Con el proyecto de Ley de Mercado de Capitales, el Gobierno apunta, en realidad, a la etapa de la economía argentina del “post-blanqueo” de capitales, con la intención de volver al fin más básico de canalizar el ahorro para el desarrollo del sector productivo, algo que hasta el momento, no se observa en el pequeño mercado local.
La norma girada al Congreso y que esperan no genere polémica entre los legisladores, trae consigo la intención oficial de “cambiar la cultura de la especulación” que rigió las operaciones bursátiles de los últimas décadas. Dependerá en gran medida del éxito de las metas de inflación delineadas por el Banco Central y una tasa de interés real positiva el objetivo de alcanzar una inversión de largo plazo y en moneda local.
Así, el blanqueo de capitales que si inició en agosto y finalizará en marzo del próximo año, será solo la puerta de entrada no sólo para los capitales, sino también para la difusión de la existencia de otros instrumentos que ofrecen rentabilidad para no reducir todo a un plazo fijo de 30 días o el atesoramiento de dólares.
En los despachos de Cambiemos afirman que la modificación del artículo que permitía la suspensión de directores de compañías cotizantes por parte del Estado, la devolución al fuero Comercial en lugar del Administrativo y Contencioso dispuesto en la ley de 2012, y la modificación del régimen de oferta pública que busca ser más ágil y con menos arbitrariedad de CNV para la denegación de operaciones, ayudarán a que más inversores del exterior confíen en el marco legal del país para dejar de halar de expectativas y finalmente desembarcar en proyectos de economía real.
El “abuso del poder estatal”, fue uno de los pedidos más concretos de los ejecutivos que desfilaron por los foro de inversión que se hicieron a lo largo del año y uno de los compromisos asumidos hace meses con los ejecutivos locales y de otros países.
Otro de los argumentos que esperan que ayude a atraer fondos no declarados en el exterior son los bajos rendimientos que lograron quienes huyeron de la AFIP en los últimos años. Con tasas muy cercanas a 0% en los principales mercados, la decepción es clara cuando se les consulta sobre los resultados finales. “Si ven que acá pueden llevarse un 5% acumulado en dólares”, subrayan cuando se les consulta sobre qué tan tentador es sincerar el capital.
En conjunto, no se desalienta ningún instrumentos de los operados en el mercado, pero se establecen cambios en la Ley de Fondos Comunes, y se permite crear nuevos que repliquen un índices y otros fondos especiales. La aclaración en el proyecto de que los fondos cerrados son fiscalmente “transparentes”, y que es el inversor quien debe tributar, despejando dudas sobre una posible doble imposición, es un camino para que los capitales lleguen a los desarrollos.
Una de las principales preocupaciones es el acceso al financiamiento de las Pyme que hoy enfrentan altas tasas en el sistema financiero. Para eso buscan fortalecer el mercado de capitales como un competidor de los bancos, creando un registro especial para garantizar el cobro de los instrumentos de crédito que estará en manos de la AFIP, y podrán liquidarse las facturas a 20 días desde su emisión. Aseguran que así se dará más aire a las pequeñas empresas que atraviesan un crítica situación.
(*) Publicado en la edición impresa del Diario PERFIL.
La norma girada al Congreso y que esperan no genere polémica entre los legisladores, trae consigo la intención oficial de “cambiar la cultura de la especulación” que rigió las operaciones bursátiles de los últimas décadas. Dependerá en gran medida del éxito de las metas de inflación delineadas por el Banco Central y una tasa de interés real positiva el objetivo de alcanzar una inversión de largo plazo y en moneda local.
Así, el blanqueo de capitales que si inició en agosto y finalizará en marzo del próximo año, será solo la puerta de entrada no sólo para los capitales, sino también para la difusión de la existencia de otros instrumentos que ofrecen rentabilidad para no reducir todo a un plazo fijo de 30 días o el atesoramiento de dólares.
En los despachos de Cambiemos afirman que la modificación del artículo que permitía la suspensión de directores de compañías cotizantes por parte del Estado, la devolución al fuero Comercial en lugar del Administrativo y Contencioso dispuesto en la ley de 2012, y la modificación del régimen de oferta pública que busca ser más ágil y con menos arbitrariedad de CNV para la denegación de operaciones, ayudarán a que más inversores del exterior confíen en el marco legal del país para dejar de halar de expectativas y finalmente desembarcar en proyectos de economía real.
El “abuso del poder estatal”, fue uno de los pedidos más concretos de los ejecutivos que desfilaron por los foro de inversión que se hicieron a lo largo del año y uno de los compromisos asumidos hace meses con los ejecutivos locales y de otros países.
Otro de los argumentos que esperan que ayude a atraer fondos no declarados en el exterior son los bajos rendimientos que lograron quienes huyeron de la AFIP en los últimos años. Con tasas muy cercanas a 0% en los principales mercados, la decepción es clara cuando se les consulta sobre los resultados finales. “Si ven que acá pueden llevarse un 5% acumulado en dólares”, subrayan cuando se les consulta sobre qué tan tentador es sincerar el capital.
En conjunto, no se desalienta ningún instrumentos de los operados en el mercado, pero se establecen cambios en la Ley de Fondos Comunes, y se permite crear nuevos que repliquen un índices y otros fondos especiales. La aclaración en el proyecto de que los fondos cerrados son fiscalmente “transparentes”, y que es el inversor quien debe tributar, despejando dudas sobre una posible doble imposición, es un camino para que los capitales lleguen a los desarrollos.
Una de las principales preocupaciones es el acceso al financiamiento de las Pyme que hoy enfrentan altas tasas en el sistema financiero. Para eso buscan fortalecer el mercado de capitales como un competidor de los bancos, creando un registro especial para garantizar el cobro de los instrumentos de crédito que estará en manos de la AFIP, y podrán liquidarse las facturas a 20 días desde su emisión. Aseguran que así se dará más aire a las pequeñas empresas que atraviesan un crítica situación.
(*) Publicado en la edición impresa del Diario PERFIL.
