Raúl Scalabrini Ortiz, por su parte, señala que el empréstito fue parte de una operación financiera mucho más vasta, llevada a cabo por los británicos en toda América Latina. Cita, entonces, al vizconde Chateaubriand, quien en su obra El Congreso de Verona, aparecida en Leipzig, en 1938, afirma: “De 1822 a 1826, diez empréstitos han sido hechos en Inglaterra en nombre de las colonias españolas. Montaban esos empréstitos a la suma de 20.978.000 libras […] habían sido contratados al 75%. Después se descontó de intereses al 6% […] Inglaterra ha desembolsado una suma real de 7.000.000 de libras, pero las repúblicas españolas han quedado hipotecadas en una deuda de 20.978.000 libras. A estos empréstitos ya excesivos, fueron a unirse esa multitud de asociaciones destinadas a explotar minas, pescar perlas, dragar canales, explotar tierras […] Estas compañías se elevaban al número de 29. El capital nominal empleado por todas ellas era de 14.767.500 libras. [Pero] los suscriptores no proporcionaron en realidad más que la cuarta parte de esa suma, es decir, tres millones”.
De este modo, el reconocimiento formal de la independencia resulta, al mismo tiempo, la imposición de la dependencia.
Todo indica que el empréstito –así como sucedería un siglo y medio después bajo la dictadura cívico militar (1976-1983)- fue impuesto por la banca extranjera como medio de obtener rédito financiero y una forma de asegurar nuestra dependencia, sin que existieran causas internas que lo justificasen.
