ECONOMIA › RESULTADOS DEL PRIMER SEMESTRE DEL PLAN NACIONAL DE REGULARIZACION DEL TRABAJO
En la primera mitad del año hubo una mejora en el éxito para inducir a la formalización de trabajadores. Un informe del Ministerio de Trabajo revela que en los sectores de la agricultura y la construcción se detectaron mayores niveles de trabajo informal.
Por Tomás Lukin
Cuando fueron descubiertos en infracción por un inspector laboral, los empleadores regularizaron la situación del trabajador en la mitad de los casos. Las cifras del Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT) para el primer semestre de 2015 arrojan una mejora en el éxito de la herramienta para inducir a la formalización. El año pasado el cumplimiento de las normas post detección de irregularidades alcanzó al 43 por ciento de los casos. Los cambios son relevantes pero insuficientes para que los niveles de informalidad retrocedan por debajo del 31,9 por ciento vigente. Desde el Ministerio de Trabajo entienden que es necesario duplicar la cantidad de inspectores de 400 a 800, mejorar la articulación entre los organismos estatales con capacidad de fiscalización y lograr el compromiso político de algunas jurisdicciones que hoy hacen la vista gorda sobre la problemática. A esos requisitos es necesario sumar la recuperación de una dinámica virtuosa del mercado laboral.
La tasa de detección de trabajo no registrado por el PNRT, la principal herramienta de fiscalización laboral, aumentó sistemáticamente desde su lanzamiento en 2003. La focalización de las inspecciones permitió pasar de un 22,6 por ciento en 2005 (inicio de la serie de datos disponible) hasta 31,8 por ciento el año pasado. Un informe elaborado por la cartera que encabeza Carlos Tomada evidencia que la tasa de detección más alta ocurre en los sectores de agricultura y la construcción con niveles de 50,8 y 34,0 por ciento, respectivamente. Sin embargo, esas ramas exhiben la menor tasa de regularización. Los empleadores más propensos a poner en regla a sus asalariados cuando son descubiertos incumpliendo con la normativa están en el sector gastronómico, la enseñanza y la industria manufacturera.
En la cartera laboral explican que el incremento reciente en la regularización es el resultado de una serie de modificaciones en la política de fiscalizaciones. Los cambios se enmarcan en la nueva ley de combate al trabajo no registrado sancionada el año pasado. El subsecretario de Fiscalización del Trabajo, Guillermo Alonso Navone, precisó que ahora “si un empleador regulariza la situación antes de los 10 días hábiles la infracción desaparece, se libera de la multa y se evita figurar en el Registro de Empleadores con Sanciones Laborales”. El funcionario advierte que los inspectores no sólo cumplen una función sancionatoria, sino que tienen un rol educativo fundamental. Incluso, remarca Navone, si un empleador regulariza la situación inscribiendo a los asalariados sin registrar como nuevos empleados accede a una serie de beneficios fiscales contemplados en la nueva legislación. Las multas vigentes fueron incrementadas significativamente pero todavía no logran operar como un desincentivo a la precarización de las condiciones laborales.
Desde que se puso en marcha el PNRT se relevaron entre 300 y 400 mil trabajadores por año (el plan se lanzó en 2003 pero empezó a funcionar plenamente en 2005). “Comenzamos a fiscalizar con una disvalía jurídica, la fiscalización estaba cedida a las provincias y sólo podíamos inspeccionar un grupo reducido actividades en el ámbito del gobierno federal”, recordó recientemente la secretaria de Trabajo, Noemí Rial. A la digitalización del proceso se sumó tras la sanción de la ley el año pasado la ampliación de las capacidades e incumbencias.
No obstante, en la cartera laboral reconocen que el fortalecimiento de la política de fiscalización es insuficiente para atacar algunos bastiones de informalidad, como los elevados niveles de precariedad entre las trabajadoras de casas particulares que afecta fundamentalmente a mujeres de bajos ingresos. La igualación de derechos laborales contemplada en la nueva legislación representó un avance significativo que permitió avanzar en materia de registración. Sin embargo ese proceso está limitado a la “buena voluntad” de las familias empleadoras. En Uruguay la policía del trabajo está habilitada para tocar timbre en los hogares para inspeccionar, una alternativa políticamente inviable en Argentina. La vía plausible consiste en reforzar las campañas de difusión de los beneficios fiscales disponibles para ese segmento de empleadores asociados a la regularización del vínculo.
En la primera mitad del año hubo una mejora en el éxito para inducir a la formalización de trabajadores. Un informe del Ministerio de Trabajo revela que en los sectores de la agricultura y la construcción se detectaron mayores niveles de trabajo informal.
Por Tomás Lukin
Cuando fueron descubiertos en infracción por un inspector laboral, los empleadores regularizaron la situación del trabajador en la mitad de los casos. Las cifras del Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT) para el primer semestre de 2015 arrojan una mejora en el éxito de la herramienta para inducir a la formalización. El año pasado el cumplimiento de las normas post detección de irregularidades alcanzó al 43 por ciento de los casos. Los cambios son relevantes pero insuficientes para que los niveles de informalidad retrocedan por debajo del 31,9 por ciento vigente. Desde el Ministerio de Trabajo entienden que es necesario duplicar la cantidad de inspectores de 400 a 800, mejorar la articulación entre los organismos estatales con capacidad de fiscalización y lograr el compromiso político de algunas jurisdicciones que hoy hacen la vista gorda sobre la problemática. A esos requisitos es necesario sumar la recuperación de una dinámica virtuosa del mercado laboral.
La tasa de detección de trabajo no registrado por el PNRT, la principal herramienta de fiscalización laboral, aumentó sistemáticamente desde su lanzamiento en 2003. La focalización de las inspecciones permitió pasar de un 22,6 por ciento en 2005 (inicio de la serie de datos disponible) hasta 31,8 por ciento el año pasado. Un informe elaborado por la cartera que encabeza Carlos Tomada evidencia que la tasa de detección más alta ocurre en los sectores de agricultura y la construcción con niveles de 50,8 y 34,0 por ciento, respectivamente. Sin embargo, esas ramas exhiben la menor tasa de regularización. Los empleadores más propensos a poner en regla a sus asalariados cuando son descubiertos incumpliendo con la normativa están en el sector gastronómico, la enseñanza y la industria manufacturera.
En la cartera laboral explican que el incremento reciente en la regularización es el resultado de una serie de modificaciones en la política de fiscalizaciones. Los cambios se enmarcan en la nueva ley de combate al trabajo no registrado sancionada el año pasado. El subsecretario de Fiscalización del Trabajo, Guillermo Alonso Navone, precisó que ahora “si un empleador regulariza la situación antes de los 10 días hábiles la infracción desaparece, se libera de la multa y se evita figurar en el Registro de Empleadores con Sanciones Laborales”. El funcionario advierte que los inspectores no sólo cumplen una función sancionatoria, sino que tienen un rol educativo fundamental. Incluso, remarca Navone, si un empleador regulariza la situación inscribiendo a los asalariados sin registrar como nuevos empleados accede a una serie de beneficios fiscales contemplados en la nueva legislación. Las multas vigentes fueron incrementadas significativamente pero todavía no logran operar como un desincentivo a la precarización de las condiciones laborales.
Desde que se puso en marcha el PNRT se relevaron entre 300 y 400 mil trabajadores por año (el plan se lanzó en 2003 pero empezó a funcionar plenamente en 2005). “Comenzamos a fiscalizar con una disvalía jurídica, la fiscalización estaba cedida a las provincias y sólo podíamos inspeccionar un grupo reducido actividades en el ámbito del gobierno federal”, recordó recientemente la secretaria de Trabajo, Noemí Rial. A la digitalización del proceso se sumó tras la sanción de la ley el año pasado la ampliación de las capacidades e incumbencias.
No obstante, en la cartera laboral reconocen que el fortalecimiento de la política de fiscalización es insuficiente para atacar algunos bastiones de informalidad, como los elevados niveles de precariedad entre las trabajadoras de casas particulares que afecta fundamentalmente a mujeres de bajos ingresos. La igualación de derechos laborales contemplada en la nueva legislación representó un avance significativo que permitió avanzar en materia de registración. Sin embargo ese proceso está limitado a la “buena voluntad” de las familias empleadoras. En Uruguay la policía del trabajo está habilitada para tocar timbre en los hogares para inspeccionar, una alternativa políticamente inviable en Argentina. La vía plausible consiste en reforzar las campañas de difusión de los beneficios fiscales disponibles para ese segmento de empleadores asociados a la regularización del vínculo.
