Decisiones del Gobierno que otorgan más poder y menos transparencia a la central de espías permiten plantear el sentido de mantener este organismo
Con el objeto declarado de evitar la superposición de cargos y funciones en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, ex SIDE), el presidente Mauricio Macri y su jefe de Gabinete, Marcos Peña, firmaron un decreto que, al anular artículos y anexos de un decreto del anterior gobierno, puede ocasionar un grave retroceso en el proceso de ordenar y transparentar la actuación de la central de espías. En especial, en lo referido al polémico manejo de los fondos reservados que el organismo históricamente empleó para financiar actividades que estaban en las antípodas de su cometido.
A esto se suma el hecho de que la actual conducción de la ex SIDE procura recuperar el control de la escuchas judiciales, que actualmente dependen de la Corte Suprema de Justicia y durante mucho tiempo estuvieron a cargo del órgano de inteligencia, donde algunos espías se aprovechaban de tal infraestructura para realizar también escuchas ilícitas.
Distintos gobiernos han usado a la SIDE en forma ilegal, alejándola cada vez más de su misión primigenia. De esta manera, por ejemplo, la agencia no pudo evitar los cruentos atentados contra la embajada de Israel, en 1992, y contra la AMIA, en 1994, mientras sus fondos reservados se empleaban según las necesidades del gobierno de turno.
Pero ese manejo delictivo del principal servicio de espionaje nacional llegó a extremos nunca vistos durante el kirchnerismo, cuando se lo usó para escuchar ilegalmente las conversaciones de los propios integrantes del gabinete y de empresarios, del entonces arzobispo Jorge Bergoglio y de periodistas críticos del régimen, además de ejercer presión sobre jueces y fiscales. Para ello se valió del empleo discrecional de los fondos reservados, de los cuales el organismo no tenía que rendir cuentas, contando también con la pasividad cómplice de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia.
Al mismo tiempo, el kirchnerismo otorgó un enorme poder al superespía Jaime Stiuso, que pronto comenzó a adquirir una inusitada autonomía, al tiempo que estaba encargado de controlar a jueces federales. Paradójicamente, sólo tras la muerte aún no esclarecida del fiscal Alberto Nisman el gobierno de Cristina Kirchner denunció judicialmente presuntos negocios paralelos que Stiuso llevaba a cabo empleando a la agencia.
Por eso, las modificaciones efectuadas en la cúpula de la ex SIDE por la entonces presidenta hacia fines de 2014 no obedecieron a un sano espíritu democrático, dado el abuso que el kirchnerismo venía haciendo de los organismos de inteligencia en beneficio propio. Fue la crisis desatada por la insubordinación de Stiuso la que obligó a descabezar la cúpula del organismo.
Poco después, el gobierno cristinista elevó al Congreso un proyecto de ley con una reforma que esta columna tildó de improvisada y falsa, pues su objetivo fue desviar la atención pública del caso Nisman. En aquella oportunidad consideramos que la AFI iba a ser una SIDE con otro nombre, el mismo personal, equipamiento y tareas, y los mismos viejos vicios, más algunas nuevas y peligrosas funciones como la investigación de casos de criminalidad económica y financiera, figuras pergeñadas por el kirchnerismo para perseguir a empresarios y periodistas.
Más tarde, en julio del año pasado, el decreto 1311 y sus voluminosos anexos establecieron la estructura orgánica y funcional de la AFI, con una valiosa novedad, al establecer que sólo podrán considerarse fondos de carácter reservado aquellos «necesarios para solventar las labores de inteligencia y que su publicidad pueda afectar el normal desarrollo» de éstas. De todos modos, contemplaba para esas erogaciones reservadas la confección de un acta especial con documentación respaldatoria con recibos y facturas si ello no ponía en riesgo la operación. En cuanto al resto de los fondos, la norma determinaba que, al no revestir carácter secreto, debía procederse a la rendición de cuentas de aquéllos.
Es por eso que la reciente derogación del régimen anterior retrotrae la situación a los tiempos en que el organismo de inteligencia o el gobierno de turno podían hacer lo que quisieran con los fondos reservados.
Varias organizaciones de la sociedad civil lamentaron que vuelva a pesar el secreto en el manejo del dinero de la ex SIDE y expresaron que, de esta manera, se incumple con el compromiso asumido por el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de «transparentar el sistema de utilización de fondos reservados». Ese compromiso surgió, precisamente, a raíz de lo ocurrido en la causa AMIA.
El correcto uso del dinero asignado a la ex SIDE no puede depender solamente del criterio y de la buena voluntad de sus máximas autoridades, que por lo general no suelen llegar a ejercer un dominio total sobre el organismo.
En ese sentido, y con vistas al proceso de un mejor encuadre legal de la actuación de la ex SIDE, la actual subdirectora, Silvia Majdalani, claramente no es la persona más idónea para semejante tarea. Majdalani integró la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, una comisión inútil y cómplice por omisión pues tiene facultades para controlar a la ex SIDE, aunque parece no haberlas ejercido. La comisión será presidida por el senador radical Juan Carlos Marino.
Como dijimos en esta columna, los fondos que recibe la ex SIDE deberían rendirse sistemáticamente y sin ninguna excepción una vez transcurrido un lapso prudencial (cinco, diez o quince años) para evitar su desvío hacia actividades ilegales como las que caracterizaron las etapas más negras del organismo de inteligencia.
Pero incluso cabe plantear un interrogante de fondo. Históricamente, la central de espías ha fracasado en el cumplimiento de su misión originaria y ha sido empleada como instrumento ilegal de vigilancia y presión política, y también para negociados. Si sus fondos reservados continúan financiando oscuros negocios y cajas políticas, mientras carecen de eficacia para prevenir dos de los peores flagelos de nuestros días, como el narcotráfico y los secuestros extorsivos, cabe preguntarse de qué sirve seguir manteniendo un organismo tan costoso.
Con el objeto declarado de evitar la superposición de cargos y funciones en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, ex SIDE), el presidente Mauricio Macri y su jefe de Gabinete, Marcos Peña, firmaron un decreto que, al anular artículos y anexos de un decreto del anterior gobierno, puede ocasionar un grave retroceso en el proceso de ordenar y transparentar la actuación de la central de espías. En especial, en lo referido al polémico manejo de los fondos reservados que el organismo históricamente empleó para financiar actividades que estaban en las antípodas de su cometido.
A esto se suma el hecho de que la actual conducción de la ex SIDE procura recuperar el control de la escuchas judiciales, que actualmente dependen de la Corte Suprema de Justicia y durante mucho tiempo estuvieron a cargo del órgano de inteligencia, donde algunos espías se aprovechaban de tal infraestructura para realizar también escuchas ilícitas.
Distintos gobiernos han usado a la SIDE en forma ilegal, alejándola cada vez más de su misión primigenia. De esta manera, por ejemplo, la agencia no pudo evitar los cruentos atentados contra la embajada de Israel, en 1992, y contra la AMIA, en 1994, mientras sus fondos reservados se empleaban según las necesidades del gobierno de turno.
Pero ese manejo delictivo del principal servicio de espionaje nacional llegó a extremos nunca vistos durante el kirchnerismo, cuando se lo usó para escuchar ilegalmente las conversaciones de los propios integrantes del gabinete y de empresarios, del entonces arzobispo Jorge Bergoglio y de periodistas críticos del régimen, además de ejercer presión sobre jueces y fiscales. Para ello se valió del empleo discrecional de los fondos reservados, de los cuales el organismo no tenía que rendir cuentas, contando también con la pasividad cómplice de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia.
Al mismo tiempo, el kirchnerismo otorgó un enorme poder al superespía Jaime Stiuso, que pronto comenzó a adquirir una inusitada autonomía, al tiempo que estaba encargado de controlar a jueces federales. Paradójicamente, sólo tras la muerte aún no esclarecida del fiscal Alberto Nisman el gobierno de Cristina Kirchner denunció judicialmente presuntos negocios paralelos que Stiuso llevaba a cabo empleando a la agencia.
Por eso, las modificaciones efectuadas en la cúpula de la ex SIDE por la entonces presidenta hacia fines de 2014 no obedecieron a un sano espíritu democrático, dado el abuso que el kirchnerismo venía haciendo de los organismos de inteligencia en beneficio propio. Fue la crisis desatada por la insubordinación de Stiuso la que obligó a descabezar la cúpula del organismo.
Poco después, el gobierno cristinista elevó al Congreso un proyecto de ley con una reforma que esta columna tildó de improvisada y falsa, pues su objetivo fue desviar la atención pública del caso Nisman. En aquella oportunidad consideramos que la AFI iba a ser una SIDE con otro nombre, el mismo personal, equipamiento y tareas, y los mismos viejos vicios, más algunas nuevas y peligrosas funciones como la investigación de casos de criminalidad económica y financiera, figuras pergeñadas por el kirchnerismo para perseguir a empresarios y periodistas.
Más tarde, en julio del año pasado, el decreto 1311 y sus voluminosos anexos establecieron la estructura orgánica y funcional de la AFI, con una valiosa novedad, al establecer que sólo podrán considerarse fondos de carácter reservado aquellos «necesarios para solventar las labores de inteligencia y que su publicidad pueda afectar el normal desarrollo» de éstas. De todos modos, contemplaba para esas erogaciones reservadas la confección de un acta especial con documentación respaldatoria con recibos y facturas si ello no ponía en riesgo la operación. En cuanto al resto de los fondos, la norma determinaba que, al no revestir carácter secreto, debía procederse a la rendición de cuentas de aquéllos.
Es por eso que la reciente derogación del régimen anterior retrotrae la situación a los tiempos en que el organismo de inteligencia o el gobierno de turno podían hacer lo que quisieran con los fondos reservados.
Varias organizaciones de la sociedad civil lamentaron que vuelva a pesar el secreto en el manejo del dinero de la ex SIDE y expresaron que, de esta manera, se incumple con el compromiso asumido por el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de «transparentar el sistema de utilización de fondos reservados». Ese compromiso surgió, precisamente, a raíz de lo ocurrido en la causa AMIA.
El correcto uso del dinero asignado a la ex SIDE no puede depender solamente del criterio y de la buena voluntad de sus máximas autoridades, que por lo general no suelen llegar a ejercer un dominio total sobre el organismo.
En ese sentido, y con vistas al proceso de un mejor encuadre legal de la actuación de la ex SIDE, la actual subdirectora, Silvia Majdalani, claramente no es la persona más idónea para semejante tarea. Majdalani integró la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, una comisión inútil y cómplice por omisión pues tiene facultades para controlar a la ex SIDE, aunque parece no haberlas ejercido. La comisión será presidida por el senador radical Juan Carlos Marino.
Como dijimos en esta columna, los fondos que recibe la ex SIDE deberían rendirse sistemáticamente y sin ninguna excepción una vez transcurrido un lapso prudencial (cinco, diez o quince años) para evitar su desvío hacia actividades ilegales como las que caracterizaron las etapas más negras del organismo de inteligencia.
Pero incluso cabe plantear un interrogante de fondo. Históricamente, la central de espías ha fracasado en el cumplimiento de su misión originaria y ha sido empleada como instrumento ilegal de vigilancia y presión política, y también para negociados. Si sus fondos reservados continúan financiando oscuros negocios y cajas políticas, mientras carecen de eficacia para prevenir dos de los peores flagelos de nuestros días, como el narcotráfico y los secuestros extorsivos, cabe preguntarse de qué sirve seguir manteniendo un organismo tan costoso.
