Dice uno de los tres ministros con más peso en el Gabinete: “Lo más difícil que teníamos que hacer era lo de las tarifas del gas y lo hicimos mal. Ahora se está arreglando. Es un problema sobre todo de la clase media. Las cosas van a mejorar, pero el costo político lo pagamos igual”.
Dice otro de los tres ministros con más peso en el Gabinete: “Cuando se acomode el aumento del gas se terminan las malas noticias. Los aumentos de luz, transporte y agua ya están asimilados. La inflación sigue bajando. La obra pública se está moviendo y van a llegar inversiones antes de fin de año”.
No hay discordia profunda entre las miradas de los dos ministros, más allá de lo aparente e indudable. En cualquier caso, la impronta optimista de Mauricio Macri se impone en el ánimo de su equipo.
Sin embargo, más allá del discurso el Presidente parece haber percibido que su buena relación con una amplia franja social está afectada por las torpes y engorrosas idas y vueltas con el tarifazo. Y él mismo salió a ocupar el espacio público que no alcanzan a abarcar las redes sociales, con una seguidilla de entrevistas en la televisión abierta.
Macri es el activo político más importante del Gobierno. Que haya salido a ponerlo sobre el escenario muestra que el malestar social acumulado por la inflación y las tarifas es más delicado de lo que las palabras oficiales admiten.
Según con quién se hable en el Gabinete, puede escucharse una versión optimista sobre el inminente comienzo del pago de juicios y ajuste de haberes a 2.400.000 jubilados; la devolución del IVA a los alimentos para los sectores más necesitados, que abarca a 8 millones de compatriotas; o la aplicación de la tarifa social en los servicios –que acaban de ser aumentados– con un radio de alcance de más de 7 millones de personas.
Pero otras voces advierten que implementar el beneficio para los jubilados supone un desafío administrativo y de gestión monumental. Sobre eso les vienen advirtiendo en privado aliados de circunstancia como Sergio Massa y Diego Bossio, que pasaron por la conducción del ANSeS en tiempos de Néstor y de Cristina Kirchner, cuyos gobiernos nunca consideraron tomar estas medidas que sí decidió Macri.
La clave de lo que viene, dicen en el Gobierno, es que baje la inflación y repunte la actividad económica. Aseguran que las dos cosas están empezando a suceder. No es un diagnóstico revelador. Pero se dice más fácil de lo que se hace.
Mientras tanto, incluso más allá del tarifazo, los números siguen agobiando. Los precios mayoristas aumentaron 2,9% en junio según el INDEC. El consumo en supermercados cayó 6,4% en el mismo mes, por la baja en la venta de alimentos. En la primera mitad del año, además, creció 3% la pobreza en Capital según datos oficiales. La venta de insumos para la construcción se derrumbó 21% en junio. Y pronósticos privados colocan la inflación de este mes todavía por encima del 2%. Con estos datos es fácil deducir que hay pronóstico inestable para el clima social. Es el peor fantasma que pueda agitarse ante el Gobierno.
En términos políticos el mayor desafío de Macri, y de algún modo de toda la sociedad, es que un gobierno no peronista, que inició su mandato sin mayorías parlamentarias, pueda completar una gestión, con sus logros y sus deudas, y someterse luego al libre escrutinio electoral. Esto, que resulta un hecho natural en países organizados bajo la forma democrática, para la Argentina y los argentinos supone un esfuerzo difícil de afrontar y un objetivo que nunca fue sencillo alcanzar.
En la tarea de sosegar el clima social, el Gobierno trabaja a la vez en dos frentes.
Por un lado están la asistencia directa y los planes de ayuda, heredados del ciclo kirchnerista y sostenidos como un puente inevitable hasta llegar a épocas de menos penuria. En un país con 14 millones de pobres, en un nivel superior al 30%, la ayuda social intensiva puede ser para el macrismo, más que una convicción ideológica, una necesidad política impostergable.
Ese auxilio se gestiona desde el Gobierno nacional, las provincias, los municipios. También mediante las organizaciones sociales, que tienen su propia dinámica y que llegan a sectores donde la política tradicional no llega. Sostenidas por el kirchnerismo en una relación que tuvo fuertes altibajos, y aún manteniendo un diálogo constante con el gobierno de Macri, y con el de María Eugenia Vidal en la Provincia, algunos de esos nucleamientos están empezando a coordinar su acción en la calle.
Es el caso de Barrios de Pie, la CTEP que nuclea a trabajadores de la economía informal y la histórica Corriente Clasista Combativa. Vienen de organizar esta semana un centenar de ollas populares en la Ciudad y preparan otras tantas en todo el país para el martes próximo. Su proyecto más ambicioso es una marcha el 7 de agosto, desde la iglesia San Cayetano a Plaza de Mayo. Planean movilizar unas 30 mil personas, entre vecinos del GBA y militantes.
Todos estos grupos, es bueno señalarlo, tienen su pata política.
Barrios de Pie es la expresión social de Libres del Sur, que lideran Humberto Tumini y Victoria Donda y que, después de estar aliados a Margarita Stolbizer, buscan ahora un acercamiento a Massa.
La CTEP se vincula al Movimiento Evita, de Emilio Pérsico y Fernando Navarro, ex kirchneristas que actúan al interior del peronismo. También contiene a referentes como Juan Grabois, de notoria cercanía con el papa Francisco, que encabeza una organización de cartoneros y recicladores urbanos.
La CCC, con la jefatura de Juan Carlos Alderete, está ligada hace décadas al Partido Comunista Revolucionario, de origen maoísta. Están extendidos en todo el país, con una respetable capacidad de movilización largamente probada.
Todos están en buena relación con el Gobierno pero dicen que “no cumplen lo que prometen, porque les cuesta hacer lo que se proponen o porque no tienen plata”. En cualquier caso, la movilización es la respuesta. Aún cuidando no quebrar la línea, a veces frágil, de la paz social.
El otro frente bajo constante atención del Gobierno es el mundo sindical, que expresa los intereses y necesidades de los trabajadores en blanco, casi privilegiados –obsérvese lo increíble del término– en una economía que todavía tiene a un tercio de su fuerza laboral sumergida en la informalidad y la desprotección.
El punto de referencia aquí son las tres CGT en franco proceso de reunificación, con fecha fijada para el 22 de agosto. Es decisión de las centrales que comandan Hugo Moyano, Antonio Caló y Luis Barrionuevo que la conducción unificada sea ejercida, en principio, por un triunvirato. Los elegidos hoy son el moyanista Juan Carlos Schmid, el diputado massista Héctor Daer y el barrionuevista Carlos Acuña.
Esta elección de triunviros dejó heridos políticos y alguna gente enojada. Por ahora quedan afuera de la conducción unificada dirigentes a los que el Gobierno miraba con más simpatía, como el ruralista Gerónimo Venegas. Pero falta casi un mes para el congreso cegetista y nada está escrito de modo definitivo.
En el camino al 22 de agosto, un plenario de dirigentes que se realizará el día 5 del mes próximo lanzará un documento duro. Y podría incluso proponerle al congreso cegetista la aplicación de un plan de lucha, con paro nacional incluido. Se diga o no, el reclamo también estaría basado en la demora oficial en solucionar las distorsiones del impuesto a las Ganancias, que afectan fuertemente al salario.
El borrador del documento, como anticipó Clarín el viernes, lleva como título “De mal en peor”. El texto acusa al Gobierno de generar “acciones contra los trabajadores”. Pero el grado de dureza efectiva en el reclamo y la acción es hoy motivo de debate intenso en las centrales sindicales.
Entre los más duros está Schmid, quien apunta: “Cerramos las paritarias sin volcar la carretilla; hicimos el gran acto del Día del Trabajador como una señal de advertencia al Gobierno y a las fuerzas políticas; ahora marchamos a la unificación de la CGT como contribución al ordenamiento general que necesita el país. ¿Qué más nos pueden pedir?” Frente a este panorama, el Gobierno juega la carta fuerte del acuerdo con los gremios para devolverles, por distintas vías y en varias etapas, los 29.000 millones de pesos retenidos a las obras sociales y que el kirchnerismo nunca les reconoció. Eso vendría en el marco de una reforma amplia al sistema de salud, según reveló Clarín hace dos semanas.
“Ese acuerdo está”, reconocen en la Casa Rosada. Pero agregan que “hay otras cosas que estamos hablando” con los sindicalistas. Algunas de esas cuestiones podrían traducirse en hechos y medidas concretas antes de la unificación cegetista.
Fuentes sindicales y políticas del peronismo señalan que una de esas cartas escondidas sería el compromiso del Gobierno de no hacer suyo un proyecto de Elisa Carrió que alteró a las jerarquías sindicales. La diputada y aliada preferencial de Macri pretende incluir a los gremialistas en la Ley de Etica Pública, obligándolos a presentar a ellos y a los titulares de las obras sociales sus declaraciones juradas. Un ataque de transparencia que indigesta a muchos de esos bravos defensores del obrero.
Siempre según las fuentes directas del peronismo, el jefe del gremio de Obras Sanitarias, José Luis Lingeri, negociador principal por el tema obras sociales, fue comisionado para llevar la inquietud a la Casa Rosada. No habló con Macri. Pero cuentan que se fue tranquilo.
Los jefes sindicales parecen más dispuestos a decir cosas fuertes contra el Gobierno que a concretarlas. Pero eso es hoy. Con los muchachos, mañana nunca se sabe.
Dice otro de los tres ministros con más peso en el Gabinete: “Cuando se acomode el aumento del gas se terminan las malas noticias. Los aumentos de luz, transporte y agua ya están asimilados. La inflación sigue bajando. La obra pública se está moviendo y van a llegar inversiones antes de fin de año”.
No hay discordia profunda entre las miradas de los dos ministros, más allá de lo aparente e indudable. En cualquier caso, la impronta optimista de Mauricio Macri se impone en el ánimo de su equipo.
Sin embargo, más allá del discurso el Presidente parece haber percibido que su buena relación con una amplia franja social está afectada por las torpes y engorrosas idas y vueltas con el tarifazo. Y él mismo salió a ocupar el espacio público que no alcanzan a abarcar las redes sociales, con una seguidilla de entrevistas en la televisión abierta.
Macri es el activo político más importante del Gobierno. Que haya salido a ponerlo sobre el escenario muestra que el malestar social acumulado por la inflación y las tarifas es más delicado de lo que las palabras oficiales admiten.
Según con quién se hable en el Gabinete, puede escucharse una versión optimista sobre el inminente comienzo del pago de juicios y ajuste de haberes a 2.400.000 jubilados; la devolución del IVA a los alimentos para los sectores más necesitados, que abarca a 8 millones de compatriotas; o la aplicación de la tarifa social en los servicios –que acaban de ser aumentados– con un radio de alcance de más de 7 millones de personas.
Pero otras voces advierten que implementar el beneficio para los jubilados supone un desafío administrativo y de gestión monumental. Sobre eso les vienen advirtiendo en privado aliados de circunstancia como Sergio Massa y Diego Bossio, que pasaron por la conducción del ANSeS en tiempos de Néstor y de Cristina Kirchner, cuyos gobiernos nunca consideraron tomar estas medidas que sí decidió Macri.
La clave de lo que viene, dicen en el Gobierno, es que baje la inflación y repunte la actividad económica. Aseguran que las dos cosas están empezando a suceder. No es un diagnóstico revelador. Pero se dice más fácil de lo que se hace.
Mientras tanto, incluso más allá del tarifazo, los números siguen agobiando. Los precios mayoristas aumentaron 2,9% en junio según el INDEC. El consumo en supermercados cayó 6,4% en el mismo mes, por la baja en la venta de alimentos. En la primera mitad del año, además, creció 3% la pobreza en Capital según datos oficiales. La venta de insumos para la construcción se derrumbó 21% en junio. Y pronósticos privados colocan la inflación de este mes todavía por encima del 2%. Con estos datos es fácil deducir que hay pronóstico inestable para el clima social. Es el peor fantasma que pueda agitarse ante el Gobierno.
En términos políticos el mayor desafío de Macri, y de algún modo de toda la sociedad, es que un gobierno no peronista, que inició su mandato sin mayorías parlamentarias, pueda completar una gestión, con sus logros y sus deudas, y someterse luego al libre escrutinio electoral. Esto, que resulta un hecho natural en países organizados bajo la forma democrática, para la Argentina y los argentinos supone un esfuerzo difícil de afrontar y un objetivo que nunca fue sencillo alcanzar.
En la tarea de sosegar el clima social, el Gobierno trabaja a la vez en dos frentes.
Por un lado están la asistencia directa y los planes de ayuda, heredados del ciclo kirchnerista y sostenidos como un puente inevitable hasta llegar a épocas de menos penuria. En un país con 14 millones de pobres, en un nivel superior al 30%, la ayuda social intensiva puede ser para el macrismo, más que una convicción ideológica, una necesidad política impostergable.
Ese auxilio se gestiona desde el Gobierno nacional, las provincias, los municipios. También mediante las organizaciones sociales, que tienen su propia dinámica y que llegan a sectores donde la política tradicional no llega. Sostenidas por el kirchnerismo en una relación que tuvo fuertes altibajos, y aún manteniendo un diálogo constante con el gobierno de Macri, y con el de María Eugenia Vidal en la Provincia, algunos de esos nucleamientos están empezando a coordinar su acción en la calle.
Es el caso de Barrios de Pie, la CTEP que nuclea a trabajadores de la economía informal y la histórica Corriente Clasista Combativa. Vienen de organizar esta semana un centenar de ollas populares en la Ciudad y preparan otras tantas en todo el país para el martes próximo. Su proyecto más ambicioso es una marcha el 7 de agosto, desde la iglesia San Cayetano a Plaza de Mayo. Planean movilizar unas 30 mil personas, entre vecinos del GBA y militantes.
Todos estos grupos, es bueno señalarlo, tienen su pata política.
Barrios de Pie es la expresión social de Libres del Sur, que lideran Humberto Tumini y Victoria Donda y que, después de estar aliados a Margarita Stolbizer, buscan ahora un acercamiento a Massa.
La CTEP se vincula al Movimiento Evita, de Emilio Pérsico y Fernando Navarro, ex kirchneristas que actúan al interior del peronismo. También contiene a referentes como Juan Grabois, de notoria cercanía con el papa Francisco, que encabeza una organización de cartoneros y recicladores urbanos.
La CCC, con la jefatura de Juan Carlos Alderete, está ligada hace décadas al Partido Comunista Revolucionario, de origen maoísta. Están extendidos en todo el país, con una respetable capacidad de movilización largamente probada.
Todos están en buena relación con el Gobierno pero dicen que “no cumplen lo que prometen, porque les cuesta hacer lo que se proponen o porque no tienen plata”. En cualquier caso, la movilización es la respuesta. Aún cuidando no quebrar la línea, a veces frágil, de la paz social.
El otro frente bajo constante atención del Gobierno es el mundo sindical, que expresa los intereses y necesidades de los trabajadores en blanco, casi privilegiados –obsérvese lo increíble del término– en una economía que todavía tiene a un tercio de su fuerza laboral sumergida en la informalidad y la desprotección.
El punto de referencia aquí son las tres CGT en franco proceso de reunificación, con fecha fijada para el 22 de agosto. Es decisión de las centrales que comandan Hugo Moyano, Antonio Caló y Luis Barrionuevo que la conducción unificada sea ejercida, en principio, por un triunvirato. Los elegidos hoy son el moyanista Juan Carlos Schmid, el diputado massista Héctor Daer y el barrionuevista Carlos Acuña.
Esta elección de triunviros dejó heridos políticos y alguna gente enojada. Por ahora quedan afuera de la conducción unificada dirigentes a los que el Gobierno miraba con más simpatía, como el ruralista Gerónimo Venegas. Pero falta casi un mes para el congreso cegetista y nada está escrito de modo definitivo.
En el camino al 22 de agosto, un plenario de dirigentes que se realizará el día 5 del mes próximo lanzará un documento duro. Y podría incluso proponerle al congreso cegetista la aplicación de un plan de lucha, con paro nacional incluido. Se diga o no, el reclamo también estaría basado en la demora oficial en solucionar las distorsiones del impuesto a las Ganancias, que afectan fuertemente al salario.
El borrador del documento, como anticipó Clarín el viernes, lleva como título “De mal en peor”. El texto acusa al Gobierno de generar “acciones contra los trabajadores”. Pero el grado de dureza efectiva en el reclamo y la acción es hoy motivo de debate intenso en las centrales sindicales.
Entre los más duros está Schmid, quien apunta: “Cerramos las paritarias sin volcar la carretilla; hicimos el gran acto del Día del Trabajador como una señal de advertencia al Gobierno y a las fuerzas políticas; ahora marchamos a la unificación de la CGT como contribución al ordenamiento general que necesita el país. ¿Qué más nos pueden pedir?” Frente a este panorama, el Gobierno juega la carta fuerte del acuerdo con los gremios para devolverles, por distintas vías y en varias etapas, los 29.000 millones de pesos retenidos a las obras sociales y que el kirchnerismo nunca les reconoció. Eso vendría en el marco de una reforma amplia al sistema de salud, según reveló Clarín hace dos semanas.
“Ese acuerdo está”, reconocen en la Casa Rosada. Pero agregan que “hay otras cosas que estamos hablando” con los sindicalistas. Algunas de esas cuestiones podrían traducirse en hechos y medidas concretas antes de la unificación cegetista.
Fuentes sindicales y políticas del peronismo señalan que una de esas cartas escondidas sería el compromiso del Gobierno de no hacer suyo un proyecto de Elisa Carrió que alteró a las jerarquías sindicales. La diputada y aliada preferencial de Macri pretende incluir a los gremialistas en la Ley de Etica Pública, obligándolos a presentar a ellos y a los titulares de las obras sociales sus declaraciones juradas. Un ataque de transparencia que indigesta a muchos de esos bravos defensores del obrero.
Siempre según las fuentes directas del peronismo, el jefe del gremio de Obras Sanitarias, José Luis Lingeri, negociador principal por el tema obras sociales, fue comisionado para llevar la inquietud a la Casa Rosada. No habló con Macri. Pero cuentan que se fue tranquilo.
Los jefes sindicales parecen más dispuestos a decir cosas fuertes contra el Gobierno que a concretarlas. Pero eso es hoy. Con los muchachos, mañana nunca se sabe.
