La Jefatura Departamental de La Plata
Una investigación judicial detectó una red de recaudación ilegal que involucraría a la mayoría de las comisarías de La Plata. En un procedimiento realizado en la Jefatura Departamental de la capital bonaerense encontraron 36 sobres con dinero (en total, más de 150 mil pesos) rotulados con el lugar de procedencia (aparentemente, las distintas dependencias de la ciudad) y el delito mediante el cual habrían sido obtenidos. Su destino, se cree, sería el soborno de jefes de la Bonaerense.
El operativo se conoció ayer pero se realizó el 1° de abril en la sede policial ubicada en calle 12 entre 60 y 61, donde funciona la Departamental platense. En una oficina situada a 20 metros de la del jefe estaban los paquetes con el dinero. Todo comenzó por una denuncia anónima de alguien que se identificó como “policía con más de 20 años de ejercicio” y llamó a un 0800 de Asuntos Internos el 29 de febrero. Aseguró que “todos los 1° de mes ingresa la plata de la recaudación ilegal”. Como la Fiscalía no llegó a realizar el procedimiento el 1° de marzo, se avanzó con la investigación y la jueza de Garantías Marcela Garmendia autorizó el allanamiento el último viernes.
El escándalo de la “caja recaudadora” determinó el desplazamiento de tres oficiales que tenían acceso a la oficina donde estaban los sobres. Según confirmaron en el Ministerio de Seguridad, fueron desafectados de la Fuerza el subcomisario Walter Skramowskyj, la oficial principal del sector administrativo María de los Ángeles Ramírez y el oficial principal Ariel René Huck.
El responsable máximo de la dependencia, Darío Camerini, aún permanece en el cargo. Las autoridades de Seguridad explicaron que “no hay evidencias que lo vinculen con irregularidades”, aunque aclararon que “todo puede cambiar en función del avance de la causa”.
El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, explicó a Clarín: “Hasta el momento, (el comisario Camerini) colaboró con la investigación, abrió la dependencia y actuó como corresponde. Había una denuncia que ponía el foco sobre un subcomisario, pero no podemos dar más detalles ni adelantar decisiones porque se está en plena investigación”.
El secuestro de la plata negra lo realizaron auditores de Asuntos Internos del Ministerio, que fueron convocados para intervenir luego del anónimo.
El episodio de la Departamental de La Plata constituye la primera evidencia –con aval judicial– de la existencia de un mecanismo que desde hace tiempo se menciona como “habitual” en la Bonaerense, pero que nunca se había podido probar así en un expediente.
El acta confeccionada en la noche del 1° de abril, a la que tuvo acceso Clarín, constata que los sobres secuestrados estaban encabezados -en algunos casos- con los nombres de funcionarios policiales que, presumiblemente, remitían el sobre a la Jefatura. En otros casos figuraba el delito que se “apañaba” y por el cual se recaudaba a cambio de ocultar pruebas (por ejemplo, evitar allanamientos por juego clandestino o prostitución). En algunos casos, ambos datos (nombre del remitente y delito) también podían aparecer en su mismo sobre.
“L.P. 3ra” (se supone: “comisaría tercera de La Plata”) decía en tres de los sobres, que contenían 700; 700; y 5.000 pesos. ¿Estaban destinados al pago de sobornos a jefes diferentes? Esa es una de las preguntas que se hacen ahora los investigadores.
En otros casos, los sobres estaban nominados con iniciales o sólo “Quinta” (tal vez, por Comisaría 5°). En total, había 153 mil pesos en la noche del allanamiento. Pero en la fiscalía de Marcelo Martini, a cargo de la instrucción, sospechan que se trataría de la recaudación de un solo día. O, a lo sumo, de una semana. En la hipótesis de máxima, los investigadores proyectan que la recaudación ilegal en las seccionales platenses alcanza a casi cinco millones de pesos al mes.
Fuentes judiciales informaron que en estos días comenzarán las indagatorias. Serían citados los oficiales de las comisarías que aparecen en los sobres. La expectativa es determinar si el sistema recaudatorio ilegal termina en la Jefatura de la Departamental o asciende en otros niveles jerárquicos.
La jueza Garmendia, que autorizó el allanamiento a la Departamental, fue la misma que en su momento intervino en la causa de la quiebra fraudulenta del ex Banco de Crédito Provincial, perteneciente a la familia Trusso (que terminó con la prisión de Juan y Francisco Trusso).
Cuatro días después del ingreso de la denuncia anónima en la Justicia se registró el robo a la casa del intendente de La Plata, Julio Garro, en el corazón de un exclusivo country de la periferia de la ciudad. Pocas horas después del episodio quedó detenido un vecino del jefe comunal: era un oficial de la comisaría primera, que alquilaba un inmueble en 40 mil pesos, pagaba 8 mil de expensas y manejaba una 4×4 de 50 mil dólares, cuando su sueldo era de 18 mil. La investigación determinó que ese agente estaba involucrado en el manejo irregular de las horas extras que realizan policías en dependencias oficiales, las llamadas “Polad” (policía adicional). Es, también un sistema sospechado de maniobras en las que se facturan servicios que no se cumplen en organismos públicos, el Poder Judicial y la Municipalidad. Y sería otra de las “cajas” manejadas por jefes policiales con anuencia (o negligencia) de la jerarquía de la Fuerza.
Una investigación judicial detectó una red de recaudación ilegal que involucraría a la mayoría de las comisarías de La Plata. En un procedimiento realizado en la Jefatura Departamental de la capital bonaerense encontraron 36 sobres con dinero (en total, más de 150 mil pesos) rotulados con el lugar de procedencia (aparentemente, las distintas dependencias de la ciudad) y el delito mediante el cual habrían sido obtenidos. Su destino, se cree, sería el soborno de jefes de la Bonaerense.
El operativo se conoció ayer pero se realizó el 1° de abril en la sede policial ubicada en calle 12 entre 60 y 61, donde funciona la Departamental platense. En una oficina situada a 20 metros de la del jefe estaban los paquetes con el dinero. Todo comenzó por una denuncia anónima de alguien que se identificó como “policía con más de 20 años de ejercicio” y llamó a un 0800 de Asuntos Internos el 29 de febrero. Aseguró que “todos los 1° de mes ingresa la plata de la recaudación ilegal”. Como la Fiscalía no llegó a realizar el procedimiento el 1° de marzo, se avanzó con la investigación y la jueza de Garantías Marcela Garmendia autorizó el allanamiento el último viernes.
El escándalo de la “caja recaudadora” determinó el desplazamiento de tres oficiales que tenían acceso a la oficina donde estaban los sobres. Según confirmaron en el Ministerio de Seguridad, fueron desafectados de la Fuerza el subcomisario Walter Skramowskyj, la oficial principal del sector administrativo María de los Ángeles Ramírez y el oficial principal Ariel René Huck.
El responsable máximo de la dependencia, Darío Camerini, aún permanece en el cargo. Las autoridades de Seguridad explicaron que “no hay evidencias que lo vinculen con irregularidades”, aunque aclararon que “todo puede cambiar en función del avance de la causa”.
El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, explicó a Clarín: “Hasta el momento, (el comisario Camerini) colaboró con la investigación, abrió la dependencia y actuó como corresponde. Había una denuncia que ponía el foco sobre un subcomisario, pero no podemos dar más detalles ni adelantar decisiones porque se está en plena investigación”.
El secuestro de la plata negra lo realizaron auditores de Asuntos Internos del Ministerio, que fueron convocados para intervenir luego del anónimo.
El episodio de la Departamental de La Plata constituye la primera evidencia –con aval judicial– de la existencia de un mecanismo que desde hace tiempo se menciona como “habitual” en la Bonaerense, pero que nunca se había podido probar así en un expediente.
El acta confeccionada en la noche del 1° de abril, a la que tuvo acceso Clarín, constata que los sobres secuestrados estaban encabezados -en algunos casos- con los nombres de funcionarios policiales que, presumiblemente, remitían el sobre a la Jefatura. En otros casos figuraba el delito que se “apañaba” y por el cual se recaudaba a cambio de ocultar pruebas (por ejemplo, evitar allanamientos por juego clandestino o prostitución). En algunos casos, ambos datos (nombre del remitente y delito) también podían aparecer en su mismo sobre.
“L.P. 3ra” (se supone: “comisaría tercera de La Plata”) decía en tres de los sobres, que contenían 700; 700; y 5.000 pesos. ¿Estaban destinados al pago de sobornos a jefes diferentes? Esa es una de las preguntas que se hacen ahora los investigadores.
En otros casos, los sobres estaban nominados con iniciales o sólo “Quinta” (tal vez, por Comisaría 5°). En total, había 153 mil pesos en la noche del allanamiento. Pero en la fiscalía de Marcelo Martini, a cargo de la instrucción, sospechan que se trataría de la recaudación de un solo día. O, a lo sumo, de una semana. En la hipótesis de máxima, los investigadores proyectan que la recaudación ilegal en las seccionales platenses alcanza a casi cinco millones de pesos al mes.
Fuentes judiciales informaron que en estos días comenzarán las indagatorias. Serían citados los oficiales de las comisarías que aparecen en los sobres. La expectativa es determinar si el sistema recaudatorio ilegal termina en la Jefatura de la Departamental o asciende en otros niveles jerárquicos.
La jueza Garmendia, que autorizó el allanamiento a la Departamental, fue la misma que en su momento intervino en la causa de la quiebra fraudulenta del ex Banco de Crédito Provincial, perteneciente a la familia Trusso (que terminó con la prisión de Juan y Francisco Trusso).
Cuatro días después del ingreso de la denuncia anónima en la Justicia se registró el robo a la casa del intendente de La Plata, Julio Garro, en el corazón de un exclusivo country de la periferia de la ciudad. Pocas horas después del episodio quedó detenido un vecino del jefe comunal: era un oficial de la comisaría primera, que alquilaba un inmueble en 40 mil pesos, pagaba 8 mil de expensas y manejaba una 4×4 de 50 mil dólares, cuando su sueldo era de 18 mil. La investigación determinó que ese agente estaba involucrado en el manejo irregular de las horas extras que realizan policías en dependencias oficiales, las llamadas “Polad” (policía adicional). Es, también un sistema sospechado de maniobras en las que se facturan servicios que no se cumplen en organismos públicos, el Poder Judicial y la Municipalidad. Y sería otra de las “cajas” manejadas por jefes policiales con anuencia (o negligencia) de la jerarquía de la Fuerza.
