Los dilemas de Prat-Gay
El martes pasado se cumplieron cuatro años desde que el entonces diputado Alfonso Prat-Gay presentara un proyecto de ley que iba en sentido contrario a algunas iniciativas que está impulsando ahora como ministro. El 7 de junio de 2012, se inició el trámite legislativo con el fin de modificar la ley del impuesto a las Ganancias gravando la renta financiera derivada de los intereses cobrados por títulos públicos y plazos fijos, y por las ganancias de capital obtenidas por la compraventa de acciones o títulos.
En los fundamentos del proyecto que, entre otros, acompañó el entonces diputado radical Ricardo Gil Lavedra, se argumentaba que «el impuesto a las Ganancias es considerado por la técnica económica y por todo el arco político como el impuesto más progresivo del sistema tributario. Sin embargo, existen exenciones al impuesto que se mantuvieron en el tiempo pese a no contar con sustento suficiente. El caso más evidente son las denominadas rentas financieras».
Cuatro años después, el proyecto de ley ómnibus no sólo amplía las exenciones en Ganancias para la utilidad obtenida de la compraventa de acciones, sino que además deroga el gravamen que se aplica a la distribución de dividendos, y establece la paulatina eliminación de Bienes Personales, que es el único impuesto federal a los activos y que, con muchas mejoras de diseño que deberían introducirse, tiene un enorme potencial recaudatorio y redistributivo.
La incoherencia es ostensible. Las modificaciones tributarias propuestas en 2012 tenían una clara orientación progresista. Las de 2016 van en dirección contraria, reforzando los beneficios del blanqueo para los sectores más ricos de la sociedad.
No son esas cuestiones de incongruencia lo que actualmente preocupa a Prat-Gay. El ministro y todos los otros ministros y funcionarios que conforman el equipo económico están atrapados en varios otros dilemas. El primero y cotidiano es qué hacer con el tipo de cambio, que viene en tendencia declinante y tiene perspectivas de seguir recibiendo presiones a la baja, por el ingreso de fondos especulativos que buscan aprovechar la combinación de altas tasas de interés en pesos con un dólar planchado o cayendo, por las divisas que traen los gobernadores y los empresarios que están tomando deuda externa, por la recuperación del precio de la soja, y por la entrada de dólares blanqueados.
Si el gobierno dejara hacer, se agudizarían los problemas de competitividad, tal como reconoció el ministro de Producción Francisco Cabrera, quien también reveló que el tema es motivo de debate en el gabinete. Si el gobierno interviniera para apuntalar la cotización, estimularía las remarcaciones y conspiraría contra el objetivo de desacelerar la inflación, además de que complicaría el programa monetario.
El informe semanal de Contexto Consultores se juega por la primera alternativa, a la que denomina Plan Kicillof Recargado, que consiste en «un ancla cambiaria para revertir la aceleración inflacionaria y permitir cierta recomposición del poder adquisitivo luego de las paritarias, junto con aceleración del gasto público acentuando el déficit para mover la actividad». Ambas cosas, dicen, aceitadas por el ingreso de capitales. El ejemplo más nítido y actual de esa estrategia es el anuncio para los jubilados junto con el blanqueo.
Esa estrategia saca de las casillas a la ortodoxia. Los que ocupan cargos no lo pueden manifestar en público. Sí lo pueden hacer los que escriben columnas como el colega de este espacio Javier Gerardo Milei, que no ahorró palabras virulentas, acusando al gobierno de «seguir sosteniendo la orgía obscena de la corporación política». Su enojo es por el anuncio de reparación a los jubilados, por haber retrocedido un poquito en el tarifazo, por haber echado una cantidad de empleados públicos «menos que insignificante», y por estar «desaprovechando la ventana de financiamiento». Está indignado porque, según él, «al igual que siempre, los keynesianos nos están llevando al borde del abismo, y al momento de percibirlo serán los primeros en abandonar el barco para que los costos sean pagados por un patriota ortodoxo».
¿Lo querrá a José Luis Espert como ministro, preferirá a Carlos Rodríguez, o se conformará con Carlos Melconian? Para no dejarle sólo a Milei la referencia al keynesianismo, la keynesiana Curva de Phillips, que muestra una relación inversa entre inflación y desempleo, sirve para ilustrar en la actual coyuntura uno de los dilemas de fondo de Prat-Gay y Cia. La desaceleración de la inflación está condicionada por el costo social y el grado de conflictividad que el gobierno esté dispuesto a provocar y soportar políticamente.
El anuncio de los jubilados se amolda perfectamente a ese dilema. Sin esa inyección de dinero, es muy probable que en el futuro haya menos inflación pero también menos consumo y más desempleo. La misma lógica se aplica en relación al grado de apertura de la economía, otro de los dilemas que enfrenta el equipo económico. Con fronteras más abiertas habría algunos precios más bajos. Pero también varias persianas.
El martes pasado se cumplieron cuatro años desde que el entonces diputado Alfonso Prat-Gay presentara un proyecto de ley que iba en sentido contrario a algunas iniciativas que está impulsando ahora como ministro. El 7 de junio de 2012, se inició el trámite legislativo con el fin de modificar la ley del impuesto a las Ganancias gravando la renta financiera derivada de los intereses cobrados por títulos públicos y plazos fijos, y por las ganancias de capital obtenidas por la compraventa de acciones o títulos.
En los fundamentos del proyecto que, entre otros, acompañó el entonces diputado radical Ricardo Gil Lavedra, se argumentaba que «el impuesto a las Ganancias es considerado por la técnica económica y por todo el arco político como el impuesto más progresivo del sistema tributario. Sin embargo, existen exenciones al impuesto que se mantuvieron en el tiempo pese a no contar con sustento suficiente. El caso más evidente son las denominadas rentas financieras».
Cuatro años después, el proyecto de ley ómnibus no sólo amplía las exenciones en Ganancias para la utilidad obtenida de la compraventa de acciones, sino que además deroga el gravamen que se aplica a la distribución de dividendos, y establece la paulatina eliminación de Bienes Personales, que es el único impuesto federal a los activos y que, con muchas mejoras de diseño que deberían introducirse, tiene un enorme potencial recaudatorio y redistributivo.
La incoherencia es ostensible. Las modificaciones tributarias propuestas en 2012 tenían una clara orientación progresista. Las de 2016 van en dirección contraria, reforzando los beneficios del blanqueo para los sectores más ricos de la sociedad.
No son esas cuestiones de incongruencia lo que actualmente preocupa a Prat-Gay. El ministro y todos los otros ministros y funcionarios que conforman el equipo económico están atrapados en varios otros dilemas. El primero y cotidiano es qué hacer con el tipo de cambio, que viene en tendencia declinante y tiene perspectivas de seguir recibiendo presiones a la baja, por el ingreso de fondos especulativos que buscan aprovechar la combinación de altas tasas de interés en pesos con un dólar planchado o cayendo, por las divisas que traen los gobernadores y los empresarios que están tomando deuda externa, por la recuperación del precio de la soja, y por la entrada de dólares blanqueados.
Si el gobierno dejara hacer, se agudizarían los problemas de competitividad, tal como reconoció el ministro de Producción Francisco Cabrera, quien también reveló que el tema es motivo de debate en el gabinete. Si el gobierno interviniera para apuntalar la cotización, estimularía las remarcaciones y conspiraría contra el objetivo de desacelerar la inflación, además de que complicaría el programa monetario.
El informe semanal de Contexto Consultores se juega por la primera alternativa, a la que denomina Plan Kicillof Recargado, que consiste en «un ancla cambiaria para revertir la aceleración inflacionaria y permitir cierta recomposición del poder adquisitivo luego de las paritarias, junto con aceleración del gasto público acentuando el déficit para mover la actividad». Ambas cosas, dicen, aceitadas por el ingreso de capitales. El ejemplo más nítido y actual de esa estrategia es el anuncio para los jubilados junto con el blanqueo.
Esa estrategia saca de las casillas a la ortodoxia. Los que ocupan cargos no lo pueden manifestar en público. Sí lo pueden hacer los que escriben columnas como el colega de este espacio Javier Gerardo Milei, que no ahorró palabras virulentas, acusando al gobierno de «seguir sosteniendo la orgía obscena de la corporación política». Su enojo es por el anuncio de reparación a los jubilados, por haber retrocedido un poquito en el tarifazo, por haber echado una cantidad de empleados públicos «menos que insignificante», y por estar «desaprovechando la ventana de financiamiento». Está indignado porque, según él, «al igual que siempre, los keynesianos nos están llevando al borde del abismo, y al momento de percibirlo serán los primeros en abandonar el barco para que los costos sean pagados por un patriota ortodoxo».
¿Lo querrá a José Luis Espert como ministro, preferirá a Carlos Rodríguez, o se conformará con Carlos Melconian? Para no dejarle sólo a Milei la referencia al keynesianismo, la keynesiana Curva de Phillips, que muestra una relación inversa entre inflación y desempleo, sirve para ilustrar en la actual coyuntura uno de los dilemas de fondo de Prat-Gay y Cia. La desaceleración de la inflación está condicionada por el costo social y el grado de conflictividad que el gobierno esté dispuesto a provocar y soportar políticamente.
El anuncio de los jubilados se amolda perfectamente a ese dilema. Sin esa inyección de dinero, es muy probable que en el futuro haya menos inflación pero también menos consumo y más desempleo. La misma lógica se aplica en relación al grado de apertura de la economía, otro de los dilemas que enfrenta el equipo económico. Con fronteras más abiertas habría algunos precios más bajos. Pero también varias persianas.
