Un negocio a costa de la Ciudad

SOCIEDAD › LA CONCESION IRREGULAR DEL PREDIO DE COSTA SALGUERO Y LOS VINCULOS EMPRESARIOS CON EL MACRISMO
La empresa Telemetrix paga un canon cien veces menor al precio de mercado para explotar Costa Salguero y subcontrata a otras 23 empresas. En una de las subconcesionarias es director el marido de la vicepresidenta de la Legislatura porteña, la macrista Carmen Polledo.
Por Werner Pertot
Hace poco menos de una década, el macrismo eligió al Costa Salguero como su lugar en el mundo para festejar sus victorias electorales. El presidente Mauricio Macri optó por ese mismo sitio para casarse con Juliana Awada. La concesión del Costa Salguero, que proviene del menemismo profundo, fue beneficiada por el gobierno porteño: la empresa Telemetrix paga un canon cien veces menor al precio de mercado en la zona y subcontrata a otras 23 empresas. El gobierno de la ciudad se negó a informar al Poder Judicial la facturación de las subconcesionarias. Telemetrix comparte su directorio con Costa Salguero S.A., que administra los pabellones en los que se hizo la fiesta electrónica. En el directorio de esta subconcesionaria figura Fernando Polledo Olivera, marido de la actual vicepresidenta primera de la Legislatura, la macrista Carmen Polledo. La semana pasada este diario informó que ambos tienen una empresa en Panamá.
En 1988, la empresa Telemetrix ganó la concesión de las 17 hectáreas ganadas al río que luego serían el complejo. En mayo de 1991, el menemismo, desde la Administración General de Puertos, le extendió la concesión por 30 años. Las tierras pasaron a la Ciudad en junio de 2001. Desde entonces, la empresa tuvo un aliado inigualable en el gobierno porteño, como se pudo ver en las causas judiciales que debió enfrentar.
Los entonces legisladores Rocío Sánchez Andía y Facundo Di Filippo denunciaron a Telemetrix por no cumplir con el camino de sirga, que es el espacio público de 15 metros que deben dejar a la vera del río. La causa quedó en manos del juez Andrés Gallardo, que falló en contra de la empresa. El gobierno porteño apeló y, cuando la Cámara le falló en contra, se demoró todo lo posible para cumplir la disposición.
En 2009, Gallardo pidió informes a la Dirección de Concesiones porteña sobre las habilitaciones y descubrió que sólo cuatro de las 23 subconcesionarias tenían habilitación. Además, la estación de servicio no tenía el permiso de Administración Nacional de Aviación Civil Argentina. El juez ordenó clausurar 19 locales, pero la Dirección de Habilitaciones porteña se negó a cumplir el fallo judicial contra el Costa Salguero. Gallardo debió entonces utilizar la fuerza pública. El juez fue recusado y, mientras se encontraba alejado del expediente, el entonces director de Habilitaciones, Martín Farrell, les concedió en tiempo récord las habilitaciones a los subconcesionarios y se levantaron las clausuras. Farrell es el funcionario PRO que luego debió denunciar por el derrumbe del boliche Beara. Más tarde, el macrismo intentó convertirlo en juez porteño, pero las familias de las chicas que murieron en ese derrumbe consiguieron frenar esa avanzada en la Legislatura.
Luego de dos años de intentar que el gobierno porteño hiciera el camino de sirga, Gallardo ordenó que en las publicidades televisivas de la campaña 2013 del entonces ministro de Espacio Público, Diego Santilli, se colocara un letrero que diría que incumplía un fallo judicial. La jueza electoral María Romilda Servini de Cubría revocó esa disposición y Telemetrix denunció penalmente a Gallardo. El magistrado fue absuelto.
No obstante, el juez consiguió algunas pruebas de lo que le pagaban las subconcesionarias a Telemetrix. En 2010, la Ciudad obtenía 68 mil pesos por mes, mientras que Telemetrix recibía 750 mil pesos en promedio. Con ese esquema, la Ciudad perdía ocho millones de pesos por año. El juez ordenó a la AGIP (Rentas) que le entregara la facturación de las subconcesionarias. La dependencia del gobierno porteño contestó que no entregaría esos datos por estar “bajo secreto fiscal”.
En la actualidad, Telemetrix paga 263.576 por mes, según advirtieron desde el Observatorio de Derechos de la Ciudad (ODC) y la Asociación de Justicia Ambiental (AJAM). Estas dos ONG indicaron que el gobierno porteño cobra hoy 1,5 pesos por metro cuadrado, cuando un alquiler en la zona oscila entre 160 a 250 pesos. Advirtieron, además, que las actividades que se hacen en los predios escapan al objeto de la concesión original (un complejo polideportivo) y a la zonificación, por lo que reclamaron el fin de la concesión. “Todas las ilegalidades que se pueden encontrar en una privatización se encuentran acá”, destacó Jonatan Baldiviezo, del ODC.
Si bien no se conoce la facturación actual, sí es posible acceder a los nombres de los dueños de las empresas. Telemetrix tenía como presidente en 2013 a Alfredo Gutiérrez, mientras que su vicepresidente era Federico León Bensandon. El subconcesionario Costa Salguero S.A. comparte una interesante cantidad de nombres con el directorio de Telemetrix: en ambos figuran Federico León Bensandon y Gabriela Bensandon, mientras que el presidente de Costa Salguero S.A., Diego Luis Gutiérrez, es hijo del de Telemetrix, donde también figura su madre, Graciela Ratto.
En el directorio de Costa Salguero S.A. así como en Costa Salguero Eventos figura Fernando Polledo Olivera, que es el marido de la actual vicepresidenta primera de la Legislatura, Carmen Polledo. La diputada del PRO suele advertir que su marido entró al directorio hace 22 años mientras que ella se dedica a la política hace menos de una década. Ambos, Polledo y su marido, aparecen en el Registro Público de Panamá como parte de la empresa Rank International Corporation, creada en 1988. La compañía no figura en las declaraciones de la legisladora. En diálogo con Página/12, Polledo aseguró que la empresa nunca funcionó y que por eso no fue declarada. Indicó que era para un emprendimiento agropecuario, pero no pudo explicar por qué la abrieron en un paraíso fiscal.