La Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó a la fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 37 que cite a declaración indagatoria a todos los directores de la empresa de archivos Iron Mountain Argentina (IRM), luego de conocerse que el incendio en el depósito de Barracas fue intencional. Según el pedido, al que accedió Tiempo Argentino, el organismo que comanda José Sbatella requirió que «se cite a los directores de Iron Mountain Gustavo Roberto Álvarez, Daniel Ricardo García, Guillermo Eduardo Lockhart y Pedro Andrés Meierhold. A efectos de indagar su responsabilidad» en la generación del fuego que consumió las instalaciones del viejo depósito ubicado en el 1245 de la calle Azara.
La UIF precisó que «debe investigarse el rol que cumplió cada uno de ellos en la empresa argentina como en sus controlantes». Un dato importante que aporta la presentación es que IRM registra «renta cero» en sus últimos períodos contables. Según la UIF, la sede local de la multinacional de origen estadounidense «no ha registrado utilidades en los últimos cinco años y se encuentra controlada por dos empresas extranjeras, una constituida en Chile y otra en las Islas Caimán; mientras que los representantes de las mismas son, a su vez, directivos de la empresa local».
Como segundo punto de la nota enviada a la fiscal Marcela Sánchez, la UIF solicitó que «se haga lugar a la solicitud de embargo y suspensión del pago del seguro efectuada por la UIF de conformidad a lo dispuesto por el art. 14 inc 5 de la Ley 25.246». En el documento, el organismo antilavado precisó que «la ingeniería desplegada para iniciar el incendio permite suponer que existía una finalidad de destruir documentación relevante que compromete la responsabilidad de empresas investigadas judicialmente y que utilizaban los servicios de guarda y archivo ofrecidos por Iron Mountain. Y la maniobra que aquí se pretende poner al descubierto, constituía el objetivo final del plan criminal, el que se vio truncado por el descontrol que devino y provocó las lamentadas muertes».
Parte del equipo directivo de Iron Mountain que aparece mencionado en el pedido de indagatoria de la UIF ha mantenido estrechas relaciones con el gobierno porteño o con el actual jefe de gobierno Mauricio Macri.
Parte del equipo directivo de Iron Mountain que aparece mencionado en el pedido de indagatoria de la UIF ha mantenido estrechas relaciones con el gobierno porteño o con el actual jefe de gobierno Mauricio Macri. Esta semana, las sospechas sobre el papel determinante de esos vínculos y su posible relación con una estrategia de presunto encubrimiento, ya derivaron en seis nuevos pedidos de informes que serán debatidos dentro de la Legislatura Porteña a partir de abril. Una citación para dar explicaciones en boca del jefe de la Agencia de Control Comunal y una iniciativa de la oposición para crear una comisión investigadora. Las intrigas giran en torno a las razones que llevaron al gobierno porteño a beneficiar con exenciones impositivas de $ 5 millones y contratos por más de un millón de pesos a una empresa que antes ya había cosechado duras inspecciones y resistencias desde 2008 para obtener las habilitaciones básicas. Certificados contra incendios, planes de evacuación, permisos ambientales y recaudos cruciales para permitir el funcionamiento de una empresa dedicada a la guarda de documentación. Al parecer, esos requerimientos técnicos nunca se ajustaron a la legislación vigente. Sortearlos sólo habría sido posible gracias a la influyente relación de IRM con la autoridad encargada de controlarlos: el gobierno porteño y sus organismos de control. Aquí los vínculos de los directores que se pidió indagar.
DNI, FOTOMULTAS, TECNO-DISTRITO. Ese vínculo ha sido administrado, entre otros, por Ricardo García, titular de IRM e integrante del board de autoridades de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham), en el rol de director suplente. Antes de ocupar ese cargo también fue ejecutivo de Siemens durante 13 años, en la época en que la multinacional alemana le compró Itron SA a SOCMA, la empresa insignia del holding perteneciente a Franco Macri. Itron había sido pensada para quedarse con el negocio de la confección del nuevo Documento Nacional de Identidad, pero Siemens ganó la licitación 1/96 y luego compró Itron en una negociación que fue supervisada por Mauricio Macri en la misma época en que seguía de cerca la operación del Correo Argentino y la distribución postal del documento que nunca fue. El caso del DNI privatizado tendría en 2004 un giro brutal, cuando Siemens AG reconoció en Estados Unidos que había pagado sobornos a funcionarios argentinos para quedarse con el negocio. Según esta acreditado por la Justicia Federal, fueron 60 pagos por 106.302.706 dólares en sobornos a través de un acuerdo con SOCMA. La confección del DNI incluía también la digitalización de todas las partidas de nacimiento, un salto tecnológico para la guarda de documentación que, a partir de 1998, comenzó a realizarse en el Registro Nacional de las Personas con máquinas Siemens y con un ejército de data entries precarizados que trabajaban en dos turnos dentro de la vieja sede que tiene el Ministerio del Interior en la Avenida Paseo Colón.
Con el correr de los años Siemens-Itron le traería nuevos dolores de cabeza a Mauricio Macri. Pero con otro negocio muy porteño: la administración electrónica de las multas fotográficas contra infracciones de tránsito en la Ciudad. Fueron licitadas en 1999 por el gobierno comunal de Fernando de la Rúa, que entregó los contratos a dos empresas: Siemens – Itron y Meller. Tras el estallido de la Convertibilidad con el corralito, entraron en proceso de renegociación en 2001 bajo la firma del alcalde Aníbal Ibarra. El caso terminó en la justicia, con sendas indagatorias que no concluyeron con ningún condenado. El contrato del gobierno porteño con las dos empresas estuvo a un paso de ser renovado durante el interinato de Jorge Telerman, entre 2005 y 2007, pero su definición quedó en manos, paradójicamente, del primer mandato de Macri como alcalde porteño. En 2008, el líder del PRO estuvo a un paso de otorgar una nueva prórroga a la empresa que alguna vez condujo y que por entonces ya no quería recordar. También a la otra socia del próspero oligopolio de las fotomultas, que hasta entonces resultaba desconocida: Meller, de Sergio Meller. Según documentó la legisladora Gabriela Cerruti en los debates de ese año para impedir el nuevo contrato, se trataba del «empresario que fue secuestrado por la misma banda que lo tuvo cautivo en 1991 al propio jefe de gobierno». Ante los cuestionamientos y la evidencia de los vínculos, el nuevo alcalde porteño se negó a renovar el negocio.
OFERTAS DIGITALES DE UNA ERA ANALÓGICA. El proceso de digitalización que desarrolló inicialmente Itron SA es el mismo negocio que le permitió a Iron Mountain Argentina calificar como una empresa TIC en 2010 y postular a la creación del Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires, la zona de beneficios impositivos que arrancó en 2008 en La Boca y Barracas, pero se extendió en 2010 a Parque Patricios y Boedo. En el barrio del Globo, IRM tiene una planta de digitalización y archivo sobre la Avenida Amancio Alcorta al 2000. Uno de los cuatro depósitos que posee esa empresa en la capital.
El 9 de abril de 2010 IRM defendió la ampliación del «Distrito» y del beneficio impositivo que quería cosechar. El mensajero fue Guillermo Lockhart, otro director de la empresa, bajo el mando de García. El hombre se mostró en la audiencia pública prevista para debatir la ampliación de la zona junto al ministro de Desarrollo Económico porteño, Francisco Cabrera, y al secretario de Inversiones, Carlos Pirovano. Tal como ha reseñado este diario, antes del funcionariado, ambos hombres pasaron por las empresas del actual banco HSBC: uno por la ex AFJP Máxima, y el otro por el viejo Banco Roberts que luego terminó dentro de los activos que absorbió el banco oriental, considerado desde el incendio de 2014, como el principal perjudicado del incendio intencional. Sin embargo hasta ahora el megabanco no se ha presentado como querellante en la investigación, al igual que las demás empresas que tenían documentación archivada. La lista de clientes de IRM que perdieron toneladas de información sensible, y que no denunciaron nada ante los tribunales, también incluye a varios organismos porteños de control que luego intervinieron en las alertas desoídas.
La vinculación de los dos funcionarios promotores, con su ex empleador y con un interesado podría ser visto como una promoción de negocios, pero también habría sido vital para que la empresa pudiera operar con cuatro depósitos signados por graves problemas estructurales que fueron inspeccionados por organismos porteños. Todas las áreas, de un modo u otro, dieron cuenta de una serie de irregularidades especialmente vinculadas con la resistencia pasiva, es decir, con la capacidad para evitar incendios. Esos datos, según fuentes judiciales, ya habrían desatado las declaraciones de algunos directores del gobierno porteño ante la fiscal Marcela Sánchez. En el pedido de indagatoria de la UIF también aparece Gustavo Álvarez, que fue directivo del sector Finanzas del Grupo Clarín hasta el año 2005, y Pedro Meierhold, un ingeniero egresado del ITBA que cursó además estudios en la Universidad de San Andrés. El personaje en cuestión, antes de ser designado gerente en la filial local, se desempeñó en cargos directivos en IRM Bogotá, Colombia. Ese equipo de directivos opera la filial argentina del gigante estadounidense de los archivos con ganancia cero desde hace años, según sostiene la UIF. Para llegar a ese equilibrio en los balances, resulta vital la reducción de los impuestos y la obtención de contratos públicos. La Ciudad respondió a esa demanda con generosidad, con 5 millones de pesos en descuentos impositivos, más de un millón en contratos para digitalizar documentos y una valiosa «vista gorda» inspectiva. Su precio aún es un enigma.
información faltante
Los cañones de la UIF recayeron además sobre la responsabilidad de la firma propietaria del archivo. «La firma prestadora del servicio acompañó a las actuaciones un listado de la totalidad de los clientes con los que opera en nuestro país, sin distinguir cuáles específicamente guardaban su documentación en el depósito de la calle Azara 1245 de esta ciudad y cuáles lo hacen o hacían en otro depósito de la firma. Tampoco precisó cuáles son las empresas que guardaban su documentación en el sector 7 y 8 –derecho– donde se inició deliberadamente el fuego», detalló el organismo antilavado.
Asimismo, precisó que «resulta crucial determinar la finalidad del incendio a fin de conocer la verdad material del hecho que se investiga. Así, resulta sustancial conocer qué documentación se pretendía hacer desaparecer; y en este sentido, resultaría útil determinar a quién o quiénes de los que guardaban documentación en dicho depósito se los estaba investigando, ya sea por lavado de activos o evasión impositiva».
Cabe destacar que el fuego intencional en el depósito de Barracas tiene varios antecedentes a nivel global, que muestran un comportamiento irregular de la firma y sus socios que es repetido.
En 1997 se quemaron dos galpones de Iron Mountain en Nueva Jersey, Estados Unidos. A comienzos del año 2000 ocurrió otro siniestro en el depósito de la empresa en Ottawa, Canadá, Y el último hito previo al fuego del 5 de febrero en Argentina fue el registrado en Londres, Inglaterra. En este último episodio, las pericias develaron que para el fuego intencional se utilizaron los mismos métodos que se reportaron en las pericias de Barracas, realizadas por la Federal y el INTI. En ninguno de los archivos funcionaron los difusores de agua, se utilizaron cajas eléctricas para prender los papeles archivados, y faltaba agua en los tanques. Otra particularidad: en todos los incendios de Iron Mountain archivaban las mismas empresas, entre ellas el JP Morgan, HSBC y BNP Paribas, investigados en Argentina por lavado y evasión.
La causa
Nueva realidad. El documento de la UIF consigna que «determinada por la pericia, se abre una nueva cara en este suceso, y resulta necesario focalizar la investigación en los motivos que pudieron justificar semejante despropósito y las sabidas consecuencias».
La UIF precisó que «debe investigarse el rol que cumplió cada uno de ellos en la empresa argentina como en sus controlantes». Un dato importante que aporta la presentación es que IRM registra «renta cero» en sus últimos períodos contables. Según la UIF, la sede local de la multinacional de origen estadounidense «no ha registrado utilidades en los últimos cinco años y se encuentra controlada por dos empresas extranjeras, una constituida en Chile y otra en las Islas Caimán; mientras que los representantes de las mismas son, a su vez, directivos de la empresa local».
Como segundo punto de la nota enviada a la fiscal Marcela Sánchez, la UIF solicitó que «se haga lugar a la solicitud de embargo y suspensión del pago del seguro efectuada por la UIF de conformidad a lo dispuesto por el art. 14 inc 5 de la Ley 25.246». En el documento, el organismo antilavado precisó que «la ingeniería desplegada para iniciar el incendio permite suponer que existía una finalidad de destruir documentación relevante que compromete la responsabilidad de empresas investigadas judicialmente y que utilizaban los servicios de guarda y archivo ofrecidos por Iron Mountain. Y la maniobra que aquí se pretende poner al descubierto, constituía el objetivo final del plan criminal, el que se vio truncado por el descontrol que devino y provocó las lamentadas muertes».
Parte del equipo directivo de Iron Mountain que aparece mencionado en el pedido de indagatoria de la UIF ha mantenido estrechas relaciones con el gobierno porteño o con el actual jefe de gobierno Mauricio Macri.
Parte del equipo directivo de Iron Mountain que aparece mencionado en el pedido de indagatoria de la UIF ha mantenido estrechas relaciones con el gobierno porteño o con el actual jefe de gobierno Mauricio Macri. Esta semana, las sospechas sobre el papel determinante de esos vínculos y su posible relación con una estrategia de presunto encubrimiento, ya derivaron en seis nuevos pedidos de informes que serán debatidos dentro de la Legislatura Porteña a partir de abril. Una citación para dar explicaciones en boca del jefe de la Agencia de Control Comunal y una iniciativa de la oposición para crear una comisión investigadora. Las intrigas giran en torno a las razones que llevaron al gobierno porteño a beneficiar con exenciones impositivas de $ 5 millones y contratos por más de un millón de pesos a una empresa que antes ya había cosechado duras inspecciones y resistencias desde 2008 para obtener las habilitaciones básicas. Certificados contra incendios, planes de evacuación, permisos ambientales y recaudos cruciales para permitir el funcionamiento de una empresa dedicada a la guarda de documentación. Al parecer, esos requerimientos técnicos nunca se ajustaron a la legislación vigente. Sortearlos sólo habría sido posible gracias a la influyente relación de IRM con la autoridad encargada de controlarlos: el gobierno porteño y sus organismos de control. Aquí los vínculos de los directores que se pidió indagar.
DNI, FOTOMULTAS, TECNO-DISTRITO. Ese vínculo ha sido administrado, entre otros, por Ricardo García, titular de IRM e integrante del board de autoridades de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham), en el rol de director suplente. Antes de ocupar ese cargo también fue ejecutivo de Siemens durante 13 años, en la época en que la multinacional alemana le compró Itron SA a SOCMA, la empresa insignia del holding perteneciente a Franco Macri. Itron había sido pensada para quedarse con el negocio de la confección del nuevo Documento Nacional de Identidad, pero Siemens ganó la licitación 1/96 y luego compró Itron en una negociación que fue supervisada por Mauricio Macri en la misma época en que seguía de cerca la operación del Correo Argentino y la distribución postal del documento que nunca fue. El caso del DNI privatizado tendría en 2004 un giro brutal, cuando Siemens AG reconoció en Estados Unidos que había pagado sobornos a funcionarios argentinos para quedarse con el negocio. Según esta acreditado por la Justicia Federal, fueron 60 pagos por 106.302.706 dólares en sobornos a través de un acuerdo con SOCMA. La confección del DNI incluía también la digitalización de todas las partidas de nacimiento, un salto tecnológico para la guarda de documentación que, a partir de 1998, comenzó a realizarse en el Registro Nacional de las Personas con máquinas Siemens y con un ejército de data entries precarizados que trabajaban en dos turnos dentro de la vieja sede que tiene el Ministerio del Interior en la Avenida Paseo Colón.
Con el correr de los años Siemens-Itron le traería nuevos dolores de cabeza a Mauricio Macri. Pero con otro negocio muy porteño: la administración electrónica de las multas fotográficas contra infracciones de tránsito en la Ciudad. Fueron licitadas en 1999 por el gobierno comunal de Fernando de la Rúa, que entregó los contratos a dos empresas: Siemens – Itron y Meller. Tras el estallido de la Convertibilidad con el corralito, entraron en proceso de renegociación en 2001 bajo la firma del alcalde Aníbal Ibarra. El caso terminó en la justicia, con sendas indagatorias que no concluyeron con ningún condenado. El contrato del gobierno porteño con las dos empresas estuvo a un paso de ser renovado durante el interinato de Jorge Telerman, entre 2005 y 2007, pero su definición quedó en manos, paradójicamente, del primer mandato de Macri como alcalde porteño. En 2008, el líder del PRO estuvo a un paso de otorgar una nueva prórroga a la empresa que alguna vez condujo y que por entonces ya no quería recordar. También a la otra socia del próspero oligopolio de las fotomultas, que hasta entonces resultaba desconocida: Meller, de Sergio Meller. Según documentó la legisladora Gabriela Cerruti en los debates de ese año para impedir el nuevo contrato, se trataba del «empresario que fue secuestrado por la misma banda que lo tuvo cautivo en 1991 al propio jefe de gobierno». Ante los cuestionamientos y la evidencia de los vínculos, el nuevo alcalde porteño se negó a renovar el negocio.
OFERTAS DIGITALES DE UNA ERA ANALÓGICA. El proceso de digitalización que desarrolló inicialmente Itron SA es el mismo negocio que le permitió a Iron Mountain Argentina calificar como una empresa TIC en 2010 y postular a la creación del Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires, la zona de beneficios impositivos que arrancó en 2008 en La Boca y Barracas, pero se extendió en 2010 a Parque Patricios y Boedo. En el barrio del Globo, IRM tiene una planta de digitalización y archivo sobre la Avenida Amancio Alcorta al 2000. Uno de los cuatro depósitos que posee esa empresa en la capital.
El 9 de abril de 2010 IRM defendió la ampliación del «Distrito» y del beneficio impositivo que quería cosechar. El mensajero fue Guillermo Lockhart, otro director de la empresa, bajo el mando de García. El hombre se mostró en la audiencia pública prevista para debatir la ampliación de la zona junto al ministro de Desarrollo Económico porteño, Francisco Cabrera, y al secretario de Inversiones, Carlos Pirovano. Tal como ha reseñado este diario, antes del funcionariado, ambos hombres pasaron por las empresas del actual banco HSBC: uno por la ex AFJP Máxima, y el otro por el viejo Banco Roberts que luego terminó dentro de los activos que absorbió el banco oriental, considerado desde el incendio de 2014, como el principal perjudicado del incendio intencional. Sin embargo hasta ahora el megabanco no se ha presentado como querellante en la investigación, al igual que las demás empresas que tenían documentación archivada. La lista de clientes de IRM que perdieron toneladas de información sensible, y que no denunciaron nada ante los tribunales, también incluye a varios organismos porteños de control que luego intervinieron en las alertas desoídas.
La vinculación de los dos funcionarios promotores, con su ex empleador y con un interesado podría ser visto como una promoción de negocios, pero también habría sido vital para que la empresa pudiera operar con cuatro depósitos signados por graves problemas estructurales que fueron inspeccionados por organismos porteños. Todas las áreas, de un modo u otro, dieron cuenta de una serie de irregularidades especialmente vinculadas con la resistencia pasiva, es decir, con la capacidad para evitar incendios. Esos datos, según fuentes judiciales, ya habrían desatado las declaraciones de algunos directores del gobierno porteño ante la fiscal Marcela Sánchez. En el pedido de indagatoria de la UIF también aparece Gustavo Álvarez, que fue directivo del sector Finanzas del Grupo Clarín hasta el año 2005, y Pedro Meierhold, un ingeniero egresado del ITBA que cursó además estudios en la Universidad de San Andrés. El personaje en cuestión, antes de ser designado gerente en la filial local, se desempeñó en cargos directivos en IRM Bogotá, Colombia. Ese equipo de directivos opera la filial argentina del gigante estadounidense de los archivos con ganancia cero desde hace años, según sostiene la UIF. Para llegar a ese equilibrio en los balances, resulta vital la reducción de los impuestos y la obtención de contratos públicos. La Ciudad respondió a esa demanda con generosidad, con 5 millones de pesos en descuentos impositivos, más de un millón en contratos para digitalizar documentos y una valiosa «vista gorda» inspectiva. Su precio aún es un enigma.
información faltante
Los cañones de la UIF recayeron además sobre la responsabilidad de la firma propietaria del archivo. «La firma prestadora del servicio acompañó a las actuaciones un listado de la totalidad de los clientes con los que opera en nuestro país, sin distinguir cuáles específicamente guardaban su documentación en el depósito de la calle Azara 1245 de esta ciudad y cuáles lo hacen o hacían en otro depósito de la firma. Tampoco precisó cuáles son las empresas que guardaban su documentación en el sector 7 y 8 –derecho– donde se inició deliberadamente el fuego», detalló el organismo antilavado.
Asimismo, precisó que «resulta crucial determinar la finalidad del incendio a fin de conocer la verdad material del hecho que se investiga. Así, resulta sustancial conocer qué documentación se pretendía hacer desaparecer; y en este sentido, resultaría útil determinar a quién o quiénes de los que guardaban documentación en dicho depósito se los estaba investigando, ya sea por lavado de activos o evasión impositiva».
Cabe destacar que el fuego intencional en el depósito de Barracas tiene varios antecedentes a nivel global, que muestran un comportamiento irregular de la firma y sus socios que es repetido.
En 1997 se quemaron dos galpones de Iron Mountain en Nueva Jersey, Estados Unidos. A comienzos del año 2000 ocurrió otro siniestro en el depósito de la empresa en Ottawa, Canadá, Y el último hito previo al fuego del 5 de febrero en Argentina fue el registrado en Londres, Inglaterra. En este último episodio, las pericias develaron que para el fuego intencional se utilizaron los mismos métodos que se reportaron en las pericias de Barracas, realizadas por la Federal y el INTI. En ninguno de los archivos funcionaron los difusores de agua, se utilizaron cajas eléctricas para prender los papeles archivados, y faltaba agua en los tanques. Otra particularidad: en todos los incendios de Iron Mountain archivaban las mismas empresas, entre ellas el JP Morgan, HSBC y BNP Paribas, investigados en Argentina por lavado y evasión.
La causa
Nueva realidad. El documento de la UIF consigna que «determinada por la pericia, se abre una nueva cara en este suceso, y resulta necesario focalizar la investigación en los motivos que pudieron justificar semejante despropósito y las sabidas consecuencias».
