Por Martín Astarita *
Una de las primeras acciones emprendidas por el gobierno de Mauricio Macri estuvo vinculada con los despidos en el sector público. En abril de este año, el Ministro de Modernización, Andrés Ibarra, anunció que las desvinculaciones alcanzaban a 10.921 empleados (aproximadamente el 5 por ciento del total de la administración pública nacional). En aquel momento, el ministro señaló, además, que la era de los despidos llegaba a su fin.
¿Cuál fue la lógica subyacente en estas desvinculaciones? El interrogante se plantea debido a que los funcionarios nacionales, y el propio Presidente, han recurrido a distintos argumentos para justificar las cesantías: excesiva politización de la burocracia (la “grasa militante”); proliferación de personas que no cumplían ninguna tarea (los denominados “ñoquis”); crecimiento estatal desmesurado en los últimos años; creación de empleo público para suplir la falta de dinamismo del empleo privado; alto déficit fiscal. Sintetizando este conjunto variado de razones, la cuestión se podría plantear de la siguiente manera: ¿Había una “necesidad” económica (reducir el gasto) o una intencionalidad política (desprenderse de “militantes” y, junto con ello, desmantelar programas y áreas que no eran de interés para el nuevo gobierno)?
El primer indicio de que los despidos obedecieron a razones políticas surgió del informe producido por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas en abril del corriente. En ese informe, se reveló que el gobierno de Macri había incrementado la cantidad de cargos directivos con respecto a la administración anterior. En efecto, hubo un aumento en la cantidad de ministerios (pasaron de 17 a 21), en la cantidad de secretarías (de 65 a 80) y también en las subsecretarías (de 167 a 196). A cifras similares arribó un estudio de Cippec publicado poco tiempo después.
A partir de entonces cabía esperar que, ante la ampliación de la estructura ministerial, se produjera, en consonancia, un aumento en la cantidad de personal. Pues bien, esta intuición puede ser ahora corroborada con datos oficiales provistos por el Ministerio de Trabajo:
– En junio de 2016, el empleo público total (3,5 millones de trabajadores) ha crecido tanto si se lo compara con el mes anterior (1 por ciento, o sea 33 mil puestos nuevos) como en relación con el mismo mes del año pasado (2,4 por ciento, es decir, más de 80 mil puestos de trabajo). Al desagregar la información según los niveles de gobierno, se observa que la dinámica interanual es positiva en los tres casos: nacional (2,5 por ciento), provincial (2,2) y municipal (3,3).
– El informe registra la evolución mensual del empleo público, con lo cual es posible evaluar específicamente lo ocurrido a partir del 10 de diciembre de 2015, cuando asumió Macri como presidente.
– En tal sentido, de diciembre a junio, el empleo público en el ámbito nacional registró mínimas variaciones: en diciembre de 2015, había un total de 742.113 trabajadores, mientras que en junio de 2016 pasaron a ser 739.097. Es decir, hay 3016 trabajadores menos, lo que representa una merma del 0,4 por ciento del total del empleo público nacional.
¿Qué lectura puede hacerse de estos datos? El gobierno nacional despidió en los primeros meses un total de 10.921 trabajadores. Pero la reducción de trabajadores en el ámbito nacional es, según el Ministerio de Trabajo, de 3016 empleados. Esto significa que en paralelo a los despidos se han producido nuevas contrataciones. Así lo consigna el informe del Ministerio de Trabajo: “Luego de una leve reducción del nivel de empleo en enero, el número de trabajadores se incrementa todos los meses.” El relevamiento llega hasta junio; es probable que en estos meses se haya incrementado aún más la dotación de personal.
Tres conclusiones se derivan de estas cifras.
– ¿La nueva grasa militante? Como fue indicado, el saldo neto entre trabajadores despedidos y contratados durante la administración Macri es apenas negativo. Cabe hacer notar una cuestión adicional: no hubo concursos para el nuevo personal que ingresó desde diciembre. Por ende, al contrario de la anunciada profesionalización, lo que hubo en estos meses fue una politización del empleo público: fueron despedidos trabajadores de la anterior gestión y se los reemplazó con “gente propia”.
– El tamaño no importa. La evolución del empleo público en estos meses revela que, para el macrismo, el tamaño del Estado heredado, al menos por ahora, no es un asunto problemático. En todo caso, los cambios que se pueden observar residen en las modalidades y áreas de intervención, y no en las dimensiones estatales.
– El mito del Estado mínimo. El Estado siempre interviene, lo que cambia es dónde y cómo. Así como algunas áreas, programas y organismos estatales que no eran de interés del nuevo gobierno fueron cerrados o desmantelados (por caso, aquellos asociados con los derechos humanos o con regulaciones económicas), otras áreas crecieron en forma significativa (por ejemplo, el nuevo Ministerio de Modernización, que cuenta con cuatro secretarías y ocho subsecretarías).
En definitiva, hasta el momento primó una lógica política y no económica en materia de despidos. Ante los rumores sobre una nueva e inminente oleada de cesantías, queda planteado el interrogante acerca de los criterios que imperarán en el futuro. ¿Será el tiempo del ajuste fiscal mediante la reducción del empleo público o continuarán reemplazando empleados “pertenecientes” a la anterior administración con gente propia?
* Politólogo, director de @elloropolitico.
Una de las primeras acciones emprendidas por el gobierno de Mauricio Macri estuvo vinculada con los despidos en el sector público. En abril de este año, el Ministro de Modernización, Andrés Ibarra, anunció que las desvinculaciones alcanzaban a 10.921 empleados (aproximadamente el 5 por ciento del total de la administración pública nacional). En aquel momento, el ministro señaló, además, que la era de los despidos llegaba a su fin.
¿Cuál fue la lógica subyacente en estas desvinculaciones? El interrogante se plantea debido a que los funcionarios nacionales, y el propio Presidente, han recurrido a distintos argumentos para justificar las cesantías: excesiva politización de la burocracia (la “grasa militante”); proliferación de personas que no cumplían ninguna tarea (los denominados “ñoquis”); crecimiento estatal desmesurado en los últimos años; creación de empleo público para suplir la falta de dinamismo del empleo privado; alto déficit fiscal. Sintetizando este conjunto variado de razones, la cuestión se podría plantear de la siguiente manera: ¿Había una “necesidad” económica (reducir el gasto) o una intencionalidad política (desprenderse de “militantes” y, junto con ello, desmantelar programas y áreas que no eran de interés para el nuevo gobierno)?
El primer indicio de que los despidos obedecieron a razones políticas surgió del informe producido por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas en abril del corriente. En ese informe, se reveló que el gobierno de Macri había incrementado la cantidad de cargos directivos con respecto a la administración anterior. En efecto, hubo un aumento en la cantidad de ministerios (pasaron de 17 a 21), en la cantidad de secretarías (de 65 a 80) y también en las subsecretarías (de 167 a 196). A cifras similares arribó un estudio de Cippec publicado poco tiempo después.
A partir de entonces cabía esperar que, ante la ampliación de la estructura ministerial, se produjera, en consonancia, un aumento en la cantidad de personal. Pues bien, esta intuición puede ser ahora corroborada con datos oficiales provistos por el Ministerio de Trabajo:
– En junio de 2016, el empleo público total (3,5 millones de trabajadores) ha crecido tanto si se lo compara con el mes anterior (1 por ciento, o sea 33 mil puestos nuevos) como en relación con el mismo mes del año pasado (2,4 por ciento, es decir, más de 80 mil puestos de trabajo). Al desagregar la información según los niveles de gobierno, se observa que la dinámica interanual es positiva en los tres casos: nacional (2,5 por ciento), provincial (2,2) y municipal (3,3).
– El informe registra la evolución mensual del empleo público, con lo cual es posible evaluar específicamente lo ocurrido a partir del 10 de diciembre de 2015, cuando asumió Macri como presidente.
– En tal sentido, de diciembre a junio, el empleo público en el ámbito nacional registró mínimas variaciones: en diciembre de 2015, había un total de 742.113 trabajadores, mientras que en junio de 2016 pasaron a ser 739.097. Es decir, hay 3016 trabajadores menos, lo que representa una merma del 0,4 por ciento del total del empleo público nacional.
¿Qué lectura puede hacerse de estos datos? El gobierno nacional despidió en los primeros meses un total de 10.921 trabajadores. Pero la reducción de trabajadores en el ámbito nacional es, según el Ministerio de Trabajo, de 3016 empleados. Esto significa que en paralelo a los despidos se han producido nuevas contrataciones. Así lo consigna el informe del Ministerio de Trabajo: “Luego de una leve reducción del nivel de empleo en enero, el número de trabajadores se incrementa todos los meses.” El relevamiento llega hasta junio; es probable que en estos meses se haya incrementado aún más la dotación de personal.
Tres conclusiones se derivan de estas cifras.
– ¿La nueva grasa militante? Como fue indicado, el saldo neto entre trabajadores despedidos y contratados durante la administración Macri es apenas negativo. Cabe hacer notar una cuestión adicional: no hubo concursos para el nuevo personal que ingresó desde diciembre. Por ende, al contrario de la anunciada profesionalización, lo que hubo en estos meses fue una politización del empleo público: fueron despedidos trabajadores de la anterior gestión y se los reemplazó con “gente propia”.
– El tamaño no importa. La evolución del empleo público en estos meses revela que, para el macrismo, el tamaño del Estado heredado, al menos por ahora, no es un asunto problemático. En todo caso, los cambios que se pueden observar residen en las modalidades y áreas de intervención, y no en las dimensiones estatales.
– El mito del Estado mínimo. El Estado siempre interviene, lo que cambia es dónde y cómo. Así como algunas áreas, programas y organismos estatales que no eran de interés del nuevo gobierno fueron cerrados o desmantelados (por caso, aquellos asociados con los derechos humanos o con regulaciones económicas), otras áreas crecieron en forma significativa (por ejemplo, el nuevo Ministerio de Modernización, que cuenta con cuatro secretarías y ocho subsecretarías).
En definitiva, hasta el momento primó una lógica política y no económica en materia de despidos. Ante los rumores sobre una nueva e inminente oleada de cesantías, queda planteado el interrogante acerca de los criterios que imperarán en el futuro. ¿Será el tiempo del ajuste fiscal mediante la reducción del empleo público o continuarán reemplazando empleados “pertenecientes” a la anterior administración con gente propia?
* Politólogo, director de @elloropolitico.
