Cuando faltan horas para su crucial encuentro con la cúpula de la CGT unificada, el Gobierno logró ayer llevar a esa mesa de negociación el apoyo implícito de los gobernadores a su proyecto de ley de modificación «gradual» de las escalas del impuesto a las ganancias.
«Acordamos con los gobernadores que van a apoyar en el Congreso el proyecto que no les genere a las provincias un costo fiscal superior a $ 27.000 millones», afirmó a LA NACION un alto funcionario del Gobierno, que acompañó ayer a los ministros Alfonso Prat-Gay (Hacienda) y Rogelio Frigerio (Interior) en su encuentro con ministros y secretarios de Hacienda de las 24 provincias.
El número no es, por cierto, casual. La propuesta de la Casa Rosada en relación con lo que dejarían de percibir en partes iguales la Nación y las provincias en concepto de Ganancias llega exactamente a esa cifra.
Como lo explicó Prat-Gay ayer ante los delegados de los gobernadores, la cifra es mucho menor que los $36.000 millones que demandaría para el Estado y las provincias aprobar la propuesta de Elisa Carrió; más lejos de la que presentó el peronista Miguel Pichetto (unos $47.000 millones) y definitivamente lejos de los $ 90.000 millones de costo fiscal que demandaría aprobar el proyecto del líder renovador Sergio Massa, que propone llevar el piso salarial para comenzar a pagar el impuesto a unos $ 45.000 de sueldo.
Prat-Gay y Frigerio encabezaron la mesa de negociación con los ministros de Economía de los 24 distritos. Foto: Ministerio del Interior
«Los gobernadores del PJ no pueden decir que apoyan una propuesta del oficialismo. Por eso acordamos esa fórmula, que le pone un tope al costo fiscal de la medida», afirmó a LA NACION el ministro de Economía de una de las cinco provincias gobernadas por Cambiemos. Ese mismo ministro estimó que «en realidad el costo fiscal es de menos de $ 27.000 millones, porque el dinero lo va a gastar la gente y volverá al Estado en concepto de IVA e Ingresos Brutos», razonó.
El acuerdo para ir juntos al Congreso con la misma propuesta quedó plasmado en un comunicado del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, paraguas bajo el cual se reunieron los funcionarios provinciales y el Gobierno. «La reforma del impuesto a las ganancias es atendible y necesaria, pero cualquier reforma tiene que contemplar la realidad fiscal de las provincias y de la Nación, sin desfinanciar los presupuestos de las jurisdicciones», firmaron los representantes provinciales.
En el texto consensuado, Gobierno y ministros provinciales recordaron que la última suba de Ganancias tuvo un impacto de «$ 50.000 millones, que afectó significativamente los recursos que se coparticiparon a las provincias y municipios». Y dijeron que ningún cambio «debe desfinanciar aún más los presupuestos nacionales, provinciales y municipales».
Para el Gobierno, el texto fue suficientemente claro. «Es importante entender que todos somos solidarios con esta promesa de campaña. Estamos en momentos de definiciones y todos tenemos que ser responsables a la hora de definir este tema, que es muy importante desde el punto de vista fiscal», afirmó el ministro Frigerio al término de la reunión. «El Gobierno y las provincias somos socios y por eso es importante que trabajemos este tema en conjunto y logremos consensos», agregó el ministro, que lleva adelante la negociación paralela con los gobernadores en relación con el presupuesto 2017.
Lejos de los micrófonos había satisfacción en el oficialismo. «La idea es poder llevar una buena propuesta al Congreso sin desfinanciar a las provincias», afirmó uno de los responsables de las negociaciones con cada uno de los distritos.
«Nos interesa la señal política: vamos a ir a ver a los gremios con una propuesta unificada con los gobernadores», comentaron a LA NACION cerca de Frigerio, con la mira puesta en el encuentro de mañana con los integrantes del triunvirato cegetista, en el que podría estar también el presidente Mauricio Macri. Juan Carlos Schmid, Carlos Acuña y Héctor Daer acordaron el viernes lanzar una medida de fuerza durante el mes próximo, a la espera de los resultados que arrojará la reunión con el Poder Ejecutivo.
La propuesta de Prat-Gay y Frigerio establece una suba inicial de alrededor del 15 por ciento en el mínimo no imponible, que quedaría en $22.747 y para los casados, de $ 34.500 de sueldo bruto. La suba «gradual» se completaría recién en 2019, y empezarían pagando un porcentaje muy alto (alrededor del 40 por ciento) quienes cobren salarios más altos.
Durante la reunión de ayer, el Gobierno y los representantes provinciales también debatieron cambios en la ley de responsabilidad fiscal, tendientes a lograr el «equilibrio» en las cuentas públicas hacia 2019, una meta del Poder Ejecutivo.
La baja del 10 por ciento del déficit primario y el freno gradual del gasto son dos de los cambios que Prat-Gay le propuso a las provincias. Los funcionarios, entre los cuales estaban Hernán Lacunza (Buenos Aires), Martín Mura (CABA), Gonzalo Saglione (Santa Fe) y Osvaldo Giordano (Córdoba), quedaron en dar una respuesta luego de consultar con sus gobernadores y tomando en cuenta la necesidad de armonizar estos cambios con sus propias leyes de presupuesto.
«Si hay consenso, los cambios en esa ley también podrían aprobarse junto al presupuesto», se esperanzaban cerca del ministro de Hacienda.
«Acordamos con los gobernadores que van a apoyar en el Congreso el proyecto que no les genere a las provincias un costo fiscal superior a $ 27.000 millones», afirmó a LA NACION un alto funcionario del Gobierno, que acompañó ayer a los ministros Alfonso Prat-Gay (Hacienda) y Rogelio Frigerio (Interior) en su encuentro con ministros y secretarios de Hacienda de las 24 provincias.
El número no es, por cierto, casual. La propuesta de la Casa Rosada en relación con lo que dejarían de percibir en partes iguales la Nación y las provincias en concepto de Ganancias llega exactamente a esa cifra.
Como lo explicó Prat-Gay ayer ante los delegados de los gobernadores, la cifra es mucho menor que los $36.000 millones que demandaría para el Estado y las provincias aprobar la propuesta de Elisa Carrió; más lejos de la que presentó el peronista Miguel Pichetto (unos $47.000 millones) y definitivamente lejos de los $ 90.000 millones de costo fiscal que demandaría aprobar el proyecto del líder renovador Sergio Massa, que propone llevar el piso salarial para comenzar a pagar el impuesto a unos $ 45.000 de sueldo.
Prat-Gay y Frigerio encabezaron la mesa de negociación con los ministros de Economía de los 24 distritos. Foto: Ministerio del Interior
«Los gobernadores del PJ no pueden decir que apoyan una propuesta del oficialismo. Por eso acordamos esa fórmula, que le pone un tope al costo fiscal de la medida», afirmó a LA NACION el ministro de Economía de una de las cinco provincias gobernadas por Cambiemos. Ese mismo ministro estimó que «en realidad el costo fiscal es de menos de $ 27.000 millones, porque el dinero lo va a gastar la gente y volverá al Estado en concepto de IVA e Ingresos Brutos», razonó.
El acuerdo para ir juntos al Congreso con la misma propuesta quedó plasmado en un comunicado del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, paraguas bajo el cual se reunieron los funcionarios provinciales y el Gobierno. «La reforma del impuesto a las ganancias es atendible y necesaria, pero cualquier reforma tiene que contemplar la realidad fiscal de las provincias y de la Nación, sin desfinanciar los presupuestos de las jurisdicciones», firmaron los representantes provinciales.
En el texto consensuado, Gobierno y ministros provinciales recordaron que la última suba de Ganancias tuvo un impacto de «$ 50.000 millones, que afectó significativamente los recursos que se coparticiparon a las provincias y municipios». Y dijeron que ningún cambio «debe desfinanciar aún más los presupuestos nacionales, provinciales y municipales».
Para el Gobierno, el texto fue suficientemente claro. «Es importante entender que todos somos solidarios con esta promesa de campaña. Estamos en momentos de definiciones y todos tenemos que ser responsables a la hora de definir este tema, que es muy importante desde el punto de vista fiscal», afirmó el ministro Frigerio al término de la reunión. «El Gobierno y las provincias somos socios y por eso es importante que trabajemos este tema en conjunto y logremos consensos», agregó el ministro, que lleva adelante la negociación paralela con los gobernadores en relación con el presupuesto 2017.
Lejos de los micrófonos había satisfacción en el oficialismo. «La idea es poder llevar una buena propuesta al Congreso sin desfinanciar a las provincias», afirmó uno de los responsables de las negociaciones con cada uno de los distritos.
«Nos interesa la señal política: vamos a ir a ver a los gremios con una propuesta unificada con los gobernadores», comentaron a LA NACION cerca de Frigerio, con la mira puesta en el encuentro de mañana con los integrantes del triunvirato cegetista, en el que podría estar también el presidente Mauricio Macri. Juan Carlos Schmid, Carlos Acuña y Héctor Daer acordaron el viernes lanzar una medida de fuerza durante el mes próximo, a la espera de los resultados que arrojará la reunión con el Poder Ejecutivo.
La propuesta de Prat-Gay y Frigerio establece una suba inicial de alrededor del 15 por ciento en el mínimo no imponible, que quedaría en $22.747 y para los casados, de $ 34.500 de sueldo bruto. La suba «gradual» se completaría recién en 2019, y empezarían pagando un porcentaje muy alto (alrededor del 40 por ciento) quienes cobren salarios más altos.
Durante la reunión de ayer, el Gobierno y los representantes provinciales también debatieron cambios en la ley de responsabilidad fiscal, tendientes a lograr el «equilibrio» en las cuentas públicas hacia 2019, una meta del Poder Ejecutivo.
La baja del 10 por ciento del déficit primario y el freno gradual del gasto son dos de los cambios que Prat-Gay le propuso a las provincias. Los funcionarios, entre los cuales estaban Hernán Lacunza (Buenos Aires), Martín Mura (CABA), Gonzalo Saglione (Santa Fe) y Osvaldo Giordano (Córdoba), quedaron en dar una respuesta luego de consultar con sus gobernadores y tomando en cuenta la necesidad de armonizar estos cambios con sus propias leyes de presupuesto.
«Si hay consenso, los cambios en esa ley también podrían aprobarse junto al presupuesto», se esperanzaban cerca del ministro de Hacienda.
