Aranguren advirtió ayer que retrotraer tarifas de gas costará al Estado $ 22.000 millones
El ministro de Energía, Juan José Aranguren, consideró ayer que «sería muy grave» que la Corte Suprema de Justicia no avale el aumento de las tarifas de gas y sostuvo que retrotraerlas al cuadro tarifario anterior le implicaría un costo al Estado de $ 22.000 millones. El funcionario puntualizó que con el incremento de las tarifas ahora suspendido el Gobierno había logrado «recuperar el 32% (del costo) de la generación eléctrica y el 62% del gas en boca de pozo».
Aranguren adelantó, de todos modos, que el Ministerio realizará una «audiencia» para dar a conocer el valor de «la generación de la electricidad y del precio del gas en boca de pozo», que será previa a la audiencia pública de octubre en el marco de la revisión tarifaria integral del servicio de transporte y distribución. Según pudo saber El Cronista, la convocatoria saldrá publicada esta semana (seguramente hoy) a través de una resolución y será pública, en el marco del procedimiento reglado por el decreto 1172/2003, debiendo convocarse con un plazo de 20 días previos. Fuentes del Ejecutivo señalaron a este diario que estiman que, de este modo, la audiciencia se concrete a fin de mes, como una señal a la Corte aún cuando la legislación no exige audiencias para los costos de generación eléctrica y el precio de gas (pero sí para las tarifas de transporte y distribución).
En declaraciones a Radio Mitre, Aranguren sostuvo que en el caso de las tarifas de gas «en el bimestre mayo-junio, el 87%» de los usuarios residenciales «recibieron facturas inferiores a los $ 500» y que «el 78%» de ellos las pagó porque «la gente reconoce que existe un problema de abastecimiento». Al respecto, el funcionario comparó esa tarifa con «la suscripción básica de la televisión por cable que es de $ 540 mensuales» y detalló que «el 74% de la población del Gran Buenos Aires» cuenta con ese servicio. También destacó que si se retrotrajeran las tarifas al mes de marzo previo a los aumentos, «implicaría dar de baja a la tarifa social» que alcanza «al 28% de los hogares en el caso de la electricidad y al 41% en el caso del gas, sumando la garrafa social».
«Eso va a perjudicar a los sectores (más vulnerables, que son los que) queremos proteger», expresó el ministro, quien consideró que «las tarifas no las puede decidir la Justicia». En este sentido, sostuvo que «desde el punto de vista legal, lo que hemos hecho está perfectamente justificado» y recordó que «venimos de 12 años en que se le dijo a la demanda que (prácticamente, el servicio) era gratuito». «Todo lo que tiene que ver con la producción de gas y la generación de energía eléctrica, a partir de los marcos regulatorios y de la ley de emergencia pública, está en cabeza del Estados Nacional, que es el que tiene la capacidad de decidir cuál es el valor», enfatizó el ministro.
Aranguren aclaró que «solamente está sometido a revisión, lo que incluye la audiencia pública, el valor del transporte y la distribución», que estimó en «el 60% de valor de la tarifa» que se recibe en los domicilios. Respecto de las audiencias, comentó que se realizarán en octubre «porque se tiene que cumplir con los marcos regulatorios», en la cual «detallaremos lo que heredamos y el nivel de gradualismo que hemos adoptado».
El ministro de Energía, Juan José Aranguren, consideró ayer que «sería muy grave» que la Corte Suprema de Justicia no avale el aumento de las tarifas de gas y sostuvo que retrotraerlas al cuadro tarifario anterior le implicaría un costo al Estado de $ 22.000 millones. El funcionario puntualizó que con el incremento de las tarifas ahora suspendido el Gobierno había logrado «recuperar el 32% (del costo) de la generación eléctrica y el 62% del gas en boca de pozo».
Aranguren adelantó, de todos modos, que el Ministerio realizará una «audiencia» para dar a conocer el valor de «la generación de la electricidad y del precio del gas en boca de pozo», que será previa a la audiencia pública de octubre en el marco de la revisión tarifaria integral del servicio de transporte y distribución. Según pudo saber El Cronista, la convocatoria saldrá publicada esta semana (seguramente hoy) a través de una resolución y será pública, en el marco del procedimiento reglado por el decreto 1172/2003, debiendo convocarse con un plazo de 20 días previos. Fuentes del Ejecutivo señalaron a este diario que estiman que, de este modo, la audiciencia se concrete a fin de mes, como una señal a la Corte aún cuando la legislación no exige audiencias para los costos de generación eléctrica y el precio de gas (pero sí para las tarifas de transporte y distribución).
En declaraciones a Radio Mitre, Aranguren sostuvo que en el caso de las tarifas de gas «en el bimestre mayo-junio, el 87%» de los usuarios residenciales «recibieron facturas inferiores a los $ 500» y que «el 78%» de ellos las pagó porque «la gente reconoce que existe un problema de abastecimiento». Al respecto, el funcionario comparó esa tarifa con «la suscripción básica de la televisión por cable que es de $ 540 mensuales» y detalló que «el 74% de la población del Gran Buenos Aires» cuenta con ese servicio. También destacó que si se retrotrajeran las tarifas al mes de marzo previo a los aumentos, «implicaría dar de baja a la tarifa social» que alcanza «al 28% de los hogares en el caso de la electricidad y al 41% en el caso del gas, sumando la garrafa social».
«Eso va a perjudicar a los sectores (más vulnerables, que son los que) queremos proteger», expresó el ministro, quien consideró que «las tarifas no las puede decidir la Justicia». En este sentido, sostuvo que «desde el punto de vista legal, lo que hemos hecho está perfectamente justificado» y recordó que «venimos de 12 años en que se le dijo a la demanda que (prácticamente, el servicio) era gratuito». «Todo lo que tiene que ver con la producción de gas y la generación de energía eléctrica, a partir de los marcos regulatorios y de la ley de emergencia pública, está en cabeza del Estados Nacional, que es el que tiene la capacidad de decidir cuál es el valor», enfatizó el ministro.
Aranguren aclaró que «solamente está sometido a revisión, lo que incluye la audiencia pública, el valor del transporte y la distribución», que estimó en «el 60% de valor de la tarifa» que se recibe en los domicilios. Respecto de las audiencias, comentó que se realizarán en octubre «porque se tiene que cumplir con los marcos regulatorios», en la cual «detallaremos lo que heredamos y el nivel de gradualismo que hemos adoptado».
