por BERNARDO VÁZQUEZ
Para el 28 de octubre está prevista la audiencia por la electricidad
La intención del Gobierno de reformular la política tarifaria energética quedará para otro momento, en parte por la denominada herencia que dejó el kirchnerismo en el sector y también por las decisiones judiciales que postergaron la mayor parte de los aumentos decididos a principios de año en los precios de la luz y el gas.
El fiel reflejo de ese escenario es el elevado gasto que se destinará a subsidiar la electricidad en 2016: según datos de la Secretaría de Hacienda, serán poco más de $ 120.000 millones, un 65,5% por encima de los $ 72.945 millones que había previsto la anterior gestión al formular hace 12 meses el proyecto de presupuesto anual.
El aumento del gasto oficial en subsidios eléctricos se explica a partir de varios aspectos. Por un lado, el cambio de administración en el Poder Ejecutivo generó diferencias sustanciales en el manejo del dinero. Lo que durante la última mitad del gobierno del Frente para la Victoria fue un crecimiento constante de fondos para el sector, se modificó en el último presupuesto presentado por la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Después de haber utilizado $ 101.570 millones en 2015 para cubrir la diferencia entre los costos de producir la electricidad y lo que pagaban los usuarios, para el ejercicio 2016 calculó poco menos de $ 73.000 millones, un 28,2% menos del gasto previo.
De esos recursos se hizo cargo el gobierno de Cambiemos a partir del 1º de enero. Con la desaparición del Ministerio de Planificación Federal que encabezaba Julio de Vido, el programa número 74, denominado «formulación y ejecución de la política de energía eléctrica» pasó a manos del Ministerio de Energía y Minería a cargo de Juan José Aranguren. Tras anunciar la quita de los subsidios al sector desde el 31 de marzo, la política tarifaria macrista se frustró cuando la Justicia frenó los aumentos decididos, lo que demoró la puesta en marcha de los nuevos precios.
En ese contexto, tras agotar los recursos destinados al programa en agosto pasado, cuatro meses antes del final del año, el Ejecutivo se vio obligado a retocar la partida y llevarla a $ 120.743 millones, es decir, un 65,5% más que la previsión inicial. Al 28 de septiembre, se devengaron $ 92.713 millones, un 76,8% de todos los fondos del año, pero un 127% más que aquellos $ 72.945 millones fijados en el presupuesto ante el Congreso de la Nación. A este ritmo, con tres meses completos por delante y el crecimiento de la demanda energética que conllevan las altas temperaturas que se esperan desde noviembre, se presume que se utilizará la totalidad de la partida.
El año que viene la situación se corregirá, auguran en la Casa Rosada. Por eso, el presupuesto que plantea Cambiemos ante ambas cámaras del Congreso para formular y ejecutar políticas eléctricas está fijado en $ 98.363 millones, un intermedio entre los fondos con los que comenzó y terminará el año. A la espera de audiencias públicas por la luz, el 28 de octubre, en la que se revisará la tarifa para el ámbito de las distribuidoras Edenor y Edesur, el Gobierno espera un 2017 más previsible.
El desglose del plan de gastos elevado al Poder Legislativo revela que $ 93.427 millones corresponden a «acciones de sustentabilidad – suministro de energía eléctrica». Otros $ 4174 millones se atribuyen a la «ejecución de política de energía eléctrica» y el resto se distribuye en áreas como «conducción superior» y «ejecución de estudios en el sector energético».
Para el 28 de octubre está prevista la audiencia por la electricidad
La intención del Gobierno de reformular la política tarifaria energética quedará para otro momento, en parte por la denominada herencia que dejó el kirchnerismo en el sector y también por las decisiones judiciales que postergaron la mayor parte de los aumentos decididos a principios de año en los precios de la luz y el gas.
El fiel reflejo de ese escenario es el elevado gasto que se destinará a subsidiar la electricidad en 2016: según datos de la Secretaría de Hacienda, serán poco más de $ 120.000 millones, un 65,5% por encima de los $ 72.945 millones que había previsto la anterior gestión al formular hace 12 meses el proyecto de presupuesto anual.
El aumento del gasto oficial en subsidios eléctricos se explica a partir de varios aspectos. Por un lado, el cambio de administración en el Poder Ejecutivo generó diferencias sustanciales en el manejo del dinero. Lo que durante la última mitad del gobierno del Frente para la Victoria fue un crecimiento constante de fondos para el sector, se modificó en el último presupuesto presentado por la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Después de haber utilizado $ 101.570 millones en 2015 para cubrir la diferencia entre los costos de producir la electricidad y lo que pagaban los usuarios, para el ejercicio 2016 calculó poco menos de $ 73.000 millones, un 28,2% menos del gasto previo.
De esos recursos se hizo cargo el gobierno de Cambiemos a partir del 1º de enero. Con la desaparición del Ministerio de Planificación Federal que encabezaba Julio de Vido, el programa número 74, denominado «formulación y ejecución de la política de energía eléctrica» pasó a manos del Ministerio de Energía y Minería a cargo de Juan José Aranguren. Tras anunciar la quita de los subsidios al sector desde el 31 de marzo, la política tarifaria macrista se frustró cuando la Justicia frenó los aumentos decididos, lo que demoró la puesta en marcha de los nuevos precios.
En ese contexto, tras agotar los recursos destinados al programa en agosto pasado, cuatro meses antes del final del año, el Ejecutivo se vio obligado a retocar la partida y llevarla a $ 120.743 millones, es decir, un 65,5% más que la previsión inicial. Al 28 de septiembre, se devengaron $ 92.713 millones, un 76,8% de todos los fondos del año, pero un 127% más que aquellos $ 72.945 millones fijados en el presupuesto ante el Congreso de la Nación. A este ritmo, con tres meses completos por delante y el crecimiento de la demanda energética que conllevan las altas temperaturas que se esperan desde noviembre, se presume que se utilizará la totalidad de la partida.
El año que viene la situación se corregirá, auguran en la Casa Rosada. Por eso, el presupuesto que plantea Cambiemos ante ambas cámaras del Congreso para formular y ejecutar políticas eléctricas está fijado en $ 98.363 millones, un intermedio entre los fondos con los que comenzó y terminará el año. A la espera de audiencias públicas por la luz, el 28 de octubre, en la que se revisará la tarifa para el ámbito de las distribuidoras Edenor y Edesur, el Gobierno espera un 2017 más previsible.
El desglose del plan de gastos elevado al Poder Legislativo revela que $ 93.427 millones corresponden a «acciones de sustentabilidad – suministro de energía eléctrica». Otros $ 4174 millones se atribuyen a la «ejecución de política de energía eléctrica» y el resto se distribuye en áreas como «conducción superior» y «ejecución de estudios en el sector energético».
