Pegar primero y negociar después, la táctica del macrismo. Las tratativas democráticas por un lado, el creciente abuso de la ilegalidad. Vidal reforma por decreto el Código Penal, un ejemplo más. Un nuevo fallo de la Corte a gusto y paladar del macrismo. La velocidad y el sentido de la sentencia. Las reacciones que siguen y crecen. Un recuerdo de las matanzas de la dictadura “Libertadora”.
Por Mario Wainfeld
El blanqueo, de entrada, iba a ser un oasis magnánimo para evasores, lavadores, comprendiendo a funcionarios de alto rango nacionales y provinciales, anche a legisladores. El gobierno fue acotando la generosidad, demasiado obvia para quien se le quemaron los papeles en Panamá. La discusión de ese capítulo de la ley ómnibus reitera un juego del roles entre el macrismo y las oposiciones. El Gobierno remite su proyecto, pletórico de planteos de máxima, la oposición complaciente objeta partes. Hay supresiones, correcciones, agregados. Las auto celebraciones vienen en combo: he ahí el diálogo, la capacidad de rectificación del oficialismo. A veces las descripciones halagadoras se asemejan a la realidad, en la mayoría de los casos no es para tanto.
Como la gimnasia se hace rutina, se entiende que la primera moción del macrismo prevé instancias de regateo: es un cebo ofertado para que se acepte lo principal, retractando accesorios.
De cualquier forma, los tiras y aflojes tienen su lógica. Las tratativas y transacciones son parte del sistema democrático. Lo central son el contenido de la ley ómnibus y la metodología legislativa elegida. Un proyecto tan enciclopédico es una trampa caza bobos que contiene otras pequeñas dentro, como una mamushka.
La mala praxis parlamentaria se agrava si se agregan nuevos artículos que deberían tratarse por separado. El debate en general será imperfecto, casi un simulacro. El debate en particular se asoma al riesgo de desnaturalizar el texto con tachaduras, zurcidos y parches. Una ley debe tener un grado alto de coherencia interna, pasible de ser desvirtuado cuando se meten muchas manos en un plato.
Los pedidos de máxima, negociables si hay reacciones, no son lo más grave. El problema central, la marca de fábrica, es cuando el presidente Mauricio Macri o su “equipo” deciden medidas ilegales o inconstitucionales. Pulsan las respuestas institucionales o sociales, eventualmente dan un paso atrás. Comentan que se incurrió en un “error” que los induce a nuevas auto alabanzas.
Claro que la legalidad o la inconstitucionalidad no son negociables. La recurrencia en quebrar esos límites es un patrón de conducta que revela la desaprensión M. Y da una pista acerca de cómo gobernaría el presidente Mauricio Macri si no mediaran contrapesos políticos y resistencias populares.
El Gobierno aguza la mirada, pone la lupa y percibe (escasos) “brotes verdes” en la economía. Los brotes autoritarios, evidentes y habituales, son invisibles a sus ojos. Un patrón de conducta y no una azarosa sumatoria de deslices.
El nombramiento por decreto de dos miembros de la Corte Suprema fue pionero. Lo siguen, cada vez con mayor frecuencia, otras acciones. Por ejemplo, los aumentos de tarifas de servicios públicos sin audiencia pública son ilícitos, más allá de la exorbitancia.
En la semana que hoy acaba, Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal se tiraron dos lances tremendos: tipificaron como delito divulgar informaciones sobre datos fiscales: “Mauricio” quiso colarlo en la ley ómnibus. “María Eugenia” en un decreto.
Esto dicho, la medida de la mandataria bonaerense es mucho más grave que la de su líder nacional. Criminalizar la libertad de expresión es siempre abominable, que la gobernadora reforme el Código Penal añade un plus de ilicitud: solo puede hacerse a través de una ley, del Congreso nacional.
Es ostensible que se arrogó facultades extraordinarias adrede, en consonancia temporal e ideológica con la “doctrina” sentada por el presidente, que fue denunciada por este diario. No pasó, porque alguien pegó el grito.
Los artículos respectivos, su lectura lo revela, fueron redactados por especialistas: hay menciones al Código penal, remisiones a otras normas, jerga técnica. No medió distracción sino intencionalidad.
– – –
Más excesos que errores: Los “errores” siempre se caen para el mismo lado, a derecha. El macrismo no incurrió en un exceso de compasión con los usuarios de servicios públicos. Ni se le filtró por negligencia una concesión a quienes investiguen hechos presuntamente amparados por el “secreto fiscal”.
Las subas se destinan a mejorar la ecuación económica de las empresas. Lo explica bien Tomás Aguerre en un post del blog Artepolítica que citamos y glosamos acá. “Hay una apuesta concreta por recomponer los márgenes de rentabilidad sostenida en el presupuesto ideológico de que es la condición necesaria para que ‘se realicen las inversiones’”. No es forzoso sino una opción. El estado renuncia a exigir inversiones como contrapartida de la mejora de los ingresos, una cláusula habitual o sensata en cualquier país democrático. Enunciar que el aumento es “necesario” no convalida su magnitud ni la transigencia con las concesionarias.
Es indiciaria la conducta del gobierno que sigue apelando las medidas cautelares y no ha dictado todavía las nuevas reglas que pactó verbalmente con los gobernadores. En algunos terrenos, opera a toda velocidad. En otros, se toma su tiempo.
El cuadro tarifario es cuestionado por cientos de miles de ciudadanos, intendentes, gobernadores y asociaciones de defensa de consumidores. La atención a clubes de barrio, empresas recuperadas, pequeñas empresas privadas discurre con freno de mano puesto, en segundo plano. Pertenecer tiene sus privilegios.
– – –
Cresta Roja, dos versiones: Pocos días atrás, Macri anunció la reapertura de Cresta Roja, la solución para un problema complejo. Los trabajadores de la empresa protestan encadenados en la calle, afrontando el frío. La diversidad de pareceres, en asuntos así, dista de ser una polémica entre pares o algo para festejar. El Gobierno habla por un lado mientras retacea recursos que posee para apuntalar empresas en situaciones de crisis. Los Programas REPRO se amarretean. La subejecución es, de nuevo, premeditada porque se desea archivar la herramienta.
La diferencia con la gestión anterior es notoria. Otro es “el camino elegido” que ensalza el presidente aunque asumiendo que “muchos” sufren. Un relevamiento entre clases sociales ayudaría a precisar cómo se redistribuyen regresivamente el gozo y el sufrimiento.
– – –
Pro patronal, la Corte: Un gobierno de patrones acogió con placer la nueva ayudita de la Corte Suprema. El tribunal, minimizado por donde se lo mire, convalidó el despido de Francisco Orellano. Había sido echado por la Sociedad anónima Estatal Correo Argentino por haber participado en una huelga no convocada por el sindicato que representa a los trabajadores del sector.
El despido sucedió en 2009. La causa recaló en los altos estrados de la Corte en el año 2013. Las sentencias laborales de primera instancia y Cámara le habían dado la razón a Orellano. La segunda ordenó su reincorporación. En septiembre del año pasado, la Corte convocó a una audiencia pública. Los números cantan: tres años desde el comienzo del trámite en la Corte, seis meses desde la audiencia. Cero apuro demostraron antes los Supremos quienes se manejan con la prudencia y la velocidad de las tortugas. El tribunal es lento por idiosincrasia, los expedientes se eternizan. Si sigue vigente el proverbio “la Justicia lenta no es justicia”, es diáfano que la Corte no la imparte casi nunca.
La Corte escogió este expediente entre la parva de expedientes añosos interviniendo en el contexto político. Emitió una señal pro patronal (valgan las dos palabras) que le cae como anillo al dedo al gobierno y a las empresas.
El núcleo de la decisión fue que el derecho de huelga es potestad exclusiva de los sindicatos. Restringirlo en extremo, justo ahora, derrocha intencionalidad y alineamiento. Refuerza el poder patronal y debilita el de los laburantes.
El Poder Judicial es tendencialmente pro cíclico en materia política, los Cortesanos dan el ejemplo. Orellano todavía trabaja en la empresa, ahora está en peligro de ser puesto de patitas en la calle.
El Tribunal podría sumarlo en su ábaco. Se cuentan por centenares los despedidos del Registro Nacional de Trabajadores y Empleados Agrarios (RENATEA) a quienes dejó a la intemperie en otro fallo vergonzoso, concomitante con la llegada de Macri al poder.
Esta misma semana, en Página/12, abogados laboralistas denunciaron en una columna la pésima gestión de Lorenzetti respecto de los tribunales del Trabajo. Presupuesto irrisorio, infraestructura caduca que maltrata a personas del común. Y hasta un sistema informático carísimo y de nula funcionalidad que el presidente de la Corte ordenó adquirir.
La floja sensibilidad de la Corte en materia laboral es proverbial, se agrava con su achicamiento por razones conocidas.
Mete pavor pensar que un abogado de corporaciones, Horacio Rosenkrantz, está en antesala para engrosar el cuerpo. No es que pueda empeorar mucho lo existente pero…
– – –
Abundancias y tácticas: El conflicto de intereses de funcionarios no es negociable porque la ley de Ética pública demarca límites innegables. El tópico es ajeno a la agenda del macrismo y sus adláteres periodísticos y académicos. Crece la dotación de personajes que regentean áreas vinculadas estrechamente a sus intereses. A los conocidos casos de los ministros Juan José Aranguren y Ricardo Buryaile se suma el nuevo CEO de YPF, Ricardo Darré, que hasta ayer tenía puesta la camiseta la petrolera francesa Total. Agarrate Catalina.
El Gobierno opera como un “neoliberalismo positivista” bautiza el antropólogo Alejandro Grimson. O como un vandorismo market friendly, pongalé: pega primero, ve si negocia después. Los damnificados por las políticas populares se han percatado y recurren, crecientemente, a la acción directa.
Los gurúes económicos del macrismo confían cada vez menos en la política monetaria del Banco Central para bajar la inflación. La clave para lograrlo es la recesión, un remedio peor que la enfermedad. El círculo vicioso de los ajustes acecha: reducción del consumo popular, del Producto Bruto Interno. Las suspensiones y la salvaje apertura de importaciones preanuncian que la segunda mitad del año será más pródiga en despidos que la primera.
La falta de una fuerza política que conjugue todos los reclamos es una ventaja coyuntural del macrismo. Las movilizaciones, las huelgas, los amparos, los cortes de calles comprueban que “la gente” no espera a ese Godot para protagonizar un abanico de protestas sectoriales.
El segundo semestre está al caer. Si llovieran dólares, posiblemente se escarcharían o harían nieve antes de tocar el suelo en casi todos los parajes de la República. El frío otoñal batió records, justo cuando el gas se fue a las nubes. El invierno será duro, con padeceres mal repartidos.
[email protected]
Por Mario Wainfeld
El blanqueo, de entrada, iba a ser un oasis magnánimo para evasores, lavadores, comprendiendo a funcionarios de alto rango nacionales y provinciales, anche a legisladores. El gobierno fue acotando la generosidad, demasiado obvia para quien se le quemaron los papeles en Panamá. La discusión de ese capítulo de la ley ómnibus reitera un juego del roles entre el macrismo y las oposiciones. El Gobierno remite su proyecto, pletórico de planteos de máxima, la oposición complaciente objeta partes. Hay supresiones, correcciones, agregados. Las auto celebraciones vienen en combo: he ahí el diálogo, la capacidad de rectificación del oficialismo. A veces las descripciones halagadoras se asemejan a la realidad, en la mayoría de los casos no es para tanto.
Como la gimnasia se hace rutina, se entiende que la primera moción del macrismo prevé instancias de regateo: es un cebo ofertado para que se acepte lo principal, retractando accesorios.
De cualquier forma, los tiras y aflojes tienen su lógica. Las tratativas y transacciones son parte del sistema democrático. Lo central son el contenido de la ley ómnibus y la metodología legislativa elegida. Un proyecto tan enciclopédico es una trampa caza bobos que contiene otras pequeñas dentro, como una mamushka.
La mala praxis parlamentaria se agrava si se agregan nuevos artículos que deberían tratarse por separado. El debate en general será imperfecto, casi un simulacro. El debate en particular se asoma al riesgo de desnaturalizar el texto con tachaduras, zurcidos y parches. Una ley debe tener un grado alto de coherencia interna, pasible de ser desvirtuado cuando se meten muchas manos en un plato.
Los pedidos de máxima, negociables si hay reacciones, no son lo más grave. El problema central, la marca de fábrica, es cuando el presidente Mauricio Macri o su “equipo” deciden medidas ilegales o inconstitucionales. Pulsan las respuestas institucionales o sociales, eventualmente dan un paso atrás. Comentan que se incurrió en un “error” que los induce a nuevas auto alabanzas.
Claro que la legalidad o la inconstitucionalidad no son negociables. La recurrencia en quebrar esos límites es un patrón de conducta que revela la desaprensión M. Y da una pista acerca de cómo gobernaría el presidente Mauricio Macri si no mediaran contrapesos políticos y resistencias populares.
El Gobierno aguza la mirada, pone la lupa y percibe (escasos) “brotes verdes” en la economía. Los brotes autoritarios, evidentes y habituales, son invisibles a sus ojos. Un patrón de conducta y no una azarosa sumatoria de deslices.
El nombramiento por decreto de dos miembros de la Corte Suprema fue pionero. Lo siguen, cada vez con mayor frecuencia, otras acciones. Por ejemplo, los aumentos de tarifas de servicios públicos sin audiencia pública son ilícitos, más allá de la exorbitancia.
En la semana que hoy acaba, Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal se tiraron dos lances tremendos: tipificaron como delito divulgar informaciones sobre datos fiscales: “Mauricio” quiso colarlo en la ley ómnibus. “María Eugenia” en un decreto.
Esto dicho, la medida de la mandataria bonaerense es mucho más grave que la de su líder nacional. Criminalizar la libertad de expresión es siempre abominable, que la gobernadora reforme el Código Penal añade un plus de ilicitud: solo puede hacerse a través de una ley, del Congreso nacional.
Es ostensible que se arrogó facultades extraordinarias adrede, en consonancia temporal e ideológica con la “doctrina” sentada por el presidente, que fue denunciada por este diario. No pasó, porque alguien pegó el grito.
Los artículos respectivos, su lectura lo revela, fueron redactados por especialistas: hay menciones al Código penal, remisiones a otras normas, jerga técnica. No medió distracción sino intencionalidad.
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Más excesos que errores: Los “errores” siempre se caen para el mismo lado, a derecha. El macrismo no incurrió en un exceso de compasión con los usuarios de servicios públicos. Ni se le filtró por negligencia una concesión a quienes investiguen hechos presuntamente amparados por el “secreto fiscal”.
Las subas se destinan a mejorar la ecuación económica de las empresas. Lo explica bien Tomás Aguerre en un post del blog Artepolítica que citamos y glosamos acá. “Hay una apuesta concreta por recomponer los márgenes de rentabilidad sostenida en el presupuesto ideológico de que es la condición necesaria para que ‘se realicen las inversiones’”. No es forzoso sino una opción. El estado renuncia a exigir inversiones como contrapartida de la mejora de los ingresos, una cláusula habitual o sensata en cualquier país democrático. Enunciar que el aumento es “necesario” no convalida su magnitud ni la transigencia con las concesionarias.
Es indiciaria la conducta del gobierno que sigue apelando las medidas cautelares y no ha dictado todavía las nuevas reglas que pactó verbalmente con los gobernadores. En algunos terrenos, opera a toda velocidad. En otros, se toma su tiempo.
El cuadro tarifario es cuestionado por cientos de miles de ciudadanos, intendentes, gobernadores y asociaciones de defensa de consumidores. La atención a clubes de barrio, empresas recuperadas, pequeñas empresas privadas discurre con freno de mano puesto, en segundo plano. Pertenecer tiene sus privilegios.
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Cresta Roja, dos versiones: Pocos días atrás, Macri anunció la reapertura de Cresta Roja, la solución para un problema complejo. Los trabajadores de la empresa protestan encadenados en la calle, afrontando el frío. La diversidad de pareceres, en asuntos así, dista de ser una polémica entre pares o algo para festejar. El Gobierno habla por un lado mientras retacea recursos que posee para apuntalar empresas en situaciones de crisis. Los Programas REPRO se amarretean. La subejecución es, de nuevo, premeditada porque se desea archivar la herramienta.
La diferencia con la gestión anterior es notoria. Otro es “el camino elegido” que ensalza el presidente aunque asumiendo que “muchos” sufren. Un relevamiento entre clases sociales ayudaría a precisar cómo se redistribuyen regresivamente el gozo y el sufrimiento.
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Pro patronal, la Corte: Un gobierno de patrones acogió con placer la nueva ayudita de la Corte Suprema. El tribunal, minimizado por donde se lo mire, convalidó el despido de Francisco Orellano. Había sido echado por la Sociedad anónima Estatal Correo Argentino por haber participado en una huelga no convocada por el sindicato que representa a los trabajadores del sector.
El despido sucedió en 2009. La causa recaló en los altos estrados de la Corte en el año 2013. Las sentencias laborales de primera instancia y Cámara le habían dado la razón a Orellano. La segunda ordenó su reincorporación. En septiembre del año pasado, la Corte convocó a una audiencia pública. Los números cantan: tres años desde el comienzo del trámite en la Corte, seis meses desde la audiencia. Cero apuro demostraron antes los Supremos quienes se manejan con la prudencia y la velocidad de las tortugas. El tribunal es lento por idiosincrasia, los expedientes se eternizan. Si sigue vigente el proverbio “la Justicia lenta no es justicia”, es diáfano que la Corte no la imparte casi nunca.
La Corte escogió este expediente entre la parva de expedientes añosos interviniendo en el contexto político. Emitió una señal pro patronal (valgan las dos palabras) que le cae como anillo al dedo al gobierno y a las empresas.
El núcleo de la decisión fue que el derecho de huelga es potestad exclusiva de los sindicatos. Restringirlo en extremo, justo ahora, derrocha intencionalidad y alineamiento. Refuerza el poder patronal y debilita el de los laburantes.
El Poder Judicial es tendencialmente pro cíclico en materia política, los Cortesanos dan el ejemplo. Orellano todavía trabaja en la empresa, ahora está en peligro de ser puesto de patitas en la calle.
El Tribunal podría sumarlo en su ábaco. Se cuentan por centenares los despedidos del Registro Nacional de Trabajadores y Empleados Agrarios (RENATEA) a quienes dejó a la intemperie en otro fallo vergonzoso, concomitante con la llegada de Macri al poder.
Esta misma semana, en Página/12, abogados laboralistas denunciaron en una columna la pésima gestión de Lorenzetti respecto de los tribunales del Trabajo. Presupuesto irrisorio, infraestructura caduca que maltrata a personas del común. Y hasta un sistema informático carísimo y de nula funcionalidad que el presidente de la Corte ordenó adquirir.
La floja sensibilidad de la Corte en materia laboral es proverbial, se agrava con su achicamiento por razones conocidas.
Mete pavor pensar que un abogado de corporaciones, Horacio Rosenkrantz, está en antesala para engrosar el cuerpo. No es que pueda empeorar mucho lo existente pero…
– – –
Abundancias y tácticas: El conflicto de intereses de funcionarios no es negociable porque la ley de Ética pública demarca límites innegables. El tópico es ajeno a la agenda del macrismo y sus adláteres periodísticos y académicos. Crece la dotación de personajes que regentean áreas vinculadas estrechamente a sus intereses. A los conocidos casos de los ministros Juan José Aranguren y Ricardo Buryaile se suma el nuevo CEO de YPF, Ricardo Darré, que hasta ayer tenía puesta la camiseta la petrolera francesa Total. Agarrate Catalina.
El Gobierno opera como un “neoliberalismo positivista” bautiza el antropólogo Alejandro Grimson. O como un vandorismo market friendly, pongalé: pega primero, ve si negocia después. Los damnificados por las políticas populares se han percatado y recurren, crecientemente, a la acción directa.
Los gurúes económicos del macrismo confían cada vez menos en la política monetaria del Banco Central para bajar la inflación. La clave para lograrlo es la recesión, un remedio peor que la enfermedad. El círculo vicioso de los ajustes acecha: reducción del consumo popular, del Producto Bruto Interno. Las suspensiones y la salvaje apertura de importaciones preanuncian que la segunda mitad del año será más pródiga en despidos que la primera.
La falta de una fuerza política que conjugue todos los reclamos es una ventaja coyuntural del macrismo. Las movilizaciones, las huelgas, los amparos, los cortes de calles comprueban que “la gente” no espera a ese Godot para protagonizar un abanico de protestas sectoriales.
El segundo semestre está al caer. Si llovieran dólares, posiblemente se escarcharían o harían nieve antes de tocar el suelo en casi todos los parajes de la República. El frío otoñal batió records, justo cuando el gas se fue a las nubes. El invierno será duro, con padeceres mal repartidos.
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