Imagen de 2011 del juicio por la causa conocida como «Automotores Orletti». Eduardo Rodolfo Cabanillas uno de los imputados. Foto: Emiliana Miguelez
Desde febrero pasado juzgados federales de todo el país concedieron decenas de prisiones domiciliarias a militares y policías encarcelados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la represión ilegal de la última dictadura, hace ya más de 30 años pero cuyas consecuencias perduran hasta hoy.
Altas fuentes del Ministerio de Justicia de la Nación indicaron a Clarín que unos 50 militares y ex policías recibieron en estos meses la prisión domiciliaria por ser mayores de 70 años y tener problemas de salud, un beneficio que no es automático y depende del criterio del magistrado.
La Unión de Promociones (UP), de militares y marinos retirados agrupados en apoyo a sus camaradas presos, maneja cifras algo menores, alrededor de 30 nuevas domiciliarias. Como sea, es un número significativo en una población de unos 510 condenados y procesados alojados en cárceles comunes en alrededor de 30 establecimientos penitenciarios de todo el país, entre los que sobresalen Ezeiza, Marcos Paz ó Bower en Córdoba.
No es lo único que se movió tras el fin del gobierno kirchnerista, que fue una pesadilla para los represores. El titular del Episcopado, monseñor José María Arancedo, visitó hace unas semanas a los represores encarcelados. Y en abril el ministro de Defensa, el radical Julio Martínez, habilitó que los presos de lesa humanidad puedan volver a ser atendidos en hospitales militares, lo que había sido prohibido por su antecesor, Agustín Rossi, luego de que dos condenados, Gustavo De Marchi y Jorge Olivera, se fugaran del Hospital Militar Central en julio de 2013.
Mirá también: Arancedo se reunió con presos por delitos de lesa humanidad
El Ejército, que por años cortó lazos también tuvo un giro institucional. Semanas atrás, el jefe de la fuerza, general Diego Suñer, envió un coronel a relevar la situación en las cárceles y transmitió que pondrán empeño en que los mayores de 70 y los enfermos puedan lograr la prisión domiciliaria.
El gobierno macrista ha ratificado la continuidad de los juicios. Cerca del ministro de Justicia, Germán Garavano, sostienen que otorgar domiciliarias “es cuestión de los jueces, no es impunidad sino cumplir con la ley”, y que éstos deciden sin las “presiones” que tuvieron en los gobiernos kirchneristas.
Desde la UP, el coronel retirado Guillermo Viola coincidió: “Levantaron la presión a los juzgados, que han concedido un número de domiciliarias. Garavano ha recibido a familiares, a abogados, cuando antes no había audiencias. Su mensaje es ajustarse a derecho”, expresó el militar, que rechaza “los juicios nulos a quienes combatieron el terrorismo”.
Según las estadísticas de la UP, hay 2.140 militares y ex miembros de fuerzas policiales y de seguridad involucrados en juicios. 1.089 están procesados, 681 condenados, y 370 han muerto, a cifras actualizadas al miércoles pasado. Desde el 10 de diciembre los muertos fueron 28. Los presos -que se consideran a sí mismos “presos políticos”- tienen entre 56 y 96 años, un promedio de edad de 73 años. “La masa eran tenientes, cabos o sargentos, tenían de 20 a 35 años en aquel momento”, indica Viola.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) maneja estadísticas con algunas diferencias. Al 18 de marzo de este año contabilizaba 666 condenados (50 fallecidos) y 59 absueltos. La cifra de acusados en sus registros asciende a 2.389 militares y miembros de fuerzas de seguridad: 1.200 de ellos permanecen libres, 1.132 están detenidos y 49 son considerados prófugos. En sus registros, 452 del total de acusados han fallecido. El CELS indica también que hay 344 civiles acusados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar.
Los presos en cárcel común de mayor rango son dos generales: Eduardo Alfonso -fue secretario ayudante de Martín Balza, y secretario general del Ejército- quien se entregó semanas atrás tras haber estado prófugo varios años en Paraguay; y Eduardo Cabanillas, denunciado por el poeta Juan Gelman por el robo de su nieta y condenado en 2011 a prisión perpetua por su actuación en Automotores Orletti. En cárcel común desde hace una década, Cabanillas (74) inició hace más de una semana en Ezeiza una huelga de hambre en reclamo de prisión domiciliaria.
Desde febrero pasado juzgados federales de todo el país concedieron decenas de prisiones domiciliarias a militares y policías encarcelados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la represión ilegal de la última dictadura, hace ya más de 30 años pero cuyas consecuencias perduran hasta hoy.
Altas fuentes del Ministerio de Justicia de la Nación indicaron a Clarín que unos 50 militares y ex policías recibieron en estos meses la prisión domiciliaria por ser mayores de 70 años y tener problemas de salud, un beneficio que no es automático y depende del criterio del magistrado.
La Unión de Promociones (UP), de militares y marinos retirados agrupados en apoyo a sus camaradas presos, maneja cifras algo menores, alrededor de 30 nuevas domiciliarias. Como sea, es un número significativo en una población de unos 510 condenados y procesados alojados en cárceles comunes en alrededor de 30 establecimientos penitenciarios de todo el país, entre los que sobresalen Ezeiza, Marcos Paz ó Bower en Córdoba.
No es lo único que se movió tras el fin del gobierno kirchnerista, que fue una pesadilla para los represores. El titular del Episcopado, monseñor José María Arancedo, visitó hace unas semanas a los represores encarcelados. Y en abril el ministro de Defensa, el radical Julio Martínez, habilitó que los presos de lesa humanidad puedan volver a ser atendidos en hospitales militares, lo que había sido prohibido por su antecesor, Agustín Rossi, luego de que dos condenados, Gustavo De Marchi y Jorge Olivera, se fugaran del Hospital Militar Central en julio de 2013.
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El Ejército, que por años cortó lazos también tuvo un giro institucional. Semanas atrás, el jefe de la fuerza, general Diego Suñer, envió un coronel a relevar la situación en las cárceles y transmitió que pondrán empeño en que los mayores de 70 y los enfermos puedan lograr la prisión domiciliaria.
El gobierno macrista ha ratificado la continuidad de los juicios. Cerca del ministro de Justicia, Germán Garavano, sostienen que otorgar domiciliarias “es cuestión de los jueces, no es impunidad sino cumplir con la ley”, y que éstos deciden sin las “presiones” que tuvieron en los gobiernos kirchneristas.
Desde la UP, el coronel retirado Guillermo Viola coincidió: “Levantaron la presión a los juzgados, que han concedido un número de domiciliarias. Garavano ha recibido a familiares, a abogados, cuando antes no había audiencias. Su mensaje es ajustarse a derecho”, expresó el militar, que rechaza “los juicios nulos a quienes combatieron el terrorismo”.
Según las estadísticas de la UP, hay 2.140 militares y ex miembros de fuerzas policiales y de seguridad involucrados en juicios. 1.089 están procesados, 681 condenados, y 370 han muerto, a cifras actualizadas al miércoles pasado. Desde el 10 de diciembre los muertos fueron 28. Los presos -que se consideran a sí mismos “presos políticos”- tienen entre 56 y 96 años, un promedio de edad de 73 años. “La masa eran tenientes, cabos o sargentos, tenían de 20 a 35 años en aquel momento”, indica Viola.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) maneja estadísticas con algunas diferencias. Al 18 de marzo de este año contabilizaba 666 condenados (50 fallecidos) y 59 absueltos. La cifra de acusados en sus registros asciende a 2.389 militares y miembros de fuerzas de seguridad: 1.200 de ellos permanecen libres, 1.132 están detenidos y 49 son considerados prófugos. En sus registros, 452 del total de acusados han fallecido. El CELS indica también que hay 344 civiles acusados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar.
Los presos en cárcel común de mayor rango son dos generales: Eduardo Alfonso -fue secretario ayudante de Martín Balza, y secretario general del Ejército- quien se entregó semanas atrás tras haber estado prófugo varios años en Paraguay; y Eduardo Cabanillas, denunciado por el poeta Juan Gelman por el robo de su nieta y condenado en 2011 a prisión perpetua por su actuación en Automotores Orletti. En cárcel común desde hace una década, Cabanillas (74) inició hace más de una semana en Ezeiza una huelga de hambre en reclamo de prisión domiciliaria.
