La tarea de elaborar y manejar el presupuesto de gobierno requiere conocer ante todo una ciencia clave: la aritmética. Cuando la realidad muestra una situación fiscal fuertemente deteriorada, no hay ideología ni teoría económica. Lo único deseable es un presupuesto equilibrado y si hace falta endeudamiento, que lo sea sólo para financiar inversiones con suficiente retorno para repagar la deuda asumida. En una situación grave de déficit fiscal no hay espacio para ensayos keynesianos ni para imaginar el déficit como un impulso al consumo interno. La Argentina ya ha experimentado los efectos económicos y sociales destructivos de los desequilibrios fiscales no corregidos y no debe arriesgarse nuevamente. La insostenible situación fiscal heredada el 10 de diciembre de 2015 debía comenzar a corregirse sin dilación, pensando justamente en el futuro del empleo y de los más necesitados. El gobierno de Mauricio Macri decidió encarar ese camino gradualmente, comenzando con una reducción escalonada de los subsidios a la energía y al transporte. Pero la resistencia social y política a los aumentos tarifarios, que además logró el apoyo de la Justicia, le puso límites. Han pasado 11 meses desde el cambio de gobierno y la situación de las cuentas públicas sigue siendo comprometida.
El temor a la pérdida de gobernabilidad frente a una derrota en las elecciones legislativas del próximo año ha hecho prevalecer en el gobierno nacional la posición de dilatar toda otra corrección del drama fiscal hasta después de octubre de 2017. Esta estrategia es más que riesgosa. El tiempo juega en contra de la factibilidad de reducir el gasto público a medida que éste se arraiga. Por otro lado, haciéndose evidente esa estrategia, el Gobierno expone debilidad frente a la oposición y los sectores corporativos. Tal vez la mayoría del electorado tenga una percepción más realista de lo que suponen ciertos asesores políticos que proponen mostrar dulzura y no lo que la mayoría intuye necesario. En lugar de seguir sumando decisiones de mayor gasto, el Gobierno debería comunicar sobre la gravedad del déficit fiscal y el riesgo y las consecuencias del actual crecimiento de la deuda pública.
La sola aritmética permite analizar desde diferentes ángulos la situación fiscal y su evolución.
Aritmética 1. En el período de los primeros nueve meses de 2016, el resultado financiero del gobierno nacional fue negativo en $ 349.674 millones, que equivale a un 62% del PBI. En este resultado no se incluyen, por no ser recursos sino financiamiento del déficit, las transferencias por adelantos o utilidades del Banco Central ni los préstamos de la Anses. Se incluyen los intereses de la deuda.
En pesos corrientes el déficit financiero aumentó un 54% respecto del mismo período del año anterior. Es un incremento mayor al de la inflación. No se dispone de cifras actualizadas de provincias y municipios. Se presume que en su conjunto muestran las mismas tendencias del gobierno nacional.
Aritmética 2. Sumando los tres niveles de gobierno (nación, provincias y municipios) el gasto público en 2015 alcanzó un 46% del PBI y los recursos el 39%. En 2001 esos porcentajes eran de 30% y 27% respectivamente, similares al promedio de los 20 años anteriores. El kirchnerismo aumentó el gasto público y la presión impositiva a niveles inéditos y no sostenibles. En 2016 ya en la gestión de Macri se eliminaron o redujeron algunos impuestos, aunque su eventual efecto sobre la recaudación será compensado con una disminución de la evasión y con los ingresos fiscales asociados al blanqueo. De esta forma se mantiene la presión impositiva respecto del PBI. La mala noticia que trae la aritmética es que el gasto público no ha disminuido sino aumentado. Se han podido recortar escasamente los subsidios a la energía y al transporte, pero hay 60.000 empleados estatales más que hace un año, ha crecido el número de beneficiarios de planes sociales y la ley del blanqueo vino asociada a un generoso programa sobre los jubilados y adultos mayores que tendrá un costo inicial de US$ 5000 millones. Además, ha ingresado en el Congreso un proyecto de emergencia social que, de sancionarse, otorgará un sueldo complementario a un millón de trabajadores de la denominada economía popular. El monto dedicado a la obra pública se redujo en los primeros nueve meses tanto por un menor ritmo como por el abaratamiento de los costos debido a la eliminación de la corrupción. Esto contribuyó a amortiguar el aumento del gasto corriente. Los intereses de la deuda han aumentado. En definitiva, se proyecta un déficit financiero que, en porcentaje del PBI, será ligeramente mayor que el de 2015.
Aritmética 3. Se mide el número de personas que aportan al Estado, en relación con las que reciben del Estado. Aportan los que trabajan formalmente ya sea como obreros, empleados, profesionales o empresarios. Reciben los empleados públicos, jubilados y pensionados y beneficiarios de planes sociales. En 2001 había 2,1 millones de empleados públicos sumando nación, provincias y municipios. Los beneficiarios de planes sociales eran un millón y los jubilados y pensionados sumaban tres millones. En total, 6,1 millones de personas recibían del Estado una transferencia mensual. En ese mismo año 2001 las personas activas «en blanco» que pagaban impuestos y hacían aportes, sumaban 6,5 millones. La relación Reciben/Aportan era aproximadamente 1.
En 2015, había crecido a 4,1 millones la cantidad de empleados públicos. Se sumaban 7,5 millones de jubilados y pensionados y 8,1 millones de planes sociales. En total, los que recibían un pago mensual del Estado eran 19,7 millones. Los que aportaban eran 9,5 millones. La relación Reciben/Aportan había trepado a algo más de 2, y ésta es la situación actual.
No se ha encontrado ningún país de economía no colectivista con una relación similar a la de la Argentina. No es sostenible y debe corregirse sustituyendo empleo estatal por privado y planes sociales por trabajo.
Aritmética 4. La decisión, por cierto correcta, del presidente Macri ha sido reducir la inflación. Esto requirió una política monetaria dura en la que el Banco Central actuó activamente absorbiendo mediante la colocación de letras (Lebacs), los pesos que la misma entidad debió emitir para financiar una parte del déficit fiscal. Otra parte ha sido financiada con deuda en sucesivas emisiones de títulos en moneda extranjera y local. El conjunto del gobierno nacional y los provinciales han emitido deuda neta de la cancelación de deudas anteriores (ej: holdouts) equivalente a 34.000 millones de dólares. Además, el Banco Central incrementó el stock de Lebacs entre enero y fin de septiembre de 2016, en 342.360 millones de pesos, equivalente a 22.800 millones de dólares. Por lo tanto, el incremento de la deuda pública con el sector privado ha sido de 56.800 millones de dólares, ubicándose actualmente en el 29,7% del PBI.
Este porcentaje sería perfectamente aceptable en términos internacionales, máxime que las reservas se incrementaron en algo más de US$ 6000 millones, pero ya hay algunos analistas que pusieron atención en el acelerado ritmo del endeudamiento. La Argentina tiene una historia que lamentablemente le impide volver a pisar estos terrenos.
En conclusión, la aritmética reclama correcciones. No faltará quien diga que detrás del gasto público hay personas y que hablar de aritmética es de una salvaje insensibilidad social. La respuesta es fáctica y vale recordar como ejemplo las consecuencias sociales del default de 2001. Se rechazaron las propuestas de un equipo económico que en marzo de aquel año intentó ejecutar un programa de racionalización del gasto público que preveía reducir en algo más de 100.000 cargos la planta burocrática de la administración nacional. Para ellos se proponía el mantenimiento de los salarios en un prolongado período de disponibilidad, jubilaciones anticipadas y fuertes incentivos para su absorción por el sector privado. Estas propuestas, así como la de limitar la gratuidad de las universidades nacionales a quienes no estuvieran en condiciones de solventar un arancel, produjeron rechazos y la inmediata finalización de aquella gestión. La caída en default nueve meses más tarde provocó un desplome de la actividad económica y la pérdida abrupta y sin anestesia de más de un millón de empleos privados.
Es muy angosto el camino para lograr que un gobierno excedido de peso pueda mantenerse en él, en particular cuando está frente a una sociedad que mayoritariamente cree que puede vivir del Estado. A la vista de las evidencias aritméticas mostradas en esta columna editorial, es imprescindible realizar las correcciones necesarias, comenzando sin demora por revertir las tendencias.
El temor a la pérdida de gobernabilidad frente a una derrota en las elecciones legislativas del próximo año ha hecho prevalecer en el gobierno nacional la posición de dilatar toda otra corrección del drama fiscal hasta después de octubre de 2017. Esta estrategia es más que riesgosa. El tiempo juega en contra de la factibilidad de reducir el gasto público a medida que éste se arraiga. Por otro lado, haciéndose evidente esa estrategia, el Gobierno expone debilidad frente a la oposición y los sectores corporativos. Tal vez la mayoría del electorado tenga una percepción más realista de lo que suponen ciertos asesores políticos que proponen mostrar dulzura y no lo que la mayoría intuye necesario. En lugar de seguir sumando decisiones de mayor gasto, el Gobierno debería comunicar sobre la gravedad del déficit fiscal y el riesgo y las consecuencias del actual crecimiento de la deuda pública.
La sola aritmética permite analizar desde diferentes ángulos la situación fiscal y su evolución.
Aritmética 1. En el período de los primeros nueve meses de 2016, el resultado financiero del gobierno nacional fue negativo en $ 349.674 millones, que equivale a un 62% del PBI. En este resultado no se incluyen, por no ser recursos sino financiamiento del déficit, las transferencias por adelantos o utilidades del Banco Central ni los préstamos de la Anses. Se incluyen los intereses de la deuda.
En pesos corrientes el déficit financiero aumentó un 54% respecto del mismo período del año anterior. Es un incremento mayor al de la inflación. No se dispone de cifras actualizadas de provincias y municipios. Se presume que en su conjunto muestran las mismas tendencias del gobierno nacional.
Aritmética 2. Sumando los tres niveles de gobierno (nación, provincias y municipios) el gasto público en 2015 alcanzó un 46% del PBI y los recursos el 39%. En 2001 esos porcentajes eran de 30% y 27% respectivamente, similares al promedio de los 20 años anteriores. El kirchnerismo aumentó el gasto público y la presión impositiva a niveles inéditos y no sostenibles. En 2016 ya en la gestión de Macri se eliminaron o redujeron algunos impuestos, aunque su eventual efecto sobre la recaudación será compensado con una disminución de la evasión y con los ingresos fiscales asociados al blanqueo. De esta forma se mantiene la presión impositiva respecto del PBI. La mala noticia que trae la aritmética es que el gasto público no ha disminuido sino aumentado. Se han podido recortar escasamente los subsidios a la energía y al transporte, pero hay 60.000 empleados estatales más que hace un año, ha crecido el número de beneficiarios de planes sociales y la ley del blanqueo vino asociada a un generoso programa sobre los jubilados y adultos mayores que tendrá un costo inicial de US$ 5000 millones. Además, ha ingresado en el Congreso un proyecto de emergencia social que, de sancionarse, otorgará un sueldo complementario a un millón de trabajadores de la denominada economía popular. El monto dedicado a la obra pública se redujo en los primeros nueve meses tanto por un menor ritmo como por el abaratamiento de los costos debido a la eliminación de la corrupción. Esto contribuyó a amortiguar el aumento del gasto corriente. Los intereses de la deuda han aumentado. En definitiva, se proyecta un déficit financiero que, en porcentaje del PBI, será ligeramente mayor que el de 2015.
Aritmética 3. Se mide el número de personas que aportan al Estado, en relación con las que reciben del Estado. Aportan los que trabajan formalmente ya sea como obreros, empleados, profesionales o empresarios. Reciben los empleados públicos, jubilados y pensionados y beneficiarios de planes sociales. En 2001 había 2,1 millones de empleados públicos sumando nación, provincias y municipios. Los beneficiarios de planes sociales eran un millón y los jubilados y pensionados sumaban tres millones. En total, 6,1 millones de personas recibían del Estado una transferencia mensual. En ese mismo año 2001 las personas activas «en blanco» que pagaban impuestos y hacían aportes, sumaban 6,5 millones. La relación Reciben/Aportan era aproximadamente 1.
En 2015, había crecido a 4,1 millones la cantidad de empleados públicos. Se sumaban 7,5 millones de jubilados y pensionados y 8,1 millones de planes sociales. En total, los que recibían un pago mensual del Estado eran 19,7 millones. Los que aportaban eran 9,5 millones. La relación Reciben/Aportan había trepado a algo más de 2, y ésta es la situación actual.
No se ha encontrado ningún país de economía no colectivista con una relación similar a la de la Argentina. No es sostenible y debe corregirse sustituyendo empleo estatal por privado y planes sociales por trabajo.
Aritmética 4. La decisión, por cierto correcta, del presidente Macri ha sido reducir la inflación. Esto requirió una política monetaria dura en la que el Banco Central actuó activamente absorbiendo mediante la colocación de letras (Lebacs), los pesos que la misma entidad debió emitir para financiar una parte del déficit fiscal. Otra parte ha sido financiada con deuda en sucesivas emisiones de títulos en moneda extranjera y local. El conjunto del gobierno nacional y los provinciales han emitido deuda neta de la cancelación de deudas anteriores (ej: holdouts) equivalente a 34.000 millones de dólares. Además, el Banco Central incrementó el stock de Lebacs entre enero y fin de septiembre de 2016, en 342.360 millones de pesos, equivalente a 22.800 millones de dólares. Por lo tanto, el incremento de la deuda pública con el sector privado ha sido de 56.800 millones de dólares, ubicándose actualmente en el 29,7% del PBI.
Este porcentaje sería perfectamente aceptable en términos internacionales, máxime que las reservas se incrementaron en algo más de US$ 6000 millones, pero ya hay algunos analistas que pusieron atención en el acelerado ritmo del endeudamiento. La Argentina tiene una historia que lamentablemente le impide volver a pisar estos terrenos.
En conclusión, la aritmética reclama correcciones. No faltará quien diga que detrás del gasto público hay personas y que hablar de aritmética es de una salvaje insensibilidad social. La respuesta es fáctica y vale recordar como ejemplo las consecuencias sociales del default de 2001. Se rechazaron las propuestas de un equipo económico que en marzo de aquel año intentó ejecutar un programa de racionalización del gasto público que preveía reducir en algo más de 100.000 cargos la planta burocrática de la administración nacional. Para ellos se proponía el mantenimiento de los salarios en un prolongado período de disponibilidad, jubilaciones anticipadas y fuertes incentivos para su absorción por el sector privado. Estas propuestas, así como la de limitar la gratuidad de las universidades nacionales a quienes no estuvieran en condiciones de solventar un arancel, produjeron rechazos y la inmediata finalización de aquella gestión. La caída en default nueve meses más tarde provocó un desplome de la actividad económica y la pérdida abrupta y sin anestesia de más de un millón de empleos privados.
Es muy angosto el camino para lograr que un gobierno excedido de peso pueda mantenerse en él, en particular cuando está frente a una sociedad que mayoritariamente cree que puede vivir del Estado. A la vista de las evidencias aritméticas mostradas en esta columna editorial, es imprescindible realizar las correcciones necesarias, comenzando sin demora por revertir las tendencias.
