ENFOQUE
Por Claudio Scaletta
Se puede creer que la administración de la Alianza PRO es una plutocracia que busca favorecer a los sectores más acomodados de la población. Para quienes están ideológicamente en la vereda de enfrente las dudas son pocas. Basta con escuchar hasta el modo de hablar de los primeros funcionarios, sus descuidos excluyentes y racistas, ver las universidades de las que provienen o advertir el perpetuo sesgo de clase de quienes desconocen, por ejemplo, lo que significa para una familia quedarse sin ingresos. Sin embargo, estas cuestiones son ajenas al análisis económico. El gran problema de los economistas de la Alianza PRO no es su situación de clase o su falta de empatía con los sectores más postergados, sino que su teoría económica está mal y, en consecuencia, conducirán a una recesión segura y a una crisis posible. No es un dato nuevo ni una visión en la bola de cristal, ya lo hicieron en el pasado.
El padre de todos los errores es la creencia de que un gobierno “amistoso con los mercados”, que genere “un buen clima de negocios”, tendrá necesariamente respuestas positivas del poder económico. El segundo error, más teórico, es creer que basta con frenar la inflación, liberalizar el comercio y reducir impuestos y regulaciones para que “se liberen las fuerzas productivas” y la economía crezca de la mano de la explosión de la inversión. El tercero, igual de grave, es creer que si todos estos ajustes se hacen rápido se obtendrán resultados a velocidad similar. Quizá sea una obviedad decirlo, pero el buen hacedor de políticas económicas es el que puede predecir con claridad el comportamiento de los actores frente a las medidas implementadas. De nada vale el más sofisticado de los diseños, si luego los actores no responden según lo esperado.
En esta línea resulta de interés escuchar las pocas autocríticas que asoman sobre el mar de optimismo. Un columnista del diario La Nación, por ejemplo, se quejaba amargamente por “la irresponsabilidad” de los sectores exportadores y formadores de precios. La crítica hacia los primeros era porque no están liquidando los 400 millones de dólares diarios prometidos, sino bastante menos que la cuarta parte, especulando con nuevas devaluaciones. Hacia los segundos, porque a pesar del cambio de reglas económicas habían respondido con fuertes subas en casi todos los rubros, desde los insumos industriales a los medicamentos, pasando por todos los alimentos, incluyendo no sólo el componente de precios resultado de la quita de retenciones y los insumos importados, es decir, las subas lógicas, sino aprovechando la volada para todo lo demás. Los reproches no fueron sólo periodísticos, también estuvieron presentes en las reuniones entre el Gobierno y empresarios. Al parecer, ya no sería la “emisión descontrolada” la responsable de la inflación. Lo notable, hablando de predicciones, es que los “policymakers” PRO sigan creyendo genuinamente que exportadores y formadores de precios responderán, más allá de algún gesto coyuntural, a los pedidos de responsabilidad de los funcionarios. Al poder económico se lo gobierna con reglas.
Lo que sí parecen tener claro los nuevos funcionarios es que las subas de precios dependen del nivel de salarios (aunque crean que el mecanismo de transmisión sea la demanda y no los costos), por eso todas las energías y expectativas están puestas en las paritarias, donde se pretende negar el fuerte salto inflacionario desde el pasado noviembre y se juega con la fantasía de una inflación de entre el 20 y 25 por ciento para todo 2016. Según un relevamiento del CESO sobre los precios de los supermercados, sólo en enero, sin aumentos de tarifas, los aumentos rondaron el 4 por ciento, pero llegaron al 4,9 para la Canasta Básica Alimentaria (ver nota de tapa). Tras la magra oferta realizada en la paritaria docente de la provincia de Buenos Aires, lindante con la falta de respeto a la dirigencia gremial, difícilmente los encuentros secretos entre Mauricio Macri y líderes cegetistas, incluidas las suculentas transferencias para las obras sociales sindicales, serán suficientes para contener a las bases. No debe olvidarse el fuerte impacto del nuevo tarifazo eléctrico. La Consultora Contexto cruzó los aumentos que comenzaron a regir este mes con los ingresos por deciles de la Encuesta Permante de Hogares y calculó la poda de poder adquisitivo para el 10 por ciento más pobre en un significativo 12,9 por ciento en el caso de los residentes de AMBA y del 6,9 para el resto del país. La diferencia se debe a que en el segundo caso todavía no se ajustó el cargo por distribución (VAD). Si se toma el promedio de los tres deciles más bajos, la poda es del 10,6 para el AMBA y del 5,6 para el resto. Estos números representan lo que va a caer el poder adquisitivo del 30 por ciento más pobre de la pirámide de ingresos solamente por la suba de tarifas eléctricas. El Gobierno sostiene que estos sectores serían compensados por la tarifa social, pero lo cierto es que son quienes proporcionalmente más consumen electricidad tanto por la falta de acceso al gas como por poseer electrodomésticos más viejos y difícilmente puedan mantener su consumo por debajo de la exigencia de los 150 Kilowatts hora, el tope a partir del cual rige la tarifa plena. No debe olvidarse, además, que para las pymes del AMBA la tarifa eléctrica aumentará alrededor del 550 por ciento. Y todavía faltan los ajustes en el gas y en el transporte público.
Inflación desatada, especialmente en alimentos, y tarifas que contribuirán a la poda del poder adquisitivo no parecen el mejor combo para paritarias tranquilas, el principal objetivo de un gobierno cuya teoría le indica que la baja inflación es el objetivo principal. Por ello el tercer componente es el miedo a perder el empleo. Según el Observatorio de la Central de Trabajadores Argentinos, los despidos de los primeros 50 días de gestión de la Alianza PRO suman 25.599 en el sector público y 41.529 en el privado, es decir, 67.128 nuevos desocupados. Esta cifra significa un aumento del desempleo del 7 por ciento, con lo que la desocupación creció del pesado 5,9 por ciento heredado al 6,3, un número todavía demasiado bajo para desempoderar, pero suficiente para volverse precavidos al momento de negociar.
Aunque todo ocurre a la velocidad de la luz y el pasado reciente parece lejano, vale recordar cómo cambió radicalmente el contenido de la discusión económica: de Impuesto a las Ganancias y superar restricción externa para seguir creciendo a caída del poder adquisitivo, recesión y desempleo. A la nueva administración le bastaron apenas dos meses para alterar todos los indicadores y justificar un ajuste. Es un verdadero éxito de legitimación que los economistas que siguen hablando de austeridad, siempre con tono de reproche moral, una suerte de monjes de la profesión, continúen siendo considerados “serios”. No lo son. Utilizan teorías erróneas, refutadas por la historia, o defienden a sabiendas los intereses del poder económico en desmedro del bienestar de las mayorías.
Por Claudio Scaletta
Se puede creer que la administración de la Alianza PRO es una plutocracia que busca favorecer a los sectores más acomodados de la población. Para quienes están ideológicamente en la vereda de enfrente las dudas son pocas. Basta con escuchar hasta el modo de hablar de los primeros funcionarios, sus descuidos excluyentes y racistas, ver las universidades de las que provienen o advertir el perpetuo sesgo de clase de quienes desconocen, por ejemplo, lo que significa para una familia quedarse sin ingresos. Sin embargo, estas cuestiones son ajenas al análisis económico. El gran problema de los economistas de la Alianza PRO no es su situación de clase o su falta de empatía con los sectores más postergados, sino que su teoría económica está mal y, en consecuencia, conducirán a una recesión segura y a una crisis posible. No es un dato nuevo ni una visión en la bola de cristal, ya lo hicieron en el pasado.
El padre de todos los errores es la creencia de que un gobierno “amistoso con los mercados”, que genere “un buen clima de negocios”, tendrá necesariamente respuestas positivas del poder económico. El segundo error, más teórico, es creer que basta con frenar la inflación, liberalizar el comercio y reducir impuestos y regulaciones para que “se liberen las fuerzas productivas” y la economía crezca de la mano de la explosión de la inversión. El tercero, igual de grave, es creer que si todos estos ajustes se hacen rápido se obtendrán resultados a velocidad similar. Quizá sea una obviedad decirlo, pero el buen hacedor de políticas económicas es el que puede predecir con claridad el comportamiento de los actores frente a las medidas implementadas. De nada vale el más sofisticado de los diseños, si luego los actores no responden según lo esperado.
En esta línea resulta de interés escuchar las pocas autocríticas que asoman sobre el mar de optimismo. Un columnista del diario La Nación, por ejemplo, se quejaba amargamente por “la irresponsabilidad” de los sectores exportadores y formadores de precios. La crítica hacia los primeros era porque no están liquidando los 400 millones de dólares diarios prometidos, sino bastante menos que la cuarta parte, especulando con nuevas devaluaciones. Hacia los segundos, porque a pesar del cambio de reglas económicas habían respondido con fuertes subas en casi todos los rubros, desde los insumos industriales a los medicamentos, pasando por todos los alimentos, incluyendo no sólo el componente de precios resultado de la quita de retenciones y los insumos importados, es decir, las subas lógicas, sino aprovechando la volada para todo lo demás. Los reproches no fueron sólo periodísticos, también estuvieron presentes en las reuniones entre el Gobierno y empresarios. Al parecer, ya no sería la “emisión descontrolada” la responsable de la inflación. Lo notable, hablando de predicciones, es que los “policymakers” PRO sigan creyendo genuinamente que exportadores y formadores de precios responderán, más allá de algún gesto coyuntural, a los pedidos de responsabilidad de los funcionarios. Al poder económico se lo gobierna con reglas.
Lo que sí parecen tener claro los nuevos funcionarios es que las subas de precios dependen del nivel de salarios (aunque crean que el mecanismo de transmisión sea la demanda y no los costos), por eso todas las energías y expectativas están puestas en las paritarias, donde se pretende negar el fuerte salto inflacionario desde el pasado noviembre y se juega con la fantasía de una inflación de entre el 20 y 25 por ciento para todo 2016. Según un relevamiento del CESO sobre los precios de los supermercados, sólo en enero, sin aumentos de tarifas, los aumentos rondaron el 4 por ciento, pero llegaron al 4,9 para la Canasta Básica Alimentaria (ver nota de tapa). Tras la magra oferta realizada en la paritaria docente de la provincia de Buenos Aires, lindante con la falta de respeto a la dirigencia gremial, difícilmente los encuentros secretos entre Mauricio Macri y líderes cegetistas, incluidas las suculentas transferencias para las obras sociales sindicales, serán suficientes para contener a las bases. No debe olvidarse el fuerte impacto del nuevo tarifazo eléctrico. La Consultora Contexto cruzó los aumentos que comenzaron a regir este mes con los ingresos por deciles de la Encuesta Permante de Hogares y calculó la poda de poder adquisitivo para el 10 por ciento más pobre en un significativo 12,9 por ciento en el caso de los residentes de AMBA y del 6,9 para el resto del país. La diferencia se debe a que en el segundo caso todavía no se ajustó el cargo por distribución (VAD). Si se toma el promedio de los tres deciles más bajos, la poda es del 10,6 para el AMBA y del 5,6 para el resto. Estos números representan lo que va a caer el poder adquisitivo del 30 por ciento más pobre de la pirámide de ingresos solamente por la suba de tarifas eléctricas. El Gobierno sostiene que estos sectores serían compensados por la tarifa social, pero lo cierto es que son quienes proporcionalmente más consumen electricidad tanto por la falta de acceso al gas como por poseer electrodomésticos más viejos y difícilmente puedan mantener su consumo por debajo de la exigencia de los 150 Kilowatts hora, el tope a partir del cual rige la tarifa plena. No debe olvidarse, además, que para las pymes del AMBA la tarifa eléctrica aumentará alrededor del 550 por ciento. Y todavía faltan los ajustes en el gas y en el transporte público.
Inflación desatada, especialmente en alimentos, y tarifas que contribuirán a la poda del poder adquisitivo no parecen el mejor combo para paritarias tranquilas, el principal objetivo de un gobierno cuya teoría le indica que la baja inflación es el objetivo principal. Por ello el tercer componente es el miedo a perder el empleo. Según el Observatorio de la Central de Trabajadores Argentinos, los despidos de los primeros 50 días de gestión de la Alianza PRO suman 25.599 en el sector público y 41.529 en el privado, es decir, 67.128 nuevos desocupados. Esta cifra significa un aumento del desempleo del 7 por ciento, con lo que la desocupación creció del pesado 5,9 por ciento heredado al 6,3, un número todavía demasiado bajo para desempoderar, pero suficiente para volverse precavidos al momento de negociar.
Aunque todo ocurre a la velocidad de la luz y el pasado reciente parece lejano, vale recordar cómo cambió radicalmente el contenido de la discusión económica: de Impuesto a las Ganancias y superar restricción externa para seguir creciendo a caída del poder adquisitivo, recesión y desempleo. A la nueva administración le bastaron apenas dos meses para alterar todos los indicadores y justificar un ajuste. Es un verdadero éxito de legitimación que los economistas que siguen hablando de austeridad, siempre con tono de reproche moral, una suerte de monjes de la profesión, continúen siendo considerados “serios”. No lo son. Utilizan teorías erróneas, refutadas por la historia, o defienden a sabiendas los intereses del poder económico en desmedro del bienestar de las mayorías.
