El Fondo Monetario Internacional determinó ayer que nuestro país aún “no cumple totalmente” con algunas de las medidas que el organismo aconsejó para las nuevas estadísticas oficiales de precios y crecimiento económico. Y, en una decisión que esperaba el gobierno argentino, decidió dar un año más de plazo a nuestro país para que se adapte a los requerimientos.
El Directorio Ejecutivo del FMI analizó ayer el informe de la Directora Gerente, Christine Lagarde, sobre las estadísticas de Indice de Precios al Consumidor (IPC) y Producto Bruto Interno (PBI).
El board reconoció el “diálogo en curso con las autoridades argentinas y su avance material” desde 2013. Sin embargo determinó que Argentina “aún no cumple totalmente con su obligación” con el organismo sobre “el suministro preciso de datos sobre el IPC y el PBI” y determinó que “algunas medidas específicas requeridas para fines de febrero de 2015 aún no habían sido implementadas por completo”.
Por esta razón, se decidió “extender el proceso en curso por un plazo de un año a fin de dar más tiempo para remediar las imprecisiones en el suministro de datos oficiales y emprender un conjunto adicional de medidas específicas”. El plazo concreto es el 15 de julio de 2016.
“En esa ocasión, el Directorio Ejecutivo examinará nuevamente este tema conforme a los procedimientos del FMI”, añadió el Fondo en el comunicado, en alusión a la fecha específica que se fijó como nuevo límite.
En una teleconferencia con la prensa, el director del FMI para la región, Alejandro Werner, no quiso referirse a qué tipo de medidas aún faltaban implementar por nuestro país. Roberto Cardarelli, jefe de misión del FMI para Argentina, no precisó si había sido la Casa Rosada la que había pedido más tiempo para trabajar sobre los números. “Necesitamos trabajar, necesitamos un poquito más de tiempo”, señaló.
A comienzo comienzos de 2013, el FMI había amonestado a la Argentina por la calidad de sus estadísticas, con una “declaración de censura”, un mecanismo que es considerado como uno de los primeros pasos para la exclusión de un país del organismo.
En diciembre del año pasado, la Argentina y el FMI acordaron un conjunto de medidas y un cronograma para aplicarlas. Luego de que la Argentina suministrara los datos durante un año completo el directorio ejecutivo debía concluir estos días este proceso y decidir si aceptaba o no los nuevos índices.
El gobierno argentino tenía esperanza que el board no diera una conclusión final sino que extendiera el análisis más allá de esta fecha, quizás esperando que superara las elecciones de octubre.
En la asamblea del FMI y el Banco Mundial del pasado abril, el ministro Axel Kicillof había dicho que ellos iban a “proponer que ese trabajo se extienda. Nosotros no queremos exigirle al FMI, ni a nadie de los que acompañan este proceso, que se expida antes de que los trabajos se terminen porque, sino, podemos llegar a un diagnóstico temprano que sea equivocado”.
El Directorio Ejecutivo del FMI analizó ayer el informe de la Directora Gerente, Christine Lagarde, sobre las estadísticas de Indice de Precios al Consumidor (IPC) y Producto Bruto Interno (PBI).
El board reconoció el “diálogo en curso con las autoridades argentinas y su avance material” desde 2013. Sin embargo determinó que Argentina “aún no cumple totalmente con su obligación” con el organismo sobre “el suministro preciso de datos sobre el IPC y el PBI” y determinó que “algunas medidas específicas requeridas para fines de febrero de 2015 aún no habían sido implementadas por completo”.
Por esta razón, se decidió “extender el proceso en curso por un plazo de un año a fin de dar más tiempo para remediar las imprecisiones en el suministro de datos oficiales y emprender un conjunto adicional de medidas específicas”. El plazo concreto es el 15 de julio de 2016.
“En esa ocasión, el Directorio Ejecutivo examinará nuevamente este tema conforme a los procedimientos del FMI”, añadió el Fondo en el comunicado, en alusión a la fecha específica que se fijó como nuevo límite.
En una teleconferencia con la prensa, el director del FMI para la región, Alejandro Werner, no quiso referirse a qué tipo de medidas aún faltaban implementar por nuestro país. Roberto Cardarelli, jefe de misión del FMI para Argentina, no precisó si había sido la Casa Rosada la que había pedido más tiempo para trabajar sobre los números. “Necesitamos trabajar, necesitamos un poquito más de tiempo”, señaló.
A comienzo comienzos de 2013, el FMI había amonestado a la Argentina por la calidad de sus estadísticas, con una “declaración de censura”, un mecanismo que es considerado como uno de los primeros pasos para la exclusión de un país del organismo.
En diciembre del año pasado, la Argentina y el FMI acordaron un conjunto de medidas y un cronograma para aplicarlas. Luego de que la Argentina suministrara los datos durante un año completo el directorio ejecutivo debía concluir estos días este proceso y decidir si aceptaba o no los nuevos índices.
El gobierno argentino tenía esperanza que el board no diera una conclusión final sino que extendiera el análisis más allá de esta fecha, quizás esperando que superara las elecciones de octubre.
En la asamblea del FMI y el Banco Mundial del pasado abril, el ministro Axel Kicillof había dicho que ellos iban a “proponer que ese trabajo se extienda. Nosotros no queremos exigirle al FMI, ni a nadie de los que acompañan este proceso, que se expida antes de que los trabajos se terminen porque, sino, podemos llegar a un diagnóstico temprano que sea equivocado”.
