El problema que enfrentan las democracias es que las minorías sociales (empresas, sindicatos, medios o “think tanks”: grupos de expertos) imponen sus preferencias a la mayoría. La diferencia: las primeras están organizadas y tienen pocos intereses pero los defienden con mucha intensidad, las segundas tienen muchos intereses pero los defienden con intensidades diferentes. Todo aquel que transitó la política práctica o científica conoce esta evidencia que Mancur Olson denunció reiteradamente en 1965, 1982, 2000. ¿Cómo hacer entonces para que los debates presidenciales sean un bien público de los ciudadanos y no una herramienta de las élites? Regulándolos por ley. Corolario: debates Presidenciales, sí. ¿De cualquier modo? No, si en verdad queremos que sea de todos y no un negocio para pocos. Las palabras ausentes en la propuesta de Cippec: obligación, omisión, financiamiento, nacionalización.
¿Tinelli vs. Cippec? La discusión sobre los debates presidenciales no pasa por resolver quien garantiza menos banalidad y más seriedad, es decir, por reemplazar interlocutores privados: del espectáculo a los expertos y periodistas. La cuestión es si la información electoral se entiende como un derecho de los ciudadanos o una propiedad de los candidatos. Quienes defendemos que los debates sean obligatorios por ley sostenemos que los derechos no se mendigan; se exigen. Así como las obligaciones no se negocian; se cumplen. Contra esta posición, se dice que lo importante es hacerlos porque los debates son prácticas culturales y éstas no se construyen sólo desde el Estado sino desde la sociedad y se toma como referencia a Chile y Brasil. El matrimonio igualitario, la representación de las mujeres y votar también eran y son prácticas culturales pero mejor cuando se las regula por ley. Mejor para transformar prácticas en derecho, que no son sinónimos. Evidencia: en los países en que se dispuso desde el inicio que el voto fuese universal, secreto y obligatorio, como Argentina, sus ciudadanos ganaron en igualdad y a la inversa. Los que eligieron otro trayecto consolidaron prácticas con diferenciación social: Brasil, donde los analfabetos votaron en 1985 o Chile, donde los campesinos lo hicieron en los ´50. La diferencia es cómo se entienden los procesos que se quieren instaurar: como un derecho universal o como una práctica de élite para luego, si funciona, democratizarla. Las dos vías son posibles, pero no implican lo mismo. Verdad de Perogrullo: el modo en que se realicen incidirá, para bien o mal, en el resultado.
De eso no se habla. El 22 de marzo de 2015, la sección Enfoques de La Nación publicó la lista de los 10 temas tabúes de la dirigencia política a 31 años de democracia. Se trata de temas que inciden en la consolidación de desigualdades estructurales entre argentinos ¿Son las prioridades de desarrollo de la expertise de los miembros que integran la coalición para el debate los que interesan a la ciudadanía? No lo sabremos, porque la agenda se negocia con los candidatos sin consultar a la ciudadanía, a quien se le asigna el rol marginal de participar a través de las redes sociales. El viejo debate sobre el gobierno de los técnicos vs. la idoneidad del elector opaca el contenido de esta gesta de la comunicación. Si es necesario dividir la provincia de Buenos Aires, separar iglesia y Estado, debatir sobre aborto o resolver la coparticipación federal serán tabúes que deberán esperar a que las elites habiliten cuándo podremos los argentinos ser mayores de edad para estar en condiciones de escuchar.
Financiamiento. Cuando la actividad se financia con fondos privados es difícil aislarse de un principio capitalista: el cliente tiene razón. ¿Pasará con los debates presidenciales lo que pasa con las encuestas? La experiencia comparada explica por qué la regulación de la ley no es innocua. Podemos hacer de cuenta que no existe. Es una opción, pero para nosotros, los diputados, no.
Nacionalización. Si hay algo que el kirchnerismo desmitificó es la ausencia de neutralidad en la comunicación pública, privada o estatal. Ese es el piso desde cual debemos construir. Ese es el contexto en el que hay que informar. Por eso proponemos que se utilice la cadena nacional, que garantiza nacionalización: llega a todos en el mismo momento. Sería el mejor modo de democratizar esa herramienta para demostrar que la apropiación de lo que es de todos está mal, tanto cuando lo hacen los sectores privados como los gobiernos que confunden partido y Estado.
Según como se implementen, los debates serán percibidos como un bien público de los argentinos o como negocio para algunos: de la oposición, el gobierno o ciertos sectores, pero con nombres propios. ¿Por qué aceptar el atajo y no el esfuerzo colectivo de un trabajo colaborativo entre Estado y ONG´s donde el accionar de los que integren el comité organizador esté regulado por ley? Tal como está estructurada en la propuesta de Cippec sobra mercado y falta ciudadanía.
¿Tinelli vs. Cippec? La discusión sobre los debates presidenciales no pasa por resolver quien garantiza menos banalidad y más seriedad, es decir, por reemplazar interlocutores privados: del espectáculo a los expertos y periodistas. La cuestión es si la información electoral se entiende como un derecho de los ciudadanos o una propiedad de los candidatos. Quienes defendemos que los debates sean obligatorios por ley sostenemos que los derechos no se mendigan; se exigen. Así como las obligaciones no se negocian; se cumplen. Contra esta posición, se dice que lo importante es hacerlos porque los debates son prácticas culturales y éstas no se construyen sólo desde el Estado sino desde la sociedad y se toma como referencia a Chile y Brasil. El matrimonio igualitario, la representación de las mujeres y votar también eran y son prácticas culturales pero mejor cuando se las regula por ley. Mejor para transformar prácticas en derecho, que no son sinónimos. Evidencia: en los países en que se dispuso desde el inicio que el voto fuese universal, secreto y obligatorio, como Argentina, sus ciudadanos ganaron en igualdad y a la inversa. Los que eligieron otro trayecto consolidaron prácticas con diferenciación social: Brasil, donde los analfabetos votaron en 1985 o Chile, donde los campesinos lo hicieron en los ´50. La diferencia es cómo se entienden los procesos que se quieren instaurar: como un derecho universal o como una práctica de élite para luego, si funciona, democratizarla. Las dos vías son posibles, pero no implican lo mismo. Verdad de Perogrullo: el modo en que se realicen incidirá, para bien o mal, en el resultado.
De eso no se habla. El 22 de marzo de 2015, la sección Enfoques de La Nación publicó la lista de los 10 temas tabúes de la dirigencia política a 31 años de democracia. Se trata de temas que inciden en la consolidación de desigualdades estructurales entre argentinos ¿Son las prioridades de desarrollo de la expertise de los miembros que integran la coalición para el debate los que interesan a la ciudadanía? No lo sabremos, porque la agenda se negocia con los candidatos sin consultar a la ciudadanía, a quien se le asigna el rol marginal de participar a través de las redes sociales. El viejo debate sobre el gobierno de los técnicos vs. la idoneidad del elector opaca el contenido de esta gesta de la comunicación. Si es necesario dividir la provincia de Buenos Aires, separar iglesia y Estado, debatir sobre aborto o resolver la coparticipación federal serán tabúes que deberán esperar a que las elites habiliten cuándo podremos los argentinos ser mayores de edad para estar en condiciones de escuchar.
Financiamiento. Cuando la actividad se financia con fondos privados es difícil aislarse de un principio capitalista: el cliente tiene razón. ¿Pasará con los debates presidenciales lo que pasa con las encuestas? La experiencia comparada explica por qué la regulación de la ley no es innocua. Podemos hacer de cuenta que no existe. Es una opción, pero para nosotros, los diputados, no.
Nacionalización. Si hay algo que el kirchnerismo desmitificó es la ausencia de neutralidad en la comunicación pública, privada o estatal. Ese es el piso desde cual debemos construir. Ese es el contexto en el que hay que informar. Por eso proponemos que se utilice la cadena nacional, que garantiza nacionalización: llega a todos en el mismo momento. Sería el mejor modo de democratizar esa herramienta para demostrar que la apropiación de lo que es de todos está mal, tanto cuando lo hacen los sectores privados como los gobiernos que confunden partido y Estado.
Según como se implementen, los debates serán percibidos como un bien público de los argentinos o como negocio para algunos: de la oposición, el gobierno o ciertos sectores, pero con nombres propios. ¿Por qué aceptar el atajo y no el esfuerzo colectivo de un trabajo colaborativo entre Estado y ONG´s donde el accionar de los que integren el comité organizador esté regulado por ley? Tal como está estructurada en la propuesta de Cippec sobra mercado y falta ciudadanía.
