El Estado pisó los pagos a contratistas de obras públicas y 30.000 obreros de la construcción perdieron sus trabajos entre noviembre y diciembre, según datos de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco). La mora viene desde octubre y las cesantías se habrían profundizado este mes, afirmó el presidente de la entidad, Juan Chediack, en diálogo con El Cronista.
Los empresarios comprenden que la gestión de Mauricio Macri repartió la administración de la obra pública en tres ministerios y que cada cartera se tomó un tiempo para evaluar proyectos y pagos. «Pero la transición nos está costando mucho; la situación es muy grave», admitió Chediack.
El presidente de Camarco confirmó que se perdieron empleos. «Entre noviembre y diciembre hubo 30.000 bajas de obreros registrados en Uocra (el gremio de la Construcción), sobre una plantilla de 430.000. Pero el promedio del año fue de 411.000», afirmó. «Todavía no tenemos los números de enero, pero creemos que también continuó la pérdida de empleo», prosiguió. «Si esto sigue así, al 31 de marzo habrá 100.000 despedidos», alertó otro empresario que ganó importantes contratos de energía, caminos y viviendas. Gerardo Martínez, secretario general de la Uocra, no respondió los llamados de El Cronista.
Según dos empresarios consultados, el Ministerio de Interior y Obra Pública de Rogelio Frigerio es el más demorado con los pagos. «Lo que está muy parado es vivienda; no han pagado nada», dijo Chediack. A eso se suma que el Gobierno frenó el plan Procrear. «Vivienda venía pagando $ 2300 millones por mes y cortó a cero; y lo mismo pasó con Procrear, que tiene contratos firmados por más de $ 18.000 millones», agregó el presidente de Camarco.
La Cámara adelantará su reunión de Consejo Ejecutivo, antes prevista para el 24 de febrero, al martes 2 de ese mes. Se reunirán representantes de todas las provincias para analizar «la transición». Extraoficialmente, un miembro adelantó que reclamarán celeridad al Gobierno.
La Secretaría de Vivienda, dependiente de Interior, quedó a cargo de Domingo Amaya. Daniel Chain desembarcó en la Secretaría de Infraestructura. Ellos administran obras financiadas por el Estado Nacional, otras de fondeo mixto (Nación y la provincia en cuestión) y otras con financiamiento de organismos internacionales de crédito. Según un empresario del sector, los gobernadores transmiten a Frigerio la preocupación por el freno de las obras y el ministro los deriva a los secretarios, que vagamente prometen regularizar cuanto antes.
Según voceros del Ministerio de Interior, los pagos están pisados desde octubre y la cartera lleva adelante un «proceso de evaluación de todos los programas y las licitaciones» y los fondos comenzarán a liberarse «en las próximas semanas». «Asumimos hace un mes y medio y encontramos obras que se autorizaron y no se enviaron fondos, buscamos los programas de financiamiento para cada uno de las obras y hay créditos de organismos multilaterales que nunca se utilizaron», explicaron. «El Presidente tiene la obsesión de construir un millón de viviendas en cuatro años», dijo Frigerio el jueves.
La Dirección Nacional de Vialidad quedó bajo la órbita del Ministerio de Transporte de Guillermo Dietrich. Según Chediack, el Estado acumula con los constructores de caminos una deuda de $ 12.700 millones, que voceros de Transporte elevaron a $ 13.500 millones. «Es una deuda que heredamos», insistieron en esa cartera.
Dietrich y los constructores avanzaron en un plan de pagos. El Estado comenzó a pagar en diciembre el 30% de esa deuda. Chediack detalló pagos acordados por $ 1200 millones este mes, $ 1500 millones en febrero y otro tanto en marzo. El resto se saldaría con un bono o en cuotas. Y Transporte se comprometió a pagar los nuevos certificados en 60 días. Mientras, se redefinen prioridades para ejecutar las obras. Un importante constructor estimó que recién el año entrante podrá ponerse en marcha el plan de rutas y que, mientras tanto, proseguirán las obras en curso.
Dos constructores afirmaron que el Ministerio de Energía de Juan José Aranguren no cortó los pagos, aunque, como el resto de las carteras, demora las redeterminaciones de contratos (actualizaciones por inflación). La principal obra que se se lleva adelante en estos momentos es el gasoducto del Noreste, en la que participan nueve consorcios.
Los empresarios comprenden que la gestión de Mauricio Macri repartió la administración de la obra pública en tres ministerios y que cada cartera se tomó un tiempo para evaluar proyectos y pagos. «Pero la transición nos está costando mucho; la situación es muy grave», admitió Chediack.
El presidente de Camarco confirmó que se perdieron empleos. «Entre noviembre y diciembre hubo 30.000 bajas de obreros registrados en Uocra (el gremio de la Construcción), sobre una plantilla de 430.000. Pero el promedio del año fue de 411.000», afirmó. «Todavía no tenemos los números de enero, pero creemos que también continuó la pérdida de empleo», prosiguió. «Si esto sigue así, al 31 de marzo habrá 100.000 despedidos», alertó otro empresario que ganó importantes contratos de energía, caminos y viviendas. Gerardo Martínez, secretario general de la Uocra, no respondió los llamados de El Cronista.
Según dos empresarios consultados, el Ministerio de Interior y Obra Pública de Rogelio Frigerio es el más demorado con los pagos. «Lo que está muy parado es vivienda; no han pagado nada», dijo Chediack. A eso se suma que el Gobierno frenó el plan Procrear. «Vivienda venía pagando $ 2300 millones por mes y cortó a cero; y lo mismo pasó con Procrear, que tiene contratos firmados por más de $ 18.000 millones», agregó el presidente de Camarco.
La Cámara adelantará su reunión de Consejo Ejecutivo, antes prevista para el 24 de febrero, al martes 2 de ese mes. Se reunirán representantes de todas las provincias para analizar «la transición». Extraoficialmente, un miembro adelantó que reclamarán celeridad al Gobierno.
La Secretaría de Vivienda, dependiente de Interior, quedó a cargo de Domingo Amaya. Daniel Chain desembarcó en la Secretaría de Infraestructura. Ellos administran obras financiadas por el Estado Nacional, otras de fondeo mixto (Nación y la provincia en cuestión) y otras con financiamiento de organismos internacionales de crédito. Según un empresario del sector, los gobernadores transmiten a Frigerio la preocupación por el freno de las obras y el ministro los deriva a los secretarios, que vagamente prometen regularizar cuanto antes.
Según voceros del Ministerio de Interior, los pagos están pisados desde octubre y la cartera lleva adelante un «proceso de evaluación de todos los programas y las licitaciones» y los fondos comenzarán a liberarse «en las próximas semanas». «Asumimos hace un mes y medio y encontramos obras que se autorizaron y no se enviaron fondos, buscamos los programas de financiamiento para cada uno de las obras y hay créditos de organismos multilaterales que nunca se utilizaron», explicaron. «El Presidente tiene la obsesión de construir un millón de viviendas en cuatro años», dijo Frigerio el jueves.
La Dirección Nacional de Vialidad quedó bajo la órbita del Ministerio de Transporte de Guillermo Dietrich. Según Chediack, el Estado acumula con los constructores de caminos una deuda de $ 12.700 millones, que voceros de Transporte elevaron a $ 13.500 millones. «Es una deuda que heredamos», insistieron en esa cartera.
Dietrich y los constructores avanzaron en un plan de pagos. El Estado comenzó a pagar en diciembre el 30% de esa deuda. Chediack detalló pagos acordados por $ 1200 millones este mes, $ 1500 millones en febrero y otro tanto en marzo. El resto se saldaría con un bono o en cuotas. Y Transporte se comprometió a pagar los nuevos certificados en 60 días. Mientras, se redefinen prioridades para ejecutar las obras. Un importante constructor estimó que recién el año entrante podrá ponerse en marcha el plan de rutas y que, mientras tanto, proseguirán las obras en curso.
Dos constructores afirmaron que el Ministerio de Energía de Juan José Aranguren no cortó los pagos, aunque, como el resto de las carteras, demora las redeterminaciones de contratos (actualizaciones por inflación). La principal obra que se se lleva adelante en estos momentos es el gasoducto del Noreste, en la que participan nueve consorcios.
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