Por Juan Rodil (*)
El proyecto de reforma electoral enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo logró dictamen favorable de comisión luego de meses de deliberación y arduas negociaciones.
El proyecto de reforma impulsado por el Ejecutivo consiste en la aplicación de un sistema de selección de candidaturas a través de la pantalla de un dispositivo que luego es impresa en una boleta de papel con un chip o código de lectura. La idea resulta bastante similar a la que se aplicó en Salta y en las últimas elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, para este proyecto los funcionarios del gobierno nacional impulsan el diseño de un instrumento de votación desarrollado por el Estado, a diferencia del que fue utilizado en las experiencias anteriores, que pertenecía a una empresa privada.
En el debate parlamentario, si bien se introdujeron algunas modificaciones importantes al proyecto original, su estructura permaneció intacta.
El proyecto prevé la aplicación de este sistema en todo el territorio nacional para la elección de medio término de 2017, y hasta el momento de la firma del dictamen de la mayoría, no contempla ningún tipo de «plan B» o de contingencia para aquellos lugares que tengan dificultades a la hora de utilizar los dispositivos de votación.
La ambición es grande y el tiempo es corto: el vértigo en la implementación, cuando todos los expertos recomiendan una aplicación gradual y controlada, puede impactar en la transparencia del proceso de adquisición, así como en el de desarrollo y perfeccionamiento del instrumento, y en la capacitación para su utilización. Pero el gradualismo es recomendado sobre todo porque el cambio de sistema de votación requiere tiempo para que tanto los partidos políticos como la ciudadanía, confíen en que el instrumento es lo suficientemente eficiente como para dar cuenta de manera efectiva las preferencias del electorado.
En el dictamen de comisión también quedaron en pie las modificaciones propuestas por el Ejecutivo para intentar establecer un orden en la oferta electoral. Se trata de la prohibición de colectoras, de las candidaturas múltiples y el sistema de Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) por agrupación política o acuerdo electoral.
La prohibición de colectoras tiene el objetivo de impactar en el achicamiento de la cantidad de candidaturas que se presentan «apoyando» a un mismo candidato. El proyecto limita este tipo de prácticas impidiendo que de cada agrupación o acuerdo electoral haya más de una boleta en la elección general. También prohibe que el mismo candidato se presente para más de un cargo, ya sea este del orden nacional, provincial o municipal. Finalmente, las PASO por agrupación pretenden devolver a los partidos y alianzas electorales algún nivel de autonomía y estabilidad, obligando al elector a participar de la selección de precandidatos para todas las categorías dentro de una misma agrupación política o acuerdo electoral.
Entre los cambios introducidos por la agenda parlamentaria está la paridad de género, que supone que todas las listas presentadas por las agrupaciones políticas deberán intercalar una mujer y un hombre para estar conformadas con el 50% de cada género.
Respecto de los controles, el debate parlamentario sumó a las garantías previas (controles establecidos por los partidos y universidades previos a la aprobación del sistema por parte de la Cámara Nacional Electoral) y las auditorías posteriores (un porcentaje de las urnas que son abiertas con posterioridad al comicio para verificar el funcionamiento de los dispositivos informáticos) previstas en el proyecto original, una verificación in situ de diez equipos informáticos por provincia, elegidos por sorteo, durante el día de la elección. También se agregaron las figuras de «delegado informático» designado por las Juntas Electorales Nacionales de cada distrito y la de los «fiscales informáticos» de los partidos políticos en cada establecimiento de votación.
En materia de administración y jurisdicción, la Cámara Nacional Electoral (CNE) pasa a ocupar un lugar preponderante en un sistema, que aún es compartido con aéreas dirigidas por el Poder Ejecutivo Nacional, como la Dirección Nacional Electoral. En ese sentido, el escrutinio provisorio dejaría de ser realizado bajo la órbita del Ministerio del Interior para pasar a ser una responsabilidad de la CNE. Por otra parte, el Congreso Nacional se incorporaría a los organismos de control electoral a partir de la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento de los procesos Electorales.
El gran ausente en el debate sobre la reforma electoral es el tema del financiamiento, que según autoridades del gobierno será tratado en el futuro a través de otro proyecto de ley. La única medida destacable es la incorporación de 17 auditores contables al cuerpo que debe controlar los ingresos y los gastos de las agrupaciones políticas en la campaña electoral. En ese sentido, en el proyecto no se han incorporado medidas tales como la prohibición de las donaciones y gastos en efectivo ni la regulación del uso de los recursos públicos y la propaganda de gobierno en tiempos de campaña electoral.
(*) Director de Argentina Elige (Espacio plural, multisectorial y no partidario).
El proyecto de reforma electoral enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo logró dictamen favorable de comisión luego de meses de deliberación y arduas negociaciones.
El proyecto de reforma impulsado por el Ejecutivo consiste en la aplicación de un sistema de selección de candidaturas a través de la pantalla de un dispositivo que luego es impresa en una boleta de papel con un chip o código de lectura. La idea resulta bastante similar a la que se aplicó en Salta y en las últimas elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, para este proyecto los funcionarios del gobierno nacional impulsan el diseño de un instrumento de votación desarrollado por el Estado, a diferencia del que fue utilizado en las experiencias anteriores, que pertenecía a una empresa privada.
En el debate parlamentario, si bien se introdujeron algunas modificaciones importantes al proyecto original, su estructura permaneció intacta.
El proyecto prevé la aplicación de este sistema en todo el territorio nacional para la elección de medio término de 2017, y hasta el momento de la firma del dictamen de la mayoría, no contempla ningún tipo de «plan B» o de contingencia para aquellos lugares que tengan dificultades a la hora de utilizar los dispositivos de votación.
La ambición es grande y el tiempo es corto: el vértigo en la implementación, cuando todos los expertos recomiendan una aplicación gradual y controlada, puede impactar en la transparencia del proceso de adquisición, así como en el de desarrollo y perfeccionamiento del instrumento, y en la capacitación para su utilización. Pero el gradualismo es recomendado sobre todo porque el cambio de sistema de votación requiere tiempo para que tanto los partidos políticos como la ciudadanía, confíen en que el instrumento es lo suficientemente eficiente como para dar cuenta de manera efectiva las preferencias del electorado.
En el dictamen de comisión también quedaron en pie las modificaciones propuestas por el Ejecutivo para intentar establecer un orden en la oferta electoral. Se trata de la prohibición de colectoras, de las candidaturas múltiples y el sistema de Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) por agrupación política o acuerdo electoral.
La prohibición de colectoras tiene el objetivo de impactar en el achicamiento de la cantidad de candidaturas que se presentan «apoyando» a un mismo candidato. El proyecto limita este tipo de prácticas impidiendo que de cada agrupación o acuerdo electoral haya más de una boleta en la elección general. También prohibe que el mismo candidato se presente para más de un cargo, ya sea este del orden nacional, provincial o municipal. Finalmente, las PASO por agrupación pretenden devolver a los partidos y alianzas electorales algún nivel de autonomía y estabilidad, obligando al elector a participar de la selección de precandidatos para todas las categorías dentro de una misma agrupación política o acuerdo electoral.
Entre los cambios introducidos por la agenda parlamentaria está la paridad de género, que supone que todas las listas presentadas por las agrupaciones políticas deberán intercalar una mujer y un hombre para estar conformadas con el 50% de cada género.
Respecto de los controles, el debate parlamentario sumó a las garantías previas (controles establecidos por los partidos y universidades previos a la aprobación del sistema por parte de la Cámara Nacional Electoral) y las auditorías posteriores (un porcentaje de las urnas que son abiertas con posterioridad al comicio para verificar el funcionamiento de los dispositivos informáticos) previstas en el proyecto original, una verificación in situ de diez equipos informáticos por provincia, elegidos por sorteo, durante el día de la elección. También se agregaron las figuras de «delegado informático» designado por las Juntas Electorales Nacionales de cada distrito y la de los «fiscales informáticos» de los partidos políticos en cada establecimiento de votación.
En materia de administración y jurisdicción, la Cámara Nacional Electoral (CNE) pasa a ocupar un lugar preponderante en un sistema, que aún es compartido con aéreas dirigidas por el Poder Ejecutivo Nacional, como la Dirección Nacional Electoral. En ese sentido, el escrutinio provisorio dejaría de ser realizado bajo la órbita del Ministerio del Interior para pasar a ser una responsabilidad de la CNE. Por otra parte, el Congreso Nacional se incorporaría a los organismos de control electoral a partir de la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento de los procesos Electorales.
El gran ausente en el debate sobre la reforma electoral es el tema del financiamiento, que según autoridades del gobierno será tratado en el futuro a través de otro proyecto de ley. La única medida destacable es la incorporación de 17 auditores contables al cuerpo que debe controlar los ingresos y los gastos de las agrupaciones políticas en la campaña electoral. En ese sentido, en el proyecto no se han incorporado medidas tales como la prohibición de las donaciones y gastos en efectivo ni la regulación del uso de los recursos públicos y la propaganda de gobierno en tiempos de campaña electoral.
(*) Director de Argentina Elige (Espacio plural, multisectorial y no partidario).
