Editorial I
Resulta reprobable la idea del candidato oficialista de recrear una entidad que tanto aquí como en Brasil estuvo dirigida a favorecer el «capitalismo de amigos»
El candidato presidencial Daniel Scioli se ha entusiasmado con la idea de crear nuevamente un banco de desarrollo, tomando como modelo el Banco de Desarrollo Económico y Social (Bndes) brasileño. Su objetivo declarado sería «dinamizar la inversión» del sector privado a través del crédito oficial.
El Bndes es un ejemplo rancio y nocivo, que podría ser equivalente a Petrobras en cuanto al escándalo por corrupción. Sus préstamos bajo sospecha a grandes empresas ascienden a 2400 millones de reales, esto es, unos 690 millones de dólares a la cotización actual. Sin el apoyo del Partido de los Trabajadores (PT), la Cámara de Diputados brasileña acaba de formar una comisión investigadora parlamentaria, similar a la de Petrobras, para investigar a esa institución financiera.
Tanto en la Argentina como en Brasil, los bancos de desarrollo han sido generalmente una herramienta para el «capitalismo de amigos», al permitir a los empresarios cercanos al poder apropiarse de fondos públicos a tasas subsidiadas y a los políticos o militares hacerse de caja para sus campañas o para sus cuentas personales. Como diría Cristina Kirchner, «un win-win» donde ambos sacan ventajas… a costa de los que menos tienen.
En nuestro país ya se transitó por un camino semejante, que terminó con la liquidación del Banco Nacional de Desarrollo (Banade) en 1993, que dejó una cartera impaga equivalente a 5700 millones de dólares por préstamos a menos de 20 empresas. A diferencia del caso brasileño, sin que nadie fuese denunciado, a pesar de la evidente connivencia entre beneficiarios y funcionarios que implicó este vaciamiento de las arcas públicas.
Desde tiempo inmemorial, sectores industriales de la Argentina se han quejado de la falta de financiación para sus proyectos productivos, mirando con envidia el apoyo que el Bndes otorga a sus colegas brasileños, con crédito barato y a largo plazo. Aparentemente, luego de tanto bregar, si el Frente para la Victoria triunfase en las próximas elecciones, la Argentina tendrá también su Bndes. Y previsiblemente, también sus consecuencias.
Durante medio siglo, nuestro país ya contó con un banco de fomento, y así nos fue. En 1944, los militares, obnubilados por las políticas industriales de Mussolini, crearon el Banco de Crédito Industrial para asegurar el autoabastecimiento fabril a cualquier costo. Durante el gobierno de facto del general Roberto Levingston, en 1970, su ministro de Economía y luego embajador kirchnerista, Aldo Ferrer, lo transformó en el recordado Banade. En 1974, en la gestión de María Estela Martínez de Perón y con la inspiración de José Ber Gelbard, se dictó otra ley, que multiplicó la burocracia de la entidad y amplió el directorio a 16 miembros, incluyendo representantes de la Confederación General Económica, vinculada a Gelbard, y de la CGT. Además, se crearon seis directorios regionales para distintas zonas del país. Una verdadera fiesta de honorarios, viáticos, tarjetas y credenciales.
A partir de ese momento, los funcionarios del banco no dieron abasto para atender llamadas de asesores, gestores, intermediarios y otras personas influyentes que reclamaban «decisiones políticas» para sus proyectos, jamás rentables sin ventajas estatales y evitando siempre la evaluación técnica.
En 1977, el gobierno militar eliminó sus directorios regionales y le dio autonomía para tomar créditos externos y así financiar a las empresas. Fue como dar al mono una navaja. El Banade recurrió al mercado internacional para fondear préstamos a empresas locales que no los devolvieron, dejándolo con una interesante porción de la execrada deuda externa.
Al igual que en Brasil, el Banade prefirió hacer negocios con grandes empresarios sin capital, pero con vocación de servicio. Se destacaron los sectores de celulosa, cemento, soda solvay, acero y petroquímica. Como la gracia era hacer proyectos con la plata de otros, mediante contactos de alto nivel se obtenían avales gratuitos del Tesoro Nacional para garantizar los préstamos del Banade que pasaban, entonces, a ser de riesgo cero. Cuando esos préstamos no se devolvían, el Tesoro se hacía cargo con recursos fiscales o, más correctamente, con emisión monetaria. La nómina de deudores al Estado por «avales caídos» reflejaba el cuadro de honor del peor lobby empresario de aquellos años «gloriosos» con banca de desarrollo. En 1990, el gobierno menemista dispuso la intervención del Banade, el cierre de sucursales y la prohibición de que el Banco Central volviera a asistirlo. En 1993, se lo declaró «disuelto y en estado de liquidación». Para entonces, los créditos incobrables ascendían a la astronómica cifra de 5700 millones de dólares. Tal fue la magnitud de la transferencia de recursos del sector público a los empresarios amigos del poder.
En cuanto al Bndes, el «modelo» brasileño, se trata del segundo banco de desarrollo del mundo, detrás del China Development Bank; otorga más créditos que el Banco Mundial y su expansión traspasó las fronteras de su país, al financiar obras en naciones ideológicamente afines, como Venezuela, Cuba, Angola, Bolivia, Ecuador y la Argentina.
Fundado en 1952, buscaba solucionar las «fallas del mercado» prestando dinero en los casos en que el crédito privado no podía o no quería hacerlo. Durante el gobierno de Lula da Silva y Dilma Rousseff, el Bndes creció en forma extraordinaria, cuadruplicando sus activos hasta superar los 330.200 millones de dólares en 2014, cuando otorgó préstamos por 187.800 millones de reales (unos 70.700 millones de dólares de ese momento), de los cuales el 62% fue para las mayores compañías brasileñas. Al igual que en Petrobras, esa estrecha relación con los «pesos pesados» habría permitido hacer acuerdos tácitos, confiables y duraderos para adjudicar obras, prestar plata barata y devolver favores con aportes a los partidos y retornos a los funcionarios.
Los créditos del Bndes aplican la tasa de interés de largo plazo, que es menos de la mitad de la tasa de mercado. El subsidio implícito está financiado por el tesoro federal y por los aportes de los jubilados. Mientras el Fondo de Amparo al Trabajador provee el 70% de los recursos del Bndes, el tesoro provee el 20%. El tesoro se financia a tasas de mercado para dar fondos al Bndes, que los presta a tasa subsidiada. Para el fisco brasileño, ese costo es mayor que el programa Bolsa Familia para erradicar el hambre y la pobreza extrema.
El Bndes es hoy visto como un mecanismo para transferir recursos públicos de los pobres a los ricos. Pero, además, es considerado una caja negra e inexpugnable, mantenida hermética por el gobierno del PT, que amenaza convertirse en una caja de Pandora. La Contraloría General de la Unión no fiscaliza, el Tribunal de Cuentas no tiene acceso y al Ministerio Público Federal tampoco le dan las llaves. Con el argumento del secreto bancario, el Bndes se rehúsa a hacer públicas sus operaciones, como en el caso del puerto de Mariel, en Cuba, adjudicado directamente a Odebrecht, que incluyó una cláusula de confidencialidad de diez años para blindarlo de los curiosos. Como el contrato de YPF con Chevron.
Otro frente de corrupción ha sido la expansión del Bndes en el exterior, apoyando al cartel de empresas cercanas al gobierno para hacer negocios en países de alto riesgo crediticio, políticamente afines al PT y que son calificados favorablemente para ocultar la realidad en el balance del Bndes. Actualmente, los fiscales analizan si los viajes de Lula en aviones de Odebrecht, para gestionar eventuales contrataciones en América latina con el apoyo del Bndes, tienen vínculos con las contribuciones al PT. Angola fue el país más beneficiado por la munificencia del Bndes, con 3380 millones de dólares para obras de infraestructura que realizó también Odebrecht. El segundo país beneficiado fue Venezuela, con 2250 millones en cuatro contratos para Andrade Gutierrez y la infaltable Odebrecht.
La Argentina también recibió créditos blandos para obras de Odebrecht y otras dudosas contrataciones. En un reciente informe acerca del Bndes en la región («La mano invisible del Bndes») elaborado por BRIO Journalism Inc, se analizan varios casos de posible corrupción. Uno de ellos, la compra de 20 aviones Embraer 20 E-190 negociada por Ricardo Jaime en su último acto como secretario de Transporte para Austral Líneas Aéreas, hoy investigada con extrema pereza por el juez federal Sergio Torres. La transacción fue de unos 700 millones de dólares, de los cuales el Bndes financió el 85%. Jaime había acordado sobreprecios de entre 3 y 5 millones por aeronave. Ello sólo fue posible porque el Bndes autorizó la liberación de los fondos aun cuando no había sustento técnico para aceptar esos valores. En los papeles, se justificó el monto extra con mayor equipamiento. Por ejemplo, el sistema Panasonic de entretenimiento implicó pagar un adicional para que los pasajeros de Austral pudieran ver películas que duran más que la mayoría de sus viajes domésticos. El Bndes y Embraer están también en la mira de las autoridades estadounidenses y, en junio de 2014, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos remitió un pedido de información a la justicia argentina en relación con la investigación que ese organismo, el FBI y la Securities and Exchange Commission (SEC) están llevando a cabo respecto de la posible violación de la ley de prácticas corruptas en el exterior por parte de la Empresa Brasileira de Aeronáutica SA (Embraer), el Bndes y Jaime,
El crédito a largo plazo para las empresas argentinas no se logra con entelequias burocráticas cuya única relación con el desarrollo es un nombre pomposo. No se alcanza con más gasto público recreando nefastas experiencias del pasado. En lugar de un banco de desarrollo en un contexto de inflación, cepo y fuga de ahorros, el país necesita exactamente lo inverso: confianza, liberación cambiaria, ingreso del ahorro externo, inversión directa y recreación del mercado de capitales que el kirchnerismo demolió en 12 años de populismo destructivo..
Resulta reprobable la idea del candidato oficialista de recrear una entidad que tanto aquí como en Brasil estuvo dirigida a favorecer el «capitalismo de amigos»
El candidato presidencial Daniel Scioli se ha entusiasmado con la idea de crear nuevamente un banco de desarrollo, tomando como modelo el Banco de Desarrollo Económico y Social (Bndes) brasileño. Su objetivo declarado sería «dinamizar la inversión» del sector privado a través del crédito oficial.
El Bndes es un ejemplo rancio y nocivo, que podría ser equivalente a Petrobras en cuanto al escándalo por corrupción. Sus préstamos bajo sospecha a grandes empresas ascienden a 2400 millones de reales, esto es, unos 690 millones de dólares a la cotización actual. Sin el apoyo del Partido de los Trabajadores (PT), la Cámara de Diputados brasileña acaba de formar una comisión investigadora parlamentaria, similar a la de Petrobras, para investigar a esa institución financiera.
Tanto en la Argentina como en Brasil, los bancos de desarrollo han sido generalmente una herramienta para el «capitalismo de amigos», al permitir a los empresarios cercanos al poder apropiarse de fondos públicos a tasas subsidiadas y a los políticos o militares hacerse de caja para sus campañas o para sus cuentas personales. Como diría Cristina Kirchner, «un win-win» donde ambos sacan ventajas… a costa de los que menos tienen.
En nuestro país ya se transitó por un camino semejante, que terminó con la liquidación del Banco Nacional de Desarrollo (Banade) en 1993, que dejó una cartera impaga equivalente a 5700 millones de dólares por préstamos a menos de 20 empresas. A diferencia del caso brasileño, sin que nadie fuese denunciado, a pesar de la evidente connivencia entre beneficiarios y funcionarios que implicó este vaciamiento de las arcas públicas.
Desde tiempo inmemorial, sectores industriales de la Argentina se han quejado de la falta de financiación para sus proyectos productivos, mirando con envidia el apoyo que el Bndes otorga a sus colegas brasileños, con crédito barato y a largo plazo. Aparentemente, luego de tanto bregar, si el Frente para la Victoria triunfase en las próximas elecciones, la Argentina tendrá también su Bndes. Y previsiblemente, también sus consecuencias.
Durante medio siglo, nuestro país ya contó con un banco de fomento, y así nos fue. En 1944, los militares, obnubilados por las políticas industriales de Mussolini, crearon el Banco de Crédito Industrial para asegurar el autoabastecimiento fabril a cualquier costo. Durante el gobierno de facto del general Roberto Levingston, en 1970, su ministro de Economía y luego embajador kirchnerista, Aldo Ferrer, lo transformó en el recordado Banade. En 1974, en la gestión de María Estela Martínez de Perón y con la inspiración de José Ber Gelbard, se dictó otra ley, que multiplicó la burocracia de la entidad y amplió el directorio a 16 miembros, incluyendo representantes de la Confederación General Económica, vinculada a Gelbard, y de la CGT. Además, se crearon seis directorios regionales para distintas zonas del país. Una verdadera fiesta de honorarios, viáticos, tarjetas y credenciales.
A partir de ese momento, los funcionarios del banco no dieron abasto para atender llamadas de asesores, gestores, intermediarios y otras personas influyentes que reclamaban «decisiones políticas» para sus proyectos, jamás rentables sin ventajas estatales y evitando siempre la evaluación técnica.
En 1977, el gobierno militar eliminó sus directorios regionales y le dio autonomía para tomar créditos externos y así financiar a las empresas. Fue como dar al mono una navaja. El Banade recurrió al mercado internacional para fondear préstamos a empresas locales que no los devolvieron, dejándolo con una interesante porción de la execrada deuda externa.
Al igual que en Brasil, el Banade prefirió hacer negocios con grandes empresarios sin capital, pero con vocación de servicio. Se destacaron los sectores de celulosa, cemento, soda solvay, acero y petroquímica. Como la gracia era hacer proyectos con la plata de otros, mediante contactos de alto nivel se obtenían avales gratuitos del Tesoro Nacional para garantizar los préstamos del Banade que pasaban, entonces, a ser de riesgo cero. Cuando esos préstamos no se devolvían, el Tesoro se hacía cargo con recursos fiscales o, más correctamente, con emisión monetaria. La nómina de deudores al Estado por «avales caídos» reflejaba el cuadro de honor del peor lobby empresario de aquellos años «gloriosos» con banca de desarrollo. En 1990, el gobierno menemista dispuso la intervención del Banade, el cierre de sucursales y la prohibición de que el Banco Central volviera a asistirlo. En 1993, se lo declaró «disuelto y en estado de liquidación». Para entonces, los créditos incobrables ascendían a la astronómica cifra de 5700 millones de dólares. Tal fue la magnitud de la transferencia de recursos del sector público a los empresarios amigos del poder.
En cuanto al Bndes, el «modelo» brasileño, se trata del segundo banco de desarrollo del mundo, detrás del China Development Bank; otorga más créditos que el Banco Mundial y su expansión traspasó las fronteras de su país, al financiar obras en naciones ideológicamente afines, como Venezuela, Cuba, Angola, Bolivia, Ecuador y la Argentina.
Fundado en 1952, buscaba solucionar las «fallas del mercado» prestando dinero en los casos en que el crédito privado no podía o no quería hacerlo. Durante el gobierno de Lula da Silva y Dilma Rousseff, el Bndes creció en forma extraordinaria, cuadruplicando sus activos hasta superar los 330.200 millones de dólares en 2014, cuando otorgó préstamos por 187.800 millones de reales (unos 70.700 millones de dólares de ese momento), de los cuales el 62% fue para las mayores compañías brasileñas. Al igual que en Petrobras, esa estrecha relación con los «pesos pesados» habría permitido hacer acuerdos tácitos, confiables y duraderos para adjudicar obras, prestar plata barata y devolver favores con aportes a los partidos y retornos a los funcionarios.
Los créditos del Bndes aplican la tasa de interés de largo plazo, que es menos de la mitad de la tasa de mercado. El subsidio implícito está financiado por el tesoro federal y por los aportes de los jubilados. Mientras el Fondo de Amparo al Trabajador provee el 70% de los recursos del Bndes, el tesoro provee el 20%. El tesoro se financia a tasas de mercado para dar fondos al Bndes, que los presta a tasa subsidiada. Para el fisco brasileño, ese costo es mayor que el programa Bolsa Familia para erradicar el hambre y la pobreza extrema.
El Bndes es hoy visto como un mecanismo para transferir recursos públicos de los pobres a los ricos. Pero, además, es considerado una caja negra e inexpugnable, mantenida hermética por el gobierno del PT, que amenaza convertirse en una caja de Pandora. La Contraloría General de la Unión no fiscaliza, el Tribunal de Cuentas no tiene acceso y al Ministerio Público Federal tampoco le dan las llaves. Con el argumento del secreto bancario, el Bndes se rehúsa a hacer públicas sus operaciones, como en el caso del puerto de Mariel, en Cuba, adjudicado directamente a Odebrecht, que incluyó una cláusula de confidencialidad de diez años para blindarlo de los curiosos. Como el contrato de YPF con Chevron.
Otro frente de corrupción ha sido la expansión del Bndes en el exterior, apoyando al cartel de empresas cercanas al gobierno para hacer negocios en países de alto riesgo crediticio, políticamente afines al PT y que son calificados favorablemente para ocultar la realidad en el balance del Bndes. Actualmente, los fiscales analizan si los viajes de Lula en aviones de Odebrecht, para gestionar eventuales contrataciones en América latina con el apoyo del Bndes, tienen vínculos con las contribuciones al PT. Angola fue el país más beneficiado por la munificencia del Bndes, con 3380 millones de dólares para obras de infraestructura que realizó también Odebrecht. El segundo país beneficiado fue Venezuela, con 2250 millones en cuatro contratos para Andrade Gutierrez y la infaltable Odebrecht.
La Argentina también recibió créditos blandos para obras de Odebrecht y otras dudosas contrataciones. En un reciente informe acerca del Bndes en la región («La mano invisible del Bndes») elaborado por BRIO Journalism Inc, se analizan varios casos de posible corrupción. Uno de ellos, la compra de 20 aviones Embraer 20 E-190 negociada por Ricardo Jaime en su último acto como secretario de Transporte para Austral Líneas Aéreas, hoy investigada con extrema pereza por el juez federal Sergio Torres. La transacción fue de unos 700 millones de dólares, de los cuales el Bndes financió el 85%. Jaime había acordado sobreprecios de entre 3 y 5 millones por aeronave. Ello sólo fue posible porque el Bndes autorizó la liberación de los fondos aun cuando no había sustento técnico para aceptar esos valores. En los papeles, se justificó el monto extra con mayor equipamiento. Por ejemplo, el sistema Panasonic de entretenimiento implicó pagar un adicional para que los pasajeros de Austral pudieran ver películas que duran más que la mayoría de sus viajes domésticos. El Bndes y Embraer están también en la mira de las autoridades estadounidenses y, en junio de 2014, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos remitió un pedido de información a la justicia argentina en relación con la investigación que ese organismo, el FBI y la Securities and Exchange Commission (SEC) están llevando a cabo respecto de la posible violación de la ley de prácticas corruptas en el exterior por parte de la Empresa Brasileira de Aeronáutica SA (Embraer), el Bndes y Jaime,
El crédito a largo plazo para las empresas argentinas no se logra con entelequias burocráticas cuya única relación con el desarrollo es un nombre pomposo. No se alcanza con más gasto público recreando nefastas experiencias del pasado. En lugar de un banco de desarrollo en un contexto de inflación, cepo y fuga de ahorros, el país necesita exactamente lo inverso: confianza, liberación cambiaria, ingreso del ahorro externo, inversión directa y recreación del mercado de capitales que el kirchnerismo demolió en 12 años de populismo destructivo..
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