Por donde se mire aparece plata, plata en cantidad y siempre sacada del mismo lugar: el Tesoro Nacional. Los motivos son variados, desde negociaciones del tipo toma y daca hasta la necesidad de compensar el ajuste con medidas sociales, pero como sea la plata pesa fuerte en las movidas oficiales.
Podría afirmarse que en más de un sentido la muñeca política del macrismo se parece bastante a una muñeca contante y sonante. Quizá resulten pasos inevitables dada la herencia kirchnerista y el apretado espacio de maniobra que dejó, dicen algunos analistas. O excesivos, para los parámetros que maneja el núcleo duro del Gobierno.
Una muestra de estos días va asociada a la reapertura de paritarias que habían pactado aumentos parciales –alrededor del 40% de los convenios– y a la perspectiva de que quienes cerraron incrementos anuales reclamen volver a negociar. Todo, empujado por la inflación.
Tal cual se comentó desde aquí, ese es un temor instalado hace semanas en despachos importantes de la Casa Rosada y corre parejo a la bien fundada presunción de que los aumentos serán trasladados a los precios. Justo cuando cuesta terminar de encarrilar los precios.
La salida, aunque limitada, fue reconocerles a los gremios una deuda del Estado con las obras sociales por $ 30.000 millones, de los cuales unos 22.000 millones irán derecho a las cajas administradas por las cúpulas. Un reconocimiento justo, en cualquier caso, porque se trata de dinero aportado por los afiliados.
Muy probablemente así el Gobierno logre frenar los aprontes de paro general que crecen (o crecían) detrás de la reunificación de la CGT. Y ya nada potencial, volvió a probarse que a los jefes sindicales les sobra experiencia en partidas como éstas.
Lo que nadie puede garantizar es que no habrá reclamos salariales, porque algunos ya han saltado al ruedo y muchos vienen presionados desde abajo, ni tampoco un clima laboral alterado. Es lo que hay, por más esfuerzos que despliegue el jefe de Gabinete, Marcos Peña.
La plata, siempre en cantidad, también está presente en otras decisiones oficiales que son a la vez transacciones.
Devolverles a las provincias el 15% de la coparticipación que les corresponde y hace rato retiene la ANSeS implica, ya el año próximo, un costo calculado en alrededor de $ 13.150 millones. Conocida, la contrapartida es el apoyo de los gobernadores a leyes clave del macrismo.
El pago de deudas largamente reclamadas por los jubilados fue una manera de reparar injusticias y resolver problemas heredados, y también una forma de pavimentar el camino hacia el blanqueo. Una de las dos caras de la moneda, el paquete previsional, comprometería fondos fiscales por $ 63.500 millones.
Todo en poco más de siete meses y con mucho de factura kirchnerista, la seguidilla de medidas impresiona. Pero más impresiona, se verá, la montaña de dinero puesta en el operativo.
Junto a provincias, jubilaciones y a otras cosas, dentro del listado completo figuran los cambios en el impuesto a las Ganancias, la quita a las retenciones del campo y la minería, la devolución del IVA, la ley pyme y el plan primer empleo.
¿Y cuánto cuesta semejante combo? Según estima la consultora ACM, sólo el año que viene $ 248.000 millones, que equivalen al 2,3% del PBI o a actuales 16.200 millones de dólares (ver inforgrafía).
La magnitud de la plata en juego puede ser leída bajo otras dos formas. Una dice que representa el 63% de la recaudación impositiva del primer semestre de 2016. Otra, que casi triplica la suma de los gastos en seguridad, desarrollo social y salud del mismo período.
Evidente, por este lado el ajuste luce ausente. Pero aunque al final todo sea decisión política, aquí también se nota la ausencia de algo parecido a un plan.
Ya está claro que con tamaño paquete a cuestas, y sobre todo porque los reajustes previsionales entraron sobre la marcha, será imposible bajar el déficit fiscal de 2017 tanto como establecía la meta original. Cuánto bajará y si baja se irá viendo, pero la meta ya va camino de ser corregida.
Es que no se llega a cumplirla ni con un buen blanqueo, ni con la venta de acciones en poder de la ANSeS y de participaciones del Estado en algunas generadoras eléctricas o con el aumento de la recaudación impositiva que arrastrará el previsible repunte de la actividad económica.
Tanta plata y tantos cambios juntos y todo bien intrincado suena a festín para los fiscalistas de cualquier palo, que ya palpitan la aparición del proyecto de Presupuesto de 2017. Especialmente porque debiera ser un Presupuesto de verdad, uno que defina objetivos, prioridades y políticas. No las habituales caricaturas kirchneristas, encima cantadas.
Esta vez el problema está en la cocina. Contrariando una regla de hierro, a la Secretaría de Hacienda le han asignado un papel secundario lo cual es igual a decir que Alfonso Prat-Gay tiene un papel secundario: él fue quien llevó al ex diputado kirchnerista Gustavo Marconato a Hacienda, sorteando sacudones internos que ahora rebrotan en hechos.
Según fuentes oficiales, el comando central atiende en la Jefatura de Gabinete, desde donde enarbolan potestades para encarar “definiciones estratégicas” y decidir sobre la “integración de planes y proyectos de las distintas áreas del Gobierno”.
Esas facultades existieron siempre, sólo que esta vez se resolvió aplicarlas y hacia allí van las propuestas de los ministerios en vez de ir adonde solían ir, a la Secretaría de Hacienda. Desde luego, las reuniones tienen lugar en la Jefatura de Gabinete.
Es perceptible que este desplazamiento de funciones disgusta a Prat-Gay, por decir lo menos. Y como en otras cuestiones, lo manifiesta con ciertos comportamientos intramuros, cuidándose, eso sí, de respetar el poder del Presidente.
Especialistas al tanto de los menesteres internos advierten que la elaboración del Presupuesto “viene lenta” y que los tiempos empiezan a apremiar: el 15 de septiembre vence el plazo para presentar el proyecto de ley en Diputados. Y aun cuando ha pasado otras veces, no sería el mejor debut enviarlo fuera de término.
Al margen de algunos detalles que no son tan detalles, hay una lupa grande puesta en la magnitud del déficit y en el cómo se lo piensa financiar.
¿Por qué?, le preguntó Clarín a un ex funcionario de Economía.
Respuesta: “No tanto por cuestiones de técnica fiscal. Sino por otras bien terrenales, porque del Presupuesto saldrá la plata que Argentina deberá tomar en el mercado internacional, y de ahí proyecciones sobre cuál puede ser la tasa de interés y a cuánto cotizarían los bonos que ya circulan en el mercado. Negocios, finalmente”.
Es un combo bastante parecido al que existe con las inversiones empresarias. Pesan sin duda indicadores económicos significativos, como inflación, tasa de interés y demanda, pero pesan en tanto resultan maneras de evaluar la utilidad y dan cierta certeza sobre el tiempo en que será recuperada la plata invertida.
Ni bueno ni malo, así son las cosas en el mundo de los negocios: bien concretas y no tan asociadas a supuestas afinidades. Así son, por más que Mauricio Macri se enoje con los empresarios porque demoran las inversiones.
Podría afirmarse que en más de un sentido la muñeca política del macrismo se parece bastante a una muñeca contante y sonante. Quizá resulten pasos inevitables dada la herencia kirchnerista y el apretado espacio de maniobra que dejó, dicen algunos analistas. O excesivos, para los parámetros que maneja el núcleo duro del Gobierno.
Una muestra de estos días va asociada a la reapertura de paritarias que habían pactado aumentos parciales –alrededor del 40% de los convenios– y a la perspectiva de que quienes cerraron incrementos anuales reclamen volver a negociar. Todo, empujado por la inflación.
Tal cual se comentó desde aquí, ese es un temor instalado hace semanas en despachos importantes de la Casa Rosada y corre parejo a la bien fundada presunción de que los aumentos serán trasladados a los precios. Justo cuando cuesta terminar de encarrilar los precios.
La salida, aunque limitada, fue reconocerles a los gremios una deuda del Estado con las obras sociales por $ 30.000 millones, de los cuales unos 22.000 millones irán derecho a las cajas administradas por las cúpulas. Un reconocimiento justo, en cualquier caso, porque se trata de dinero aportado por los afiliados.
Muy probablemente así el Gobierno logre frenar los aprontes de paro general que crecen (o crecían) detrás de la reunificación de la CGT. Y ya nada potencial, volvió a probarse que a los jefes sindicales les sobra experiencia en partidas como éstas.
Lo que nadie puede garantizar es que no habrá reclamos salariales, porque algunos ya han saltado al ruedo y muchos vienen presionados desde abajo, ni tampoco un clima laboral alterado. Es lo que hay, por más esfuerzos que despliegue el jefe de Gabinete, Marcos Peña.
La plata, siempre en cantidad, también está presente en otras decisiones oficiales que son a la vez transacciones.
Devolverles a las provincias el 15% de la coparticipación que les corresponde y hace rato retiene la ANSeS implica, ya el año próximo, un costo calculado en alrededor de $ 13.150 millones. Conocida, la contrapartida es el apoyo de los gobernadores a leyes clave del macrismo.
El pago de deudas largamente reclamadas por los jubilados fue una manera de reparar injusticias y resolver problemas heredados, y también una forma de pavimentar el camino hacia el blanqueo. Una de las dos caras de la moneda, el paquete previsional, comprometería fondos fiscales por $ 63.500 millones.
Todo en poco más de siete meses y con mucho de factura kirchnerista, la seguidilla de medidas impresiona. Pero más impresiona, se verá, la montaña de dinero puesta en el operativo.
Junto a provincias, jubilaciones y a otras cosas, dentro del listado completo figuran los cambios en el impuesto a las Ganancias, la quita a las retenciones del campo y la minería, la devolución del IVA, la ley pyme y el plan primer empleo.
¿Y cuánto cuesta semejante combo? Según estima la consultora ACM, sólo el año que viene $ 248.000 millones, que equivalen al 2,3% del PBI o a actuales 16.200 millones de dólares (ver inforgrafía).
La magnitud de la plata en juego puede ser leída bajo otras dos formas. Una dice que representa el 63% de la recaudación impositiva del primer semestre de 2016. Otra, que casi triplica la suma de los gastos en seguridad, desarrollo social y salud del mismo período.
Evidente, por este lado el ajuste luce ausente. Pero aunque al final todo sea decisión política, aquí también se nota la ausencia de algo parecido a un plan.
Ya está claro que con tamaño paquete a cuestas, y sobre todo porque los reajustes previsionales entraron sobre la marcha, será imposible bajar el déficit fiscal de 2017 tanto como establecía la meta original. Cuánto bajará y si baja se irá viendo, pero la meta ya va camino de ser corregida.
Es que no se llega a cumplirla ni con un buen blanqueo, ni con la venta de acciones en poder de la ANSeS y de participaciones del Estado en algunas generadoras eléctricas o con el aumento de la recaudación impositiva que arrastrará el previsible repunte de la actividad económica.
Tanta plata y tantos cambios juntos y todo bien intrincado suena a festín para los fiscalistas de cualquier palo, que ya palpitan la aparición del proyecto de Presupuesto de 2017. Especialmente porque debiera ser un Presupuesto de verdad, uno que defina objetivos, prioridades y políticas. No las habituales caricaturas kirchneristas, encima cantadas.
Esta vez el problema está en la cocina. Contrariando una regla de hierro, a la Secretaría de Hacienda le han asignado un papel secundario lo cual es igual a decir que Alfonso Prat-Gay tiene un papel secundario: él fue quien llevó al ex diputado kirchnerista Gustavo Marconato a Hacienda, sorteando sacudones internos que ahora rebrotan en hechos.
Según fuentes oficiales, el comando central atiende en la Jefatura de Gabinete, desde donde enarbolan potestades para encarar “definiciones estratégicas” y decidir sobre la “integración de planes y proyectos de las distintas áreas del Gobierno”.
Esas facultades existieron siempre, sólo que esta vez se resolvió aplicarlas y hacia allí van las propuestas de los ministerios en vez de ir adonde solían ir, a la Secretaría de Hacienda. Desde luego, las reuniones tienen lugar en la Jefatura de Gabinete.
Es perceptible que este desplazamiento de funciones disgusta a Prat-Gay, por decir lo menos. Y como en otras cuestiones, lo manifiesta con ciertos comportamientos intramuros, cuidándose, eso sí, de respetar el poder del Presidente.
Especialistas al tanto de los menesteres internos advierten que la elaboración del Presupuesto “viene lenta” y que los tiempos empiezan a apremiar: el 15 de septiembre vence el plazo para presentar el proyecto de ley en Diputados. Y aun cuando ha pasado otras veces, no sería el mejor debut enviarlo fuera de término.
Al margen de algunos detalles que no son tan detalles, hay una lupa grande puesta en la magnitud del déficit y en el cómo se lo piensa financiar.
¿Por qué?, le preguntó Clarín a un ex funcionario de Economía.
Respuesta: “No tanto por cuestiones de técnica fiscal. Sino por otras bien terrenales, porque del Presupuesto saldrá la plata que Argentina deberá tomar en el mercado internacional, y de ahí proyecciones sobre cuál puede ser la tasa de interés y a cuánto cotizarían los bonos que ya circulan en el mercado. Negocios, finalmente”.
Es un combo bastante parecido al que existe con las inversiones empresarias. Pesan sin duda indicadores económicos significativos, como inflación, tasa de interés y demanda, pero pesan en tanto resultan maneras de evaluar la utilidad y dan cierta certeza sobre el tiempo en que será recuperada la plata invertida.
Ni bueno ni malo, así son las cosas en el mundo de los negocios: bien concretas y no tan asociadas a supuestas afinidades. Así son, por más que Mauricio Macri se enoje con los empresarios porque demoran las inversiones.
