La corrupción embarra toda la política

El gobierno macrista no está interpretando adecuadamente la inesperada coyuntura que le toca atravesar o permanecería aún inseguro sobre el contenido de los más de 11 millones de hojas del llamado “Panamá Papers”. Se trata de la investigación periodística mundial que revela las actividades secretas de políticos y famosos en paraísos fiscales. Uno de ellos, entre varios macristas, es el propio Mauricio Macri.
El Gobierno podría profundizar su error si creyera que el estallido de la herencia de corrupción del kirchnerismo puede echar algún manto de olvido sobre su híbrida explicación acerca del “Panama Papers”. Ricardo Jaime esposado y alojado en la cárcel de Ezeiza, constituye una imagen impactante. Mucho más, el espectacular operativo de detención de Lázaro Báez en el aeropuerto de San Fernando, dispuesto por el juez Sebastián Casanello. Pero nada haría relegar el otro episodio aunque tenga el paréntesis que le imponga la vertiginosa realidad. Simplemente porque al Presidente le quedan cuatro años por delante. Y esa sombra podría perseguirlo si no logra ahuyentarla convincentemente.
En todo caso, la detención de Báez ayudaría a descomprimir la indecorosa irrupción del kirchnerismo reclamándole a Macri explicaciones que muchos de ellos no estarían en condiciones de dar después de una década en el poder. También habría una ayuda involuntaria del fixture. Entre hoy el viernes, declararán todos los imputados en la ruta del dinero K, sospechados de intervenir en lavado de dinero. La semana próxima –martes y miércoles– será el turno de Axel Kicillof y de Cristina Fernández, sobre la causa que lleva Claudio Bonadio por la venta de dólares a futuro del Banco Central en el epílogo del ciclo cristinista.
El kirchnerismo sigue empeñado en acompañar a la ex presidenta con una movilización en Comodoro Py. Pero las vísperas no asoman propicias para fogonear el entusiasmo K fuera de los talibanes. El peronismo parece haberse corrido de manera definitiva después de haber optado por una fórmula de unidad partidaria para mayo que excluye al kirchnerismo. Aunque contempla a Daniel Scioli, que da siempre para todo, junto al sanjuanino José Luis Gioja.
Jaime dejó enchastrados a Néstor y Cristina Kirchner y a Julio De Vido cuando declaró por la irregular compra de trenes a España. El ex ministro de Planificación, luego de presunta protección, también tendrá que presentarse a declarar frente al juez Julián Ercolini. El mayor temor, sin embargo, radica en lo que esté dispuesto a contar Báez. Jaime era una pieza exclusiva del ex mandatario fallecido. Había entre ellos un trato personal y cerrado. El empresario patagónico K, en cambio, formó parte del sistema de recaudación colectiva de la familia Kirchner. También de Alicia, la gobernadora, y Máximo, el hijo del matrimonio. Báez, casi como un símbolo, fue el constructor en Río Gallegos de la bóveda donde descansa el cuerpo de Néstor. Pero esos vínculos están quebrados. De allí las prevenciones de los Kirchner, ahora que está detenido.
La causa de la ruta del dinero K ha dado un vuelco porque también varió el comportamiento de Casanello. El juez adormeció la investigación que administra desde el 2013 hasta que fueron divulgados los videos en los cuales Martín Báez –hijo de Lázaro– y otros personeros contaban millonadas de dólares en La Rosadita, una cueva financiera de Puerto Madero. Casanello querría, a lo mejor, lavar ahora responsabilidades y aceleró el proceso. Pudo haber influido, además, la presión del fiscal Guillermo Marijuan.
El giro del magistrado fue tan ostensible, que desde el momento en que rearmó las fechas de las declaraciones de los imputados dispuso una discreta vigilancia sobre Báez. En las últimas horas detectó que el empresario había decidido cambiar hábitos y movimientos habituales. Como si estuviera tramando algo para eludir quizás su asistencia a Comodoro Py. De allí la determinación de apresarlo.
Semejante revuelo habría, tal vez, incomodado al macrismo antes de la revelación del “Panamá Papers”. El Gobierno deseaba cierta placidez para encarrilar, sobre todo, su tarifazo y la economía. Pero las cosas habrían cambiado. Para todos los actores.
Macri debería hacer con cuidado las cuentas políticas si desea salir indemne del episodio que lo liga en el pasado con sociedades en paraísos fiscales. Esas cuentas deberían reparar en el modo de su acceso al poder. Lo hizo luego de una esforzada escalada electoral cuyo capítulo final sintetizó las simpatías de una porción social con su ascenso con otra muy importante atizada por el espanto al kirchnerismo. Ese espanto se alimentó de la prepotencia y la corrupción, en especial durante el tiempo de Cristina.
Es decir, buena parte de su base mantiene expectativas pero está tan atenta a la evolución económica como a las conductas públicas. En ese campo el macrismo no tuvo en sus primeros meses todo el cuidado que debió tener. Aún en asuntos que, en otras circunstancias, podrían considerarse menores. ¿Por qué Macri, para despedir a Barack Obama, eligió alojarse en el Sur en la propiedad del británico Joe Lewis? Se trata de un multimillonario que mantiene hace años un litigio con vecinos por terrenos en la zona de Lago Escondido. ¿Por qué aceptó desplazarse en su helicóptero? ¿Por qué motivo el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, aprovechó una máquina oficial en la que iba el Presidente para trasladarse hasta su domicilio en el Conurbano?
En una nación normal, quizá, serían menudencias. Pero la sociedad sufre desde hace años el abuso de sus autoridades. En muchos casos, desde lugares de desprotección total o parcial. La exigencia poseería ahora otra escala, que el mismo Macri ayudó a elevar. Prometió el fin de aquellos abusos. También de la impunidad.
La novedad de su pasada pertenencia a sociedades en paraísos fiscales abrió una duda seria. Que la estrategia política elegida por el Gobierno no ayuda a diluir. Su declaración de inocencia a través de un canal de televisión de Córdoba sonó como un gesto indolente ante una sociedad que desea interpelarlo. Menos podría aceptarse el papel de supuestos fiscales globales que asumieron dirigentes del oficialismo. La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, no está para bendecir la legalidad o no de un asunto. Su obligación, en cualquier caso, es antes investigarlo. Resulta difícil discutir la autoridad moral de la diputada Elisa Carrió. Pero tampoco es quién para pretender dar por concluida la cuestión.
Como todos esos ademanes sonaron insuficientes, el Gobierno programó ayer una conferencia que comandó Marcos Peña. El jefe de Gabinete repitió que no hubo ilegalidad en la pertenencia de Macri a sociedades en paraísos fiscales. Pero no exhibió un sólo papel. Y quiso enredar un conflicto público inconcluso con anuncios de reformas en Seguridad y Justicia. Ocupó el lugar en el que debió estar, indudablemente, el Presidente.
Peña no fue el único bombero. El ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, anunció que no habrá nuevos ajustes de tarifas en lo que resta del año. La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, estuvo en la Ciudad reunida con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, para acelerar –vía planes sociales o Asignación Universal por Hijo– la llegada de dinero a los sectores que hoy sufren más. Corrupción y estrechez económica suelen ser una combinación fatal.
El error de percepción del Gobierno podría tener otras derivaciones. ¿Le será tan fácil al oficialismo repetir desde ahora las demostraciones de gobernabilidad con la oposición, como lo hizo con el acuerdo por los fondos buitres? Serían demasiadas las cuestiones en juego. Macri estaría bien a tiempo de corregir su desvío.