La primera tregua anti despidos se firmó en la Casa Rosada, a principios de mayo. El Gobierno preparó el texto, del que informó a la flor y nata del gran empresariado. Nació una innovación en el mundo de los contratos: el acuerdo unilateral. Los dirigentes de la Confederación General de Trabajo (CGT) se negaron a firmarlo. El ingenioso pacto hueco buscaba frenar el avance de “ley anti despidos”, impulsado por la oposición. La norma se sancionó, el presidente Mauricio Macri la vetó, seguramente con el dolor que padecieron los argentinos al independizarse de España.
Lo escrito carecía de valor legal, era una expresión de deseos o, como mucho, un compromiso moral (ejem) de la alta burguesía. Las numerosas empresas que estamparon la millonaria al pie lo hicieron individualmente.
Se sabía de antemano, se corroboró en los hechos: la exigua promesa no fue honrada por los firmantes, ni siquiera durante el breve lapso que se estableció.
Pronto llegó el segundo semestre, que resultó menos propicio que los augurios oficialistas. Los brotes verdes siguen remolones, la bicicleta financiera es la mejor inversión productiva generada por el macrismo.
En esta semana, se “mejoró” el compromiso. Lo acordaron corporaciones patrones y (ciertos) representantes de los trabajadores, con el contorno de la Mesa de Diálogo que cuenta, se supone, con la bendición papal. Más allá de esos detalles formales (o litúrgicos, usted dirá) sigue siendo nulo el valor legal o coercitivo de la protección veraniega contra los despidos.
Si una persona es despedida antes de la llegada del otoño no podrá exigir la reincorporación. Ninguna norma le otorga ese derecho. Tampoco podría ser compensado con una indemnización doble o agravada: esa contrapartida solo sería válida si estuviera estipulada por ley o convenio colectivo.
Mirado desde el otro lado del mostrador: el patrón que despida sin causa no deberá afrontar ningún costo adicional, contractual o administrativo. No pagará más que “antes”, ningún organismo oficial podría imponerle una multa ya que esa sanción solo sería procedente si mediara ley, decreto o resolución que la estableciera y tipificara cual es la falta.
Daniel Funes de Rioja, abogado él y pope de la Unión Industrial Argentina (UIA), reconoció que el pacto es inocuo, en un rapto de honestidad intelectual… o en un reflejo de auto defensa por si las moscas. O por si hubiera un trabajador o trabajadora que creyera que se preservaron sus derechos o su relativa estabilidad, así fuera por un ratito.
La creatividad legal del oficialismo incuba prodigios cotidianos, entre ellos que se celebre tamaño simulacro.
Las leyes también existen: El Gobierno conoce la diferencia entre las leyes, obligatorias para todos y las declaraciones de amor platónico que coproduce, de vez en cuando.
La segunda tregua ficticia forma parte de una negociación compleja, con sindicatos, organizaciones sociales y una parte (significativa) de la oposición parlamentaria. Esta retiró sus proyectos de Emergencia Social cuya nueva redacción se renegocia a tambor batiente, mientras los circunstantes cantan loas a la división del poder (la que existe en el Congreso de resultas de los pronunciamientos populares se entiende). En medio de las tratativas, es prematuro emitir juicios de valor. Aunque el oficialismo es ducho en colar caballitos de Troya en los debates, la primera impresión es que los movimientos sociales, los gobernadores e intendentes de la opo (blanda o semisólida), y los gremios obtendrán algún rédito. Posiblemente en el corto plazo, aquel en el que todos vivimos como predicó Keynes y conocen los representantes de sectores populares.
La pata floja de esas tratativas es, posiblemente y sin hacer veredictos definitivos, el establecimiento de derechos. Cambiemos tiene un proyecto político: aspira a fundar un modelo de país en el cual muchas instituciones y derechos deben ser reformados.
Las críticas de Macri a los convenios colectivos “del siglo XX” y a la eternización de las cúpulas gremiales son astutas, pues hincan el diente en el desprestigio de la mayoría de los gremialistas. Claro que las referencias históricas de su propuesta son también del siglo XX. Más precisamente de la etapa en que Ronald Reagan dio un batacazo electoral derrotando a James Carter y le arrebató la presidencia de los Estados Unidos. En aquel lejano entonces muchos tomaban en solfa a Reagan: descreían de que pudiera instalar un nuevo paradigma de derecha que combinaba la “revolución conservadora” en la economía y la “Guerra de las Galaxias” en la geopolítica. Las comparaciones con el presidente estadounidense electo Donald Trump son, de momento, apresuradas. Entre otros detalles porque Reagan venía de ser gobernador de California: tenía un currículo político mucho más frondoso que Trump.
El ex presidente Carlos Menem surfeó en esa oleada y consiguió desbaratar el más expandido ejemplo de estado de bienestar de América Latina. Un peronista lo hizo, con el General como insignia. Los tiempos cambian, bastante. Las homologías distan de ser absolutas. De cualquier forma, el “modelo M” no cierra sin demoler conquistas y derechos de trabajadores y gremios acumulados durante décadas y muy fortalecidos en la etapa kirchnerista.
Las invectivas son racionales, forman parte del relato macrista. No hay proyecto sin relato, por eso las palabras gravitan tanto.
Dirigentes sindicales de distintos sectores pusieron reparos. Algunos con su ya proverbial moderación (filo blanda) como el triunviro cegetista Héctor Daer. Facundo Moyano, que venía muy calladito, declaró que “no me sorprenden las palabras de Macri porque hay una concepción de que la flexibilización laboral es el camino. Él dice que el problema son los salarios. Lo que me sorprende es que lo diga ya que hemos sido demasiado prudentes”. La primera persona del plural es encomiable porque contiene una autocrítica. La expresión “demasiado prudentes” es, dicho con respeto y eufemismo, demasiado prudente.
La CGT unificada se mueve con pies de plomo, en parte sabiendo que la legitimidad de Macri ante la opinión pública es superior a la de sus popes. En parte como táctica para lograr ventajas parciales, que sus afiliados irán evaluando.
El año parlamentario se va sin reformas importantes a la legislación laboral. La correlación de fuerzas le traba al macrismo avanzar en ese objetivo estratégico.
Lo que falla en el Congreso se consigue en la economía real.
Los despidos son una realidad que las vacaciones posiblemente no frenarán. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, cada vez más reticente a tomar medidas que protejan fuentes de trabajo o empleos existentes, es franco cuando describe a las suspensiones casi como un bien. Un recurso para evitar los despidos, alega. Al funcionario le falla la sociología o la lectura de la historia no tan lejana. De ordinario, las suspensiones son el prólogo de los despidos y no una vacuna que los prevenga.
Como fuera, el oficialismo sabe hacia dónde apunta aunque por ahora no pueda disparar. Cuando despotrica contra los convenios colectivos instala la posibilidad de reformar las normas que los estatuyen. No se conforma con un papelito inocuo firmado en un cónclave intersectorial o en una sacristía.
Mala semana mía: La reforma política fue frenada por el versátil bloque de senadores del Frente para la Victoria. La Emergencia Económica se rediscute. Las crónicas semanales coinciden en hablar de una mala semana del oficialismo. Lo fue porque pudo palpar los límites de su poder parlamentario.
Conviene no exagerar, no cebarse con las extrapolaciones. Los temas económicos se siguen debatiendo en el cuadrante propuesto por el macrismo: “bonos”, refuerzos de fin de año, retoques en las alícuotas de ganancias. Ningún derecho recuperado o consolidado. Se previenen los estallidos, las broncas de fin de año, como mucho la pobreza extrema. Pero la desigualdad queda fuera del radar del gobierno y los despidos no entran en él, aunque se pontifique en contrario.
En materia económica, el Gobierno hizo lo que el ministro Alfonso Prat Gay designó, con probidad, el “trabajo sucio”. La desigualdad se incrementó, los más ricos mejoraron su posición, hay jubileo impositivo solo para los más poderosos. El blanqueo premia a la evasión y al lavado. Macri se ufana de haber detenido la “maquinita de imprimir billetes” que era la causante de la inflación. Lástima que ésta se duplicó en un año, mientras los especuladores hacen su agosto, con el patrocinio de la AFIP y del Banco Central.
La Mesa del Diálogo se congrega con más sonrisas que concreciones. Se mentan las fiestas de año, que deberían llegar en paz. Los dirigentes gremiales se guardan de conturbar el clima de diálogo mencionando que Milagro Sala va camino de cumplir un año como presa política. Nadie les exigiría que se aliaran con ella pero es lamentable que no tengan un piso de coherencia democrática para pronunciarse contra la criminalización de la protesta social. Pertenecer, por lo visto, confiere magros privilegios y fuerza a silencios demasiado ruidosos, injustificables.
Lo escrito carecía de valor legal, era una expresión de deseos o, como mucho, un compromiso moral (ejem) de la alta burguesía. Las numerosas empresas que estamparon la millonaria al pie lo hicieron individualmente.
Se sabía de antemano, se corroboró en los hechos: la exigua promesa no fue honrada por los firmantes, ni siquiera durante el breve lapso que se estableció.
Pronto llegó el segundo semestre, que resultó menos propicio que los augurios oficialistas. Los brotes verdes siguen remolones, la bicicleta financiera es la mejor inversión productiva generada por el macrismo.
En esta semana, se “mejoró” el compromiso. Lo acordaron corporaciones patrones y (ciertos) representantes de los trabajadores, con el contorno de la Mesa de Diálogo que cuenta, se supone, con la bendición papal. Más allá de esos detalles formales (o litúrgicos, usted dirá) sigue siendo nulo el valor legal o coercitivo de la protección veraniega contra los despidos.
Si una persona es despedida antes de la llegada del otoño no podrá exigir la reincorporación. Ninguna norma le otorga ese derecho. Tampoco podría ser compensado con una indemnización doble o agravada: esa contrapartida solo sería válida si estuviera estipulada por ley o convenio colectivo.
Mirado desde el otro lado del mostrador: el patrón que despida sin causa no deberá afrontar ningún costo adicional, contractual o administrativo. No pagará más que “antes”, ningún organismo oficial podría imponerle una multa ya que esa sanción solo sería procedente si mediara ley, decreto o resolución que la estableciera y tipificara cual es la falta.
Daniel Funes de Rioja, abogado él y pope de la Unión Industrial Argentina (UIA), reconoció que el pacto es inocuo, en un rapto de honestidad intelectual… o en un reflejo de auto defensa por si las moscas. O por si hubiera un trabajador o trabajadora que creyera que se preservaron sus derechos o su relativa estabilidad, así fuera por un ratito.
La creatividad legal del oficialismo incuba prodigios cotidianos, entre ellos que se celebre tamaño simulacro.
Las leyes también existen: El Gobierno conoce la diferencia entre las leyes, obligatorias para todos y las declaraciones de amor platónico que coproduce, de vez en cuando.
La segunda tregua ficticia forma parte de una negociación compleja, con sindicatos, organizaciones sociales y una parte (significativa) de la oposición parlamentaria. Esta retiró sus proyectos de Emergencia Social cuya nueva redacción se renegocia a tambor batiente, mientras los circunstantes cantan loas a la división del poder (la que existe en el Congreso de resultas de los pronunciamientos populares se entiende). En medio de las tratativas, es prematuro emitir juicios de valor. Aunque el oficialismo es ducho en colar caballitos de Troya en los debates, la primera impresión es que los movimientos sociales, los gobernadores e intendentes de la opo (blanda o semisólida), y los gremios obtendrán algún rédito. Posiblemente en el corto plazo, aquel en el que todos vivimos como predicó Keynes y conocen los representantes de sectores populares.
La pata floja de esas tratativas es, posiblemente y sin hacer veredictos definitivos, el establecimiento de derechos. Cambiemos tiene un proyecto político: aspira a fundar un modelo de país en el cual muchas instituciones y derechos deben ser reformados.
Las críticas de Macri a los convenios colectivos “del siglo XX” y a la eternización de las cúpulas gremiales son astutas, pues hincan el diente en el desprestigio de la mayoría de los gremialistas. Claro que las referencias históricas de su propuesta son también del siglo XX. Más precisamente de la etapa en que Ronald Reagan dio un batacazo electoral derrotando a James Carter y le arrebató la presidencia de los Estados Unidos. En aquel lejano entonces muchos tomaban en solfa a Reagan: descreían de que pudiera instalar un nuevo paradigma de derecha que combinaba la “revolución conservadora” en la economía y la “Guerra de las Galaxias” en la geopolítica. Las comparaciones con el presidente estadounidense electo Donald Trump son, de momento, apresuradas. Entre otros detalles porque Reagan venía de ser gobernador de California: tenía un currículo político mucho más frondoso que Trump.
El ex presidente Carlos Menem surfeó en esa oleada y consiguió desbaratar el más expandido ejemplo de estado de bienestar de América Latina. Un peronista lo hizo, con el General como insignia. Los tiempos cambian, bastante. Las homologías distan de ser absolutas. De cualquier forma, el “modelo M” no cierra sin demoler conquistas y derechos de trabajadores y gremios acumulados durante décadas y muy fortalecidos en la etapa kirchnerista.
Las invectivas son racionales, forman parte del relato macrista. No hay proyecto sin relato, por eso las palabras gravitan tanto.
Dirigentes sindicales de distintos sectores pusieron reparos. Algunos con su ya proverbial moderación (filo blanda) como el triunviro cegetista Héctor Daer. Facundo Moyano, que venía muy calladito, declaró que “no me sorprenden las palabras de Macri porque hay una concepción de que la flexibilización laboral es el camino. Él dice que el problema son los salarios. Lo que me sorprende es que lo diga ya que hemos sido demasiado prudentes”. La primera persona del plural es encomiable porque contiene una autocrítica. La expresión “demasiado prudentes” es, dicho con respeto y eufemismo, demasiado prudente.
La CGT unificada se mueve con pies de plomo, en parte sabiendo que la legitimidad de Macri ante la opinión pública es superior a la de sus popes. En parte como táctica para lograr ventajas parciales, que sus afiliados irán evaluando.
El año parlamentario se va sin reformas importantes a la legislación laboral. La correlación de fuerzas le traba al macrismo avanzar en ese objetivo estratégico.
Lo que falla en el Congreso se consigue en la economía real.
Los despidos son una realidad que las vacaciones posiblemente no frenarán. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, cada vez más reticente a tomar medidas que protejan fuentes de trabajo o empleos existentes, es franco cuando describe a las suspensiones casi como un bien. Un recurso para evitar los despidos, alega. Al funcionario le falla la sociología o la lectura de la historia no tan lejana. De ordinario, las suspensiones son el prólogo de los despidos y no una vacuna que los prevenga.
Como fuera, el oficialismo sabe hacia dónde apunta aunque por ahora no pueda disparar. Cuando despotrica contra los convenios colectivos instala la posibilidad de reformar las normas que los estatuyen. No se conforma con un papelito inocuo firmado en un cónclave intersectorial o en una sacristía.
Mala semana mía: La reforma política fue frenada por el versátil bloque de senadores del Frente para la Victoria. La Emergencia Económica se rediscute. Las crónicas semanales coinciden en hablar de una mala semana del oficialismo. Lo fue porque pudo palpar los límites de su poder parlamentario.
Conviene no exagerar, no cebarse con las extrapolaciones. Los temas económicos se siguen debatiendo en el cuadrante propuesto por el macrismo: “bonos”, refuerzos de fin de año, retoques en las alícuotas de ganancias. Ningún derecho recuperado o consolidado. Se previenen los estallidos, las broncas de fin de año, como mucho la pobreza extrema. Pero la desigualdad queda fuera del radar del gobierno y los despidos no entran en él, aunque se pontifique en contrario.
En materia económica, el Gobierno hizo lo que el ministro Alfonso Prat Gay designó, con probidad, el “trabajo sucio”. La desigualdad se incrementó, los más ricos mejoraron su posición, hay jubileo impositivo solo para los más poderosos. El blanqueo premia a la evasión y al lavado. Macri se ufana de haber detenido la “maquinita de imprimir billetes” que era la causante de la inflación. Lástima que ésta se duplicó en un año, mientras los especuladores hacen su agosto, con el patrocinio de la AFIP y del Banco Central.
La Mesa del Diálogo se congrega con más sonrisas que concreciones. Se mentan las fiestas de año, que deberían llegar en paz. Los dirigentes gremiales se guardan de conturbar el clima de diálogo mencionando que Milagro Sala va camino de cumplir un año como presa política. Nadie les exigiría que se aliaran con ella pero es lamentable que no tengan un piso de coherencia democrática para pronunciarse contra la criminalización de la protesta social. Pertenecer, por lo visto, confiere magros privilegios y fuerza a silencios demasiado ruidosos, injustificables.
