Manifestantes protestan contra la gestión de Michel Temer, en Brasilia. / Reuters
Finalmente, la Cámara de Diputados de Brasil consiguió lo que quería: votar una ley que, en la práctica, representa el fin del Lava Jato, el proceso que investigó la corrupción en Petrobras. Por la forma no lo parece, pero en verdad se trata nada menos que de una autoamnistía en un proceso donde más de un centenar de legisladores está involucrado en las coimas de privados que usaron los fondos de la petrolera estatal para ese fin.
Bien de madrugada, y cuando todo el mundo en Brasil estaba pendiente del tremendo accidente aéreo –que costó la vida de jugadores de un club—los diputados dieron el unánime sí. Fueron 400 votos a favor y una abstención. El texto de la ley se llama, curiosamente, “10 medidas contra la corrupción”. Pero contiene en su interior una cláusula que protege a los parlamentarios y políticos que hayan incurrido en ese delito.
La ley, que prevé el castigo de “abuso de autoridad” de jueces y fiscales establece que el magistrado incurrirá en “delito de responsabilidad” si entabla un procedimiento “sin indicios mínimos de la práctica de algún delito”. Esto anula el efecto las “delaciones premiadas” (la figura del arrepentido) que por no ser un indicio en sí mismo –deben requerirse elementos que la prueben—impedirán iniciar el proceso de investigación. También castiga la manifestación de opinión, por parte de un juez, “por cualquier medio de comunicación”, sobre procesos iniciados en el Ministerio Público.
Según el fiscal Delton Dallagnol “se aprobó una ley de intimidación contra fiscales, jueces y grandes investigaciones”.
El proyecto, que ahora deberá pasar por el Senado, y que muy difícilmente sea vetado por el presidente Michel Temer, fue redactado –con un asesoramiento impecable—por el líder del Partido Democrático Laborista (PDT), el diputado Weverton Rocha, sobre quien pesan denuncias de corrupción por delitos contra la administración pública que se cursan en la Corte Suprema.
Por la forma que adquiere: prevención contra “abuso de autoridad”, tiene un marco leguleyo que en los hechos la reviste con la pátina de “justicia”, aun cuando sus fines sean precisamente los contrarios. Por esa razón es previsible su rápida aprobación en el Senado.
Finalmente, la Cámara de Diputados de Brasil consiguió lo que quería: votar una ley que, en la práctica, representa el fin del Lava Jato, el proceso que investigó la corrupción en Petrobras. Por la forma no lo parece, pero en verdad se trata nada menos que de una autoamnistía en un proceso donde más de un centenar de legisladores está involucrado en las coimas de privados que usaron los fondos de la petrolera estatal para ese fin.
Bien de madrugada, y cuando todo el mundo en Brasil estaba pendiente del tremendo accidente aéreo –que costó la vida de jugadores de un club—los diputados dieron el unánime sí. Fueron 400 votos a favor y una abstención. El texto de la ley se llama, curiosamente, “10 medidas contra la corrupción”. Pero contiene en su interior una cláusula que protege a los parlamentarios y políticos que hayan incurrido en ese delito.
La ley, que prevé el castigo de “abuso de autoridad” de jueces y fiscales establece que el magistrado incurrirá en “delito de responsabilidad” si entabla un procedimiento “sin indicios mínimos de la práctica de algún delito”. Esto anula el efecto las “delaciones premiadas” (la figura del arrepentido) que por no ser un indicio en sí mismo –deben requerirse elementos que la prueben—impedirán iniciar el proceso de investigación. También castiga la manifestación de opinión, por parte de un juez, “por cualquier medio de comunicación”, sobre procesos iniciados en el Ministerio Público.
Según el fiscal Delton Dallagnol “se aprobó una ley de intimidación contra fiscales, jueces y grandes investigaciones”.
El proyecto, que ahora deberá pasar por el Senado, y que muy difícilmente sea vetado por el presidente Michel Temer, fue redactado –con un asesoramiento impecable—por el líder del Partido Democrático Laborista (PDT), el diputado Weverton Rocha, sobre quien pesan denuncias de corrupción por delitos contra la administración pública que se cursan en la Corte Suprema.
Por la forma que adquiere: prevención contra “abuso de autoridad”, tiene un marco leguleyo que en los hechos la reviste con la pátina de “justicia”, aun cuando sus fines sean precisamente los contrarios. Por esa razón es previsible su rápida aprobación en el Senado.
