Nada más que un mes pasó de la masiva movilización en los alrededores del Congreso bajo la consigna «Ni una menos», convocada vía redes sociales por un grupo de periodistas preocupadas por la cantidad de femicidios que se conocieron este año en la Argentina. Y cuando todavía se mantenía la efervescencia mediática, al día siguiente de la imagen repleta de la plaza, se conocieron los primeros efectos, vinculados al aumento de consultas al respecto en organismos oficiales, pero en estas semanas hubo también repercusiones en algunos de los 120 puntos del país donde también se movilizaron ese día, y parte de los tres poderes mostró reacción, informó Tiempo Argentino.
La primera consecuencia, entonces, fue de la sociedad civil: subió de manera considerable el número de llamados a la línea gratuita 137 del Ministerio de Justicia, que funciona para las ciudades de Buenos Aires, Posadas y El Dorado (Misiones) y Resistencia (Chaco); a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, que funciona en Lavalle 1250; a la línea gratuita 144, del Consejo Nacional de las Mujeres, que recibe consultas y denuncias de todo el país, y hubo que sumar 50 operadoras para atender esos llamados; y a la línea gratuita 0800-666-8537, de la Dirección General de la Mujer porteña. De eso podría concluirse que, cuando las víctimas se sienten respaldadas y reciben asesoramiento, se animan a denunciar o al menos a realizar una consulta.
Pero el mayor cuestionamiento en la concentración masiva del 3 de junio pasado, que quedó plasmado en el petitorio leído en el acto, se concentraba en las deudas pendientes de los tres poderes del Estado en relación a esta problemática. Uno de los primeros reclamos tenía que ver con la falta de estadísticas. Por el momento, el ámbito judicial respondió desde una de sus autoridades, la jueza de la Corte Suprema Elena Highton de Nolasco, que es quien está a cargo de la Oficina de Violencia Doméstica. La magistrada convocó a los máximos tribunales provinciales para colaborar en la confección del Registro de Femicidios de la Justicia.
Resta saber si dicha información se va a cruzar con el registro que está confeccionando la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, teniendo en cuenta que, en los últimos meses, ambos organismos estatales no se pusieron de acuerdo para trabajar en conjunto. En los tribunales también queda pendiente un tratamiento más sensible hacia las víctimas y sus causas -como indican la ley 26.485 de protección integral de mujeres y la legislación internacional- y la garantía de que tengan acceso a la justicia. Hace unos días se informó un avance: la Procuración General de la Nación creó la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), con equipos dedicados al asunto.
Aunque hay información de trabajo en marcha, no sólo los ya citados sino también el que está realizando el INDEC junto al Consejo Nacional de las Mujeres, por el momento las únicas cifras que hay de violencia de género en todo el país son los femicidios registrados desde hace siete años por la ONG La Casa del Encuentro, que se basa en los casos publicados por medios de comunicación nacionales. Esos números dan cuenta de 1808 asesinatos de mujeres desde que empezó el registro y detalla que, en 2014, murió una mujer cada 30 horas.
En la provincia de San Juan, el Efecto Niunamenos fue claro: al día siguiente de la movilización, después de seis años sin novedades, se sancionó la adhesión a la ley nacional. Algo parecido ocurrió en Catamarca: se promulgó antes de la marcha y después de tres años en carpeta. Todavía quedan dos provincias sin adherir al capítulo de los códigos procesales: Córdoba y Misiones (ver Infografía).
En la provincia de Chaco, donde la mayor concentración hace un mes se produjo en la Plaza 25 de Mayo bajo la consigna «Basta de femicidios», el Ministerio de Desarrollo Social y el Superior Tribunal de Justicia trabajarán en conjunto para crear un registro único de denuncias de violencia de género. En Mendoza, cerca de 15 mil personas se reunieron en el centro de la capital y eso derivó en un decreto para asegurarles a las víctimas el patrocinio legal gratuito. Desde la intendencia neuquina de Rincón de los Sauces, por otro lado, se anunció la creación de un refugio para mujeres víctimas de violencia familiar.
«Donde se está trabajando de manera interesante es en el Ministerio de Educación de la Nación, con interés de alumnos y docentes», destaca Soledad Vallejos, una de las periodistas que convocaron a la concentración, y anticipa que su tarea y la de sus compañeras que también llamaron a movilizarse continuará con la creación de la una página web y una muestra itinerante para trabajar en las escuelas, «con la idea de enfocarse en las generaciones que vienen». Respecto de las respuestas de los tres poderes, subraya que «todavía falta mucho» y señala la necesidad de que se asigne una partida presupuestaria destinada en especial a poner en marcha el Plan Nacional.
En el terreno legislativo, las novedades también fueron sobre todo locales, en distintos distritos. Los diputados porteños, por ejemplo, sancionaron por unanimidad que las Unidades Fiscales Especializadas en Violencia Doméstica, dependientes del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, funcionen con el rango de ley. Y también se aprobó instaurar la Semana de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre de cada año.
El Observatorio de Derechos Humanos del Senado nacional organizó una jornada para evaluar cómo avanza la implementación de la de Protección Integral de las Mujeres, donde la directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, Natalia Gherardi, argumentó la necesidad de la creación del Misterio de la Igualdad, para articular las políticas que se llevan adelante, tal como proponía el petitorio leído en la concentración de hace un mes en el Congreso.
Online
En Google, el 3 de junio el interés se registró en el incremento de la búsqueda de la frase «ni una menos»: se multiplicó diez veces en relación con lo que venía sucediendo. Las búsquedas en torno a la frase comenzaron a registrarse el 12 de mayo, un día después de que fuera establecida la convocatoria.
El interés comenzó en Buenos Aires; se extendió a Santa Fe; luego Córdoba, Tucumán, Neuquén y Mendoza.
La primera consecuencia, entonces, fue de la sociedad civil: subió de manera considerable el número de llamados a la línea gratuita 137 del Ministerio de Justicia, que funciona para las ciudades de Buenos Aires, Posadas y El Dorado (Misiones) y Resistencia (Chaco); a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, que funciona en Lavalle 1250; a la línea gratuita 144, del Consejo Nacional de las Mujeres, que recibe consultas y denuncias de todo el país, y hubo que sumar 50 operadoras para atender esos llamados; y a la línea gratuita 0800-666-8537, de la Dirección General de la Mujer porteña. De eso podría concluirse que, cuando las víctimas se sienten respaldadas y reciben asesoramiento, se animan a denunciar o al menos a realizar una consulta.
Pero el mayor cuestionamiento en la concentración masiva del 3 de junio pasado, que quedó plasmado en el petitorio leído en el acto, se concentraba en las deudas pendientes de los tres poderes del Estado en relación a esta problemática. Uno de los primeros reclamos tenía que ver con la falta de estadísticas. Por el momento, el ámbito judicial respondió desde una de sus autoridades, la jueza de la Corte Suprema Elena Highton de Nolasco, que es quien está a cargo de la Oficina de Violencia Doméstica. La magistrada convocó a los máximos tribunales provinciales para colaborar en la confección del Registro de Femicidios de la Justicia.
Resta saber si dicha información se va a cruzar con el registro que está confeccionando la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, teniendo en cuenta que, en los últimos meses, ambos organismos estatales no se pusieron de acuerdo para trabajar en conjunto. En los tribunales también queda pendiente un tratamiento más sensible hacia las víctimas y sus causas -como indican la ley 26.485 de protección integral de mujeres y la legislación internacional- y la garantía de que tengan acceso a la justicia. Hace unos días se informó un avance: la Procuración General de la Nación creó la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), con equipos dedicados al asunto.
Aunque hay información de trabajo en marcha, no sólo los ya citados sino también el que está realizando el INDEC junto al Consejo Nacional de las Mujeres, por el momento las únicas cifras que hay de violencia de género en todo el país son los femicidios registrados desde hace siete años por la ONG La Casa del Encuentro, que se basa en los casos publicados por medios de comunicación nacionales. Esos números dan cuenta de 1808 asesinatos de mujeres desde que empezó el registro y detalla que, en 2014, murió una mujer cada 30 horas.
En la provincia de San Juan, el Efecto Niunamenos fue claro: al día siguiente de la movilización, después de seis años sin novedades, se sancionó la adhesión a la ley nacional. Algo parecido ocurrió en Catamarca: se promulgó antes de la marcha y después de tres años en carpeta. Todavía quedan dos provincias sin adherir al capítulo de los códigos procesales: Córdoba y Misiones (ver Infografía).
En la provincia de Chaco, donde la mayor concentración hace un mes se produjo en la Plaza 25 de Mayo bajo la consigna «Basta de femicidios», el Ministerio de Desarrollo Social y el Superior Tribunal de Justicia trabajarán en conjunto para crear un registro único de denuncias de violencia de género. En Mendoza, cerca de 15 mil personas se reunieron en el centro de la capital y eso derivó en un decreto para asegurarles a las víctimas el patrocinio legal gratuito. Desde la intendencia neuquina de Rincón de los Sauces, por otro lado, se anunció la creación de un refugio para mujeres víctimas de violencia familiar.
«Donde se está trabajando de manera interesante es en el Ministerio de Educación de la Nación, con interés de alumnos y docentes», destaca Soledad Vallejos, una de las periodistas que convocaron a la concentración, y anticipa que su tarea y la de sus compañeras que también llamaron a movilizarse continuará con la creación de la una página web y una muestra itinerante para trabajar en las escuelas, «con la idea de enfocarse en las generaciones que vienen». Respecto de las respuestas de los tres poderes, subraya que «todavía falta mucho» y señala la necesidad de que se asigne una partida presupuestaria destinada en especial a poner en marcha el Plan Nacional.
En el terreno legislativo, las novedades también fueron sobre todo locales, en distintos distritos. Los diputados porteños, por ejemplo, sancionaron por unanimidad que las Unidades Fiscales Especializadas en Violencia Doméstica, dependientes del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, funcionen con el rango de ley. Y también se aprobó instaurar la Semana de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre de cada año.
El Observatorio de Derechos Humanos del Senado nacional organizó una jornada para evaluar cómo avanza la implementación de la de Protección Integral de las Mujeres, donde la directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, Natalia Gherardi, argumentó la necesidad de la creación del Misterio de la Igualdad, para articular las políticas que se llevan adelante, tal como proponía el petitorio leído en la concentración de hace un mes en el Congreso.
Online
En Google, el 3 de junio el interés se registró en el incremento de la búsqueda de la frase «ni una menos»: se multiplicó diez veces en relación con lo que venía sucediendo. Las búsquedas en torno a la frase comenzaron a registrarse el 12 de mayo, un día después de que fuera establecida la convocatoria.
El interés comenzó en Buenos Aires; se extendió a Santa Fe; luego Córdoba, Tucumán, Neuquén y Mendoza.
