No hubo una evaluación política del cacerolazo, se sincera un vocero del gobierno nacional. Convocadas inicialmente por organizaciones de la sociedad civil, miles de personas se movilizaron la noche del jueves en las principales ciudades de país en protesta por el tarifazo en los servicios públicos. La protesta, la primera contra el gobierno de Mauricio Macri, terminó por adquirir una fuerte impronta opositora, militante, que acaso desvirtuó el llamado original. Pero el mensaje, evaluado o no, fue enviado.
El gobierno había dispuesto días antes una segunda rectificación del cuadro tarifario para el gas, después de que un fallo de la justicia federal suspendió los aumentos. Según el nuevo esquema, las subas no deberían superar el 400% respecto de la boleta recibida el año pasado para igual período, cualquiera hubiera sido el nivel de consumo. Corrige el criterio aplicado en la primera rectificación, de comienzos de junio, que disponía un tope del 400% de aumento sólo para los casos de igual o menor consumo. Contra esa ambición de fomentar el ahorro, el frío hizo lo suyo: nadie consumió menos gas este año y volvieron a aparecer subas de un 1.000%. El ala política del gobierno insiste en responsabilizar al ministro de Energía Juan José Aranguren por la redacción de la letra chica, pero la verdad es que aquel acuerdo lo refrendaron todos, en la Sala de los Escudos del ministerio del Interior, con el acompañamiento y la anuencia de los gobernadores.
Nadie anticipó una tarea fácil. Según un trabajo de la Asociación Argentina del Presupuesto y el Instituto Argentino de la Energía los subsidios a la energía pasaron de representar el 0,2% del PBI en 2005 al 2,9% del PBI en 2015. Los subsidios a su vez aumentaron su incidencia en el gasto: de 1,5% de total en 2005 al 12,3% en 2014. La recomposición de las tarifas fue una de las primeras medidas con las que intentó avanzar Cristina Kirchner al asumir su segundo mandato, todavía vestida de negro y en el pico de su imagen pública, a finales de 2011. La “sintonía fina” de Julio de Vido, responsable de aquel colosal incremento, naufragó pronto en la justicia, igual que otros velados intentos de ajuste en el gas que fueron validados por la Procuración y todavía están en manos de la Corte Suprema. Bien mirado, nada se logró desde entonces: la Cámara federal de La Plata ratificó el viernes el fallo que suspende los aumentos –con ellos la tarifa social para 1,5 millón de hogares en todo el país– y se descarta que el gobierno consiga que un tribunal de feria revise la medida. No debe esperarse ninguna otra cosa hasta los primeros días de agosto.
CFK y De Vido. “Sintonía fina”
El gobierno ha dicho desde el comienzo que su objetivo es generar las condiciones para que haya más energía y que la prioridad de los aumentos no es el ahorro fiscal. Hasta ahora ha cumplido sólo con lo segundo: la primera corrección en las tarifas de gas tenía previsto un costo fiscal de $2.250 millones de pesos; la última corrección amplió el gasto hasta los $11.800 millones. No hay quejas en público desde el ministerio de Hacienda: Prat Gay sostuvo esta semana que la variación no compromete la meta del 4,8% de déficit prevista para este año, que no preveía aumentos en las tarifas del gas superiores al 400%. Probablemente cierto. Lo que refuerza la pregunta acerca de por qué se dispuso de esos aumentos . “Vamos con la gallega del GPS”, dijo uno de los seis ministros del área económica cuando se le preguntó por las idas y venidas de un gobierno errabundo.
Macri está dirigiendo lo que considera una batalla cultural. Busca cambiar comportamientos arraigados de una sociedad difícil de clasificar. Una consulta encargada a Giacobbe & Asociados realizada entre el martes y el miércoles y que llegó a los despachos la noche del viernes muestra que el 71,1% cree que las tarifas estaban atrasadas; el 51,3% dice que si el costo real de los servicios públicos es superior al que se cobra a los usuarios, la diferencia debe pagarla el Estado, recortando recursos de otras áreas o incluso emitiendo. Finalmente, el 61,8% cree que la rectificación de políticas es una señal de inteligencia; un 37,6%, de torpeza.
Gustavo Lopetegui, vicejefe de Gabinete, suele decir que hay que encadenar cuatro compras consecutivas sin aumentos en el supermercado para percibir la baja de la inflación. La cadena se rompió en junio: el IPC dio 3,1%, fue menor en casi un punto al de mayo pero mostró alzas en precios que, como el de los alimentos, el gobierno creía estabilizados. Hay que revisar las libretas de apuntes: se esperaba una inflación por debajo del 3%, poco influenciada ya por el alza de las tarifas.
Algunos gobernadores advierten problemas para asimilar recortes en la coparticipación de la baja en Ganancias, del IVA en la canasta y de los incentivos a pymes y autopartistas, aprobados el miércoles en el Senado. La reimposición del Fondo de Reparación del conurbano bonaerense podría representar una pérdida de $1.300 millones para Río Negro, estima la provincia. Algunos intendentes del GBA registran una caída en la recaudación de la tasa municipal, la primera que se deja de pagar en tiempo de crisis. No son sólo las tarifas: se está configurando un escenario lleno de desafíos para el proyecto de Macri.
El gobierno había dispuesto días antes una segunda rectificación del cuadro tarifario para el gas, después de que un fallo de la justicia federal suspendió los aumentos. Según el nuevo esquema, las subas no deberían superar el 400% respecto de la boleta recibida el año pasado para igual período, cualquiera hubiera sido el nivel de consumo. Corrige el criterio aplicado en la primera rectificación, de comienzos de junio, que disponía un tope del 400% de aumento sólo para los casos de igual o menor consumo. Contra esa ambición de fomentar el ahorro, el frío hizo lo suyo: nadie consumió menos gas este año y volvieron a aparecer subas de un 1.000%. El ala política del gobierno insiste en responsabilizar al ministro de Energía Juan José Aranguren por la redacción de la letra chica, pero la verdad es que aquel acuerdo lo refrendaron todos, en la Sala de los Escudos del ministerio del Interior, con el acompañamiento y la anuencia de los gobernadores.
Nadie anticipó una tarea fácil. Según un trabajo de la Asociación Argentina del Presupuesto y el Instituto Argentino de la Energía los subsidios a la energía pasaron de representar el 0,2% del PBI en 2005 al 2,9% del PBI en 2015. Los subsidios a su vez aumentaron su incidencia en el gasto: de 1,5% de total en 2005 al 12,3% en 2014. La recomposición de las tarifas fue una de las primeras medidas con las que intentó avanzar Cristina Kirchner al asumir su segundo mandato, todavía vestida de negro y en el pico de su imagen pública, a finales de 2011. La “sintonía fina” de Julio de Vido, responsable de aquel colosal incremento, naufragó pronto en la justicia, igual que otros velados intentos de ajuste en el gas que fueron validados por la Procuración y todavía están en manos de la Corte Suprema. Bien mirado, nada se logró desde entonces: la Cámara federal de La Plata ratificó el viernes el fallo que suspende los aumentos –con ellos la tarifa social para 1,5 millón de hogares en todo el país– y se descarta que el gobierno consiga que un tribunal de feria revise la medida. No debe esperarse ninguna otra cosa hasta los primeros días de agosto.
CFK y De Vido. “Sintonía fina”
El gobierno ha dicho desde el comienzo que su objetivo es generar las condiciones para que haya más energía y que la prioridad de los aumentos no es el ahorro fiscal. Hasta ahora ha cumplido sólo con lo segundo: la primera corrección en las tarifas de gas tenía previsto un costo fiscal de $2.250 millones de pesos; la última corrección amplió el gasto hasta los $11.800 millones. No hay quejas en público desde el ministerio de Hacienda: Prat Gay sostuvo esta semana que la variación no compromete la meta del 4,8% de déficit prevista para este año, que no preveía aumentos en las tarifas del gas superiores al 400%. Probablemente cierto. Lo que refuerza la pregunta acerca de por qué se dispuso de esos aumentos . “Vamos con la gallega del GPS”, dijo uno de los seis ministros del área económica cuando se le preguntó por las idas y venidas de un gobierno errabundo.
Macri está dirigiendo lo que considera una batalla cultural. Busca cambiar comportamientos arraigados de una sociedad difícil de clasificar. Una consulta encargada a Giacobbe & Asociados realizada entre el martes y el miércoles y que llegó a los despachos la noche del viernes muestra que el 71,1% cree que las tarifas estaban atrasadas; el 51,3% dice que si el costo real de los servicios públicos es superior al que se cobra a los usuarios, la diferencia debe pagarla el Estado, recortando recursos de otras áreas o incluso emitiendo. Finalmente, el 61,8% cree que la rectificación de políticas es una señal de inteligencia; un 37,6%, de torpeza.
Gustavo Lopetegui, vicejefe de Gabinete, suele decir que hay que encadenar cuatro compras consecutivas sin aumentos en el supermercado para percibir la baja de la inflación. La cadena se rompió en junio: el IPC dio 3,1%, fue menor en casi un punto al de mayo pero mostró alzas en precios que, como el de los alimentos, el gobierno creía estabilizados. Hay que revisar las libretas de apuntes: se esperaba una inflación por debajo del 3%, poco influenciada ya por el alza de las tarifas.
Algunos gobernadores advierten problemas para asimilar recortes en la coparticipación de la baja en Ganancias, del IVA en la canasta y de los incentivos a pymes y autopartistas, aprobados el miércoles en el Senado. La reimposición del Fondo de Reparación del conurbano bonaerense podría representar una pérdida de $1.300 millones para Río Negro, estima la provincia. Algunos intendentes del GBA registran una caída en la recaudación de la tasa municipal, la primera que se deja de pagar en tiempo de crisis. No son sólo las tarifas: se está configurando un escenario lleno de desafíos para el proyecto de Macri.
