La aprobación del proyecto de modificación del impuesto a las Ganancias en la Cámara de Diputados volvió a encender un debate de varias dimensiones. La realidad es que un conjunto importante de trabajadores, jubilados y pensionados quedaron atrapados en el pago del impuesto, teniendo ingresos similares a los mínimos necesarios para una vida digna en Argentina o aun poseyendo ingresos algo mejores, expuestos a las más altas tasas del gravamen fruto del congelamiento de las escalas del mismo. Alguien que cobra 50.000 pesos al mes paga la misma tasa que otro que cobra 500.000 o 1.500.000 pesos. Las cartas están echadas, los diputados se han expresado mediante su voto mayoritario y el gobierno nacional, en otra de sus promesas incumplidas en campaña electoral que quizá hayan influido en el voto entre los trabajadores, ahora afirma que es irresponsable la iniciativa legislativa, sin ofrecer evidencias.
El 71 por ciento de la recaudación del impuesto a las Ganancias este año, alrededor de 300.000 millones de pesos, proviene de lo abonado por las sociedades. Las personas físicas representan el 29 por ciento restante. En ese grupo se encuentran el aporte que realizan los trabajadores comprendidos en convenios colectivos de trabajo. Suman el 12 por ciento del total de lo que recauda la AFIP, una suma que durante 2016 alcanzará los 51.098 millones de pesos. Cuando se contempla la totalidad de las categorías del impuesto es posible proyectar, en base a los datos disponibles hasta octubre, que la recaudación global por Ganancias –sociedades y personas físicas– alcanzará los 423.559 millones de pesos este año. Las estimaciones son una aproximación sujeta a la revisión definitiva en función de la escasa e imperfecta información pública disponible sobre la composición de la recaudación del impuesto pero permite evaluar con mayor precisión las implicancias que tiene modificar el piso salarial a partir del cual se comienza a pagar el impuesto.
Si como propuso en campaña ningún trabajador pagase el impuesto a las ganancias por sus salarios de convenio, o sea una reducción del 100 por ciento, la caída en la recaudación sería de 51.098 millones de pesos en 2016. Una reducción del 80 por ciento equivaldría a retirar de la recaudación 40.878 millones de pesos, si la rebaja llega al 60 por ciento los ingresos fiscales por ese impuesto se contraen en 30.658 millones de pesos y una reducción del 50 por ciento implica 25.549 millones de pesos. Antes de ofrecer una serie de comparaciones odiosas, es necesario remarcar que esos montos constituyen un incremento en la capacidad de consumo de los asalariados, lo cual implica una inyección de fondos en la actividad económica e incremento de las ventas, recaudación y fondos coparticipables.
Antes de finalizar resulta ilustrativo comparar el costo directo -sin contemplar lo que se recupera por mayor nivel de actividad- de la reducción reducción del impuesto, los 51.098 millones de pesos, con algunas de las medidas que tomadas por el Gobierno de Mauricio Macri. Por caso, el regalo al sector exportador por la rebaja de las alícuotas de los derechos de exportación asciende a 55.000 millones de pesos. Acceder a pagarle a los fondos buitre la totalidad de su reclamo implicó pagarles 44.720 millones de pesos más que si esos acreedores hubieran ingresado al canje. La transferencia de ingresos a los grandes exportadores por la devaluación alcanza a 34.220 millones de pesos. Y, la condonación de deudas a las empresas eléctricas alcanzó los 19.000 millones de pesos.
Resolver el problema del impuesto a las ganancias sobre los ingresos fijos determinados en negociaciones paritarias era posible tanto en la gestión del gobierno saliente como en la actual. Simplemente hay que precisar las cifras presentadas en este artículo y plantearse cómo redistribuir –en caso de ser necesario– la carga del impuesto a las Ganancias. Lo que es claro que hace mucho tiempo alcanzaba a los salarios de privilegio y ahora lo hace sobre una población cercana al 24 por ciento de los perceptores de ingresos de tenor salarial o previsional. Esto no sería problema si los niveles de ingreso fueran altos, pero sabiendo que desde unos 19.000 de bolsillo un trabajador o trabajadora sin familiares a cargo debe tributar el impuesto, cuando otro tipo de ingresos sensiblemente mayores en monto gozan de exenciones objetivas indefendibles, presenta los mínimos como expropiatorios. Gobernadores preocupados por la eventual aprobación de la reforma aducen que los fondos coparticipables provenientes de este impuesto disminuirán sensiblemente. El error es que restan en vez de sumar y multiplicar. Se trata de una reducción que tiene como contrapartida un incremento del salario de bolsillo. Esto es mayor nivel de actividad, mayor recaudación del IVA, internos, sellos, ganancias, impuestos provinciales y tasas municipales calculados sobre las ventas.
* Docente de la Universidad Nacional de Rosario.
El 71 por ciento de la recaudación del impuesto a las Ganancias este año, alrededor de 300.000 millones de pesos, proviene de lo abonado por las sociedades. Las personas físicas representan el 29 por ciento restante. En ese grupo se encuentran el aporte que realizan los trabajadores comprendidos en convenios colectivos de trabajo. Suman el 12 por ciento del total de lo que recauda la AFIP, una suma que durante 2016 alcanzará los 51.098 millones de pesos. Cuando se contempla la totalidad de las categorías del impuesto es posible proyectar, en base a los datos disponibles hasta octubre, que la recaudación global por Ganancias –sociedades y personas físicas– alcanzará los 423.559 millones de pesos este año. Las estimaciones son una aproximación sujeta a la revisión definitiva en función de la escasa e imperfecta información pública disponible sobre la composición de la recaudación del impuesto pero permite evaluar con mayor precisión las implicancias que tiene modificar el piso salarial a partir del cual se comienza a pagar el impuesto.
Si como propuso en campaña ningún trabajador pagase el impuesto a las ganancias por sus salarios de convenio, o sea una reducción del 100 por ciento, la caída en la recaudación sería de 51.098 millones de pesos en 2016. Una reducción del 80 por ciento equivaldría a retirar de la recaudación 40.878 millones de pesos, si la rebaja llega al 60 por ciento los ingresos fiscales por ese impuesto se contraen en 30.658 millones de pesos y una reducción del 50 por ciento implica 25.549 millones de pesos. Antes de ofrecer una serie de comparaciones odiosas, es necesario remarcar que esos montos constituyen un incremento en la capacidad de consumo de los asalariados, lo cual implica una inyección de fondos en la actividad económica e incremento de las ventas, recaudación y fondos coparticipables.
Antes de finalizar resulta ilustrativo comparar el costo directo -sin contemplar lo que se recupera por mayor nivel de actividad- de la reducción reducción del impuesto, los 51.098 millones de pesos, con algunas de las medidas que tomadas por el Gobierno de Mauricio Macri. Por caso, el regalo al sector exportador por la rebaja de las alícuotas de los derechos de exportación asciende a 55.000 millones de pesos. Acceder a pagarle a los fondos buitre la totalidad de su reclamo implicó pagarles 44.720 millones de pesos más que si esos acreedores hubieran ingresado al canje. La transferencia de ingresos a los grandes exportadores por la devaluación alcanza a 34.220 millones de pesos. Y, la condonación de deudas a las empresas eléctricas alcanzó los 19.000 millones de pesos.
Resolver el problema del impuesto a las ganancias sobre los ingresos fijos determinados en negociaciones paritarias era posible tanto en la gestión del gobierno saliente como en la actual. Simplemente hay que precisar las cifras presentadas en este artículo y plantearse cómo redistribuir –en caso de ser necesario– la carga del impuesto a las Ganancias. Lo que es claro que hace mucho tiempo alcanzaba a los salarios de privilegio y ahora lo hace sobre una población cercana al 24 por ciento de los perceptores de ingresos de tenor salarial o previsional. Esto no sería problema si los niveles de ingreso fueran altos, pero sabiendo que desde unos 19.000 de bolsillo un trabajador o trabajadora sin familiares a cargo debe tributar el impuesto, cuando otro tipo de ingresos sensiblemente mayores en monto gozan de exenciones objetivas indefendibles, presenta los mínimos como expropiatorios. Gobernadores preocupados por la eventual aprobación de la reforma aducen que los fondos coparticipables provenientes de este impuesto disminuirán sensiblemente. El error es que restan en vez de sumar y multiplicar. Se trata de una reducción que tiene como contrapartida un incremento del salario de bolsillo. Esto es mayor nivel de actividad, mayor recaudación del IVA, internos, sellos, ganancias, impuestos provinciales y tasas municipales calculados sobre las ventas.
* Docente de la Universidad Nacional de Rosario.
