Así lo decidió la gobernadora Vidal, al anular una resolución del Ministerio de Salud; polémica en el gabinete
La gobernadora María Eugenia Vidal. Foto: Archivo / Aníbal Greco / LA NACION
LA PLATA.- La provincia de Buenos Aires no adherirá finalmente al protocolo nacional de interrupción legal del embarazo. La gobernadora María Eugenia Vidal se negó a publicar en el Boletín Oficial la resolución 2095, que firmó su ministra de Salud, Zulma Ortiz, el martes pasado, para que ese distrito se sume al protocolo.
La gobernadora ordenó a la ministra Ortiz, además, dictar una resolución que deje sin efecto la anterior. La polémica por el aborto dividió al gabinete de Vidal. El debate se trasladó a los intendentes y a los círculos académicos.
Ortiz, una reconocida médica, tomó la decisión de adherir al protocolo nacional de la interrupción legal del embarazo con un criterio sanitarista y con la intención de reducir las muertes maternas.
La resolución de Salud no habría sido consultada con Vidal antes de su publicación, según trascendió ayer en esta ciudad.
Ya el año pasado, en un reportaje radial, Vidal había dicho: «Salvo en casos de riesgo de vida para la mamá y los casos previstos en el Código Civil, yo no estoy de acuerdo». Una vez al frente del gobierno provincial, Vidal se inclinó por una posición contraria a la de su ministra.
El documento ahora anulado, que trascendió el martes último, pretendía eliminar las barreras de acceso a la interrupción del embarazo y sólo regía en las causales de peligro de vida de la mamá, en resguardo de la salud de la mujer o cuando el embarazo fuera producto de una violación. Esta resolución permitía hacer la práctica de interrupción del embarazo de manera ambulatoria en los centros de atención primaria de salud.
También preveía brindar atención integral para la interrupción legal del embarazo en todos los niveles del sistema de salud para atender a mujeres que presentaran eventuales complicaciones en etapas más avanzadas del embarazo o cuando hubiera un compromiso de salud y fuera conveniente realizar el procedimiento bajo supervisión médica estricta.
Además, establecía como esencial identificar precozmente a las mujeres que presentan un embarazo en el contexto de las causales de la interrupción legal del embarazo; realizar la orientación en las opciones, y, si la mujer decidiera interrumpir la gestación, «no demorar la práctica».
También recomendaba para las mujeres que transitaran un embarazo no deseado, pero que no se encuadraran en las causales para realizar una interrupción legal, «una consejería en reducción de riesgos y daños para evitar situaciones de abortos inseguros y la consecuente morbimortalidad materna».
Esta resolución nunca se llegó a publicar en el Boletín Oficial. No sólo chocó con la reprobación de la Iglesia. En la intimidad del gabinete provincial se topó con el rechazo del secretario legal y técnico Julio Conte Grand -que advirtió sobre la existencia de un protocolo provincial vigente- y otros funcionarios, como el ministro de la Producción, Joaquín de la Torre.
Además, se topó con la reprobación de la mayoría de los intendentes peronistas que, movilizados por Gustavo Menéndez, firmaron en enero pasado el pacto Pro Vida de San Antonio de Padua. También lo suscribieron Juan Zabaleta (Hurlingham), Verónica Magario (La Matanza), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Fernando Gray (Esteban Etcheverría), Alberto Descalzo (Ituzaingó), Gabriel Katopodis (San Martín), Juan Pablo de Jesús (Partido de la Costa), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Eduardo Bucca (Bolívar) y Ariel Sujarchuk (Escobar).
Ayer, Menéndez dijo a LA NACION: «Estoy a favor de la vida desde la concepción. Dentro del grupo hay personas que tienen otra mirada del asunto». Magario tuvo una postura distinta: «Creo que hay situaciones de violencia, violación y discapacidad para las que este protocolo debe ser puesto en marcha. Hemos visto muchos casos que nos entristecen muchísimo».
Magario agregó: «Ésta no puede ser una decisión individual, debe ser una situación del conjunto. Hay situaciones catastróficas que ponen en riesgo la vida de las chicas. En defensa de la vida esto debe llevar adelante una discusión. Pero no debe ser esa clandestinidad que lleva a la muerte a muchas mujeres».
La decana de la Facultad de Medicina de La Plata, Ana Lía Errecalde, fue tajante: «Nuestra posición siempre fue en contra de legalizar el aborto, en cualquier circunstancia».
La gobernadora María Eugenia Vidal. Foto: Archivo / Aníbal Greco / LA NACION
LA PLATA.- La provincia de Buenos Aires no adherirá finalmente al protocolo nacional de interrupción legal del embarazo. La gobernadora María Eugenia Vidal se negó a publicar en el Boletín Oficial la resolución 2095, que firmó su ministra de Salud, Zulma Ortiz, el martes pasado, para que ese distrito se sume al protocolo.
La gobernadora ordenó a la ministra Ortiz, además, dictar una resolución que deje sin efecto la anterior. La polémica por el aborto dividió al gabinete de Vidal. El debate se trasladó a los intendentes y a los círculos académicos.
Ortiz, una reconocida médica, tomó la decisión de adherir al protocolo nacional de la interrupción legal del embarazo con un criterio sanitarista y con la intención de reducir las muertes maternas.
La resolución de Salud no habría sido consultada con Vidal antes de su publicación, según trascendió ayer en esta ciudad.
Ya el año pasado, en un reportaje radial, Vidal había dicho: «Salvo en casos de riesgo de vida para la mamá y los casos previstos en el Código Civil, yo no estoy de acuerdo». Una vez al frente del gobierno provincial, Vidal se inclinó por una posición contraria a la de su ministra.
El documento ahora anulado, que trascendió el martes último, pretendía eliminar las barreras de acceso a la interrupción del embarazo y sólo regía en las causales de peligro de vida de la mamá, en resguardo de la salud de la mujer o cuando el embarazo fuera producto de una violación. Esta resolución permitía hacer la práctica de interrupción del embarazo de manera ambulatoria en los centros de atención primaria de salud.
También preveía brindar atención integral para la interrupción legal del embarazo en todos los niveles del sistema de salud para atender a mujeres que presentaran eventuales complicaciones en etapas más avanzadas del embarazo o cuando hubiera un compromiso de salud y fuera conveniente realizar el procedimiento bajo supervisión médica estricta.
Además, establecía como esencial identificar precozmente a las mujeres que presentan un embarazo en el contexto de las causales de la interrupción legal del embarazo; realizar la orientación en las opciones, y, si la mujer decidiera interrumpir la gestación, «no demorar la práctica».
También recomendaba para las mujeres que transitaran un embarazo no deseado, pero que no se encuadraran en las causales para realizar una interrupción legal, «una consejería en reducción de riesgos y daños para evitar situaciones de abortos inseguros y la consecuente morbimortalidad materna».
Esta resolución nunca se llegó a publicar en el Boletín Oficial. No sólo chocó con la reprobación de la Iglesia. En la intimidad del gabinete provincial se topó con el rechazo del secretario legal y técnico Julio Conte Grand -que advirtió sobre la existencia de un protocolo provincial vigente- y otros funcionarios, como el ministro de la Producción, Joaquín de la Torre.
Además, se topó con la reprobación de la mayoría de los intendentes peronistas que, movilizados por Gustavo Menéndez, firmaron en enero pasado el pacto Pro Vida de San Antonio de Padua. También lo suscribieron Juan Zabaleta (Hurlingham), Verónica Magario (La Matanza), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Fernando Gray (Esteban Etcheverría), Alberto Descalzo (Ituzaingó), Gabriel Katopodis (San Martín), Juan Pablo de Jesús (Partido de la Costa), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Eduardo Bucca (Bolívar) y Ariel Sujarchuk (Escobar).
Ayer, Menéndez dijo a LA NACION: «Estoy a favor de la vida desde la concepción. Dentro del grupo hay personas que tienen otra mirada del asunto». Magario tuvo una postura distinta: «Creo que hay situaciones de violencia, violación y discapacidad para las que este protocolo debe ser puesto en marcha. Hemos visto muchos casos que nos entristecen muchísimo».
Magario agregó: «Ésta no puede ser una decisión individual, debe ser una situación del conjunto. Hay situaciones catastróficas que ponen en riesgo la vida de las chicas. En defensa de la vida esto debe llevar adelante una discusión. Pero no debe ser esa clandestinidad que lleva a la muerte a muchas mujeres».
La decana de la Facultad de Medicina de La Plata, Ana Lía Errecalde, fue tajante: «Nuestra posición siempre fue en contra de legalizar el aborto, en cualquier circunstancia».
