El miércoles pasado, mientras el país se conmovía una vez más por las multitudinarias marchas en defensa de los derechos de las mujeres, la gobernadora María Eugenia Vidal enfrentaba uno de los dilemas más dramáticos desde que asumió el 10 de diciembre, y no es que sus dilemas hayan sido pocos. Vidal recibió una andanada de presiones por parte de la Iglesia Católica, alguno de cuyos miembros tienen roles importantes en su entorno, para que derogara una decisión administrativa que intenta facilitar la realización del aborto no punible, es decir, en mujeres con embarazo producto de una violación. Las presiones, como consignó el diario La Nación, llegaron incluso desde el propio Vaticano, cuyo jefe, Jorge Bergoglio, ha expresado muchas veces su consideración por la gobernadora, pero al parecer en este punto no está dispuesto a ceder.
El conflicto se desató la semana pasada cuando distintos cables consignaron que la provincia de Buenos Aires había adherido el protocolo de Aborto No Punible recomendado en el 2012 por la Corte Suprema de Justicia. En esa ocasión, el Máximo Tribunal trató el caso de una joven que había pedido abortar y emitió un dictamen relevante en el que, por un lado, precisó que el aborto no punible se debe aplicar a cualquier mujer víctima de violación, independientemente de si esta fuera o no deficiente mental. Por el otro, la Corte estipuló que solo era necesario que la mujer denunciara ante los médicos que fue violada para que se realice la interrupción del embarazo. No debetía intermediar ninguna autoridad judicial porque el tiempo para abortar no es infinito, apenas unas pocas semanas, lapso imposible de cumplir por un juez.
Como siempre ocurre con un tema tan sensible, y mucho más desde que Bergoglio se transformó en Papa, la aplicación práctica de ese fallo generó conflictos en todos los estamentos del Estado. Solo ocho provincias, de los más variados signos político, lo pusieron en práctica: Chaco, Chubut, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego. Si se mira bien, solo una de ellas, Santa Fe, supera el millón de habitantes. El gobierno nacional se sumó al grupo de las Ocho apenas unos meses antes del final del mandato de Cristina Kirchner. Esa situación continúa vigente al día de hoy. Los distritos de los candidatos presidenciales, Mauricio Macri y Daniel Scioli, adoptaron, en cambio, protocolos más restrictivos. Ese detalle es el que intenta corregir la resolución emitida la semana pasada por el gobierno de Vidal, al adecuarse a la legislación vigente.
El nuevo instrumento facilita la interrupción del embarazo porque habilita a todos los componentes del sistema de salud a realizarlo, y no solo a los servicios de tocoginecología, establece que es suficiente con un pedido de la víctima al médico y descarta la intermediación de un consejo de interconsulta, salvo que el médico decida consultar por la complejidad del caso, como ocurre con cualquier otro problema de salud. Además, es mucho más específíco respecto a las sanciones que le cabrían a los profesionales que intenten prácticas dilatorias y, en consonancia con el nuevo Código Civil de 2015, concede mucho más poder decisión a las adolescentes.
En realidad, nada de esto debería ser dramático. Si esta establecido que una mujer violada puede requerir una intervención médica para interrumpir el embarazo, es lógico que el Estado se ponga a su disposición en ese momento de vida o muerte. Y si el Código Civil establece que las mujeres mayores de 13 son sujeto de derecho, el estado provincial no tiene espacio para hacer otra cosa que cumplir con él. Sin embargo, la palabra aborto tiene un caracter simbólico muy fuerte, especialmente para ciertos grupos religiosos y, como se verá, es muy difícil razonar con los fanáticos.
La agencia Católica Argentina difundió un comunicado de la Asociación Familias por la Paz: «Queremos una Argentina sin vidas descartables, donde haya lugar para todos. Como bien lo explicó el cardenal (Jorge) Bergoglio cuando en el Día del Niño por Nacer en Buenos Aires, nos dijo en su homilía: cuidar la vida, desde que es muy pequeñita que apenas puede verse en una ecografía, hasta la muerte natural, cuidar la vida. El cambio debe iniciarse en el respeto a la propia vida del hombre, si no ¿de qué cambio hablamos?».
Es difícil entender que las opiniones sean tan taxativas cuando provienen de una organización que, en los últimos años, ha estado en el banquillo de los acusados, justamente, por el destrato a menores de edad.
En el gabinete de Vidal hay posiciones muy enfrentadas sobre el particular. La ministra de Salud, Zulma Ortiz, es una profesional de un alto grado de compromiso con la salud pública, y conoce y difunde desde hace años el grave riesgo para la vida de las mujeres que implica la realización de abortos clandestinos. De no ser ministra, seguramente habría estado en la marcha que reclamaba Ni una menos. Pero uno de los hombres de mayor confianza de la gobernadora, el secretario de Legal y Técnica, Julio Comte Grand, es un cuadro del Opus Dei, y quien decide lo que se publica o deja de publicar en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires. Como la resolución fue firmada por Ortiz, los grupos católicos esperan que la deje sin efecto.
Las posiciones en Cambiemos respecto al aborto no son categóricas aunque es difícil encontrar dirigentes que claramente propongan la despenalización. El único que lo hizo, el año pasado, fue el asesor de imagen Jaime Durán Barba. El último sábado Nicolás Massot, jefe de la bancada oficialista en diputados, sostuvo que, aunque él no está de acuerdo, «estamos completamente abiertos al debate sobre el aborto». En mayo, Vidal dijo: «No es un tema que se debata en la Provincia, aunque creo que debería haber libertad de conciencia en cada partido.
Cada diputada o senadora debe votar de acuerdo con su conciencia. Ninguna mujer va contenta a hacerse un aborto. Es traumático y no hay que criminalizarlas». En el último congreso eucarístico, realizado en Tucumán, mientras Gabriela Michetti gritaba viva la Iglesia, Mauricio Macri se pronunciaba a favor del derecho a la vida «desde la concepción».
Esos debates sobre la cuestión de fondo no deberían definir el dilema que enfrenta María Eugenia Vidal, que trata sobre algo mucho más específico: la manera con que el Estado asiste a una mujer violada, cuando quiere interrumpir su embarazo, de acuerdo a un derecho ya establecido por un fallo unánime de la Corte Suprema, al cual adhirió el Gobierno Nacional.
Vidal ha representado un aire distinto en la política argentina. Es una mujer joven, de clase media, su nombre no figura en ninguna causa comprometida, no titubea cuando le preguntan qué opina de la dictadura, ni tiene cuentas difíciles de explicar. Sus enemigos sostienen que es apenas la cara bonita de un proyecto de derecha conservadora y tradicional, contra lo que refleja su proceder concreto cada vez que pudo decidir con autonomía. Ahora está presionada por la organización de Bergoglio, un líder de indiscutible autoridad política por el cargo que logró ocupar, como cabeza de una organización de procederes morales y sociales algo más opinables.
De un lado está eso: la ley y el compromiso con la salud pública de un equipo de Salud al que la Gobernadora conoce bien y respalda.
Del otro, la Iglesia Católica, cuya relación de la salud reproductiva ha sido, como mínimo, poco armoniosa y que renovó su poder en la Argentina gracias a Bergoglio, un arma poltícamente poderosa, a la que todas las fuerzas mayoritarias le temen.
No es fácil ser gobernadora de la provincia de Buenos Aires.
Hay que tomar decisiones todo el tiempo.
El conflicto se desató la semana pasada cuando distintos cables consignaron que la provincia de Buenos Aires había adherido el protocolo de Aborto No Punible recomendado en el 2012 por la Corte Suprema de Justicia. En esa ocasión, el Máximo Tribunal trató el caso de una joven que había pedido abortar y emitió un dictamen relevante en el que, por un lado, precisó que el aborto no punible se debe aplicar a cualquier mujer víctima de violación, independientemente de si esta fuera o no deficiente mental. Por el otro, la Corte estipuló que solo era necesario que la mujer denunciara ante los médicos que fue violada para que se realice la interrupción del embarazo. No debetía intermediar ninguna autoridad judicial porque el tiempo para abortar no es infinito, apenas unas pocas semanas, lapso imposible de cumplir por un juez.
Como siempre ocurre con un tema tan sensible, y mucho más desde que Bergoglio se transformó en Papa, la aplicación práctica de ese fallo generó conflictos en todos los estamentos del Estado. Solo ocho provincias, de los más variados signos político, lo pusieron en práctica: Chaco, Chubut, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego. Si se mira bien, solo una de ellas, Santa Fe, supera el millón de habitantes. El gobierno nacional se sumó al grupo de las Ocho apenas unos meses antes del final del mandato de Cristina Kirchner. Esa situación continúa vigente al día de hoy. Los distritos de los candidatos presidenciales, Mauricio Macri y Daniel Scioli, adoptaron, en cambio, protocolos más restrictivos. Ese detalle es el que intenta corregir la resolución emitida la semana pasada por el gobierno de Vidal, al adecuarse a la legislación vigente.
El nuevo instrumento facilita la interrupción del embarazo porque habilita a todos los componentes del sistema de salud a realizarlo, y no solo a los servicios de tocoginecología, establece que es suficiente con un pedido de la víctima al médico y descarta la intermediación de un consejo de interconsulta, salvo que el médico decida consultar por la complejidad del caso, como ocurre con cualquier otro problema de salud. Además, es mucho más específíco respecto a las sanciones que le cabrían a los profesionales que intenten prácticas dilatorias y, en consonancia con el nuevo Código Civil de 2015, concede mucho más poder decisión a las adolescentes.
En realidad, nada de esto debería ser dramático. Si esta establecido que una mujer violada puede requerir una intervención médica para interrumpir el embarazo, es lógico que el Estado se ponga a su disposición en ese momento de vida o muerte. Y si el Código Civil establece que las mujeres mayores de 13 son sujeto de derecho, el estado provincial no tiene espacio para hacer otra cosa que cumplir con él. Sin embargo, la palabra aborto tiene un caracter simbólico muy fuerte, especialmente para ciertos grupos religiosos y, como se verá, es muy difícil razonar con los fanáticos.
La agencia Católica Argentina difundió un comunicado de la Asociación Familias por la Paz: «Queremos una Argentina sin vidas descartables, donde haya lugar para todos. Como bien lo explicó el cardenal (Jorge) Bergoglio cuando en el Día del Niño por Nacer en Buenos Aires, nos dijo en su homilía: cuidar la vida, desde que es muy pequeñita que apenas puede verse en una ecografía, hasta la muerte natural, cuidar la vida. El cambio debe iniciarse en el respeto a la propia vida del hombre, si no ¿de qué cambio hablamos?».
Es difícil entender que las opiniones sean tan taxativas cuando provienen de una organización que, en los últimos años, ha estado en el banquillo de los acusados, justamente, por el destrato a menores de edad.
En el gabinete de Vidal hay posiciones muy enfrentadas sobre el particular. La ministra de Salud, Zulma Ortiz, es una profesional de un alto grado de compromiso con la salud pública, y conoce y difunde desde hace años el grave riesgo para la vida de las mujeres que implica la realización de abortos clandestinos. De no ser ministra, seguramente habría estado en la marcha que reclamaba Ni una menos. Pero uno de los hombres de mayor confianza de la gobernadora, el secretario de Legal y Técnica, Julio Comte Grand, es un cuadro del Opus Dei, y quien decide lo que se publica o deja de publicar en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires. Como la resolución fue firmada por Ortiz, los grupos católicos esperan que la deje sin efecto.
Las posiciones en Cambiemos respecto al aborto no son categóricas aunque es difícil encontrar dirigentes que claramente propongan la despenalización. El único que lo hizo, el año pasado, fue el asesor de imagen Jaime Durán Barba. El último sábado Nicolás Massot, jefe de la bancada oficialista en diputados, sostuvo que, aunque él no está de acuerdo, «estamos completamente abiertos al debate sobre el aborto». En mayo, Vidal dijo: «No es un tema que se debata en la Provincia, aunque creo que debería haber libertad de conciencia en cada partido.
Cada diputada o senadora debe votar de acuerdo con su conciencia. Ninguna mujer va contenta a hacerse un aborto. Es traumático y no hay que criminalizarlas». En el último congreso eucarístico, realizado en Tucumán, mientras Gabriela Michetti gritaba viva la Iglesia, Mauricio Macri se pronunciaba a favor del derecho a la vida «desde la concepción».
Esos debates sobre la cuestión de fondo no deberían definir el dilema que enfrenta María Eugenia Vidal, que trata sobre algo mucho más específico: la manera con que el Estado asiste a una mujer violada, cuando quiere interrumpir su embarazo, de acuerdo a un derecho ya establecido por un fallo unánime de la Corte Suprema, al cual adhirió el Gobierno Nacional.
Vidal ha representado un aire distinto en la política argentina. Es una mujer joven, de clase media, su nombre no figura en ninguna causa comprometida, no titubea cuando le preguntan qué opina de la dictadura, ni tiene cuentas difíciles de explicar. Sus enemigos sostienen que es apenas la cara bonita de un proyecto de derecha conservadora y tradicional, contra lo que refleja su proceder concreto cada vez que pudo decidir con autonomía. Ahora está presionada por la organización de Bergoglio, un líder de indiscutible autoridad política por el cargo que logró ocupar, como cabeza de una organización de procederes morales y sociales algo más opinables.
De un lado está eso: la ley y el compromiso con la salud pública de un equipo de Salud al que la Gobernadora conoce bien y respalda.
Del otro, la Iglesia Católica, cuya relación de la salud reproductiva ha sido, como mínimo, poco armoniosa y que renovó su poder en la Argentina gracias a Bergoglio, un arma poltícamente poderosa, a la que todas las fuerzas mayoritarias le temen.
No es fácil ser gobernadora de la provincia de Buenos Aires.
Hay que tomar decisiones todo el tiempo.
