El juez federal Pablo Cayssials hizo lugar ayer a un amparo planteado por nueve periodistas que trabajan en medios del Grupo Clarín y declaró la nulidad de la resolución de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) que rechazó arbitrariamente el plan de adecuación que éste había presentado el año pasado para cumplir con la ley de Medios.
Se trata de la resolución 1121/14 de la AFSCA, a través de la cual el organismo encabezado por el funcionario kirchnerista Martín Sabbatella no sólo rechazó el plan presentado por el Grupo Clarín sino que dispuso de oficio la transferencia de sus licencias en medios audiovisuales.
Los periodistas que pidieron y obtuvieron el amparo judicial son Julio Blanck, Nelson Castro, Jorge Fernández Díaz, Jorge Lanata, Alfredo Leuco, Marcelo Longobardi, Joaquín Morales Solá, Magdalena Ruiz Guiñazú y Eduardo van der Kooy.
Todos ellos se desempeñan en medios audiovisuales del Grupo Clarín y alegaron que la resolución 1121/14 de la AFSCA «afecta de modo grave y directo sus derechos constitucionales y convencionales a expresarse sin censura previa, a informar y opinar crítica y libremente, y a trabajar», según reseñó el juez en su fallo.
El magistrado consideró que la resolución objetada, «por la que se ordenó de oficio el inicio del proceso de adecuación de oficio del Grupo Clarín, ARTEAR, Radio Mitre y Cablevisión constituyó un medio indirecto para restringir la libertad de expresión no sólo de las citadas firmas sino también de los aquí actores», dijo en referencia a los nueve periodistas que presentaron el amparo.
«El periodismo no puede concebirse simplemente como la prestación de un servicio profesional al público mediante la aplicación de conocimientos adquiridos en la universidad, o por quienes están inscriptos en un determinado colegio profesional, pues el periodismo se vincula con la libertad de expresión inherente a todo ser humano», escribió el juez al citar un pronunciamiento de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Cayssials también citó a otros especialistas para adherir a la afirmación de que «la libertad de expresión es un valor que, si se pierde, pone en peligro la vigencia de los principios esenciales para la existencia de una sociedad democrática».
Los periodistas, patrocinados por los abogados constitucionalistas Ricardo Gil Lavedra y María Angélica Gelli, habían enmarcado la resolución de la AFSCA por la que se sintieron posibles perjudicados en las públicas declaraciones de funcionarios del anterior gobierno, incluido Sabbatella, contra el Grupo Clarín y contra ellos mismos.
El juez no hizo lugar al pedido de declarar nula la creación del AFSCA, aunque respecto de Sabbatella dijo que su alineamiento con el kirchnerismo «contrasta» con los estándares de la CIDH.
Anoche, en distintos programas políticos de televisión, se escucharon opiniones criticas hacia Martín Sabbatella, el funcionario kirchnerista que le puso el cuerpo al deseo de Cristina por querer recortar -a lo largo de su mandato- la libertad de expresión de los medios no adictos al Gobierno.
Se trata de la resolución 1121/14 de la AFSCA, a través de la cual el organismo encabezado por el funcionario kirchnerista Martín Sabbatella no sólo rechazó el plan presentado por el Grupo Clarín sino que dispuso de oficio la transferencia de sus licencias en medios audiovisuales.
Los periodistas que pidieron y obtuvieron el amparo judicial son Julio Blanck, Nelson Castro, Jorge Fernández Díaz, Jorge Lanata, Alfredo Leuco, Marcelo Longobardi, Joaquín Morales Solá, Magdalena Ruiz Guiñazú y Eduardo van der Kooy.
Todos ellos se desempeñan en medios audiovisuales del Grupo Clarín y alegaron que la resolución 1121/14 de la AFSCA «afecta de modo grave y directo sus derechos constitucionales y convencionales a expresarse sin censura previa, a informar y opinar crítica y libremente, y a trabajar», según reseñó el juez en su fallo.
El magistrado consideró que la resolución objetada, «por la que se ordenó de oficio el inicio del proceso de adecuación de oficio del Grupo Clarín, ARTEAR, Radio Mitre y Cablevisión constituyó un medio indirecto para restringir la libertad de expresión no sólo de las citadas firmas sino también de los aquí actores», dijo en referencia a los nueve periodistas que presentaron el amparo.
«El periodismo no puede concebirse simplemente como la prestación de un servicio profesional al público mediante la aplicación de conocimientos adquiridos en la universidad, o por quienes están inscriptos en un determinado colegio profesional, pues el periodismo se vincula con la libertad de expresión inherente a todo ser humano», escribió el juez al citar un pronunciamiento de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Cayssials también citó a otros especialistas para adherir a la afirmación de que «la libertad de expresión es un valor que, si se pierde, pone en peligro la vigencia de los principios esenciales para la existencia de una sociedad democrática».
Los periodistas, patrocinados por los abogados constitucionalistas Ricardo Gil Lavedra y María Angélica Gelli, habían enmarcado la resolución de la AFSCA por la que se sintieron posibles perjudicados en las públicas declaraciones de funcionarios del anterior gobierno, incluido Sabbatella, contra el Grupo Clarín y contra ellos mismos.
El juez no hizo lugar al pedido de declarar nula la creación del AFSCA, aunque respecto de Sabbatella dijo que su alineamiento con el kirchnerismo «contrasta» con los estándares de la CIDH.
Anoche, en distintos programas políticos de televisión, se escucharon opiniones criticas hacia Martín Sabbatella, el funcionario kirchnerista que le puso el cuerpo al deseo de Cristina por querer recortar -a lo largo de su mandato- la libertad de expresión de los medios no adictos al Gobierno.
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