Cuando el oficialismo ya tenía asegurados los votos para aprobar en la Cámara de Diputados el acuerdo con los fondos buitre, un nuevo fallo de la justicia de Nueva York cambió de pronto el escenario y puso en duda la realización de la sesión, prevista para pasado mañana.
La situación se complicó por la reacción adversa del sector de la oposición que estaba a favor al proyecto ante la resolución de la Cámara de Apelaciones de Nueva York. Dictado anteayer, el fallo dejó en suspenso el levantamiento de las medidas cautelares del juez Thomas Griesa que le impiden a la Argentina cumplir con los pagos a los bonistas que ingresaron en los canjes de 2005 y 2010.
Conocida la resolución, el Bloque Justicialista reclamó anoche la suspensión de la sesión, en línea con la postura que había hecho pública horas antes el jefe de los senadores del Frente para la Victoria (FPV), Miguel Pichetto . En tanto, el frente federal UNA, de Sergio Massa , está evaluando las consecuencias del fallo y definirá hoy el camino a seguir, según confirmaron a LA NACION fuentes del interbloque. «Es un hecho nuevo que altera absolutamente todo. Estamos de acuerdo en que hay que resolver este problema, pero hay que actuar con mucha responsabilidad», dijo a LA NACION el presidente del Bloque Justicialista, Oscar Romero.
Sin el respaldo de esos bloques, el oficialismo no cuenta con la mayoría suficiente para aprobar el proyecto. Al cierre de esta edición, el Gobierno estaba haciendo todo lo posible por convencer a esos sectores de que la resolución de la Cámara era algo previsible y que no modifica el escenario. «Siempre supimos que la Cámara tenía que confirmar el fallo de Griesa. Lo que dijeron el viernes es que el levantamiento de las cautelares sólo es efectivo si ellos confirman el fallo, el 4 de abril», sostuvo a LA NACION Nicolás Massot, jefe del bloque de diputados de Pro.
El oficialismo ofrece como prueba de sus argumentos el artículo 5° del dictamen, firmado por el Bloque Justicialista y el frente UNA, en el que dice que sólo se efectuarían los pagos previo dictado de una resolución judicial que confirmara el levantamiento de las medidas cautelares. «Si la Cámara no confirma, no vamos a pagar. Lo que se pide en la ley es una autorización para avanzar en las negociaciones», afirmó Massot. El secretario de Finanzas, Luis Caputo, encargado de las negociaciones en el juzgado de Griesa, también negó que el fallo de la Cámara complique el proceso de salida del default. «Es una noticia a la que le han dado un ribete negativo, pero es absolutamente intrascendente. La Cámara responde a una presentación de las dos partes, de ellos y nuestra, en la que nosotros decimos que no vamos a hacer nada hasta que la Cámara de Apelaciones se expida» afirmó.
Las dudas sobre los efectos del fallo quedaron expuestas ayer a la tarde, por medio de un comunicado de Pichetto. «Esta decisión obliga a un análisis más profundo del contenido de la sentencia, porque incorpora un hecho nuevo no previsto por el Gobierno. Deja latente el riesgo para la Argentina de seguir atrapada, aun pagando a los bonistas que acordaron, por la posibilidad de que se vuelva a colocar una nueva medida cautelar en la Corte de Apelaciones que le impida pagar», advirtió el jefe de los senadores del FPV.
En el Bloque Justicialista destacaban que la apelación al fallo de Griesa la hicieron fondos buitre que habían llegado a un acuerdo con la Argentina, como NML. En el frente UNA coincidieron en que el fallo es muy negativo para el país, porque «pone en suspenso todo lo actuado por Griesa». Massa le pidió ayer informes sobre las consecuencias de la resolución a tres técnicos de sus equipos: Marco Lavagna, Guillermo Nielsen y Leonardo Macdur. Con esa información, hoy decidirá si se suma al pedido de suspensión.
Hasta que se conoció el fallo de la Cámara, el frente Cambiemos tenía todo cerrado para aprobar el proyecto. Con el respaldo de varios bloques de la oposición, tenía garantizada una mayoría sólida de más de 150 votos, muy por encima de la mitad más uno del cuerpo.
Para darle impulso al acuerdo, el Gobierno había decidido jugar una última carta. Justo antes de la sesión de pasado mañana, la Procuración del Tesoro, el órgano superior del cuerpo de abogados del Estado, emitiría un dictamen favorable al proyecto, tal como lo reclamaba un sector de la oposición.
Según confirmaron a LA NACION fuentes legislativas de Cambiemos, el procurador del Tesoro, Carlos Balbín, tiene listo un dictamen en el que sostendrá que el acuerdo implica un riesgo bajo de litigiosidad. Es decir, que si bien no puede descartarse la presentación de nuevas demandas contra el país, en especial de los bonistas que ingresaron en los canjes de 2005 y 2010, esos juicios no tienen buenas posibilidades de prosperar.
En la vereda de enfrente, el rechazo a la iniciativa rondaba los 90 votos, en su mayoría del interbloque del FPV. También se comprometieron a votar en contra los 4 diputados del Frente de Izquierda (FIT) y los 3 de Libres del Sur.
El kirchnerismo también pretendía suspender la sesión, pero por otros motivos. Diputados cercanos a Cristina Kirchner sostienen que las negociaciones telefónicas que se conocieron el jueves entre Massot y Diego Bossio ponían el debate bajo sospecha. Por ese mismo motivo, presentaron el viernes una denuncia penal.
La situación se complicó por la reacción adversa del sector de la oposición que estaba a favor al proyecto ante la resolución de la Cámara de Apelaciones de Nueva York. Dictado anteayer, el fallo dejó en suspenso el levantamiento de las medidas cautelares del juez Thomas Griesa que le impiden a la Argentina cumplir con los pagos a los bonistas que ingresaron en los canjes de 2005 y 2010.
Conocida la resolución, el Bloque Justicialista reclamó anoche la suspensión de la sesión, en línea con la postura que había hecho pública horas antes el jefe de los senadores del Frente para la Victoria (FPV), Miguel Pichetto . En tanto, el frente federal UNA, de Sergio Massa , está evaluando las consecuencias del fallo y definirá hoy el camino a seguir, según confirmaron a LA NACION fuentes del interbloque. «Es un hecho nuevo que altera absolutamente todo. Estamos de acuerdo en que hay que resolver este problema, pero hay que actuar con mucha responsabilidad», dijo a LA NACION el presidente del Bloque Justicialista, Oscar Romero.
Sin el respaldo de esos bloques, el oficialismo no cuenta con la mayoría suficiente para aprobar el proyecto. Al cierre de esta edición, el Gobierno estaba haciendo todo lo posible por convencer a esos sectores de que la resolución de la Cámara era algo previsible y que no modifica el escenario. «Siempre supimos que la Cámara tenía que confirmar el fallo de Griesa. Lo que dijeron el viernes es que el levantamiento de las cautelares sólo es efectivo si ellos confirman el fallo, el 4 de abril», sostuvo a LA NACION Nicolás Massot, jefe del bloque de diputados de Pro.
El oficialismo ofrece como prueba de sus argumentos el artículo 5° del dictamen, firmado por el Bloque Justicialista y el frente UNA, en el que dice que sólo se efectuarían los pagos previo dictado de una resolución judicial que confirmara el levantamiento de las medidas cautelares. «Si la Cámara no confirma, no vamos a pagar. Lo que se pide en la ley es una autorización para avanzar en las negociaciones», afirmó Massot. El secretario de Finanzas, Luis Caputo, encargado de las negociaciones en el juzgado de Griesa, también negó que el fallo de la Cámara complique el proceso de salida del default. «Es una noticia a la que le han dado un ribete negativo, pero es absolutamente intrascendente. La Cámara responde a una presentación de las dos partes, de ellos y nuestra, en la que nosotros decimos que no vamos a hacer nada hasta que la Cámara de Apelaciones se expida» afirmó.
Las dudas sobre los efectos del fallo quedaron expuestas ayer a la tarde, por medio de un comunicado de Pichetto. «Esta decisión obliga a un análisis más profundo del contenido de la sentencia, porque incorpora un hecho nuevo no previsto por el Gobierno. Deja latente el riesgo para la Argentina de seguir atrapada, aun pagando a los bonistas que acordaron, por la posibilidad de que se vuelva a colocar una nueva medida cautelar en la Corte de Apelaciones que le impida pagar», advirtió el jefe de los senadores del FPV.
En el Bloque Justicialista destacaban que la apelación al fallo de Griesa la hicieron fondos buitre que habían llegado a un acuerdo con la Argentina, como NML. En el frente UNA coincidieron en que el fallo es muy negativo para el país, porque «pone en suspenso todo lo actuado por Griesa». Massa le pidió ayer informes sobre las consecuencias de la resolución a tres técnicos de sus equipos: Marco Lavagna, Guillermo Nielsen y Leonardo Macdur. Con esa información, hoy decidirá si se suma al pedido de suspensión.
Hasta que se conoció el fallo de la Cámara, el frente Cambiemos tenía todo cerrado para aprobar el proyecto. Con el respaldo de varios bloques de la oposición, tenía garantizada una mayoría sólida de más de 150 votos, muy por encima de la mitad más uno del cuerpo.
Para darle impulso al acuerdo, el Gobierno había decidido jugar una última carta. Justo antes de la sesión de pasado mañana, la Procuración del Tesoro, el órgano superior del cuerpo de abogados del Estado, emitiría un dictamen favorable al proyecto, tal como lo reclamaba un sector de la oposición.
Según confirmaron a LA NACION fuentes legislativas de Cambiemos, el procurador del Tesoro, Carlos Balbín, tiene listo un dictamen en el que sostendrá que el acuerdo implica un riesgo bajo de litigiosidad. Es decir, que si bien no puede descartarse la presentación de nuevas demandas contra el país, en especial de los bonistas que ingresaron en los canjes de 2005 y 2010, esos juicios no tienen buenas posibilidades de prosperar.
En la vereda de enfrente, el rechazo a la iniciativa rondaba los 90 votos, en su mayoría del interbloque del FPV. También se comprometieron a votar en contra los 4 diputados del Frente de Izquierda (FIT) y los 3 de Libres del Sur.
El kirchnerismo también pretendía suspender la sesión, pero por otros motivos. Diputados cercanos a Cristina Kirchner sostienen que las negociaciones telefónicas que se conocieron el jueves entre Massot y Diego Bossio ponían el debate bajo sospecha. Por ese mismo motivo, presentaron el viernes una denuncia penal.
