Un asunto económico de matriz política. La paritaria entre Mauricio Macri y los gobernadores por el presupuesto 2017 reactiva una antigua querella de las provincias: limitar la discrecionalidad de la Casa Rosada en el reparto de fondos.
La configuración del Congreso, sin mayorías ni quórum, ofrece, según los opositores una carta de oro: forzado a negociar, el Gobierno deberá atender las demandas provinciales. Una, en particular, es sensible. Los gobernadores, según supo Clarín, pretenden eliminar, o al menos flexibilidad, el régimen que convierte a Alfonso Pray Gay en el árbitro que autoriza o “pisa” los planes provinciales de endeudamiento. No es un antojo PRO ni un vicio reciente. Post crisis de 2001, por pedido del FMI se montó un dispositivo (ley 25.917, de Responsabilidad Fiscal) que otorga al Palacio de Hacienda el “superpoder” para permitir, demorar o denegar la colocación de deudas.
El don lo usaron como premio y castigo los ministros de la última década y media. Un dirigente del interior contó que gestionó un crédito para obras pero Axel Kicillof jamás dio el OK. “Era para hacer obras en un año electoral y nunca me autorizó” recordó.
Las quejas siguen. En Salta reprochan que Hacienda, con la firma Gustavo Marconato, demoró una autorización y lo hizo post Brexit lo que encareció el crédito.
“Coincidimos en la responsabilidad fiscal pero las provincias deben tener más autonomía”, dijo el salteño Pablo Kosiner, del Bloque Justicialista y hombre fuerte de Juan Manuel Urtubey en Congreso.
– Yo quise colocar deuda para obras, pero me autorizaron menos de la mitad de lo que pedí, le detalló un gobernador a Clarín.
– En Gobierno dicen que fue así porque iba a gastos corrientes.
– ¿Y para qué cree que se está destinando la deuda que está tomando Nación?, apuntó.
Santa Fe es una de las provincias que “negoció” con Marconato y saldrá a buscar U$S 250 millones. Su pedido inicial fue de U$S 500 millones. “El compromiso debe ser de ambas partes: si la provincia está en condiciones de endeudarse, la Nación debe ayudar al proceso” sostuvo Gonzalo Saglione, ministro de Economía de Santa Fe.
Antes de fin de año, Entre Ríos buscará captar U$S 250 millones y Tierra del Fuego irá por U$S 150 millones. Gustavo Bordet y Rosana Bertone, los dos del PJ, junto al socialista Miguel Lifschitz, integran el último pelotón de los que se endeudarán afuera.
La provincia de Buenos Aires con U$S 2.250 millones, CABA con U$S 890 millones, Córdoba (U$S 725 millones), Chubut (U$S 700 millones) y Mendoza (U$S 500 millones) están en el top five. Según Cippec, hasta agosto las colocaciones provinciales ascendieron a U$S 5.600 millones. Se suman a los más de 92.000 millones que le deben a Nación.
La discusión está abierta. Un borrador que circula entre ministros de Economía y legisladores reclama autorizaciones automáticas”. En criollo: si cumple los parámetros del Régimen de Responsabilidad Fiscal, una provincia podría endeudarse sin el OK de Hacienda.
“Es peligroso porque puede generar una burbuja de deuda”, advirtió un economista PRO a Clarín. “Lo fiscal es solo una parte: hay que ver el mercado y las divisas”, precisó.
Simple. Las deudas en dólares generan un compromiso futuro de “pagar” esa moneda y hay una sola cuenta de divisas: la nacional.
“Se puede limitar la discrecional pero tiene que haber coordinación de Nación”, agrega quien ocupó una butaca ardiente en la gestión económica del PJ. Un funcionario de Cambiemos hace equilibrio. “El control nacional siempre se presta a especulaciones -admite-. Pero la ausencia de una regla potencia la irresponsabilidad”.
La palabra clave es discrecionalidad. Las provincias quieren parámetros para que Nación cumpla de manera automática. Un caso: que los fondos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) se repartan del mismo modo que la coparticipación. Economía, en las charlas previas, avala que sean automáticas las transferencias para cajas previsionales que no absorbió la Nación. Desde lo legislativo, la reforma de los ATN parece más compleja.
El Gobierno empuja, además, un pacto para que las provincias bajen 10% su déficit en 2017 y promete extender el Programa de Refinanciamiento de las deudas provinciales que, para el año próximo, involucra unos $ 8. 000 millones. A la pesca de apoyo, los gobernadores salen de gira para unir a los peronismos. Además del Bloque Justicialista, apuestan al respaldo del FPV y del FR de Sergio Massa. El tigrense le pidió a Marco Lavagna que hable con los ministros de Economía provinciales para tener un punteo de las demandas.
En Diputados, Cambiemos marcó el 27 de octubre como fecha para el dictamen de comisiones del proyecto de Presupuesto.
La configuración del Congreso, sin mayorías ni quórum, ofrece, según los opositores una carta de oro: forzado a negociar, el Gobierno deberá atender las demandas provinciales. Una, en particular, es sensible. Los gobernadores, según supo Clarín, pretenden eliminar, o al menos flexibilidad, el régimen que convierte a Alfonso Pray Gay en el árbitro que autoriza o “pisa” los planes provinciales de endeudamiento. No es un antojo PRO ni un vicio reciente. Post crisis de 2001, por pedido del FMI se montó un dispositivo (ley 25.917, de Responsabilidad Fiscal) que otorga al Palacio de Hacienda el “superpoder” para permitir, demorar o denegar la colocación de deudas.
El don lo usaron como premio y castigo los ministros de la última década y media. Un dirigente del interior contó que gestionó un crédito para obras pero Axel Kicillof jamás dio el OK. “Era para hacer obras en un año electoral y nunca me autorizó” recordó.
Las quejas siguen. En Salta reprochan que Hacienda, con la firma Gustavo Marconato, demoró una autorización y lo hizo post Brexit lo que encareció el crédito.
“Coincidimos en la responsabilidad fiscal pero las provincias deben tener más autonomía”, dijo el salteño Pablo Kosiner, del Bloque Justicialista y hombre fuerte de Juan Manuel Urtubey en Congreso.
– Yo quise colocar deuda para obras, pero me autorizaron menos de la mitad de lo que pedí, le detalló un gobernador a Clarín.
– En Gobierno dicen que fue así porque iba a gastos corrientes.
– ¿Y para qué cree que se está destinando la deuda que está tomando Nación?, apuntó.
Santa Fe es una de las provincias que “negoció” con Marconato y saldrá a buscar U$S 250 millones. Su pedido inicial fue de U$S 500 millones. “El compromiso debe ser de ambas partes: si la provincia está en condiciones de endeudarse, la Nación debe ayudar al proceso” sostuvo Gonzalo Saglione, ministro de Economía de Santa Fe.
Antes de fin de año, Entre Ríos buscará captar U$S 250 millones y Tierra del Fuego irá por U$S 150 millones. Gustavo Bordet y Rosana Bertone, los dos del PJ, junto al socialista Miguel Lifschitz, integran el último pelotón de los que se endeudarán afuera.
La provincia de Buenos Aires con U$S 2.250 millones, CABA con U$S 890 millones, Córdoba (U$S 725 millones), Chubut (U$S 700 millones) y Mendoza (U$S 500 millones) están en el top five. Según Cippec, hasta agosto las colocaciones provinciales ascendieron a U$S 5.600 millones. Se suman a los más de 92.000 millones que le deben a Nación.
La discusión está abierta. Un borrador que circula entre ministros de Economía y legisladores reclama autorizaciones automáticas”. En criollo: si cumple los parámetros del Régimen de Responsabilidad Fiscal, una provincia podría endeudarse sin el OK de Hacienda.
“Es peligroso porque puede generar una burbuja de deuda”, advirtió un economista PRO a Clarín. “Lo fiscal es solo una parte: hay que ver el mercado y las divisas”, precisó.
Simple. Las deudas en dólares generan un compromiso futuro de “pagar” esa moneda y hay una sola cuenta de divisas: la nacional.
“Se puede limitar la discrecional pero tiene que haber coordinación de Nación”, agrega quien ocupó una butaca ardiente en la gestión económica del PJ. Un funcionario de Cambiemos hace equilibrio. “El control nacional siempre se presta a especulaciones -admite-. Pero la ausencia de una regla potencia la irresponsabilidad”.
La palabra clave es discrecionalidad. Las provincias quieren parámetros para que Nación cumpla de manera automática. Un caso: que los fondos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) se repartan del mismo modo que la coparticipación. Economía, en las charlas previas, avala que sean automáticas las transferencias para cajas previsionales que no absorbió la Nación. Desde lo legislativo, la reforma de los ATN parece más compleja.
El Gobierno empuja, además, un pacto para que las provincias bajen 10% su déficit en 2017 y promete extender el Programa de Refinanciamiento de las deudas provinciales que, para el año próximo, involucra unos $ 8. 000 millones. A la pesca de apoyo, los gobernadores salen de gira para unir a los peronismos. Además del Bloque Justicialista, apuestan al respaldo del FPV y del FR de Sergio Massa. El tigrense le pidió a Marco Lavagna que hable con los ministros de Economía provinciales para tener un punteo de las demandas.
En Diputados, Cambiemos marcó el 27 de octubre como fecha para el dictamen de comisiones del proyecto de Presupuesto.
