El Ejecutivo dictó un controvertido DNU que otorga una serie de ventajas a quienes resulten adjudicatarios de la reciente licitación para instalar usinas verdes. La norma habilita u$s 1700 millones para beneficios impositivos, abre la posibilidad de dirimir pleitos en tribunales extranjeros y contempla hasta una eventual estatización como mecanismo de salvataje.
Capitales verdes: el Gobierno apela a atajos para atraer inversiones
Pocas voces se atreverían a objetar las ventajas ambientales y económicas que, a largo plazo, pueden deparar las energías renovables. Más controvertidos resultan los atajos legales a los que apeló Mauricio Macri para seducir capitales en la reciente licitación para instalar usinas verdes.
A través del decreto de necesidad y urgencia 882, el Poder Ejecutivo consagró una serie de ventajas adicionales a las otorgadas por los pliegos licitatorios para quienes resulten beneficiarios de nuevas obras en ciernes.
El objetivo global fue asegurar un paquete de inversiones a ejecutar desde el año próximo que podría superar con holgura los u$s 1.500 millones, según las expectativas oficiales.
La norma habilitó un cupo de u$s 1.700 millones para beneficios impositivos a las empresas que resulten adjudicatarias del concurso en marcha RenoVar 1 y dispuso la emisión de Letras del Tesoro por otros 3.000 millones para garantizar toda la operatoria de compra y venta de energía limpia.
Esos avales se suman a la posibilidad que tienen los oferentes de contratar un seguro del Banco Mundial con idénticos fines. El marco de aquel compromiso oficial es el llamado a concurso para cubrir 1.000 megas con electricidad sin usar carburantes fósiles. Su propósito, limitar el riesgo argentino, presunto responsable de que el financiamiento hoy sea caro y que la energía verde cueste en la Argentina el doble que en otros países de la región.
Pero el gesto tal vez más osado de aquel DNU -que en sí mismo entraña la audacia política de eludir el debate parlamentario sobre el tema- es prever la estatización de los activos en caso de que los adjudicatarios tengan dificultad para cobrar sus contratos, no puedan comprar divisas o girarlas al exterior.
La misma fórmula se activa en caso de que un gobierno desmantele el sistema de avales organizados a través del Foder, fondo fiduciario para el desarrollo de energías renovables que asume estas obligaciones. Es la figura que en la norma se denomina «opción de venta».
A través de la «opción de compra», el Estado también puede a través del Foder comprar esos activos si el dueño de la usina no contaminante incurriera en un incumplimiento que sea causal de rescisión del contrato.
Si el oferente está en falta, Energía podría elegir incorporar sus activos al patrimonio público y, en caso de hacerlo, la empresa privada no podría negarse.La estatización de las futuras usinas (o los activos asociados al proyecto) no está concebida como una penalización al inversor sino como un salvataje si las circunstancias cercenan su negocio, salvo que esté en falta flagrante.En ese segundo caso, el Estado lo puede forzar a vender, a un precio ya pautado de antemano y que contemplará cuidadosamente qué tramo de la inversión aún no fue amortizado.
El novedoso esquema plantea un reaseguro casi total para quien debería realizar una apuesta de riesgo. «Cuidamos el interés estatal: habrá auditorías y no se comprarán bienes que no valgan la pena o se descontará del precio el valor del mantenimiento que no se hizo», precisó ante este diario Mauro Suárez, director de Energías Renovables de la cartera energética.
Norma excepcional
El decreto es bastante singular por su carácter múltiple.
El Gobierno tuvo que apelar a una norma excepcional para habilitar ese posible rescate de activos y para fijar un cupo libre de impuestos a estas iniciativas. Sólo con un DNU podrían lograrse esos cometidos.
Pero el texto también dispone otras cosas que podrían haberse resuelto por la vía de un decreto normal o en uso de poderes delegados al Poder Ejecutivo.
«Hubo tanto consenso sobre la ley de Energías Renovables, que descontamos que no habrá ningún problema con los legisladores», confía Suárez, descartando un desaire del Parlamento, donde los DNU siempre se miran con desconfianza.
Para cobrar vigencia tiene que lograr el aval del Congreso, pasando primero por la Comisión Bicameral que entiende en el tema. El carácter normalmente vidrioso que tienen estas normas podría complicar el trámite, si la oposición levantara objeciones. Sin embargo, este riesgo no fue óbice para que el Gobierno atara la suerte de una licitación a él.
El texto crea otros anzuelos para los capitales verdes, tendidos luego de una ronda de consulta con los interesados sobre los pliegos y consagrados en el decreto en cuestión. Uno es que se amplió de 20 a 30 el plazo máximo para los contratos. Otro, que se habilitó la jurisdicción extranjera para dirimir cualquier pleito entre los oferentes y el Estado.
Valen los tribunales argentinos. Pero si alguna empresa prefiriese resolver una discusión en el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias, tribunal bancomundialista) u en otra instancia foránea, tendrá la puerta abierta.La administración macrista entendió que, con los recuerdos frescos del default y del cepo cambiario, era imprescindible un esfuerzo mayor para succionar dólares. Aunque haya habido varias pruebas de interés genuino de potenciales inversores extranjeros antes de pulir los pliegos que acaban de completarse con aquellas prerrogativas.
Según el cronograma que prevé la ley de Energías Renovables 27.191, a fines del año próximo el 8% de la electricidad del sistema debe ser cubierta con fuentes renovables (eólica, solar, biomasa, pequeñas hidroeléctricas, etc.), obligación que específicamente también recae en los grandes usuarios.
Será Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anómina) la que comprará toda la energía que entreguen los proyectos en representación de las grandes demandas y de las distribuidoras.
Cammesa, una firma mixta bajo control estatal, hoy maneja los millonarios recursos destinados a subsidiar el sistema eléctrico. Por este hecho, los contratos de compra de electricidad que firme con participación del Foder obligan de facto a la caja pública. Aquí un punto clave.En un futuro, si se extinguieran los subsidios energéticos, podrá transferir esos contratos a las empresas por ella representadas. Será cuando grandes usuarios (incluidas las usinas generadoras) y distribuidoras paguen íntegro el costo de la electricidad que se genera. Con los ajustes tarifarios paralizados por la puja en tribunales, hoy apenas cubrirían menos del 40% de ese valor.
Desconcierto empresario
Celebrar acuerdos de largo plazo en dólares, con variadas y atrevidas formas de garantía debería allanar el camino al éxito de la convocatoria que atrae a firmas como la italiana Enel, la Corporación América, Genneia, Pampa Energía, entre otras varias que analizan ofertas. O a las proveedoras de tecnología como Siemmens o Gamesa, también en la línea de largada.
Sin embargo, varios de los interesados aún releen con cierto desconcierto el generoso decreto, sin convicción absoluta de que todo esté a pedir de boca, aunque las rentabilidades esperadas son difíciles de obtener en cualquier otro rincón del planeta. Las ganas de explorar el negocio son evidentes y, ante la alternativa de molestar al Gobierno, eluden declaraciones públicas o hacen recatados comentarios en off the record.
La «urgencia» oficial de apelar a este tipo de decreto está justificada en la necesidad de apurar la oferta de energía, siempre rezagada respecto de la demanda. El Gobierno ya adjudicó casi 2.000 mega en licitaciones de generación térmica convencional, resueltas con bastante premura: la cuestión es minimizar los cortes que, indefectiblemente, se producirán los próximos veranos. En los considerandos del DNU se invoca una loable razón para las gentilezas oficiales. Se trata de «mitigar los riesgos del proyecto (privado) y facilitar las condiciones de su financiamiento, con el consiguiente beneficio de reducción de los precios a abonar por los usuarios».
El financiamiento de los proyectos resulta caro por el costo país. Las tasas locales son altas y el endeudamiento en el exterior más oneroso que para otras naciones del subcontinente.
El desarrollo de la industria es aún incipiente, lo que obliga a un esfuerzo mayor para el equipamiento: hoy menos del 2% de la matriz eléctrica tiene este origen, muy por debajo de los estándares del mundo.
Esto explicaría que el megawatt green que en la Argentina cuesta alrededor de los u$s 100, en Brasil valga 50 y en Perú 40. Aun así, este tipo de electricidad resulta más barata que la que se produce con combustibles líquidos como el fuel oil o el gasoil, alternativas al gas que escasea. Adicionalmente, produce menos CO2. De aquí, que gane más amores que odios.
Los pliegos del RenoVar1 fijan un tope de u$s 113 el mega para cualquiera de las propuestas que concursan, valor que el ministerio de Energía apuesta a bajar drásticamente en esta licitación. Si lo logrará es un misterio que se develará el 12 de octubre, cuando se conozcan las propuestas económicas que las empresas pueden presentar hasta el 5 de septiembre.
Las energías verdes representan menos del 2% de la matriz energética local, copada por el escaso gas natural. Pero según dispone la ley vigente, ese porcentaje saltará al 8% en el 2017 y seguirá subiendo gradualmente hasta alcanzar el 20% en el 2025.
Aunque la norma fue sancionada el año pasado, el actual subsecretario de Energías Renovables, Sebastián Kind, tuvo un papel protagónico en su redacción, aportando información como líder de la consultora Aires Renowables, firma que dejó en mayo.
No hay dudas de que el hombre de la cartera de Energía con mayor responsabilidad en el tema lo conoce y bien. Tiene, además, la suficiente ductilidad como para haber consensuado trazos de la ley vigente con el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, y para integrar ahora el equipo de Juan José Aranguren.
Pero sus modos a veces impetuosos le suelen ganar antipatías, en particular entre los industriales que por ley están forzados a comprar electricidad verde en una proporción creciente desde el año próximo, con contratos a largo plazo y a tarifas en dólares altas.
Finalmente, gobernar es arbitrar entre intereses contrapuestos, algo que bien sabe cualquier persona que asuma una responsabilidad pública. Y no faltan razones para apuntalar el desarrollo de los renovables. La Argentina tiene vientos suficientes para generar la electricidad que demandan dos países como los Estados Unidos. A este privilegio natural, que básicamente favorece al Sur, se añade el sol del Norte, que la ubica en un lugar muy destacado en el ránking de naciones con potencial energético solar.Sonaría a sacrilegio desaprovechar esa dote natural.
Capitales verdes: el Gobierno apela a atajos para atraer inversiones
Pocas voces se atreverían a objetar las ventajas ambientales y económicas que, a largo plazo, pueden deparar las energías renovables. Más controvertidos resultan los atajos legales a los que apeló Mauricio Macri para seducir capitales en la reciente licitación para instalar usinas verdes.
A través del decreto de necesidad y urgencia 882, el Poder Ejecutivo consagró una serie de ventajas adicionales a las otorgadas por los pliegos licitatorios para quienes resulten beneficiarios de nuevas obras en ciernes.
El objetivo global fue asegurar un paquete de inversiones a ejecutar desde el año próximo que podría superar con holgura los u$s 1.500 millones, según las expectativas oficiales.
La norma habilitó un cupo de u$s 1.700 millones para beneficios impositivos a las empresas que resulten adjudicatarias del concurso en marcha RenoVar 1 y dispuso la emisión de Letras del Tesoro por otros 3.000 millones para garantizar toda la operatoria de compra y venta de energía limpia.
Esos avales se suman a la posibilidad que tienen los oferentes de contratar un seguro del Banco Mundial con idénticos fines. El marco de aquel compromiso oficial es el llamado a concurso para cubrir 1.000 megas con electricidad sin usar carburantes fósiles. Su propósito, limitar el riesgo argentino, presunto responsable de que el financiamiento hoy sea caro y que la energía verde cueste en la Argentina el doble que en otros países de la región.
Pero el gesto tal vez más osado de aquel DNU -que en sí mismo entraña la audacia política de eludir el debate parlamentario sobre el tema- es prever la estatización de los activos en caso de que los adjudicatarios tengan dificultad para cobrar sus contratos, no puedan comprar divisas o girarlas al exterior.
La misma fórmula se activa en caso de que un gobierno desmantele el sistema de avales organizados a través del Foder, fondo fiduciario para el desarrollo de energías renovables que asume estas obligaciones. Es la figura que en la norma se denomina «opción de venta».
A través de la «opción de compra», el Estado también puede a través del Foder comprar esos activos si el dueño de la usina no contaminante incurriera en un incumplimiento que sea causal de rescisión del contrato.
Si el oferente está en falta, Energía podría elegir incorporar sus activos al patrimonio público y, en caso de hacerlo, la empresa privada no podría negarse.La estatización de las futuras usinas (o los activos asociados al proyecto) no está concebida como una penalización al inversor sino como un salvataje si las circunstancias cercenan su negocio, salvo que esté en falta flagrante.En ese segundo caso, el Estado lo puede forzar a vender, a un precio ya pautado de antemano y que contemplará cuidadosamente qué tramo de la inversión aún no fue amortizado.
El novedoso esquema plantea un reaseguro casi total para quien debería realizar una apuesta de riesgo. «Cuidamos el interés estatal: habrá auditorías y no se comprarán bienes que no valgan la pena o se descontará del precio el valor del mantenimiento que no se hizo», precisó ante este diario Mauro Suárez, director de Energías Renovables de la cartera energética.
Norma excepcional
El decreto es bastante singular por su carácter múltiple.
El Gobierno tuvo que apelar a una norma excepcional para habilitar ese posible rescate de activos y para fijar un cupo libre de impuestos a estas iniciativas. Sólo con un DNU podrían lograrse esos cometidos.
Pero el texto también dispone otras cosas que podrían haberse resuelto por la vía de un decreto normal o en uso de poderes delegados al Poder Ejecutivo.
«Hubo tanto consenso sobre la ley de Energías Renovables, que descontamos que no habrá ningún problema con los legisladores», confía Suárez, descartando un desaire del Parlamento, donde los DNU siempre se miran con desconfianza.
Para cobrar vigencia tiene que lograr el aval del Congreso, pasando primero por la Comisión Bicameral que entiende en el tema. El carácter normalmente vidrioso que tienen estas normas podría complicar el trámite, si la oposición levantara objeciones. Sin embargo, este riesgo no fue óbice para que el Gobierno atara la suerte de una licitación a él.
El texto crea otros anzuelos para los capitales verdes, tendidos luego de una ronda de consulta con los interesados sobre los pliegos y consagrados en el decreto en cuestión. Uno es que se amplió de 20 a 30 el plazo máximo para los contratos. Otro, que se habilitó la jurisdicción extranjera para dirimir cualquier pleito entre los oferentes y el Estado.
Valen los tribunales argentinos. Pero si alguna empresa prefiriese resolver una discusión en el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias, tribunal bancomundialista) u en otra instancia foránea, tendrá la puerta abierta.La administración macrista entendió que, con los recuerdos frescos del default y del cepo cambiario, era imprescindible un esfuerzo mayor para succionar dólares. Aunque haya habido varias pruebas de interés genuino de potenciales inversores extranjeros antes de pulir los pliegos que acaban de completarse con aquellas prerrogativas.
Según el cronograma que prevé la ley de Energías Renovables 27.191, a fines del año próximo el 8% de la electricidad del sistema debe ser cubierta con fuentes renovables (eólica, solar, biomasa, pequeñas hidroeléctricas, etc.), obligación que específicamente también recae en los grandes usuarios.
Será Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anómina) la que comprará toda la energía que entreguen los proyectos en representación de las grandes demandas y de las distribuidoras.
Cammesa, una firma mixta bajo control estatal, hoy maneja los millonarios recursos destinados a subsidiar el sistema eléctrico. Por este hecho, los contratos de compra de electricidad que firme con participación del Foder obligan de facto a la caja pública. Aquí un punto clave.En un futuro, si se extinguieran los subsidios energéticos, podrá transferir esos contratos a las empresas por ella representadas. Será cuando grandes usuarios (incluidas las usinas generadoras) y distribuidoras paguen íntegro el costo de la electricidad que se genera. Con los ajustes tarifarios paralizados por la puja en tribunales, hoy apenas cubrirían menos del 40% de ese valor.
Desconcierto empresario
Celebrar acuerdos de largo plazo en dólares, con variadas y atrevidas formas de garantía debería allanar el camino al éxito de la convocatoria que atrae a firmas como la italiana Enel, la Corporación América, Genneia, Pampa Energía, entre otras varias que analizan ofertas. O a las proveedoras de tecnología como Siemmens o Gamesa, también en la línea de largada.
Sin embargo, varios de los interesados aún releen con cierto desconcierto el generoso decreto, sin convicción absoluta de que todo esté a pedir de boca, aunque las rentabilidades esperadas son difíciles de obtener en cualquier otro rincón del planeta. Las ganas de explorar el negocio son evidentes y, ante la alternativa de molestar al Gobierno, eluden declaraciones públicas o hacen recatados comentarios en off the record.
La «urgencia» oficial de apelar a este tipo de decreto está justificada en la necesidad de apurar la oferta de energía, siempre rezagada respecto de la demanda. El Gobierno ya adjudicó casi 2.000 mega en licitaciones de generación térmica convencional, resueltas con bastante premura: la cuestión es minimizar los cortes que, indefectiblemente, se producirán los próximos veranos. En los considerandos del DNU se invoca una loable razón para las gentilezas oficiales. Se trata de «mitigar los riesgos del proyecto (privado) y facilitar las condiciones de su financiamiento, con el consiguiente beneficio de reducción de los precios a abonar por los usuarios».
El financiamiento de los proyectos resulta caro por el costo país. Las tasas locales son altas y el endeudamiento en el exterior más oneroso que para otras naciones del subcontinente.
El desarrollo de la industria es aún incipiente, lo que obliga a un esfuerzo mayor para el equipamiento: hoy menos del 2% de la matriz eléctrica tiene este origen, muy por debajo de los estándares del mundo.
Esto explicaría que el megawatt green que en la Argentina cuesta alrededor de los u$s 100, en Brasil valga 50 y en Perú 40. Aun así, este tipo de electricidad resulta más barata que la que se produce con combustibles líquidos como el fuel oil o el gasoil, alternativas al gas que escasea. Adicionalmente, produce menos CO2. De aquí, que gane más amores que odios.
Los pliegos del RenoVar1 fijan un tope de u$s 113 el mega para cualquiera de las propuestas que concursan, valor que el ministerio de Energía apuesta a bajar drásticamente en esta licitación. Si lo logrará es un misterio que se develará el 12 de octubre, cuando se conozcan las propuestas económicas que las empresas pueden presentar hasta el 5 de septiembre.
Las energías verdes representan menos del 2% de la matriz energética local, copada por el escaso gas natural. Pero según dispone la ley vigente, ese porcentaje saltará al 8% en el 2017 y seguirá subiendo gradualmente hasta alcanzar el 20% en el 2025.
Aunque la norma fue sancionada el año pasado, el actual subsecretario de Energías Renovables, Sebastián Kind, tuvo un papel protagónico en su redacción, aportando información como líder de la consultora Aires Renowables, firma que dejó en mayo.
No hay dudas de que el hombre de la cartera de Energía con mayor responsabilidad en el tema lo conoce y bien. Tiene, además, la suficiente ductilidad como para haber consensuado trazos de la ley vigente con el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, y para integrar ahora el equipo de Juan José Aranguren.
Pero sus modos a veces impetuosos le suelen ganar antipatías, en particular entre los industriales que por ley están forzados a comprar electricidad verde en una proporción creciente desde el año próximo, con contratos a largo plazo y a tarifas en dólares altas.
Finalmente, gobernar es arbitrar entre intereses contrapuestos, algo que bien sabe cualquier persona que asuma una responsabilidad pública. Y no faltan razones para apuntalar el desarrollo de los renovables. La Argentina tiene vientos suficientes para generar la electricidad que demandan dos países como los Estados Unidos. A este privilegio natural, que básicamente favorece al Sur, se añade el sol del Norte, que la ubica en un lugar muy destacado en el ránking de naciones con potencial energético solar.Sonaría a sacrilegio desaprovechar esa dote natural.
