Zabaleta, Cascallares, Insaurralde, Bucca y De Jesús. Foto: LA NACION / Marcelo Gómez
La creciente demanda de ayuda alimentaria, las complicaciones en los clubes e instituciones barriales para pagar las tarifas con aumentos y la inseguridad golpean a los municipios bonaerenses. Aunque todas esas luces de alerta están encendidas, la posibilidad de un estallido social en las calles no aparece como una alternativa verosímil para los intendentes peronistas de mayor diálogo con la gobernadora María Eugenia Vidal .
En la Redacción de LA NACION, Martín Insaurralde , de Lomas de Zamora; Gabriel Katopodis, de San Martín; Mariano Cascallares, de Almirante Brown, y Juan Zabaleta, de Hurlingham, marcaron las crecientes dificultades sociales y económicas del conurbano. Eduardo Bucca, de Bolívar, y Juan Pablo De Jesús, del Partido de la Costa, plantearon problemas de sus distritos del interior bonaerense. Hubo cuestionamientos a la gestión de Vidal, pero todos subrayaron su voluntad de cooperar para que a la gobernadora «le vaya bien» al frente de la provincia, y a Mauricio Macri, a nivel nacional.
Para Insaurralde, el estallido social no es una posibilidad concreta. «La realidad es compleja y preocupante. Hay mal humor por los precios y las tarifas, pero no un probable estallido», señaló el intendente de Lomas de Zamora, el segundo entre los municipio más poblados del conurbano bonaerense, detrás de La Matanza.
Cascallares especificó los temas que más impactan en su distrito, y que se repiten en otros centros urbanos, según también consignaron sus compañeros de ruta. «Hay más demanda de alimentos y menos changas. Y esto se complementa con los aumentos de precios», subrayó el intendente de Almirante Brown.
«Recién a partir de la semana que viene vamos a empezar a recibir leche [de parte del gobierno bonaerense]», destacó Zabaleta sobre una de las necesidades de ayuda que aumentaron. El intendente de Hurlingham subrayó que en su distrito creció el pedido de cajas alimentarias. Aseguró que arrancó la gestión «con 1100 cajas mensuales y ahora estamos en 2500», y que las solventa con dinero de la comuna.
«Necesitamos que al gobierno nacional y al provincial les vaya bien», resumió Katopodis. «Nos conviene que les vaya bien hasta desde lo electoral», afianzó el concepto Insaurralde.
El tarifazo en los servicios que provocó la reacción de clubes e instituciones barriales se sumó como ingrediente al panorama oscuro trazado por los intendentes.
«Podríamos haber dejado que estallara el tema de los clubes y, sin embargo, no lo hicimos», explicó De Jesús para graficar la predisposición de los intendentes a colaborar con la estabilidad social. «Lo de los clubes de barrio se arreglaba con $ 96 millones», puntualizó Insaurralde.
Estos jefes comunales conforman un grupo de alcaldes bonaerenses del peronismo que se muestra alejado del kirchnerismo duro y abierto al diálogo con la gobernadora Vidal. Son una vertiente alejada del ala cristinista de los intendentes de la provincia, en la que militan mandatarios de distritos de peso, como Jorge Ferraresi, de Avellaneda, y Patricio Mussi, de Berazategui.
«Faltan vacunas contra la gripe A», advirtió Insaurralde. «¿Y si se muere alguien en alguno de nuestros distritos por gripe A?», se preguntó Zabaleta. Es que todos los alcaldes subrayaron que ellos son los primeros destinatarios de los reclamos vecinales, más allá de que las responsabilidades puedan ser nacionales o provinciales.
Bucca, intendente de Bolívar y médico de profesión, reclamó por el área de salud provincial como otro punto crítico. «Muchos programas de salud funcionaban. Por ejemplo, el Prodiaba, de atención para personas con diabetes, debería haber seguido», consideró.
La seguridad, otro eje
Como parte del complejo escenario, los intendentes del conurbano reclamaron por la inseguridad. Creen que no le resultará simple al gobierno de Vidal limpiar la policía bonaerense, a la que cuestionan en duros términos.
«La bonaerense es una fuerza de seguridad desmadrada», diagnosticó Insaurralde. «La gobernadora tiene vocación de hacerse cargo. Hay que admitir que había connivencia de la política con la fuerza policial», afirmó Zabaleta.
Los intendentes consideraron que es imposible que la gobernadora, o el ministro de Seguridad provincial, Cristian Ritondo, puedan manejar la fuerza policial «desde La Plata», por lo que abogaron por la concesión de facultades a las intendencias.
«Hay tres pilares: financiamiento, modernización administrativa y descentralización», puntualizó Cascallares.
Zabaleta exigió tener «policía local, con recursos económicos para su funcionamiento».
Si bien los intendentes exigieron que Vidal destine recursos para paliar las alertas sociales, consideraron difícil la situación económica con la que encara su mandato. «Esta gestión no va a resolver problemas estructurales porque Buenos Aires es una provincia pobre, inviable con los recursos actuales», sentenció Insaurralde.
La creciente demanda de ayuda alimentaria, las complicaciones en los clubes e instituciones barriales para pagar las tarifas con aumentos y la inseguridad golpean a los municipios bonaerenses. Aunque todas esas luces de alerta están encendidas, la posibilidad de un estallido social en las calles no aparece como una alternativa verosímil para los intendentes peronistas de mayor diálogo con la gobernadora María Eugenia Vidal .
En la Redacción de LA NACION, Martín Insaurralde , de Lomas de Zamora; Gabriel Katopodis, de San Martín; Mariano Cascallares, de Almirante Brown, y Juan Zabaleta, de Hurlingham, marcaron las crecientes dificultades sociales y económicas del conurbano. Eduardo Bucca, de Bolívar, y Juan Pablo De Jesús, del Partido de la Costa, plantearon problemas de sus distritos del interior bonaerense. Hubo cuestionamientos a la gestión de Vidal, pero todos subrayaron su voluntad de cooperar para que a la gobernadora «le vaya bien» al frente de la provincia, y a Mauricio Macri, a nivel nacional.
Para Insaurralde, el estallido social no es una posibilidad concreta. «La realidad es compleja y preocupante. Hay mal humor por los precios y las tarifas, pero no un probable estallido», señaló el intendente de Lomas de Zamora, el segundo entre los municipio más poblados del conurbano bonaerense, detrás de La Matanza.
Cascallares especificó los temas que más impactan en su distrito, y que se repiten en otros centros urbanos, según también consignaron sus compañeros de ruta. «Hay más demanda de alimentos y menos changas. Y esto se complementa con los aumentos de precios», subrayó el intendente de Almirante Brown.
«Recién a partir de la semana que viene vamos a empezar a recibir leche [de parte del gobierno bonaerense]», destacó Zabaleta sobre una de las necesidades de ayuda que aumentaron. El intendente de Hurlingham subrayó que en su distrito creció el pedido de cajas alimentarias. Aseguró que arrancó la gestión «con 1100 cajas mensuales y ahora estamos en 2500», y que las solventa con dinero de la comuna.
«Necesitamos que al gobierno nacional y al provincial les vaya bien», resumió Katopodis. «Nos conviene que les vaya bien hasta desde lo electoral», afianzó el concepto Insaurralde.
El tarifazo en los servicios que provocó la reacción de clubes e instituciones barriales se sumó como ingrediente al panorama oscuro trazado por los intendentes.
«Podríamos haber dejado que estallara el tema de los clubes y, sin embargo, no lo hicimos», explicó De Jesús para graficar la predisposición de los intendentes a colaborar con la estabilidad social. «Lo de los clubes de barrio se arreglaba con $ 96 millones», puntualizó Insaurralde.
Estos jefes comunales conforman un grupo de alcaldes bonaerenses del peronismo que se muestra alejado del kirchnerismo duro y abierto al diálogo con la gobernadora Vidal. Son una vertiente alejada del ala cristinista de los intendentes de la provincia, en la que militan mandatarios de distritos de peso, como Jorge Ferraresi, de Avellaneda, y Patricio Mussi, de Berazategui.
«Faltan vacunas contra la gripe A», advirtió Insaurralde. «¿Y si se muere alguien en alguno de nuestros distritos por gripe A?», se preguntó Zabaleta. Es que todos los alcaldes subrayaron que ellos son los primeros destinatarios de los reclamos vecinales, más allá de que las responsabilidades puedan ser nacionales o provinciales.
Bucca, intendente de Bolívar y médico de profesión, reclamó por el área de salud provincial como otro punto crítico. «Muchos programas de salud funcionaban. Por ejemplo, el Prodiaba, de atención para personas con diabetes, debería haber seguido», consideró.
La seguridad, otro eje
Como parte del complejo escenario, los intendentes del conurbano reclamaron por la inseguridad. Creen que no le resultará simple al gobierno de Vidal limpiar la policía bonaerense, a la que cuestionan en duros términos.
«La bonaerense es una fuerza de seguridad desmadrada», diagnosticó Insaurralde. «La gobernadora tiene vocación de hacerse cargo. Hay que admitir que había connivencia de la política con la fuerza policial», afirmó Zabaleta.
Los intendentes consideraron que es imposible que la gobernadora, o el ministro de Seguridad provincial, Cristian Ritondo, puedan manejar la fuerza policial «desde La Plata», por lo que abogaron por la concesión de facultades a las intendencias.
«Hay tres pilares: financiamiento, modernización administrativa y descentralización», puntualizó Cascallares.
Zabaleta exigió tener «policía local, con recursos económicos para su funcionamiento».
Si bien los intendentes exigieron que Vidal destine recursos para paliar las alertas sociales, consideraron difícil la situación económica con la que encara su mandato. «Esta gestión no va a resolver problemas estructurales porque Buenos Aires es una provincia pobre, inviable con los recursos actuales», sentenció Insaurralde.
