Por Cecilia Nahón *
En su inminente visita a la Argentina, el presidente Barack Obama tendrá la ocasión de realizar una contribución valiosa y largamente esperada al avance de los derechos humanos en nuestro país: establecer la desclasificación de los archivos estadounidenses aún secretos vinculados a la última dictadura cívico-militar en la Argentina. Esta no es una demanda nueva, si bien hace pocos días el gobierno del presidente Mauricio Macri expresó su interés en dicha desclasificación. Se trata, en realidad, de una petición histórica de los organismos de derechos humanos de nuestro país en el marco de su incansable lucha a nivel nacional e internacional por memoria, verdad y justicia durante ya casi cuatro décadas. Esta solicitud permanente formó parte activa de la agenda bilateral con Estados Unidos en los últimos años, a través de numerosas gestiones realizadas ante su Congreso y Poder Ejecutivo, tanto por integrantes de los organismos de derechos humanos como por funcionarios del gobierno que finalizó el 10 de diciembre pasado, incluyendo a la propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El antecedente más relevante es la desclasificación de 4705 documentos de carácter reservado llevada a cabo por el Departamento de Estado en agosto de 2002, hecho que fue reconocido por la Argentina. Dos años antes, en ocasión de su visita al país, la entonces secretaria de Estado Madeleine Albright había asumido públicamente ese compromiso luego de una reunión mantenida con Estela de Carlotto de Abuelas de Plaza de Mayo y Carmen Lapacó de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora. Los documentos desclasificados en 2002 (que incluyen cables diplomáticos, memorándums de reuniones, notas e informes) han sido una fuente valiosa tanto para la comprensión histórica del terrorismo de Estado en la Argentina como para algunas de las causas judiciales por crímenes de lesa humanidad reabiertas en todo el país (en particular para las relativas al Plan Cóndor, al Batallón de Inteligencia 601 y al Plan sistemático de apropiación de niños). El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington y el diplomático estadounidense F. Allen “Tex” Harris (condecorado con la Orden del Libertador General San Martin durante el gobierno del presidente Néstor Kirchner, al igual que Patricia Derian, quien fue secretaria para Derechos Humanos del presidente Jimmy Carter) colaboraron durante el proceso de desclasificación.
La desclasificación fue parcial. Es por eso que durante la última década los organismos de derechos humanos, junto con el gobierno nacional, impulsaron nuevas solicitudes de acceso a documentos de otras agencias del gobierno de Estados Unidos, especialmente las agencias de inteligencia, cuyos registros podrían ser relevantes para seguir conociendo la verdad sobre lo ocurrido durante la dictadura militar, así como sobre el destino de los desaparecidos y niños apropiados ilegalmente. En una primera etapa, se buscó obtener la sanción de una enmienda específica en el Congreso de Estados Unidos, tal como se hizo para Chile en 1999, que autorice la desclasificación de la información de los servicios de inteligencia norteamericanos. El pedido fue formalmente realizado por Cristina Kirchner al representante Maurice Hinchey, impulsor del caso chileno en el Congreso, durante un viaje a Buenos Aires realizado en enero de 2008, y llegó a obtener media sanción del Congreso de Estados Unidos. El entonces embajador Héctor Timerman, junto al secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde, Estela de Carlotto, la diputada Victoria Donda y el entonces legislador Juan Cabandié anunciaron con satisfacción la aprobación por unanimidad que la Cámara de Representantes norteamericana dio a dicha enmienda en julio de 2008. Sin embargo, la denominada “enmienda Hinchey” nunca llegó a convertirse en ley para Argentina debido a la intransigente oposición de los senadores republicanos, quienes la rechazaron definitivamente en 2012.
A partir de ese momento, se retomaron las gestiones ante el gobierno del presidente Obama para solicitar su colaboración en una segunda tanda de desclasificación de archivos, que incluyera a las agencias de inteligencia, a través de una decisión política del Poder Ejecutivo, tal como realizó la administración Clinton para los casos de Chile, Guatemala y El Salvador. En junio de 2012, en ocasión de una visita a Washington, la presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, reiteró este pedido en diversas reuniones mantenidas junto al entonces embajador Argüello en el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa y el Congreso de Estados Unidos. El interés en dicho proceso fue nuevamente expresado por una delegación de nietos restituidos que visitó el Departamento de Estado y el Congreso en marzo de 2014, a quienes tuve el honor de recibir y de acompañar en sus pedidos. Desde entonces, y hasta noviembre de 2015, la Embajada Argentina en Washington mantuvo numerosas reuniones con altos funcionarios del Departamento de Estado, del Consejo Nacional de Seguridad (Casa Blanca) y del Departamento de Justicia con el fin de conseguir la colaboración del gobierno estadounidense. También manifestamos al embajador de Estados Unidos en Argentina, Noah Mamet, la importancia de dicha desclasificación, destacando su aporte positivo para la relación bilateral entre ambos países.
En las sucesivas reuniones mantenidas surgieron dos cuestiones concretas. Por una parte, la oficina de Derechos Humanos del Departamento de Estado ofreció la posibilidad de avanzar en el levantamiento de “tachaduras” de un conjunto de documentos correspondientes a la desclasificación del año 2002. En efecto, dichos documentos mantienen cierta información “tachada”, que por tanto no se puede conocer, con el fin de proteger datos considerados sensibles desde el punto de vista de la seguridad nacional de los Estados Unidos. A partir de dicho ofrecimiento, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal de la Argentina, las Abuelas y el CELS llevaron adelante una revisión exhaustiva del material con el objetivo de identificar el valor que pudieran tener los levantamientos de tachaduras. El análisis concluyó que, sin descartar que eventualmente haya requerimientos puntuales futuros según la evolución de los juicios, el levantamiento de tachaduras no aportaba información adicional de valor en esta instancia. Este diagnóstico fue transmitido al Departamento de Estado y motivó la reiteración de la solicitud inicial.
La segunda cuestión que surgió del intercambio mantenido fue la recomendación de que Argentina brindase mayor precisión respecto de qué documentos o criterios resultaban de particular interés para eventualmente iniciar una segunda ola de desclasificación. En función de diversos análisis, se decidió entonces solicitar la desclasificación de las comunicaciones correspondientes al “Agregado Jurídico”, dependiente del Federal Bureau of Investigation (FBI), apostado en la Embajada de Estados Unidos en Argentina durante 1975-1985. Así, el 20 de noviembre de 2015, culminando un extenso período de gestiones bilaterales, la Embajada Argentina envió una nota a la fiscal general de los Estados Unidos, Loretta Lynch (de quien depende el FBI), donde se formalizó la solicitud de colaboración para la desclasificación de las comunicaciones de dicho “Agregado Jurídico” en todo lo relativo a: 1) las graves violaciones a los derechos humanos; 2) los niños nacidos en cautiverio o secuestrados junto con sus padres; 3) la coordinación represiva del Cono Sur, especialmente de la Operación Cóndor. Por supuesto, esta solicitud específica al Departamento de Justicia se inscribe en el pedido de desclasificación de todos los documentos reservados correspondientes al entramado de agencias de inteligencia de Estados Unidos, incluyendo la CIA, la Agencia de Inteligencia de la Defensa y el Buró de Inteligencia e Investigaciones del propio Departamento de Estado, entre otros.
Hoy, en vistas de la próxima visita del presidente Obama a la Argentina, resulta oportuno destacar estos antecedentes y esfuerzos de décadas. En los últimos años, los pedidos de desclasificación de archivos de la dictadura a Estados Unidos no fueron solicitudes aisladas, sino acciones coherentes con un gobierno que, entre 2003 y 2015, colocó en su centro el fortalecimiento y la ampliación de los derechos económicos, sociales y culturales de todos los argentinos. En la actualidad, imposible no decirlo, demasiados de estos derechos se encuentran amenazados. Pero, a diferencia de otros momentos, hoy los argentinos contamos con los aprendizajes de nuestra historia y con el ejemplo invaluable de los militantes y organismos de derechos humanos que nos enseñaron a defender nuestros derechos y a no claudicar, nunca, en la construcción de un país más justo, soberano e inclusivo.
* Ex embajadora de Argentina en Estados Unidos (2013-2015).
En su inminente visita a la Argentina, el presidente Barack Obama tendrá la ocasión de realizar una contribución valiosa y largamente esperada al avance de los derechos humanos en nuestro país: establecer la desclasificación de los archivos estadounidenses aún secretos vinculados a la última dictadura cívico-militar en la Argentina. Esta no es una demanda nueva, si bien hace pocos días el gobierno del presidente Mauricio Macri expresó su interés en dicha desclasificación. Se trata, en realidad, de una petición histórica de los organismos de derechos humanos de nuestro país en el marco de su incansable lucha a nivel nacional e internacional por memoria, verdad y justicia durante ya casi cuatro décadas. Esta solicitud permanente formó parte activa de la agenda bilateral con Estados Unidos en los últimos años, a través de numerosas gestiones realizadas ante su Congreso y Poder Ejecutivo, tanto por integrantes de los organismos de derechos humanos como por funcionarios del gobierno que finalizó el 10 de diciembre pasado, incluyendo a la propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El antecedente más relevante es la desclasificación de 4705 documentos de carácter reservado llevada a cabo por el Departamento de Estado en agosto de 2002, hecho que fue reconocido por la Argentina. Dos años antes, en ocasión de su visita al país, la entonces secretaria de Estado Madeleine Albright había asumido públicamente ese compromiso luego de una reunión mantenida con Estela de Carlotto de Abuelas de Plaza de Mayo y Carmen Lapacó de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora. Los documentos desclasificados en 2002 (que incluyen cables diplomáticos, memorándums de reuniones, notas e informes) han sido una fuente valiosa tanto para la comprensión histórica del terrorismo de Estado en la Argentina como para algunas de las causas judiciales por crímenes de lesa humanidad reabiertas en todo el país (en particular para las relativas al Plan Cóndor, al Batallón de Inteligencia 601 y al Plan sistemático de apropiación de niños). El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington y el diplomático estadounidense F. Allen “Tex” Harris (condecorado con la Orden del Libertador General San Martin durante el gobierno del presidente Néstor Kirchner, al igual que Patricia Derian, quien fue secretaria para Derechos Humanos del presidente Jimmy Carter) colaboraron durante el proceso de desclasificación.
La desclasificación fue parcial. Es por eso que durante la última década los organismos de derechos humanos, junto con el gobierno nacional, impulsaron nuevas solicitudes de acceso a documentos de otras agencias del gobierno de Estados Unidos, especialmente las agencias de inteligencia, cuyos registros podrían ser relevantes para seguir conociendo la verdad sobre lo ocurrido durante la dictadura militar, así como sobre el destino de los desaparecidos y niños apropiados ilegalmente. En una primera etapa, se buscó obtener la sanción de una enmienda específica en el Congreso de Estados Unidos, tal como se hizo para Chile en 1999, que autorice la desclasificación de la información de los servicios de inteligencia norteamericanos. El pedido fue formalmente realizado por Cristina Kirchner al representante Maurice Hinchey, impulsor del caso chileno en el Congreso, durante un viaje a Buenos Aires realizado en enero de 2008, y llegó a obtener media sanción del Congreso de Estados Unidos. El entonces embajador Héctor Timerman, junto al secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde, Estela de Carlotto, la diputada Victoria Donda y el entonces legislador Juan Cabandié anunciaron con satisfacción la aprobación por unanimidad que la Cámara de Representantes norteamericana dio a dicha enmienda en julio de 2008. Sin embargo, la denominada “enmienda Hinchey” nunca llegó a convertirse en ley para Argentina debido a la intransigente oposición de los senadores republicanos, quienes la rechazaron definitivamente en 2012.
A partir de ese momento, se retomaron las gestiones ante el gobierno del presidente Obama para solicitar su colaboración en una segunda tanda de desclasificación de archivos, que incluyera a las agencias de inteligencia, a través de una decisión política del Poder Ejecutivo, tal como realizó la administración Clinton para los casos de Chile, Guatemala y El Salvador. En junio de 2012, en ocasión de una visita a Washington, la presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, reiteró este pedido en diversas reuniones mantenidas junto al entonces embajador Argüello en el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa y el Congreso de Estados Unidos. El interés en dicho proceso fue nuevamente expresado por una delegación de nietos restituidos que visitó el Departamento de Estado y el Congreso en marzo de 2014, a quienes tuve el honor de recibir y de acompañar en sus pedidos. Desde entonces, y hasta noviembre de 2015, la Embajada Argentina en Washington mantuvo numerosas reuniones con altos funcionarios del Departamento de Estado, del Consejo Nacional de Seguridad (Casa Blanca) y del Departamento de Justicia con el fin de conseguir la colaboración del gobierno estadounidense. También manifestamos al embajador de Estados Unidos en Argentina, Noah Mamet, la importancia de dicha desclasificación, destacando su aporte positivo para la relación bilateral entre ambos países.
En las sucesivas reuniones mantenidas surgieron dos cuestiones concretas. Por una parte, la oficina de Derechos Humanos del Departamento de Estado ofreció la posibilidad de avanzar en el levantamiento de “tachaduras” de un conjunto de documentos correspondientes a la desclasificación del año 2002. En efecto, dichos documentos mantienen cierta información “tachada”, que por tanto no se puede conocer, con el fin de proteger datos considerados sensibles desde el punto de vista de la seguridad nacional de los Estados Unidos. A partir de dicho ofrecimiento, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal de la Argentina, las Abuelas y el CELS llevaron adelante una revisión exhaustiva del material con el objetivo de identificar el valor que pudieran tener los levantamientos de tachaduras. El análisis concluyó que, sin descartar que eventualmente haya requerimientos puntuales futuros según la evolución de los juicios, el levantamiento de tachaduras no aportaba información adicional de valor en esta instancia. Este diagnóstico fue transmitido al Departamento de Estado y motivó la reiteración de la solicitud inicial.
La segunda cuestión que surgió del intercambio mantenido fue la recomendación de que Argentina brindase mayor precisión respecto de qué documentos o criterios resultaban de particular interés para eventualmente iniciar una segunda ola de desclasificación. En función de diversos análisis, se decidió entonces solicitar la desclasificación de las comunicaciones correspondientes al “Agregado Jurídico”, dependiente del Federal Bureau of Investigation (FBI), apostado en la Embajada de Estados Unidos en Argentina durante 1975-1985. Así, el 20 de noviembre de 2015, culminando un extenso período de gestiones bilaterales, la Embajada Argentina envió una nota a la fiscal general de los Estados Unidos, Loretta Lynch (de quien depende el FBI), donde se formalizó la solicitud de colaboración para la desclasificación de las comunicaciones de dicho “Agregado Jurídico” en todo lo relativo a: 1) las graves violaciones a los derechos humanos; 2) los niños nacidos en cautiverio o secuestrados junto con sus padres; 3) la coordinación represiva del Cono Sur, especialmente de la Operación Cóndor. Por supuesto, esta solicitud específica al Departamento de Justicia se inscribe en el pedido de desclasificación de todos los documentos reservados correspondientes al entramado de agencias de inteligencia de Estados Unidos, incluyendo la CIA, la Agencia de Inteligencia de la Defensa y el Buró de Inteligencia e Investigaciones del propio Departamento de Estado, entre otros.
Hoy, en vistas de la próxima visita del presidente Obama a la Argentina, resulta oportuno destacar estos antecedentes y esfuerzos de décadas. En los últimos años, los pedidos de desclasificación de archivos de la dictadura a Estados Unidos no fueron solicitudes aisladas, sino acciones coherentes con un gobierno que, entre 2003 y 2015, colocó en su centro el fortalecimiento y la ampliación de los derechos económicos, sociales y culturales de todos los argentinos. En la actualidad, imposible no decirlo, demasiados de estos derechos se encuentran amenazados. Pero, a diferencia de otros momentos, hoy los argentinos contamos con los aprendizajes de nuestra historia y con el ejemplo invaluable de los militantes y organismos de derechos humanos que nos enseñaron a defender nuestros derechos y a no claudicar, nunca, en la construcción de un país más justo, soberano e inclusivo.
* Ex embajadora de Argentina en Estados Unidos (2013-2015).
