¿El Gobierno nacional tomó todos los recaudos legales a la hora de firmar un preacuerdo con los fondos buitre por más de 4.600 millones de dólares en efectivo? El 26 de febrero pasado, el secretario de Finanzas, Luis Caputo, estampó en Nueva York su firma sobre el preacuerdo con los fondos buitre por el conflicto de la deuda pública en default. Dos días más tarde respondió un correo electrónico a Daniel Pollack en el que ratificaba un punto del convenio.
Así fue que el lunes 29 de febrero finalmente el mediador estadounidense dio a conocer oficialmente el acuerdo por 4.635 millones de dólares en efectivo. Según consta en la causa, el jueves 3 de marzo el estudio de abogados Friedman, Kaplan, Seiler & Adelman, que representa a los fondos buitre, envió al juez Thomas Griesa el acuerdo firmado.
Sin embargo, en las últimas horas el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, el diputado del PRO Luciano Laspina, envió a los diputados tres documentos traducidos al español realizados por los dos estudios de abogados que representan a la Argentina en Nueva York, y dio comienzo a una nueva polémica en torno al arreglo.
En ellos, los estudios Cavath Swaine & Moore y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton responden preguntas realizadas por el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, que encabeza Alfonso Prat Gay. Los documentos tienen fecha 7 de marzo y su existencia fue mencionada por el presiente de la Comisión de Finanzas, Eduardo Amadeo, ante los diputados de los distintos bloques el 8 de marzo, cuando obtuvo dictamen el proyecto que impulsa el Gobierno para derogar la «ley cerrojo».
En uno de los documentos, el estudio Cavath señala que se trata de un memorando que «aborda el tema de si la República tiene la capacidad legal para celebrar acuerdos de resolución sobre diferentes términos de pago con diferentes partes demandantes y demás bonistas».
«La respuesta a esa pregunta es sí: la República tiene permitido celebrar diferentes acuerdos con diferentes bonistas», se indicó. El punto es clave porque distintos bloques parlamentarios advirtieron sobre el riesgo de que bonistas que ya ingresaron a los canjes de deuda puedan enjuiciar a la Argentina por la oferta mayor que ahora se le hace a los fondos buitre.
Los abogados informaron que «es la política de los Tribunales de los Estados Unidos permitir y alentar la resolución de las demandas sobre términos negociados, incluso si esos términos comprometen los derechos que una parte hubiese tenido sin resolución».
También aseguraron que «la cláusula pari passu no le impide a la República encontrar una solución con diferentes bonistas sobre diferentes términos» y que «las medidas cautelares emitidas por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York no le impiden a la República celebrar y realizar pagos conforme a dichos acuerdos».
Así fue que el lunes 29 de febrero finalmente el mediador estadounidense dio a conocer oficialmente el acuerdo por 4.635 millones de dólares en efectivo. Según consta en la causa, el jueves 3 de marzo el estudio de abogados Friedman, Kaplan, Seiler & Adelman, que representa a los fondos buitre, envió al juez Thomas Griesa el acuerdo firmado.
Sin embargo, en las últimas horas el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, el diputado del PRO Luciano Laspina, envió a los diputados tres documentos traducidos al español realizados por los dos estudios de abogados que representan a la Argentina en Nueva York, y dio comienzo a una nueva polémica en torno al arreglo.
En ellos, los estudios Cavath Swaine & Moore y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton responden preguntas realizadas por el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, que encabeza Alfonso Prat Gay. Los documentos tienen fecha 7 de marzo y su existencia fue mencionada por el presiente de la Comisión de Finanzas, Eduardo Amadeo, ante los diputados de los distintos bloques el 8 de marzo, cuando obtuvo dictamen el proyecto que impulsa el Gobierno para derogar la «ley cerrojo».
En uno de los documentos, el estudio Cavath señala que se trata de un memorando que «aborda el tema de si la República tiene la capacidad legal para celebrar acuerdos de resolución sobre diferentes términos de pago con diferentes partes demandantes y demás bonistas».
«La respuesta a esa pregunta es sí: la República tiene permitido celebrar diferentes acuerdos con diferentes bonistas», se indicó. El punto es clave porque distintos bloques parlamentarios advirtieron sobre el riesgo de que bonistas que ya ingresaron a los canjes de deuda puedan enjuiciar a la Argentina por la oferta mayor que ahora se le hace a los fondos buitre.
Los abogados informaron que «es la política de los Tribunales de los Estados Unidos permitir y alentar la resolución de las demandas sobre términos negociados, incluso si esos términos comprometen los derechos que una parte hubiese tenido sin resolución».
También aseguraron que «la cláusula pari passu no le impide a la República encontrar una solución con diferentes bonistas sobre diferentes términos» y que «las medidas cautelares emitidas por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York no le impiden a la República celebrar y realizar pagos conforme a dichos acuerdos».
