Por Fernando Alonso
Es difícil pensar que Federico Sturzenegger o Alfonso Prat Gay, dos funcionarios que se prepararon toda la vida para ser jefe del Banco Central y ministro de Hacienda y Finanzas, respectivamente, estén todavía dudando si liberar el dólar a 13 y ver hasta cuánto sube o a 16 y ver hasta cuándo baja. Pero ya sea en un caso o en el otro, los días que se están tomando para la negociación parecen más reflejar más las dudas políticas que económicas o financieras. En los manuales ortodoxos donde se nutre Sturzenegger (al que le enseñaron que en política no tiene que anticipar lo que va a hacer porque es muy impopular) y los más heterodoxos de Prat Gay, hay recetas claras de lo que quieren hacer. Pero parece que no están tan de acuerdo o quien en definitiva debe definir, el presidente Mauricio Macri, se tomó unos días para cumplir con sus promesas de campaña pensando que, cuando lo haga, perderá parte del capital político que lo impulsó a la Casa de Gobierno.
En ese punto está hoy Macri: debe definir si gobierna con los aliados del sector privado (a esta altura hay una línea muy difusa entre publico y privado, a contar con la cantidad de ministros y funcionarios que llegaron desde las empresas) que están presionando para acelerar las promesas que ellos también recibieron y avisaron que no están dispuestos a compartir el costo que generen, o le da a su gestión un vuelco más populista y posterga las subas de tarifas, mantiene un dólar administrado, presiona a empresas para que retrotraigan precios y frenen despidos y da algún aval al sector gremial para que discuta paritarias sin esa restrictiva cláusula de competitividad.
Lo único que no es válido, es adjudicar esta demora a los tiempos necesarios para conocer la verdadera herencia recibida de los doce años de administración kirchnerista. Por lo menos, a lo largo de la campaña electoral los voceros estratégicos de macri se jactaron de tener recetas para todos los escenarios y llegar con el lápiz rojo en la mano para ponerlas en marcha en el minuto cero de la gestión de gobierno.
Más allá de la demora inicial, esta semana, probablemente desde hoy mismo, se comenzarán a conocer las primeras medidas.
– El nivel de reducción de las retenciones a los productores agropecuarios, empezando por la soja pero también respecto del trigo y el maíz y de las economías regionales.
– El paquete de crédito interno e internacional que se tomará para reforzar las reservas internacionales y que serán una referencia del valor del dólar fuera del cepo.
– El compromiso que se asuma con la industria para garantizar un nivel aceptable de protección por fuera del que otorgue una mega devaluación. Con la obligación de dar de baja las DJAI, la industria busca certezas.
– Cómo se contendrá la presión sobre los precios, que en el caso de los bienes de la canasta básica según los comercios llegaron con aumentos de 30% pero según la industria no hubo tal cosa.
– Cuándo se decidirá y con qué rito se llevará a cabo la tan mentada reducción de subsidios a las tarifas, que implicaran en los precios de los servicios públicos y fundamentalmente del transporte en los sectores más populares.
En todos estos sectores claves hay funcionarios que llegaron desde el sector privado que ahora deben controlar.
– Ricardo Bruyaile, de dirigente agropecuario a ministro de Agricultura; deberá responder por la baja de retenciones y la devaluación prometida para que el campo reciba los beneficios de haber jaqueado con la falta de dólares a la administración de Cristina.
– Mercedes Nimo de gerente de la Copal a subsecretaria de alimentos y bebidas, tendrá que decidir si controla los precios o deja que sus antiguos patrones gocen de libertad absoluta.
– Juan José Aranguren, el ex CEO de Shell que se retiró con los meses justos para evitar la incompatibilidad (algo que otros funcionarios no respetaron) tiene que mejorar los ingresos de la industria en la que desarrolló toda su carrera profesional.
Y, por supuesto, la dupla Sturzenegger-Prat Gay. Los ex empleados de la banca internacional tienen ahora que negociar la devaluación, el pago de los contratos de futuro de dólares, el costo de los créditos para reforzar reservas, la eliminación de las regulaciones sobre tasas y comisiones y, en general, desandar toda la estructura de control gestada en el último lustro.
Cuando todo eso se vaya clarificando se sabrá si Macri eligió gobernar para sus socios del sector privado o para sus votantes.
Es difícil pensar que Federico Sturzenegger o Alfonso Prat Gay, dos funcionarios que se prepararon toda la vida para ser jefe del Banco Central y ministro de Hacienda y Finanzas, respectivamente, estén todavía dudando si liberar el dólar a 13 y ver hasta cuánto sube o a 16 y ver hasta cuándo baja. Pero ya sea en un caso o en el otro, los días que se están tomando para la negociación parecen más reflejar más las dudas políticas que económicas o financieras. En los manuales ortodoxos donde se nutre Sturzenegger (al que le enseñaron que en política no tiene que anticipar lo que va a hacer porque es muy impopular) y los más heterodoxos de Prat Gay, hay recetas claras de lo que quieren hacer. Pero parece que no están tan de acuerdo o quien en definitiva debe definir, el presidente Mauricio Macri, se tomó unos días para cumplir con sus promesas de campaña pensando que, cuando lo haga, perderá parte del capital político que lo impulsó a la Casa de Gobierno.
En ese punto está hoy Macri: debe definir si gobierna con los aliados del sector privado (a esta altura hay una línea muy difusa entre publico y privado, a contar con la cantidad de ministros y funcionarios que llegaron desde las empresas) que están presionando para acelerar las promesas que ellos también recibieron y avisaron que no están dispuestos a compartir el costo que generen, o le da a su gestión un vuelco más populista y posterga las subas de tarifas, mantiene un dólar administrado, presiona a empresas para que retrotraigan precios y frenen despidos y da algún aval al sector gremial para que discuta paritarias sin esa restrictiva cláusula de competitividad.
Lo único que no es válido, es adjudicar esta demora a los tiempos necesarios para conocer la verdadera herencia recibida de los doce años de administración kirchnerista. Por lo menos, a lo largo de la campaña electoral los voceros estratégicos de macri se jactaron de tener recetas para todos los escenarios y llegar con el lápiz rojo en la mano para ponerlas en marcha en el minuto cero de la gestión de gobierno.
Más allá de la demora inicial, esta semana, probablemente desde hoy mismo, se comenzarán a conocer las primeras medidas.
– El nivel de reducción de las retenciones a los productores agropecuarios, empezando por la soja pero también respecto del trigo y el maíz y de las economías regionales.
– El paquete de crédito interno e internacional que se tomará para reforzar las reservas internacionales y que serán una referencia del valor del dólar fuera del cepo.
– El compromiso que se asuma con la industria para garantizar un nivel aceptable de protección por fuera del que otorgue una mega devaluación. Con la obligación de dar de baja las DJAI, la industria busca certezas.
– Cómo se contendrá la presión sobre los precios, que en el caso de los bienes de la canasta básica según los comercios llegaron con aumentos de 30% pero según la industria no hubo tal cosa.
– Cuándo se decidirá y con qué rito se llevará a cabo la tan mentada reducción de subsidios a las tarifas, que implicaran en los precios de los servicios públicos y fundamentalmente del transporte en los sectores más populares.
En todos estos sectores claves hay funcionarios que llegaron desde el sector privado que ahora deben controlar.
– Ricardo Bruyaile, de dirigente agropecuario a ministro de Agricultura; deberá responder por la baja de retenciones y la devaluación prometida para que el campo reciba los beneficios de haber jaqueado con la falta de dólares a la administración de Cristina.
– Mercedes Nimo de gerente de la Copal a subsecretaria de alimentos y bebidas, tendrá que decidir si controla los precios o deja que sus antiguos patrones gocen de libertad absoluta.
– Juan José Aranguren, el ex CEO de Shell que se retiró con los meses justos para evitar la incompatibilidad (algo que otros funcionarios no respetaron) tiene que mejorar los ingresos de la industria en la que desarrolló toda su carrera profesional.
Y, por supuesto, la dupla Sturzenegger-Prat Gay. Los ex empleados de la banca internacional tienen ahora que negociar la devaluación, el pago de los contratos de futuro de dólares, el costo de los créditos para reforzar reservas, la eliminación de las regulaciones sobre tasas y comisiones y, en general, desandar toda la estructura de control gestada en el último lustro.
Cuando todo eso se vaya clarificando se sabrá si Macri eligió gobernar para sus socios del sector privado o para sus votantes.
