La situación actual que gira en torno al juez de la Corte Suprema de la Nación, Carlos Santiago Fayt así como casi cualquier hecho sucedido en lo real de la cosa pública, tiene una multiplicación de implicancias y varios ángulos a tratar.
Si algo se le reconoce al gobierno kirchnerista, con una añorante cuasi unanimidad, es el juicio político a la Corte Suprema de la era menemista, aquella de la mayoría automática. Luego del juicio continuó con la célebre designación pluralista de sus nuevos miembros. La nueva Corte quedaba conformada por los propuestos por Néstor Kirchner (Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carmen María Argibay y Raúl Eugenio Zaffaroni), por el propuesto por Duhalde en su breve interinato (Juan Carlos Maqueda), y con los dos únicos que continuaron de aquella corte cuestionada (Enrique Petracchi y Carlos Fayt) ambos designados durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Todos confirmados por el Congreso Nacional.
Fayt está hace más de 30 años dentro de la Corte Suprema detentando posiblemente todo un récord para el Guinness. En la reforma constitucional del nefasto “Pacto de Olivos”, aquel fogoneado por el shadow master radical Enrique “Coti” Nosiglia en 1994, se estipuló un tope de edad para los magistrados hasta los 75 años. En el año 1997 a los 81 años el juez nacido en 1918 negoció un pacto con la corte noventosa para continuar in eternum en dicho cargo utilizando las artimañas del apartado sobre la “interpretación” de las leyes.
A sus 88 años fue ratificado por el nuevo gobierno de orígenes patagónicos. Más allá de algunos cuestionamientos de bajas calorías sobre esta situación y algunos otros por los vínculos del nonagenario con gran parte del empresariado como con el Grupo Clarín que los unen mutuos intereses económicos y familiares. Pero ello no derivó en ninguna denuncia o algo que tenga un poco de peso formal o institucional que pueda intervenir en lo concreto de lo real.
A partir de la profundización reformista llevada adelante por los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner algo se modificó. Ambos gobiernos de CFK más allá de los diferentes puntos de vista con aciertos o errores se caracterizaron por una hiperactividad revisionista y transformadora, un ímpetu reformador y profundizador de un proyecto político que, sea bueno o malo, es claro y bien definido. En ese sentido intentó modificar las relaciones de poder con respecto al establishment y el estatus quo. Este poder de facto pilar de la democracia republicana capitalista es “justamente” custodiado por los más altos estamentos de la institución judicial, encargada de proteger por sobre todas las cosas la propiedad privada como estandarte de la libertad (léase de empresa, de comercio, del flujo de capital financiero). “Libertad” otorgada por la desregulación estatal y el sistema impositivo regresivo.
Por esta intensa intervención del estado a la cual no están acostumbrados, evidentemente, es que algunos miembros de la pródiga Corte empezaron a no ser tan empáticos con el Gobierno que los impulsó. Sin pensarlo uno diría ¿Acaso la Corte debe responder al Ejecutivo solo por haberla designado? Verdaderamente que no.
Lo que a primera mano sería un gesto de buena salud del sistema republicano (palabra que les encanta repetir) deja de serlo. Este sistema se estremece por la “conveniente” independencia de los poderes (siempre me pregunto ¿Independiente de quién? ¿Y dependiente de quien?). Pero deja de ser saludable cuando se visibiliza la ineludible ideología que impregna necesariamente toda cosa política. La ideología no solo alcanza a los “cargos electivos” sino que también a la realeza judicial, que no queda exenta de ello. Deja de ser saludable cuando la intervención de la Corte, limitando al Ejecutivo, responde solo a la defensa de ciertos intereses de un pequeño sector del arco social, aquel más poderoso y monopolizador de la riqueza nacional.
Al ver todas las medidas que se han tomados para limitar al capitalismo voraz y a los monopolios económicos, y para regular la propiedad considerada privada; al poder encargado de garantizar este sistema no le queda otra opción que dejar los principios de la Constitución Argentina y las leyes promulgadas por el Congreso Nacional para ponerse sin matices en las antípodas del Gobierno electo popularmente.
Como hito principal que ubicó a la aristocracia judicial en pleno enfrentamiento se destaca la reforma judicial aprobada por el Congreso y declarada inconstitucional por la Corte. Era una ley que directamente afectaba sus elitistas privilegios.
Durante el 2014 el paso del tiempo y el ineludible fin de la existencia hizo mover aquello que algunas instituciones mantienen rígido y estancado por sí mismas. Durante ese año fallecieron los cortesanos Petracchi y Argibay. En enero de este año Zaffaroni al cumplir los 75 años renunció a la Corte cumpliendo con lo dispuesto en la Constitución. Ante la muerte de dos supremos y la renuncia de otro, la Corte quedó compuesta con el complejo y anticonstitucional (la constitución establece un mínimo de cinco integrantes) número de cuatro. Abriendo la posibilidad de un empate dos a dos que dejaría acéfalo el poder de decisión de la misma.
Al quedar la Corte diezmada producto de las circunstancias de la vida, el Gobierno percibió una ventana para nombrar un juez que venga a reparar esta irregularidad. Así se inició un nuevo periplo entre estos dos poderes estatales al que se le sumó la oposición en el Congreso. Se habló si debían elegir a uno solo o llenar todos los casilleros, si es Carles o no, si está capacitado para el cargo o no, si responde al gobierno o es “independiente”, si es el candidato del Papa o del Diablo.
La Corte decidió rechazar de pleno el pliegue de conjueces enviado por el Gobierno, alineándose con la oposición en la sintonía de rechazar cualquier persona propuesta por el Ejecutivo. En el medio de esta situación de dió la nunca cuestionada re re re elección como presidente de la CSJN de Lorenzetti a través de un Acta firmada por los supremos que dice que la firmaron en tribunales. Pero el periodista y presidente del CELS Horacio Verbistky deschavó que Fayt la firmó en su domicilio donde se encontraba postrado.
Por este dato, de repente, la edad de este anciano supremo tomó suprema relevancia. A sus 97 años como ciudadano de a pie es entendible y esperable que no se encuentra con un estado psicofísico óptimo. Cuando lo mismo se piensa para una persona que lleva a cabo la semejante tarea de ser juez de la Corte Suprema de un país la cuestión roza el delirio.
Probablemente el casi centenario magistrado no se encuentre en este estado hace unas semanas sino que su deterioro cognitivo seguramente que se inició hace larga data. El añoso juez se encuentra en offside desde el momento que cumplio 75 años ya hace 22 años. El Gobierno como ya es una costumbre visibiliza los errores o las cosas que no están bien cuando llegan a un límite y allí arremeten con todas las energías. Fiel a su estilo contrarresta los embates chocando de frente, pero el problema de ello es que reacciona de manera rápida y atropellada en cuestiones que fueron mantenidas demasiado tiempo incólumes por ellos mismos y que debieron haberse reformulado mucho antes. Aquí encaja como pieza de rompecabezas el caso Fayt.
Es así como el Gobierno decidió embestir con incómoda falta de incomodidad al vetusto de 97 años para hacerlo renunciar o realizarle un juicio político. Para ello cambió de manera apresurada a la Presidenta de la Comisión de Juicio Político para que se inicie una investigación sobre el estado de salud del caduco supremo. Este modus operandi habitual en este caso es sumamente poco inteligente porque ubica al Gobierno en una posición incómoda no reconocida que implica descargar todas sus verborragicas municiones a un anciano al borde de deceso. Deja demasiado expuesto al oficialismo con el atenuante que la balanza de los costos y beneficios se inclina abismalmente hacia los primeros. ¿Con qué objetivo se expone de esa manera? ¿Qué es lo que busca con esta desesperada jugada?
Seguramente, y como lo demuestra su esfuerzo por lograrlo, a Fayt solo le interesa el reconocimiento individual y el mantenimiento a toda costa de su lugar dentro de la nobleza judicial y no el buen desempeño institucional de la Justicia en pos de un beneficio colectivo. No solo por los beneficios económicos y los diversos privilegios aristocráticos sino para mantener hasta su último respiro el simbólico lugar que lo enaltece por encima del común de las personas. El mismo manifestó que va a continuar siendo juez de la Corte hasta el último de sus días. ¿Cómo va a plantear que su mantenimiento en la Corte lo hace en defensa de la Justicia? ¿Como un hombre centenario va a ser la solución para el buen funcionamiento del dispositivo judicial?
Si el hombre superanciano ya vió morir recientemente como jueces de la Corte Suprema a sus dos compañeros no es ilógico que ya que llegó a hasta estas instancias quiera morir siendo un supremo con todos los honores que eso detenta. Si ya llegó a sus 97 años como juez y nadie hizo nada durante estos 22 años para que deje ese cargo ¿Por qué ahora que ya esta caduco deciden removerlo? ¿Para que se expone el Gobierno en un año electoral con semejante presión? ¿Si en el medio de todo este rosqueo fallece el juez? Cosa que es probable ¿Cómo va a quedar el Ejecutivo y sus funcionarios frente a la opinión pública? ¿Por qué jugarse los huevos en atacar a un anciano moribundo?
El enceguecimiento de algunos funcionarios hiper embalados del kirchnerismo es preocupante porque no los deja ver ciertos desaciertos estratégicos graves que lo único que provocan es la pérdida de votos. ¿Es descabellado permitirle morir como quiere en vez de iniciar toda una batería burocrática de investigación y juicio político? ¿Que ganan con destituirlo ahora? Si ya con cuatro integrantes la composición de la Corte se encuentra irregular. Que sean tres o cuatro no tiene diferencia a la hora de luchar por el nombramiento de nuevos jueces.
Lo único que deja esta situación son los altos costos que implica el vejamen hacia un individuo de 97 años que pudo ser un juez conservador y defensor de las clases altas, debe ser lo peor de lo peor. ¿Pero solo te acordas y tomas cartas en el asunto cuando se encuentra en un estado terminal? Este escriba considera que la repetición del modo de respuesta que supo construir el kirchnerismo durante todos estos años y que les dio grandes frutos como la estatización de YPF, el sistema previsional, Aguas Argentinas, Aerolíneas Argentinas, los cambios e inversiones en el sistema ferroviario y la creación de una nueva agencia de inteligencia, solo por nombrar algunos, en este caso no se percibe beneficio alguno.
Y menos cuando luego de todo el escándalo oficial se lo ve al arcaico juez salir de su casa y, caminando, tira un “Estoy bien, estoy yendo a Tribunales”. Escena a la que lo único que le falta es que suene la canción de The Bestie Boys “Fight for your right” de fondo. ¿Pero Fayt lucha por sus derechos? ¿O por su ambición personal? ¿O por la ambición del que esta detras del titere de 100 años?.
Ahora bien ¿Nadie repara en la ambición descarada y sin sentido del nonagenario juez? ¿Y qué decir de aquellos que defienden esa situación? El hombre quiere lo que quiere e hizo lo que pudo. ¿Pero no hay nadie ni nada que repare en el disparate de tener un miembro de la CSJN con 97 años? ¿No hay nadie que pare la pelota y diga «Muchachos que estamos haciendo, abuelo vaya a jugar con sus bisnietos vaya, ya está acá se terminó»? ¿Es un cargo noble de por vida dentro de una monarquía o un cargo institucional dentro de una democracia representativa?
Toda discusión sobre si se lo destituye o no, si es bueno o malo, si esta senil o no, pierde el sentido por el unánime criterio sobre que una persona de 97 años no puede llegar a esa edad siendo un juez en ejercicio y menos uno que pertenece a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
