Otra vez, como cuatro veces antes en el último medio siglo, nos encontramos con un programa económico agotado y ante la necesidad de hacer ajustes, pero con una gran discusión en la sociedad acerca de si hay que hacerlos o no y cómo y cuánto ajuste hacer si ésa fuera la decisión. Encima de todo esto sobrevuela el fantasma de una nueva crisis, si no se acertara con el remedio y la dosis adecuada.
Ya sucedió varias veces: a mediados de los años 70, con el Plan de Inflación 0 de Gelbard que terminó en el Rodrigazo; a principios de los años 80, con la tablita de Martínez de Hoz que terminó con las devaluaciones de Lorenzo Sigaut; a fines de los 80, con el Plan Austral que llevó a la hiperinflación, y se repitió a fines de los 90 con la convertibilidad, que terminó con la crisis de 2001-2002.
¿Por qué otra vez esta encerrona que nos agobia?
Porque vivimos haciendo lo que el economista Mario Teijeiro ha denominado «populismo industrial»: cerrar la economía al comercio para dejar la mesa servida a la industria sustitutiva de importaciones, expropiar al campo y al petróleo con retenciones y restricciones para exportar, y hacer todo el déficit fiscal posible para que la demanda (de consumo) sea el ariete, la punta de lanza del crecimiento económico.
Se trata de un modelo que se sostiene mientras las circunstancias internacionales extraordinarias lo permiten. El agro aguanta mientras el precio de la soja compense el atraso cambiario. La producción de petróleo y gas aguanta gracias a inversiones anteriores, hasta que se desploma la producción. Las exportaciones industriales desaparecen por falta de competitividad y represalias de otros países. Los depósitos y el crédito se sostienen hasta que la inflación y el atraso cambiario hacen de la compra de dólares el único refugio a la expoliación de las tasas de interés negativas. El aumento del gasto público y la presión impositiva se sostienen hasta que circunstancias internacionales inician una contracción económica y el déficit fiscal se torna inmanejable.
El financiamiento monetario y con reservas desde el Banco Central permite una demanda interna pujante hasta que la tasa de inflación comienza a hacer estragos en los bolsillos de los consumidores. Al mismo tiempo, para capear la fuga de capitales, se establecen controles de cambio que generan más incertidumbre, más suba del riesgo país y más fuga de capitales. Así, la crisis se hace difícil de evitar.
El déficit fiscal de 2015 será del orden del 8% del PBI; el atraso cambiario, como realmente hay que medirlo, o sea, como desequilibrio respecto de un tipo real de cambio de equilibrio, es mayor que el de la convertibilidad. Las tarifas de los servicios públicos, en particular, las de energía, están tan atrasadas que las distribuidoras están quebradas. Finalmente, las tasas de interés para los depositantes a plazo fijo, al ser negativas en términos reales, desalientan el ahorro que es la base para el crecimiento sostenido.
El ajuste, que deberá consistir en equilibrar las cuentas públicas, corregir las grandes distorsiones de precios relativos que existen y reinsertar al país en el mundo, es necesario porque hace cuatro años que la economía no crece, la inflación está entre las más altas del mundo, hay suspensiones y despidos de trabajadores, las distribuidoras de energía están quebradas, las economías regionales sufren una de las peores crisis de su historia y ni la soja es rentable ya.
Hay que prescindir de gran parte del empleo público, claramente inoperante (o sea, militancia versus prestación de bienes y servicios públicos para la sociedad), congelar el gasto público remanente, devaluar el peso, eliminar el cepo y anunciar una promesa creíble de que se dejará de emitir para financiar el déficit fiscal residual, para lo cual será necesario financiarse con dólares que podrían provenir de un acuerdo de préstamo con el FMI, que a su vez permitiría recomponer las reservas internacionales del BCRA.
También habrá que ajustar tarifas y poner las tasas de interés en territorio positivo luego de 12 años de tasas reales negativas que han desestimulado el ahorro doméstico y llevado el consumo, base económica del populismo, a niveles insostenibles.
La otra cara de la moneda de este plan de ajuste implica un drástico cambio en la orientación de nuestra política exterior. Tenemos que volver a vincularnos con Occidente y cumplir los fallos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), los fallos del Ciadi (Banco Mundial), los de Griesa (la Justicia estadounidense que Néstor Kirchner y la propia Cristina fueron a buscar para hacer los canjes de deuda de 2005 y 2010) y cerrar el tema con los holdouts.
Sin embargo, los candidatos a presidente no parecerían estar pensando en nada de esto. Lo que sugieren es hacer sólo parte del ajuste. Especulan con que un ajuste parcial provocará un salto de credibilidad y generará un ingreso de capitales que reactivará la economía, terminará con cuatro años de estancamiento y permitirá pensar en las elecciones de medio término de 2017.
Sería algo así como «continuidad con cambio» o gradualismo. A veces, incluso, van un poco más allá y dicen que no hay que hacer ningún ajuste y que con sólo eliminar el cepo y las restricciones para operar con libertad en los mercados, alcanza. Otras sugieren, de manera temeraria, que hay que seguir con el modelo aplicado desde 2003, que sin el Estado presente se retornaría a los ajustes y que por lo tanto hay que aplicar la «continuidad sin cambio». El problema, según esta tesis, es que «el mundo se nos cayó encima», ergo, no hay nada que corregir.
Es irresponsable insistir en un modelo agotado. Nuestra historia demuestra que esa estrategia nos llevaría a una crisis. Es igualmente riesgoso incurrir en el endeudamiento externo como atajo para evitar los costos de equilibrar las cuentas públicas (luchando contra la corrupción y el clientelismo político) y de ajustar los precios relativos (tipo de cambio, tarifas y tasas de interés), porque aunque se tenga éxito, sólo se puede lograr en el corto plazo. A la larga, el desequilibrio fiscal y las distorsiones de precios relativos se volverían a hacer sentir, presionando por más y mayores ajustes. Reeditar lo que pasó durante la convertibilidad no parece el mejor camino.
El ajuste es inevitable si no conseguimos financiamiento externo, so pena de seguir el camino de Venezuela. El ajuste será necesario aun cuando logremos el financiamiento externo que lo postergue, porque no podemos quebrar la parte más sana de nuestro sistema productivo (agro, industria exportadora, petróleo, turismo). Debido a la irresponsabilidad de Cristina Kirchner, el futuro presidente tendrá que elegir entre un ajuste políticamente incorrecto o una continuidad de los desequilibrios que sería económicamente calamitosa.
Economista, presidente de Espert & Asociados.
Ya sucedió varias veces: a mediados de los años 70, con el Plan de Inflación 0 de Gelbard que terminó en el Rodrigazo; a principios de los años 80, con la tablita de Martínez de Hoz que terminó con las devaluaciones de Lorenzo Sigaut; a fines de los 80, con el Plan Austral que llevó a la hiperinflación, y se repitió a fines de los 90 con la convertibilidad, que terminó con la crisis de 2001-2002.
¿Por qué otra vez esta encerrona que nos agobia?
Porque vivimos haciendo lo que el economista Mario Teijeiro ha denominado «populismo industrial»: cerrar la economía al comercio para dejar la mesa servida a la industria sustitutiva de importaciones, expropiar al campo y al petróleo con retenciones y restricciones para exportar, y hacer todo el déficit fiscal posible para que la demanda (de consumo) sea el ariete, la punta de lanza del crecimiento económico.
Se trata de un modelo que se sostiene mientras las circunstancias internacionales extraordinarias lo permiten. El agro aguanta mientras el precio de la soja compense el atraso cambiario. La producción de petróleo y gas aguanta gracias a inversiones anteriores, hasta que se desploma la producción. Las exportaciones industriales desaparecen por falta de competitividad y represalias de otros países. Los depósitos y el crédito se sostienen hasta que la inflación y el atraso cambiario hacen de la compra de dólares el único refugio a la expoliación de las tasas de interés negativas. El aumento del gasto público y la presión impositiva se sostienen hasta que circunstancias internacionales inician una contracción económica y el déficit fiscal se torna inmanejable.
El financiamiento monetario y con reservas desde el Banco Central permite una demanda interna pujante hasta que la tasa de inflación comienza a hacer estragos en los bolsillos de los consumidores. Al mismo tiempo, para capear la fuga de capitales, se establecen controles de cambio que generan más incertidumbre, más suba del riesgo país y más fuga de capitales. Así, la crisis se hace difícil de evitar.
El déficit fiscal de 2015 será del orden del 8% del PBI; el atraso cambiario, como realmente hay que medirlo, o sea, como desequilibrio respecto de un tipo real de cambio de equilibrio, es mayor que el de la convertibilidad. Las tarifas de los servicios públicos, en particular, las de energía, están tan atrasadas que las distribuidoras están quebradas. Finalmente, las tasas de interés para los depositantes a plazo fijo, al ser negativas en términos reales, desalientan el ahorro que es la base para el crecimiento sostenido.
El ajuste, que deberá consistir en equilibrar las cuentas públicas, corregir las grandes distorsiones de precios relativos que existen y reinsertar al país en el mundo, es necesario porque hace cuatro años que la economía no crece, la inflación está entre las más altas del mundo, hay suspensiones y despidos de trabajadores, las distribuidoras de energía están quebradas, las economías regionales sufren una de las peores crisis de su historia y ni la soja es rentable ya.
Hay que prescindir de gran parte del empleo público, claramente inoperante (o sea, militancia versus prestación de bienes y servicios públicos para la sociedad), congelar el gasto público remanente, devaluar el peso, eliminar el cepo y anunciar una promesa creíble de que se dejará de emitir para financiar el déficit fiscal residual, para lo cual será necesario financiarse con dólares que podrían provenir de un acuerdo de préstamo con el FMI, que a su vez permitiría recomponer las reservas internacionales del BCRA.
También habrá que ajustar tarifas y poner las tasas de interés en territorio positivo luego de 12 años de tasas reales negativas que han desestimulado el ahorro doméstico y llevado el consumo, base económica del populismo, a niveles insostenibles.
La otra cara de la moneda de este plan de ajuste implica un drástico cambio en la orientación de nuestra política exterior. Tenemos que volver a vincularnos con Occidente y cumplir los fallos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), los fallos del Ciadi (Banco Mundial), los de Griesa (la Justicia estadounidense que Néstor Kirchner y la propia Cristina fueron a buscar para hacer los canjes de deuda de 2005 y 2010) y cerrar el tema con los holdouts.
Sin embargo, los candidatos a presidente no parecerían estar pensando en nada de esto. Lo que sugieren es hacer sólo parte del ajuste. Especulan con que un ajuste parcial provocará un salto de credibilidad y generará un ingreso de capitales que reactivará la economía, terminará con cuatro años de estancamiento y permitirá pensar en las elecciones de medio término de 2017.
Sería algo así como «continuidad con cambio» o gradualismo. A veces, incluso, van un poco más allá y dicen que no hay que hacer ningún ajuste y que con sólo eliminar el cepo y las restricciones para operar con libertad en los mercados, alcanza. Otras sugieren, de manera temeraria, que hay que seguir con el modelo aplicado desde 2003, que sin el Estado presente se retornaría a los ajustes y que por lo tanto hay que aplicar la «continuidad sin cambio». El problema, según esta tesis, es que «el mundo se nos cayó encima», ergo, no hay nada que corregir.
Es irresponsable insistir en un modelo agotado. Nuestra historia demuestra que esa estrategia nos llevaría a una crisis. Es igualmente riesgoso incurrir en el endeudamiento externo como atajo para evitar los costos de equilibrar las cuentas públicas (luchando contra la corrupción y el clientelismo político) y de ajustar los precios relativos (tipo de cambio, tarifas y tasas de interés), porque aunque se tenga éxito, sólo se puede lograr en el corto plazo. A la larga, el desequilibrio fiscal y las distorsiones de precios relativos se volverían a hacer sentir, presionando por más y mayores ajustes. Reeditar lo que pasó durante la convertibilidad no parece el mejor camino.
El ajuste es inevitable si no conseguimos financiamiento externo, so pena de seguir el camino de Venezuela. El ajuste será necesario aun cuando logremos el financiamiento externo que lo postergue, porque no podemos quebrar la parte más sana de nuestro sistema productivo (agro, industria exportadora, petróleo, turismo). Debido a la irresponsabilidad de Cristina Kirchner, el futuro presidente tendrá que elegir entre un ajuste políticamente incorrecto o una continuidad de los desequilibrios que sería económicamente calamitosa.
Economista, presidente de Espert & Asociados.
