La politóloga argentina Mariana Llanos es investigadora del German Institute of Global and Area Studies (GIGA). Su libro más reciente, “Presidential Breakdowns in Latin America, Causes and Outcomes of Executive Instability in Developing Democracies”, publicado en coautoría con Leiv Mainstentredet, analiza por qué se reiteran casos de presidentes latinoamericanos que deben abandonar su cargo antes de que termine su mandato.
La remoción de Dilma Rousseff en Brasil actualizó el debate sobre las “caídas presidenciales”, que siguen siendo un fenómeno de difícil previsión para los especialistas y que Llanos identifica con una “tormenta perfecta”.
Las acciones y omisiones del propio Presidente, la situación económica como desencadenante de crisis pero también la situación del oficialismo en el Congreso así como la siempre sinuosa figura de los vicepresidentes en la región forman parte de un “combo” que puede convertirse en fatal para la suerte política de los jefes de Estados en la región.
Llanos habló con Política Argentina sobre la caída de Rousseff y la dinámica política de una región siempre inestable.
¿Cuál es su evaluación sobre el caso de impeachment de Dilma Rousseff en Brasil? ¿Cuál dirías que fue el elemento determinante para su salida anticipada del poder?
El impeachment es multidimensional en sus causas: podés posicionarte en cualquiera de esas varias dimensiones y tener la impresión de que ése fue el factor determinante. Son temas tan cruciales que te preguntás si cada uno por sí sólo no hubiera bastado, aunque en la realidad todos esos factores se combinaron dramáticamente en lo que la literatura de caídas presidenciales llama “una tormenta perfecta”. Para empezar, la gravedad de la situación económica, en gran medida provocada por un factor externo (la caída de los precios de las commodities) pero también autogenerada por ciertas decisiones de política económica, marcó el segundo gobierno de Dilma con efectos muy serios para para el estado (crisis fiscal) y la sociedad (desocupación, inflación). En junio de 2013 se producen movilizaciones populares masivas por el aumento del precio del transporte. El descontento social estaba ahí, junto a la situación económica complicada. Hay que sumar también que en marzo de 2014 se lanzó la primera operación lava jato por la que la justicia comenzó a llevar a la cárcel a empresarios y políticos, y que fue dejando al desnudo un esquema de corrupción sistemática en torno a la empresa petrolera estatal, esquema que es sabido que no sólo involucra a la Petrobrás, por lo que sus implicancias y costos son, o podrían ser, enormes. El tema de la corrupción, sumado al malestar por la economía, llevó a la pérdida de apoyo popular para el gobierno. Podrían anotarse también factores “endógenos”, comenzando por el desgaste del PT que estaba atravesando el cuarto gobierno, además de problemas de gestión que tienen que ver con el liderazgo presidencial en el manejo de la coalición, las relaciones entre el PT (partido de la presidenta) y el PMDB (principal socio de la coalición y partido del vice-presidente), las relaciones entre la presidenta y su propio partido. También se señala mucho la actitud del PSDB, el partido perdedor en las elecciones presidenciales de 2014, y su reticencia a aceptar los resultados por considerar que el PT ocultó información sobre las cuentas públicas para beneficiarse en la campaña. En fin, la lista de factores es larga y el peso de esos factores varía en la narrativa de los actores, naturalmente. Yo me inclinaría por ver el conjunto de factores.
¿Cuáles son los elementos que están presentes en estos «nuevos casos» de inestabilidad presidencial en Sudamérica, a partir de los años 80?
Me parece que la conjunción de esos elementos que marcaba recién para la crisis brasileña están presentes de una forma u otra en otros casos: una crisis económica, un escándalo (de corrupción) , descontento y protesta social, conflicto intra-gubernamental e inter-interinstitucional.
¿Qué rol ocupa «la calle» en este tipo de episodios? En el caso de Brasil hemos visto protestas callejeras y «cacerolazos» contra el gobierno de Dilma ¿fueron determinantes en su caída?
En los sistemas presidenciales el descontento social tarde o temprano se enfoca en la figura presidencial y la “calle” también cumplió un papel muy importante en la instalación de este proceso de juicio político. Pero el impeachment fue un proceso largo y veo más su continuidad en la intensa actividad legislativa que en la protesta. Fueron ocho meses de actividad casi ininterrumpida, dos votaciones en la Cámara de Diputados (a nivel comisión y plenario), luego varias a nivel comisión y plenario en el Senado. A eso hay que sumar las varias intervenciones del Tribunal Supremo, invocado por parlamentarios y la defensa de la presidenta en varias ocasiones, que fue cuidando del rito del proceso. Esto es bastante distinto de otros casos que hemos visto donde la calle ha sido determinante en forzar la renuncia presidencial; o donde el proceso ha sido parlamentario pero llamativamente corto, como fue el impeachment a Lugo. Pero es cierto que ambos elementos están presentes en las salidas anticipadas, el institucional y el social.
Los casos de inestabilidad en «los 90» (como los de Collor de Melo, Sánchez de Losada, De la Rúa) ¿son iguales o en algo diferentes a los que vemos en estos años (como los de Lugo o Dilma)?
Bueno, en los ’90 está el trasfondo de las políticas neoliberales y las medidas de ajuste fiscal. En Brasil, Collor de Melo sufrió un proceso de juicio político por corrupción pero su agenda radical de políticas antiinflacionarias había generado recesión, desempleo y malestar social. El tema del juicio a Dilma fue el manejo de las cuentas públicas, que tiene como trasfondo la crisis fiscal y económica, y un monumental caso de corrupción en el que por cierto no está involucrada personalmente, pero que atraviesa a todos los partidos incluido el propio. Collor era un presidente de derecha, sin partido, mientras que Dilma representaba al PT en su cuarto gobierno y era protagonista de la ola de gobiernos de izquierda de los 2000s. La caída de Dilma se parece un poco a las de los ‘90 por la crisis económica, pero lo económico no fue un tema en las otras caídas presidenciales recientes en Guatemala, Paraguay y Honduras. Con las últimas dos coincide la alineación de izquierda de los presidentes y la retórica del golpe, la interpretación del juicio político como un golpe parlamentario por parte del partido cuestionado. Sin embargo, los procesos de interrupción presidencial fueron bien distintos.
En un libro de tu co-autoría (con Leiv Marsteintredet, Presidential Breakdowns in LA, Palgrave, 2010 ) llama la atención sobre la figura del vicepresidente y también sobre lo que ocurre en el Congreso como fuente de posible inestabilidad presidencial ¿cómo se da esa dinámica?
Normalmente otorgar la vice-presidencia a otro partido ocurre como producto de una alianza electoral, decisión que se hace con el interés cortoplacista de ganar la elección y sin pensar en una potencial crisis presidencial posterior (el vice-presidente, de acuerdo con la mayoría de nuestras constituciones presidencialistas, es el primero en la línea de sucesión presidencial). En Brasil, el vice-presidente (hoy presidente electo por el congreso) Michel Temer era de la coalición de gobierno, no del partido de gobierno. Lo mismo sucedía con los presidentes de las dos cámaras legislativas, todos pertenecientes al PMDB, un partido de centro, heterogéneo que ha integrado todos los gobiernos desde la transición. Hay que recordar que el tipo de presidencialismo que prevalece en Brasil es distinto al que conocemos en Argentina. Con un sistema de partidos super-fragmentado, donde el partido de gobierno nunca ha tenido más del 20% de las bancas de diputados, los presidentes gobiernan en coalición, es decir, forman mayorías parlamentarias a través del reparto de puestos ministeriales en el gabinete y las consolidan utilizando sus amplios poderes constitucionales y la distribución de recursos presupuestarios. Las coaliciones del PT eran heterogéneas, o sea abarcaban un espectro ideológico demasiado amplio y, según los especialistas, poco proporcionales porque sobre-representaban al partido del presidente (o presidenta), lo cual dificultaba las relaciones con los socios, y por lo tanto, con el Congreso.
Es importante notar que en Brasil una figura importante además del vice-presidente es el presidente de la cámara de diputados, que no sólo le sigue al vice en la línea de sucesión sino que tiene potestad formal para autorizar el comienzo del proceso de juicio político. Ese puesto era ocupado por Eduardo Cunha, hábil y oscuro político del PMDB que se impuso al candidato presidencial en la elección por la presidencia de la cámara a comienzos del 2015 y prometió que actuaría con “independencia” del gobierno. Involucrado en el escándalo de lava jato, Cunha era investigado por la justicia. Había negado públicamente tener cuentas en Suiza, que luego la justicia suiza probó, por lo que algunos partidos solicitaron abrir una investigación en el consejo de ética de la cámara, lo que fue aprobado con el apoyo de los diputados del PT en dicho consejo. Esta situación marcó justamente el comienzo del juicio político, cuando Cunha en respuesta decidió autorizar la apertura del juicio político a la presidenta.
El poder del presidente de la cámara de diputados es un elemento de debilidad institucional de la Presidencia en Brasil, a lo que se suma, según varios analistas, la amplitud de temas que prescribe la constitución en su artículo 85 como crímenes de responsabilidad y potenciales causas de juicio político (aunque muchas constituciones de la región son todavía más ambiguas en ese punto), amplitud que es aun mayor en la ley 1079 de 1950 que regula el proceso de impeachment.
Los presidentes que surgen de este posible «giro» hacia el «centroderecha» en la región (Macri, Temer) ¿cómo le parce que se manejarán en este contexto de una región de presidentes posiblemente inestables?
Más allá de la orientación ideológica, los ejecutivos suelen enfrentan dilemas similares en sistemas presidenciales: Macri fue electo en minoría en ambas cámaras y necesita acordar con el congreso para gobernar en acuerdos parlamentarios ad hoc. Temer ha sido electo por el congreso y durante su interinato ha forjado una coalición de gobierno: aprobar las reformas económicas para gobernar la crisis significa contar con una coalición amplia porque algunas requieren reformas a la constitución. Temer pertenece a la elite parlamentaria, con otra orientación ideológica su coalición es más homogénea que la de Dilma, conoce cómo funciona el presidencialismo de coalición desde el lado parlamentario. Electo por el congreso y deberá hacer el esfuerzo de mantener la lealtad de los socios, pero también carece de popularidad, como carecía Dilma. Es sabido que la popularidad presidencial es un factor importante que influye en las relaciones con el congreso y la disposición de los parlamentarios para cooperar o desafiar al presidente. Los presidentes deben mirar ambas arenas. Cuando la agenda es de “centro – derecha” y apunta a tomar medidas restrictivas, la gobernabilidad se puede ver afectada, particulamente si el presidente es minoritario y si esas medidas se tornan impopulares. Un escenario que conocemos de los ’90.
Cada tanto resurgen, especialmente ante estos episodios, los planteos de que en Sudamérica el presidencialismo es un sistema «fallido» y que debería adoptarse un esquema parlamentario ¿qué diría frente a esa reflexión?
Los sistemas parlamentarios también tiene problemas, como muestra España en estos días con sus dificultades para formar gobierno. Los conflictos entre presidentes y congresos son inherentes al presidencialismo como consecuencia de la elección directa e independiente de ambas ramas de gobierno, y de sus mandatos fijos. Creo que los presidencialismos latinoamericanos han innovado notablemente para lidiar con esos problemas, por ejemplo, a través de la práctica de coaliciones de gobierno, que inicialmente sólo se creían posibles en sistemas parlamentarios, y con las salidas presidenciales anticipadas, que también podrían considerarse como mecanismos de adaptación en tiempos de crisis. El uso del juicio político (como el de Dilma) a veces se parece un voto de censura porque la causa de la caída presidencial excede el argumento legal del juicio. En el caso de Dilma existió una gran controversia en torno a si las “pedaladas” fiscales y la emisión de tres decretos sin autorización del Congreso era pertinente para un juicio político, y la interpretación variaba según uno se ubicara en el lado pro o anti-impeachment. Con Detlef Nolte en un artículo reciente decimos que sería más honesto que en la región se aceptara a los juicios políticos como de hecho se comportan, como votos de censura con mayorías especiales. Otros colegas, como Magna Inácio, opinan que todavía faltan mecanismos que apoyen al liderazgo presidencial en la gestión de la coalición de gobierno, similares a los que se usan en sistemas parlamentarios. Quizás esos ajustes de tendencia parlamentarista son la tendencia con el paso del tiempo, que me parece más probable que un cambio a un sistema parlamentario.
¿Los presidentes sudamericanos son «hiperpresidentes»? ¿Por qué algunos logran concentrar el poder y a otros el poder parece escapárseles entre los dedos?
Sí, hay como distintos tipos de presidencialismo bajo el manto de un mismo sistema de gobierno. Hay muchos factores para explicar esas diferencias entre países y dentro de un mismo país a lo largo del tiempo. Yo no veo que los presidentes tengan muchas chances de sobrevivir si ignoran al Congreso. Hemos visto muchas veces cómo presidentes con estilos de liderazgo confrontativos o imperiales entran en problemas. Claro, el presidente debe saber leer el contexto político y social y adaptar su liderazgo al mismo: los hiperpresidentes pueden consolidarse en algunos contextos y fracasar rotundamente en otros. Lo mismo pasa con su agenda: una agenda radical y ambiciosa ciertamente es más difícil que una distributiva, y requerirá disposición a la negociación más que confrontación. Los presidentes que no tienen apoyo partidario son “outsiders” que pueden entrar en problemas por carecer de apoyos partidarios, pero también lo son por no pertenecer a la clase política. “Dilma no gosta dos políticos” se escuchó decir muchas veces, y se sabía de su intransigencia y poca disposición a negociar. Quizás no entendió que la negociación es inherente al presidencialismo de coalición o quizás su ética personal le impidió jugar las cartas que vio en juego.
¿Por qué te parece que en algunos países sudamericanos se ven reiterados casos de inestabilidad presidencial y en otros -sobre todo Uruguay y Chile- esto no ocurre?
Los países que experimentaron caídas tienden a repetir: durante la tercera ola las caídas se agrupan en algunos países que experimentan más de una, Ecuador, Bolivia, Argentina, Paraguay, Guatemala y Brasil. Y sí, Chile y Uruguay tienen sistemas de partidos más estructurados, un elemento fundamental de sostén presidencial en la articulación con el poder legislativo.
La remoción de Dilma Rousseff en Brasil actualizó el debate sobre las “caídas presidenciales”, que siguen siendo un fenómeno de difícil previsión para los especialistas y que Llanos identifica con una “tormenta perfecta”.
Las acciones y omisiones del propio Presidente, la situación económica como desencadenante de crisis pero también la situación del oficialismo en el Congreso así como la siempre sinuosa figura de los vicepresidentes en la región forman parte de un “combo” que puede convertirse en fatal para la suerte política de los jefes de Estados en la región.
Llanos habló con Política Argentina sobre la caída de Rousseff y la dinámica política de una región siempre inestable.
¿Cuál es su evaluación sobre el caso de impeachment de Dilma Rousseff en Brasil? ¿Cuál dirías que fue el elemento determinante para su salida anticipada del poder?
El impeachment es multidimensional en sus causas: podés posicionarte en cualquiera de esas varias dimensiones y tener la impresión de que ése fue el factor determinante. Son temas tan cruciales que te preguntás si cada uno por sí sólo no hubiera bastado, aunque en la realidad todos esos factores se combinaron dramáticamente en lo que la literatura de caídas presidenciales llama “una tormenta perfecta”. Para empezar, la gravedad de la situación económica, en gran medida provocada por un factor externo (la caída de los precios de las commodities) pero también autogenerada por ciertas decisiones de política económica, marcó el segundo gobierno de Dilma con efectos muy serios para para el estado (crisis fiscal) y la sociedad (desocupación, inflación). En junio de 2013 se producen movilizaciones populares masivas por el aumento del precio del transporte. El descontento social estaba ahí, junto a la situación económica complicada. Hay que sumar también que en marzo de 2014 se lanzó la primera operación lava jato por la que la justicia comenzó a llevar a la cárcel a empresarios y políticos, y que fue dejando al desnudo un esquema de corrupción sistemática en torno a la empresa petrolera estatal, esquema que es sabido que no sólo involucra a la Petrobrás, por lo que sus implicancias y costos son, o podrían ser, enormes. El tema de la corrupción, sumado al malestar por la economía, llevó a la pérdida de apoyo popular para el gobierno. Podrían anotarse también factores “endógenos”, comenzando por el desgaste del PT que estaba atravesando el cuarto gobierno, además de problemas de gestión que tienen que ver con el liderazgo presidencial en el manejo de la coalición, las relaciones entre el PT (partido de la presidenta) y el PMDB (principal socio de la coalición y partido del vice-presidente), las relaciones entre la presidenta y su propio partido. También se señala mucho la actitud del PSDB, el partido perdedor en las elecciones presidenciales de 2014, y su reticencia a aceptar los resultados por considerar que el PT ocultó información sobre las cuentas públicas para beneficiarse en la campaña. En fin, la lista de factores es larga y el peso de esos factores varía en la narrativa de los actores, naturalmente. Yo me inclinaría por ver el conjunto de factores.
¿Cuáles son los elementos que están presentes en estos «nuevos casos» de inestabilidad presidencial en Sudamérica, a partir de los años 80?
Me parece que la conjunción de esos elementos que marcaba recién para la crisis brasileña están presentes de una forma u otra en otros casos: una crisis económica, un escándalo (de corrupción) , descontento y protesta social, conflicto intra-gubernamental e inter-interinstitucional.
¿Qué rol ocupa «la calle» en este tipo de episodios? En el caso de Brasil hemos visto protestas callejeras y «cacerolazos» contra el gobierno de Dilma ¿fueron determinantes en su caída?
En los sistemas presidenciales el descontento social tarde o temprano se enfoca en la figura presidencial y la “calle” también cumplió un papel muy importante en la instalación de este proceso de juicio político. Pero el impeachment fue un proceso largo y veo más su continuidad en la intensa actividad legislativa que en la protesta. Fueron ocho meses de actividad casi ininterrumpida, dos votaciones en la Cámara de Diputados (a nivel comisión y plenario), luego varias a nivel comisión y plenario en el Senado. A eso hay que sumar las varias intervenciones del Tribunal Supremo, invocado por parlamentarios y la defensa de la presidenta en varias ocasiones, que fue cuidando del rito del proceso. Esto es bastante distinto de otros casos que hemos visto donde la calle ha sido determinante en forzar la renuncia presidencial; o donde el proceso ha sido parlamentario pero llamativamente corto, como fue el impeachment a Lugo. Pero es cierto que ambos elementos están presentes en las salidas anticipadas, el institucional y el social.
Los casos de inestabilidad en «los 90» (como los de Collor de Melo, Sánchez de Losada, De la Rúa) ¿son iguales o en algo diferentes a los que vemos en estos años (como los de Lugo o Dilma)?
Bueno, en los ’90 está el trasfondo de las políticas neoliberales y las medidas de ajuste fiscal. En Brasil, Collor de Melo sufrió un proceso de juicio político por corrupción pero su agenda radical de políticas antiinflacionarias había generado recesión, desempleo y malestar social. El tema del juicio a Dilma fue el manejo de las cuentas públicas, que tiene como trasfondo la crisis fiscal y económica, y un monumental caso de corrupción en el que por cierto no está involucrada personalmente, pero que atraviesa a todos los partidos incluido el propio. Collor era un presidente de derecha, sin partido, mientras que Dilma representaba al PT en su cuarto gobierno y era protagonista de la ola de gobiernos de izquierda de los 2000s. La caída de Dilma se parece un poco a las de los ‘90 por la crisis económica, pero lo económico no fue un tema en las otras caídas presidenciales recientes en Guatemala, Paraguay y Honduras. Con las últimas dos coincide la alineación de izquierda de los presidentes y la retórica del golpe, la interpretación del juicio político como un golpe parlamentario por parte del partido cuestionado. Sin embargo, los procesos de interrupción presidencial fueron bien distintos.
En un libro de tu co-autoría (con Leiv Marsteintredet, Presidential Breakdowns in LA, Palgrave, 2010 ) llama la atención sobre la figura del vicepresidente y también sobre lo que ocurre en el Congreso como fuente de posible inestabilidad presidencial ¿cómo se da esa dinámica?
Normalmente otorgar la vice-presidencia a otro partido ocurre como producto de una alianza electoral, decisión que se hace con el interés cortoplacista de ganar la elección y sin pensar en una potencial crisis presidencial posterior (el vice-presidente, de acuerdo con la mayoría de nuestras constituciones presidencialistas, es el primero en la línea de sucesión presidencial). En Brasil, el vice-presidente (hoy presidente electo por el congreso) Michel Temer era de la coalición de gobierno, no del partido de gobierno. Lo mismo sucedía con los presidentes de las dos cámaras legislativas, todos pertenecientes al PMDB, un partido de centro, heterogéneo que ha integrado todos los gobiernos desde la transición. Hay que recordar que el tipo de presidencialismo que prevalece en Brasil es distinto al que conocemos en Argentina. Con un sistema de partidos super-fragmentado, donde el partido de gobierno nunca ha tenido más del 20% de las bancas de diputados, los presidentes gobiernan en coalición, es decir, forman mayorías parlamentarias a través del reparto de puestos ministeriales en el gabinete y las consolidan utilizando sus amplios poderes constitucionales y la distribución de recursos presupuestarios. Las coaliciones del PT eran heterogéneas, o sea abarcaban un espectro ideológico demasiado amplio y, según los especialistas, poco proporcionales porque sobre-representaban al partido del presidente (o presidenta), lo cual dificultaba las relaciones con los socios, y por lo tanto, con el Congreso.
Es importante notar que en Brasil una figura importante además del vice-presidente es el presidente de la cámara de diputados, que no sólo le sigue al vice en la línea de sucesión sino que tiene potestad formal para autorizar el comienzo del proceso de juicio político. Ese puesto era ocupado por Eduardo Cunha, hábil y oscuro político del PMDB que se impuso al candidato presidencial en la elección por la presidencia de la cámara a comienzos del 2015 y prometió que actuaría con “independencia” del gobierno. Involucrado en el escándalo de lava jato, Cunha era investigado por la justicia. Había negado públicamente tener cuentas en Suiza, que luego la justicia suiza probó, por lo que algunos partidos solicitaron abrir una investigación en el consejo de ética de la cámara, lo que fue aprobado con el apoyo de los diputados del PT en dicho consejo. Esta situación marcó justamente el comienzo del juicio político, cuando Cunha en respuesta decidió autorizar la apertura del juicio político a la presidenta.
El poder del presidente de la cámara de diputados es un elemento de debilidad institucional de la Presidencia en Brasil, a lo que se suma, según varios analistas, la amplitud de temas que prescribe la constitución en su artículo 85 como crímenes de responsabilidad y potenciales causas de juicio político (aunque muchas constituciones de la región son todavía más ambiguas en ese punto), amplitud que es aun mayor en la ley 1079 de 1950 que regula el proceso de impeachment.
Los presidentes que surgen de este posible «giro» hacia el «centroderecha» en la región (Macri, Temer) ¿cómo le parce que se manejarán en este contexto de una región de presidentes posiblemente inestables?
Más allá de la orientación ideológica, los ejecutivos suelen enfrentan dilemas similares en sistemas presidenciales: Macri fue electo en minoría en ambas cámaras y necesita acordar con el congreso para gobernar en acuerdos parlamentarios ad hoc. Temer ha sido electo por el congreso y durante su interinato ha forjado una coalición de gobierno: aprobar las reformas económicas para gobernar la crisis significa contar con una coalición amplia porque algunas requieren reformas a la constitución. Temer pertenece a la elite parlamentaria, con otra orientación ideológica su coalición es más homogénea que la de Dilma, conoce cómo funciona el presidencialismo de coalición desde el lado parlamentario. Electo por el congreso y deberá hacer el esfuerzo de mantener la lealtad de los socios, pero también carece de popularidad, como carecía Dilma. Es sabido que la popularidad presidencial es un factor importante que influye en las relaciones con el congreso y la disposición de los parlamentarios para cooperar o desafiar al presidente. Los presidentes deben mirar ambas arenas. Cuando la agenda es de “centro – derecha” y apunta a tomar medidas restrictivas, la gobernabilidad se puede ver afectada, particulamente si el presidente es minoritario y si esas medidas se tornan impopulares. Un escenario que conocemos de los ’90.
Cada tanto resurgen, especialmente ante estos episodios, los planteos de que en Sudamérica el presidencialismo es un sistema «fallido» y que debería adoptarse un esquema parlamentario ¿qué diría frente a esa reflexión?
Los sistemas parlamentarios también tiene problemas, como muestra España en estos días con sus dificultades para formar gobierno. Los conflictos entre presidentes y congresos son inherentes al presidencialismo como consecuencia de la elección directa e independiente de ambas ramas de gobierno, y de sus mandatos fijos. Creo que los presidencialismos latinoamericanos han innovado notablemente para lidiar con esos problemas, por ejemplo, a través de la práctica de coaliciones de gobierno, que inicialmente sólo se creían posibles en sistemas parlamentarios, y con las salidas presidenciales anticipadas, que también podrían considerarse como mecanismos de adaptación en tiempos de crisis. El uso del juicio político (como el de Dilma) a veces se parece un voto de censura porque la causa de la caída presidencial excede el argumento legal del juicio. En el caso de Dilma existió una gran controversia en torno a si las “pedaladas” fiscales y la emisión de tres decretos sin autorización del Congreso era pertinente para un juicio político, y la interpretación variaba según uno se ubicara en el lado pro o anti-impeachment. Con Detlef Nolte en un artículo reciente decimos que sería más honesto que en la región se aceptara a los juicios políticos como de hecho se comportan, como votos de censura con mayorías especiales. Otros colegas, como Magna Inácio, opinan que todavía faltan mecanismos que apoyen al liderazgo presidencial en la gestión de la coalición de gobierno, similares a los que se usan en sistemas parlamentarios. Quizás esos ajustes de tendencia parlamentarista son la tendencia con el paso del tiempo, que me parece más probable que un cambio a un sistema parlamentario.
¿Los presidentes sudamericanos son «hiperpresidentes»? ¿Por qué algunos logran concentrar el poder y a otros el poder parece escapárseles entre los dedos?
Sí, hay como distintos tipos de presidencialismo bajo el manto de un mismo sistema de gobierno. Hay muchos factores para explicar esas diferencias entre países y dentro de un mismo país a lo largo del tiempo. Yo no veo que los presidentes tengan muchas chances de sobrevivir si ignoran al Congreso. Hemos visto muchas veces cómo presidentes con estilos de liderazgo confrontativos o imperiales entran en problemas. Claro, el presidente debe saber leer el contexto político y social y adaptar su liderazgo al mismo: los hiperpresidentes pueden consolidarse en algunos contextos y fracasar rotundamente en otros. Lo mismo pasa con su agenda: una agenda radical y ambiciosa ciertamente es más difícil que una distributiva, y requerirá disposición a la negociación más que confrontación. Los presidentes que no tienen apoyo partidario son “outsiders” que pueden entrar en problemas por carecer de apoyos partidarios, pero también lo son por no pertenecer a la clase política. “Dilma no gosta dos políticos” se escuchó decir muchas veces, y se sabía de su intransigencia y poca disposición a negociar. Quizás no entendió que la negociación es inherente al presidencialismo de coalición o quizás su ética personal le impidió jugar las cartas que vio en juego.
¿Por qué te parece que en algunos países sudamericanos se ven reiterados casos de inestabilidad presidencial y en otros -sobre todo Uruguay y Chile- esto no ocurre?
Los países que experimentaron caídas tienden a repetir: durante la tercera ola las caídas se agrupan en algunos países que experimentan más de una, Ecuador, Bolivia, Argentina, Paraguay, Guatemala y Brasil. Y sí, Chile y Uruguay tienen sistemas de partidos más estructurados, un elemento fundamental de sostén presidencial en la articulación con el poder legislativo.
