El debate entre cinco de los seis candidatos a presidente realizado en la Facultad de Derecho tiene una limitación obvia e importante: falto el candidato que va primero, quien parece tener mayores posibilidades.
Desde esta perspectiva en esta octava elección presidencial desde el restablecimiento de la democracia, se produce un debate entre candidatos presidenciales, pero no se ha logrado quebrar la costumbre política argentina de que quien va primero y en consecuencia no le conviene el debatir porque puede alterar el statu quo, lo elude.
Esta experiencia muestra que en Argentina, mientras el debate no sea una obligación electoral legalmente establecida no es fácil que se realice. Por esta razón, un Congreso que esta mostrando sólidas mayorías para aprobar los proyectos del oficialismo en tiempo record no encontró tiempo para incluirlo en la agenda parlamentaria, como si lo encontró para el régimen previsional de los artistas o la jubilación anticipada de los conscriptos de Malvinas.
A la necesidad de una norma hay que agregar la actitud del electorado.
En los EE.UU., donde el primer debate de candidatos a la Presidencia se realizo en 1960, no debatir tiene un alto costo político que puede traducirse en votos. En Argentina, ninguno de los candidatos a Presidente que no quiso debatir perdió la elección por ello. Tampoco sucedió en la segunda vuelta de la elección porteña, donde el candidato del PRO no quiso debatir e igualmente gano la elección por varios puntos.
Scioli dijo que no al debate y seguramente por ello no perderá ninguno de los votos de los que tiene, aunque puede impedirle sumar los que le falten.
Por las mismas razones que lo hicieron el candidato a Presidente del Frente para la Victoria y el suyo propio en la segunda vuelta, quizás Macri al debatir le da una oportunidad a Massa, quien le disputa el voto opositor. Pero es posible que el candidato de Cambiemos haya advertido acertadamente que para sus votantes en esta oportunidad no debatir si podía tener costo.
Mientras tanto, cabe señalar que una semana atrás, a propuesta de la Iglesia Católica, en Catamarca se realizo un debate de todos los candidatos a Gobernador. En cambio en la provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández se ha negado a debatir como lo hizo Scioli. Se trata una de las pocas provincias que registra un antecedente positivo en la materia: el de Antonio Cafiero candidato justicialista y Juan Manuel Casella, radical, en 1987.
Pero es necesario advertir que si bien el debate puede contribuir a mejorar la calidad democrática, es un tema de menor envergadura respecto a la transparencia electoral que esta en discusión desde las irregularidades electorales denunciadas en Tucumán.
Quienes desde la Iglesia Católica, los medios de comunicación y las ongs han impulsado el debate, deben ya comenzar a trabajar en pos de su objetivo, porque si hay segunda vuelta, puede ser la oportunidad de alcanzarlo, en la medida que el electorado haya asumido a partir de esta experiencia, su necesidad y conveniencia.
Desde esta perspectiva en esta octava elección presidencial desde el restablecimiento de la democracia, se produce un debate entre candidatos presidenciales, pero no se ha logrado quebrar la costumbre política argentina de que quien va primero y en consecuencia no le conviene el debatir porque puede alterar el statu quo, lo elude.
Esta experiencia muestra que en Argentina, mientras el debate no sea una obligación electoral legalmente establecida no es fácil que se realice. Por esta razón, un Congreso que esta mostrando sólidas mayorías para aprobar los proyectos del oficialismo en tiempo record no encontró tiempo para incluirlo en la agenda parlamentaria, como si lo encontró para el régimen previsional de los artistas o la jubilación anticipada de los conscriptos de Malvinas.
A la necesidad de una norma hay que agregar la actitud del electorado.
En los EE.UU., donde el primer debate de candidatos a la Presidencia se realizo en 1960, no debatir tiene un alto costo político que puede traducirse en votos. En Argentina, ninguno de los candidatos a Presidente que no quiso debatir perdió la elección por ello. Tampoco sucedió en la segunda vuelta de la elección porteña, donde el candidato del PRO no quiso debatir e igualmente gano la elección por varios puntos.
Scioli dijo que no al debate y seguramente por ello no perderá ninguno de los votos de los que tiene, aunque puede impedirle sumar los que le falten.
Por las mismas razones que lo hicieron el candidato a Presidente del Frente para la Victoria y el suyo propio en la segunda vuelta, quizás Macri al debatir le da una oportunidad a Massa, quien le disputa el voto opositor. Pero es posible que el candidato de Cambiemos haya advertido acertadamente que para sus votantes en esta oportunidad no debatir si podía tener costo.
Mientras tanto, cabe señalar que una semana atrás, a propuesta de la Iglesia Católica, en Catamarca se realizo un debate de todos los candidatos a Gobernador. En cambio en la provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández se ha negado a debatir como lo hizo Scioli. Se trata una de las pocas provincias que registra un antecedente positivo en la materia: el de Antonio Cafiero candidato justicialista y Juan Manuel Casella, radical, en 1987.
Pero es necesario advertir que si bien el debate puede contribuir a mejorar la calidad democrática, es un tema de menor envergadura respecto a la transparencia electoral que esta en discusión desde las irregularidades electorales denunciadas en Tucumán.
Quienes desde la Iglesia Católica, los medios de comunicación y las ongs han impulsado el debate, deben ya comenzar a trabajar en pos de su objetivo, porque si hay segunda vuelta, puede ser la oportunidad de alcanzarlo, en la medida que el electorado haya asumido a partir de esta experiencia, su necesidad y conveniencia.
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