismo luego de su devaluación de enero, es decir una mayor presencia del Estado en la economía, la cual, de acuerdo con el Centro Cifra, permitió que el 2014 no deviniese en recesión, detallando en este sentido “los diversos planes gubernamentales (como el Procrear, Procreauto, Ahora 12, además del Progresar y los significativos aumentos de la AUH)”, además de citar, como otra de las razones, “la robustez del mercado interno que surge del nivel salarial preexistente y el relativo sostenimiento del empleo”.
Por cierto, también aquí se plantea un importante desafío, pues el nivel de subsidios al transporte y la energía torna insostenible en el tiempo este nivel de gasto público y presencia estatal. Pero, a esta altura, parece claro que el Gobierno evitará hacer aquí las necesarias correcciones, que de un modo u otro afectarían en el corto plazo a los ingresos y el empleo. Y es que más allá de ciertas injusticias y daños colaterales, lograr el máximo desempeño en el nivel de actividad, ingresos y consumo de la clase trabajadora y pasiva, seguirá siendo al parecer el centro y eje de la política económica gubernamental. Como también, de la herencia social que le dejará al próximo gobierno.
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Panorama económico
La presión de los grupos concentrados y sus socios políticos y mediáticos para modifcar la política cambiaria enfrenta la negativa oficial a efectuar una nueva devaluación ampliada.
A medida que avanza el 2015, se siguen consolidando estudios de lo que fue el 2014 en términos económicos. Recientemente, el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra) de la CTA difundió su informe de coyuntura, en el que dio cuenta de datos que terminan de exhibir lo que fue el peor año económico del ciclo kirchnerista. Allí, se señala que mientras que la inflación alcanzó el récord del 36,8% anual, los salarios de los trabajadores registrados experimentaron un descenso del 4,8% y la desocupación aumentó en un 0,2% en relación con 2013. Por si no bastara, el Indec difundió el miércoles que el coeficiente Gini, que mide la desigualdad en la distribución de ingresos, subió de 0,372 a 0,381, en una escala donde 1 es la desigualdad máxima y 0 su ausencia.
Este último dato no debería sorprender, si se tiene en cuenta cuál fue el desempeño de los grupos concentrados de la economía, que a todas luces contrasta con las cifras mencionadas.
Un informe de Página/12 difundido en la semana reveló que 73 de las principales compañías obtuvieron una rentabilidad promedio de 39% en 2014. Quienes obtuvieron los mayores beneficios fueron las compañías del sector agroalimentario, que lograron una rentabilidad anual de 391%, paradójicamente en un año en el que, de acuerdo con Cifra, el monto de ventas de productos primarios cayó en un 21,3% y el de las manufacturas de origen agropecuario 6,3%. También aquí se apuntaron los bancos, pues de acuerdo con datos del Banco Central, para fines del año pasado las entidades financieras privadas obtenían ganancias en un 83% mayor que en 2013.
En cierta forma, las altas rentabilidades de los grupos concentrados no constituyen novedad alguna, pero sí lo fueron las cifras relativas a empleo e ingresos, para un proyecto gubernamental que centró su política económica en proteger estas dos variables, por encima de cualquier otra financiera demandada por los mercados, como ser el riguroso control de la inflación o del déficit fiscal.
Razones para un cuadro. En el pobre panorama que exhibió la economía argentina en 2014, tuvieron una importante incidencia dos aspectos vinculados al mundo externo. El primero fue el menor crecimiento global y la caída del 13,6% en el monto de las exportaciones, en gran medida debido a la contracción de Brasil, nuestro principal socio comercial, que importó por valores en un 14% menores que en 2013. El segundo fue el punto máximo de la ofensiva del tándem conformado por los fondos buitre y la Justicia norteamericana, que generó una incertidumbre financiera que recién en el presente año comienza a menguar.
Pero si de situaciones excepcionales se trata, no hay dudas de que a nivel interno lo fue la primera y única devaluación ampliada efectuada por el Gobierno en todo su ciclo, que significó una caída del 22% en el valor del peso frente al dólar durante enero del año pasado, y sobre la cual ya nadie en el oficialismo duda que fue parte fundamental en los pobres resultados en materia de empleos e ingresos que sufrió la economía en 2014.
De ahí la fuerte negativa a efectuar otra medida de este tipo, posiblemente uno de los mayores focos de disidencia con gran parte de los economistas opositores, que ponen un énfasis cada vez mayor en la perdida de “competitividad” o en la necesidad de suprimir las restricciones a la venta de dólares, cuestiones ambas para las que, de manera implícita, plantean como única alternativa una importante devaluación, posiblemente en magnitud similar a la que favoreció a los grandes grupos económicos durante 2014.
La opción heterodoxa. Por cierto, la protección de los salarios, el consumo, y el empleo que significa sostener el actual valor del dólar, no está exenta de daños colaterales. Entre los más complejos, aquel que vincula este cuadro con la “guerra de monedas” que está efectuando buena parte del mundo, mediante la devaluación de sus monedas para lograr que sus productos sean más económicos que los de otras naciones con las que compiten. A esto se suma la anunciada revaluación del dólar, que implica que, sólo para sostener la paridad con el valor de esta moneda, sea necesaria una devaluación. Esta situación internacional, junto al menor crecimiento de nuestros principales socios comerciales, representa una complicación para diversas economías regionales nacionales, para las cuales la devaluación ampliada aparece ya como necesaria antes que potenciadora de beneficios. Es, de hecho, la excusa perfecta para el sector político, económico y mediático que demanda esta medida, omitiendo, claro está, los resultados en materia de ganadores y perdedores en 2014. Pero en base a la pasada experiencia, el Gobierno decidió dejar de lado esta medida ortodoxa, para en su lugar diseñar un programa de compensaciones para muchas de estas economías regionales, sobre el cual aún restan ver sus efectos. Estas acciones se inscriben en la estrategia retomada por el oficialismo luego de su devaluación de enero, es decir una mayor presencia del Estado en la economía, la cual, de acuerdo con el Centro Cifra, permitió que el 2014 no deviniese en recesión, detallando en este sentido “los diversos planes gubernamentales (como el Procrear, Procreauto, Ahora 12, además del Progresar y los significativos aumentos de la AUH)”, además de citar, como otra de las razones, “la robustez del mercado interno que surge del nivel salarial preexistente y el relativo sostenimiento del empleo”.
Por cierto, también aquí se plantea un importante desafío, pues el nivel de subsidios al transporte y la energía torna insostenible en el tiempo este nivel de gasto público y presencia estatal. Pero, a esta altura, parece claro que el Gobierno evitará hacer aquí las necesarias correcciones, que de un modo u otro afectarían en el corto plazo a los ingresos y el empleo. Y es que más allá de ciertas injusticias y daños colaterales, lograr el máximo desempeño en el nivel de actividad, ingresos y consumo de la clase trabajadora y pasiva, seguirá siendo al parecer el centro y eje de la política económica gubernamental. Como también, de la herencia social que le dejará al próximo gobierno.
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