Cuando un ciclo va llegando a su fin, los balances son inevitables. Tras doce años de gobierno kirchnerista, los habrá en todos los órdenes de la vida política argentina y el laboral será, sin dudas, uno de ellos.
El mundo del trabajo vivió muchos cambios en los últimos 12 años. Se partió de un piso muy bajo en varias áreas. En materia de empleo, la presidencia de Néstor Kirchner en 2003 arrancó con niveles alarmantes de desempleo (que estaba en torno al 20%) e informalidad (cercana al 50%). En cuanto a los ingresos, el Salario Mínimo Vital y Móvil se hallaba congelado desde hacía una década y comenzó a aumentar gracias a reuniones anuales que lo elevaban y los salarios de los trabajadores en relación de dependencia comenzaron a revitalizarse gracias a la reactivación de la negociación colectiva.
En materia de legislación laboral se realizaron numerosos avances, en especial, en lo relacionado con el sistema de jubilaciones y con sectores vulnerables del mundo laboral como las empleadas domésticas y los trabajadores rurales.
Aunque las autoridades de la cartera laboral son reticentes a hablar de «lo que faltó» durante la gestión del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y prefieren hacer hincapié en lo que se logró, no son pocos los que admiten que hay cosas que quedaron en el tintero. Y es en el tintero literalmente, porque se considera que para mejorar ciertos flagelos del mundo laboral, es necesario redactar leyes que apunten en ese sentido.
Pero según pudo saber Tiempo, de aquí a diciembre, ya no se presentarán más proyectos de ley de contenido laboral redactados por el Poder Ejecutivo, por voluntad de la presidenta Cristina Fernández. Sí, se dará el apoyo para que se traten y, por qué no, se aprueben los proyectos presentados por el Ejecutivo que ya están en el Parlamento. Se trata del de Teletrabajo y la Ley del Actor.
Los funcionarios del área de Trabajo saben que se avanzó muchísimo en materia de legislación laboral, aunque reconocen que todavía hay varios temas que necesitan tratamientos específicos y con los que se han hecho algunos bocetos de legislación, pero que no salieron a la luz.
Es el caso, por ejemplo, de una ley de trabajo a domicilio, que regule la actividad en los talleres que funcionan en casas particulares. Esta iniciativa debería buscar un incremento en los controles y en la regularización, para reducir al máximo las posibilidades de que existan talleres clandestinos, donde también pueden darse casos de trata de personas y de reducción a la servidumbre.
También se estudió la posibilidad de hacer una ley de formación profesional que institucionalice todas las herramientas con las que hoy cuentan los estados nacionales y provinciales para que la población argentina se capacite y consiga empleo.
La tercerización y el trabajo en negro
Una de las iniciativas que más le hubiera gustado enviar al Congreso a Tomada es la de tercerización, que regularía esta práctica laboral que implica que una empresa subcontrate a otra para una tarea específica, que no es ilegal pero que muchas veces se presta para el fraude laboral. En Alem 650 hay un proyecto redactado para regular esta actividad pero no será en lo que resta de esta gestión que llegue finalmente al parlamento. Habrá que esperar para ver si quien suceda a Tomada muestra el mismo interés por esta problemática.
La tercerización preocupa a varios sectores, tanto es así que en estos últimos años hubo varios proyectos presentados en ambas cámaras que finalmente no prosperaron. Algunos de los que llegaron al Congreso, se trataron en la Comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara de Diputados fueron el de Héctor Recalde y el de Facundo Moyano -que hasta llegó a tener despacho de comisión- pero nunca prosperaron y perdieron estado parlamentario.
Tal vez uno de los puntos más preocupantes -incluso para los propios funcionarios del Poder Ejecutivo- son los números todavía elevados de trabajo en negro. Según datos del INDEC, durante el primer trimestre de 2015, el 31,9% de los asalariados no estaba registrado. En un intento por pensar qué más se habría podido hacer desde el Estado, desde Alem 650 reconocen que uno de los principales escollos está en la fiscalización. Si bien se mejoró mucho en cantidad de inspectores y se aunaron esfuerzos con otros organismos (como por ejemplo la AFIP), hay dos complicaciones: la cuestión de la jurisdicción en la tarea inspectiva y el trabajo propiamente dicho que pueden realizar esos inspectores.
La inspección del trabajo es una facultad no delegada por las provincias y depende de cada administración provincial, como la educación o la salud. El Estado Nacional sólo puede intervenir en lo que tiene que ver con la registración en la seguridad social del trabajador. Sin embargo, se informó que en estos años se avanzó en trabajos conjuntos con las provincias para tratar de mejorar la inspección.
De todos modos, la otra cuestión sobre la que hay que avanzar -especialmente una vez que esté aceitado el tema de la registración- es la de crear una inspección de condiciones de trabajo y de cumplimiento de los convenios colectivos. Porque hubo avances en materia de contratación y de regularización labora, pero falta poder garantizar el cumplimiento de las condiciones de trabajo. Para eso sería necesario capacitar específicamente a los inspectores -que podrían ser profesionales de Relaciones del Trabajo con especialización en seguridad e higiene- para que puedan conocer al dedillo las características de cada sector y hacer cumplir las condiciones.
Pero de todas maneras, la especialización de inspectores es una propuesta a largo plazo. Como primera medida se deberá seguir intentando bajar más la informalidad laboral que todavía está cerca del tercio de los trabajadores.
El ministro Tomada ya inició una suerte de despedida de ciertos círculos que suele frecuentar y ya comenzó a pensar en cuál es el «legado» que debe transmitir a su sucesor. En ese sentido, no descarta reunirse, después del 10 de diciembre, con quien vaya a ocupar el despacho del piso 13 de Alem 650. Si se tratara de un ministro puesto por Daniel Scioli, uno de los presidenciables con chances de sentarse en el sillón de Rivadavia, Tomada se muestra esperanzado en que habrá una «continuidad» y que se podrá mantener la línea de las iniciativas que se tomaron en los últimos 12 años en materia laboral.
En paralelo, el titular de la cartera laboral también analiza la posibilidad de trasladar las inquietudes que quedaron sin resolver al ámbito de la Legislatura porteña, donde ocupará una banca a partir del 11 de diciembre próximo.
Sea quien sea que remplace a Tomada en el Ministerio de Trabajo, son muchas las políticas de Estado que tendrá que afrontar, pero encontrará un camino allanado en muchas áreas y planes para avanzar sobre otras.
El mundo del trabajo vivió muchos cambios en los últimos 12 años. Se partió de un piso muy bajo en varias áreas. En materia de empleo, la presidencia de Néstor Kirchner en 2003 arrancó con niveles alarmantes de desempleo (que estaba en torno al 20%) e informalidad (cercana al 50%). En cuanto a los ingresos, el Salario Mínimo Vital y Móvil se hallaba congelado desde hacía una década y comenzó a aumentar gracias a reuniones anuales que lo elevaban y los salarios de los trabajadores en relación de dependencia comenzaron a revitalizarse gracias a la reactivación de la negociación colectiva.
En materia de legislación laboral se realizaron numerosos avances, en especial, en lo relacionado con el sistema de jubilaciones y con sectores vulnerables del mundo laboral como las empleadas domésticas y los trabajadores rurales.
Aunque las autoridades de la cartera laboral son reticentes a hablar de «lo que faltó» durante la gestión del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y prefieren hacer hincapié en lo que se logró, no son pocos los que admiten que hay cosas que quedaron en el tintero. Y es en el tintero literalmente, porque se considera que para mejorar ciertos flagelos del mundo laboral, es necesario redactar leyes que apunten en ese sentido.
Pero según pudo saber Tiempo, de aquí a diciembre, ya no se presentarán más proyectos de ley de contenido laboral redactados por el Poder Ejecutivo, por voluntad de la presidenta Cristina Fernández. Sí, se dará el apoyo para que se traten y, por qué no, se aprueben los proyectos presentados por el Ejecutivo que ya están en el Parlamento. Se trata del de Teletrabajo y la Ley del Actor.
Los funcionarios del área de Trabajo saben que se avanzó muchísimo en materia de legislación laboral, aunque reconocen que todavía hay varios temas que necesitan tratamientos específicos y con los que se han hecho algunos bocetos de legislación, pero que no salieron a la luz.
Es el caso, por ejemplo, de una ley de trabajo a domicilio, que regule la actividad en los talleres que funcionan en casas particulares. Esta iniciativa debería buscar un incremento en los controles y en la regularización, para reducir al máximo las posibilidades de que existan talleres clandestinos, donde también pueden darse casos de trata de personas y de reducción a la servidumbre.
También se estudió la posibilidad de hacer una ley de formación profesional que institucionalice todas las herramientas con las que hoy cuentan los estados nacionales y provinciales para que la población argentina se capacite y consiga empleo.
La tercerización y el trabajo en negro
Una de las iniciativas que más le hubiera gustado enviar al Congreso a Tomada es la de tercerización, que regularía esta práctica laboral que implica que una empresa subcontrate a otra para una tarea específica, que no es ilegal pero que muchas veces se presta para el fraude laboral. En Alem 650 hay un proyecto redactado para regular esta actividad pero no será en lo que resta de esta gestión que llegue finalmente al parlamento. Habrá que esperar para ver si quien suceda a Tomada muestra el mismo interés por esta problemática.
La tercerización preocupa a varios sectores, tanto es así que en estos últimos años hubo varios proyectos presentados en ambas cámaras que finalmente no prosperaron. Algunos de los que llegaron al Congreso, se trataron en la Comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara de Diputados fueron el de Héctor Recalde y el de Facundo Moyano -que hasta llegó a tener despacho de comisión- pero nunca prosperaron y perdieron estado parlamentario.
Tal vez uno de los puntos más preocupantes -incluso para los propios funcionarios del Poder Ejecutivo- son los números todavía elevados de trabajo en negro. Según datos del INDEC, durante el primer trimestre de 2015, el 31,9% de los asalariados no estaba registrado. En un intento por pensar qué más se habría podido hacer desde el Estado, desde Alem 650 reconocen que uno de los principales escollos está en la fiscalización. Si bien se mejoró mucho en cantidad de inspectores y se aunaron esfuerzos con otros organismos (como por ejemplo la AFIP), hay dos complicaciones: la cuestión de la jurisdicción en la tarea inspectiva y el trabajo propiamente dicho que pueden realizar esos inspectores.
La inspección del trabajo es una facultad no delegada por las provincias y depende de cada administración provincial, como la educación o la salud. El Estado Nacional sólo puede intervenir en lo que tiene que ver con la registración en la seguridad social del trabajador. Sin embargo, se informó que en estos años se avanzó en trabajos conjuntos con las provincias para tratar de mejorar la inspección.
De todos modos, la otra cuestión sobre la que hay que avanzar -especialmente una vez que esté aceitado el tema de la registración- es la de crear una inspección de condiciones de trabajo y de cumplimiento de los convenios colectivos. Porque hubo avances en materia de contratación y de regularización labora, pero falta poder garantizar el cumplimiento de las condiciones de trabajo. Para eso sería necesario capacitar específicamente a los inspectores -que podrían ser profesionales de Relaciones del Trabajo con especialización en seguridad e higiene- para que puedan conocer al dedillo las características de cada sector y hacer cumplir las condiciones.
Pero de todas maneras, la especialización de inspectores es una propuesta a largo plazo. Como primera medida se deberá seguir intentando bajar más la informalidad laboral que todavía está cerca del tercio de los trabajadores.
El ministro Tomada ya inició una suerte de despedida de ciertos círculos que suele frecuentar y ya comenzó a pensar en cuál es el «legado» que debe transmitir a su sucesor. En ese sentido, no descarta reunirse, después del 10 de diciembre, con quien vaya a ocupar el despacho del piso 13 de Alem 650. Si se tratara de un ministro puesto por Daniel Scioli, uno de los presidenciables con chances de sentarse en el sillón de Rivadavia, Tomada se muestra esperanzado en que habrá una «continuidad» y que se podrá mantener la línea de las iniciativas que se tomaron en los últimos 12 años en materia laboral.
En paralelo, el titular de la cartera laboral también analiza la posibilidad de trasladar las inquietudes que quedaron sin resolver al ámbito de la Legislatura porteña, donde ocupará una banca a partir del 11 de diciembre próximo.
Sea quien sea que remplace a Tomada en el Ministerio de Trabajo, son muchas las políticas de Estado que tendrá que afrontar, pero encontrará un camino allanado en muchas áreas y planes para avanzar sobre otras.
