El Gobierno no apelará las prisiones domiciliarias de los represores

El presidente Mauricio Macri visita la ESMA en febrero.
Aunque la Justicia denegó el pedido del represor Miguel Etchecolaz para obtener prisión domiciliaria, el Gobierno prevé un aumento de requerimientos en ese sentido por parte de los detenidos por delitos de lesa humanidad. Pronostican que la Justicia les hará lugar y se impone la decisión política de no apelar. “Es el tiempo que nos toca vivir”, explican en la Secretaría de Derechos Humanos en alusión a la edad cada vez más avanzada de los 1056 detenidos que la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad registra hasta el 30 de junio.
El ministerio Público contaba -hasta junio pasado- 462 detenidos por crímenes de lesa humanidad con arresto domiciliario. Sin embargo, en la secretaría de Derechos Humanos que dirige Claudio Avruj rechazan que el número se haya multiplicado de manera exponencial desde la asunción de Mauricio Macri. Y recuerdan que hasta septiembre de 2015 se contaban 441 represores presos en sus casas. “En cualquier caso, los números demuestran que no se abrieron las cárceles de par en par, como dicen desde el kirchnerismo y que durante con el anterior gobierno también hubo beneficiados en ese sentido”, señalan en el ministerio de Justicia. El ministro Germán Garavano ya dijo que la decisión es de los jueces y que el Gobierno se ajustará a derecho; en otras palabras: no apelará.
De todos modos, asumen, la cifra seguirá creciendo por el aumento de edad de los represores; una posición contraria a los argumentos de los organismos de Derechos Humanos; como el CELS, Madres o Abuelas de Plaza de Mayo.
Por otra parte, el Gobierno se propone “ampliar” la agenda de los Derechos Humanos más allá de la consigna de Memoria, Verdad y Justicia que se comprometió a mantener. Sin embargo, en relación a los crímenes de la dictadura, Avruj prepara cambios en su política sobre los crímenes de la dictadura. En primer lugar, el ministerio de Justicia busca “acelerar” los juicios, por la misma razón por la que los militares detenidos reclaman prisión domiciliaria: la edad avanzada de los más de 2 mil imputados y de las víctimas y familiares. “Que se haga Justicia 40 años después tampoco es justo”, reconocen.
Además, pretenden ampliar el Archivo de la Memoria, que funciona en la ex ESMA, y que -por ahora- se concentra en los años de la Dictadura. Quieren que el archivo incluya “la reconstrucción democrática”, que se inició en el 1983.
Para el último punto buscarán generar un consensos con las organizaciones de Derechos Humanos y de familiares. El Gobierno quiere reestructura la ex ESMA, donde hoy -además de la secretaría- tienen oficinas las asociaciones de familiares, entre otros organismos. Es inminente también el cambio del guión del Museo Malvinas, que depende del ministerio de Cultura y todavía mantiene un perfil kirchnerista; no así el del Museo de la Memoria, que funciona en el casino de oficiales. “Queremos hacer algo más abierto a la comunidad; hay que debatirlo”, conceden.
En el Gobierno lamentaron el silencio de los organismos de Derechos Humanos luego de la publicación de archivos de Estados Unidos de la Dictadura. “Con Cristina (Kirchner) hubiera sido distinto”, afirman. En una próxima etapa llegarán desde Washington nuevos archivos de Inteligencia, del ministerio de Defensa y de los años de José López Rega.