Es imposible identificar todas las razones que convirtieron a Mauricio Macri en presidente. Pero hay una imprescindible: la división del peronismo. Esa fractura, que provocó Sergio Massa, fue su gran activo. Y sigue siéndolo. La crisis que se desató por la reforma del impuesto a las ganancias lo vuelve a demostrar. La tormenta se formó a raíz de un conflicto entre el Gobierno y la oposición.
Pero su resolución, que se seguirá negociando en las próximas 48 horas, no se debe tanto a la acción del oficialismo como a un factor más relevante: las contradicciones del PJ. Macri sigue encontrando en ese choque de intereses la fuente más importante de gobernabilidad.
El proceso sólo se vuelve comprensible si a la lógica tributaria se le superpone la disputa de poder.
Cámara de Diputados impuso un proyecto destinado a corroer al Tesoro o a provocar un antipático veto del Poder Ejecutivo, liderada por dos actores principales: Cristina Kirchner y Sergio Massa. Las diferencias entre ellos son numerosísimas. Pero hay una coincidencia central. Necesitan deteriorar a Macri cuanto antes. Massa, para mejorar sus chances en las próximas elecciones bonaerenses. La ex presidenta, por ése y mil motivos más. Emilio Pérsico insinuó la táctica para alcanzar ese objetivo en una entrevista con la revista Crisis: «El problema del Gobierno es que no le dejamos bajar el gasto público». Massa y su antigua jefa se propusieron, en nombre del salario de los trabajadores, aumentar el déficit fiscal. En Massa no cabe reprochar una incoherencia. Al contrario, él señala que el incongruente es el oficialismo: ayer, sus amigos recordaban que, en febrero, Elisa Carrió propuso elevar el mínimo no imponible a $ 47.430, una reforma más cara que la que de Diputados. En la señora de Kirchner, en cambio, la inconsistencia es habitual. Cuando el gremialista Gerardo Martínez le sugirió bajar Ganancias, respondió: «¿Para qué? ¿Para que la clase media compre dólares y se vaya a Miami? Ni loca».
La reacción más eficaz contra la embestida fiscal no provino del Gobierno, sino de la interna peronista. Juan Urtubey, su hermano Rodolfo y su primo Dalmacio Mera Figueroa se preguntaron algo elemental: ¿en qué los beneficiaría inducir a un descalabro, si su duelo con Cambiemos está previsto, en el mejor de los casos, para 2019? De pronto Urtubey advirtió que estaba trabajando para Massa, a quien ve como rival.
El razonamiento de los Urtubey y Mera se extendió al resto del PJ federal, estimulado por una discordancia más concreta: ¿por qué las provincias pobres van a resignar recursos a favor de los habitantes de provincias ricas, que son los que pagan impuesto a las ganancias? La historia tiene regularidades misteriosas. A Macri no lo ayuda también la eterna diferencia entre norteños y bonaerenses, que hace 20 años alimentaba el duelo Menem-Duhalde, y ahora el de los Urtubey con Massa. Estas dinámicas determinan el comportamiento de Miguel Pichetto, el presidente del bloque de senadores peronistas.
El entredicho del PJ, además de ser electoral y regional, tiene una tercera dimensión: los sindicalistas, que pretenden reducir la presión impositiva de sus afiliados, enfrentan a los gobernadores, que no quieren desfinanciar a sus provincias. Macri arbitra entre ambos bandos. Durante el fin de semana, bajo el mando de Quintana, Triaca, Frigerio, Abad, Monzó y Massot operaron el clearing entre las demandas de la CGT, la disponibilidad de las provincias y los votos del Senado. El objetivo es, el miércoles, llegar a un texto que tendría un costo fiscal adicional de unos $ 5000 millones respecto del que envió el oficialismo a Diputados. Se repartiría por mitades entre la Nación y las provincias. Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba perderían $ 1500 millones cada una.
En el camino hacia esa meta, el Gobierno descubrió otra novedad: la CGT también está fisurada. Mientras dos de sus secretarios, Daer y Acuña, negociaban una versión más razonable del impuesto que la que habían pactado con Massa, el tercer secretario, Juan Schmid, acordaba con los gremios del transporte una medida de fuerza para hoy. La divergencia se debe a que a los transportistas les interesa más no pagar Ganancias sobre viáticos y horas extras que una corrección en el mínimo no imponible. El Gobierno fijaría topes para esos dos conceptos del salario. Si hoy llegara a un acuerdo, mañana los gobernadores tendrían la última palabra. Pichetto espera el visto bueno de esas dos vertientes del PJ para corregir la sanción de Diputados.
Al mismo tiempo que Quintana y los ministros median entre peronistas, los que desencadenaron la guerra pasan a cobrar la paz. La primera en hacerlo es la intransigente señora de Kirchner. Mientras su subordinado, el senador Marcelo Fuentes, acusaba a Pichetto de colaboracionista, la santacruceña y, como indica su apellido, ultrakirchnerista Ester Labado se negaba a firmar el dictamen que llegó de Diputados. A esa hora el ministro de Economía de Santa Cruz, Juan Donnini, firmaba en la Casa Rosada un petitorio federal para postergar la reforma Massa/Kicillof. Tres días más tarde, Alicia Kirchner anunció que, en un nuevo homenaje a la justicia social, podría pagar el aguinaldo a los empleados de la incendiada Santa Cruz. Primera impresión: Kicillof prestó, con su extremismo, un servicio invalorable a la tía de su jefe. Eso sí: habrá que ver si, en adelante, alguien le firma algún dictamen. Segunda impresión: Massa volvió a trabajar para los Kirchner. Ahora hay que ver si Macri no pagó, como suele hacer, antes de tiempo. En cuanto al pragmatismo santacruceño, no sorprende a nadie. Sin ir más lejos, Máximo habla cada vez más a menudo con Alberto Fernández, quien está por completar la vuelta al mundo. Es más: Juan Cabandié piensa invitarlos a comer.
Massa también saca réditos de la paz. Vidal selló de nuevo con él su pacto bonaerense. La clave de la sociedad es la Cámara de Diputados de la provincia. Todo indica que pasado mañana será elegido presidente Manuel Mosca, de Pro, y el renovador Ramiro Gutiérrez, vice. El actual presidente, Jorge Sarghini, encabezará el bloque del massismo. Los legisladores reciben con gran expectativa a alguien que se llama Mosca. Suponen que ampliará el presupuesto de la Cámara. Mosca es el esposo de Gladys González, la interventora del sindicato del «Caballo» Suárez y precandidata a senadora de Cambiemos.
Antes de ratificar su acuerdo con Massa, Vidal exploró, a pedido de Macri, otra sociedad. Intentó pactar con las distintas tribus del PJ, que suman 36 diputados. Integró a dos representantes «del cambio» -para usar el lenguaje oficialista-, como Alejandro Granados y Mario Ishii, quienes hoy recorren la provincia con el sello de la Unión Azul y Blanca, el partido de De Narváez, buscando adhesiones para la gobernadora. También integró a Francisco Echarren, el intendente que condenó a un grupo de vecinos de Castelli a vivir en un barrio que bautizó «Julio De Vido». Gracias a ese antecedente le asignaron el área de Vivienda. La designación hizo que el deteriorado De Vido saliera por un instante de la depresión para escribir a su discípulo: «Que te vaya bien, pero no me llames más en tu vida». Echarren fue acercado a Vidal por el secretario de Asuntos Municipales, Alex Campbell. Al frente de Castelli quedó su hermano.
La negociación con el PJ hizo aparecer en escena a Florencio Randazzo. A cambio del apoyo, el ex ministro del Interior de Cristina Kirchner pidió que Vidal desaire a Massa y ceda la vicepresidencia de Diputados a uno de sus hombres. Un acuerdo imposible, porque esos 36, que incluyen a representantes de La Cámpora, son inconciliables a la hora de votar. Randazzo se dio por ofendido y anunció que, con tantas dificultades, no se postularía para las elecciones. Lo interrumpió Martín Insaurralde: «Mirá que no tenemos mucho tiempo para esperarte». La eventual deserción de Randazzo dejaría a Vidal en un problema: los intendentes que abandonaron a Cristina Kirchner quedarían sin candidato. Eso entusiasma a Insaurralde. Y a Massa.
A Massa no le alcanza con que su pacto con Vidal desaliente la candidatura de Randazzo. Como siempre, quiere más. Anoche invitó a comer a varios intendentes desilusionados con el ex ministro del Interior para planificar una mayor presión sobre la gobernadora. Como ella espera que pasado mañana le aprueben el presupuesto y la autorización de endeudamiento, Massa aspira a ampliar el pliego de condiciones opositor el martes por la noche. Entre las cuestiones en disputa está la Defensoría del Pueblo, con su apetecible presupuesto. El jueves por la noche, en San Telmo, varias fracciones del PJ discutieron la identidad del funcionario. Gustavo Katopodis promovió a su amigo Guido Lorenzino. En cambio, el sector ligado a Scioli lo vetó. Es curioso, porque Lorenzino fue un engranaje decisivo en el tenebroso vínculo de Scioli con la policía provincial. O tal vez la ruptura se deba a esos antiguos compromisos. En negociación también está el cargo de subjefe de los fiscales, que secundaría a Julio Conte Grand. Se postula el juez Jorge Rodríguez, otro amigo dilecto de la bonaerense.
Estas candidaturas siguen abriendo incógnitas sobre la política de seguridad. El panorama que presenta el fin de año es inquietante. El jueves pasado por la noche, en Moreno, una banda de narcos asesinó a César Méndez, un militante de la organización social La Dignidad. Nada que sorprenda a los humildes vecinos de Cuartel Quinto: desde hace tiempo esa pandilla despoja a las familias de sus casas, bajo la mirada cómplice de la policía. El viernes hubo una manifestación frente a la comisaría. En cualquier momento empiezan las marchas de silencio. Mientras tanto, a Macri y a Vidal los entretienen con un complot organizado a través de Facebook por el anciano Hugo Curto, y Fernando Esteche y Luis D’Elía, «esos dos impresentables», como los llama en la intimidad Cristina Kirchner.ß
Pero su resolución, que se seguirá negociando en las próximas 48 horas, no se debe tanto a la acción del oficialismo como a un factor más relevante: las contradicciones del PJ. Macri sigue encontrando en ese choque de intereses la fuente más importante de gobernabilidad.
El proceso sólo se vuelve comprensible si a la lógica tributaria se le superpone la disputa de poder.
Cámara de Diputados impuso un proyecto destinado a corroer al Tesoro o a provocar un antipático veto del Poder Ejecutivo, liderada por dos actores principales: Cristina Kirchner y Sergio Massa. Las diferencias entre ellos son numerosísimas. Pero hay una coincidencia central. Necesitan deteriorar a Macri cuanto antes. Massa, para mejorar sus chances en las próximas elecciones bonaerenses. La ex presidenta, por ése y mil motivos más. Emilio Pérsico insinuó la táctica para alcanzar ese objetivo en una entrevista con la revista Crisis: «El problema del Gobierno es que no le dejamos bajar el gasto público». Massa y su antigua jefa se propusieron, en nombre del salario de los trabajadores, aumentar el déficit fiscal. En Massa no cabe reprochar una incoherencia. Al contrario, él señala que el incongruente es el oficialismo: ayer, sus amigos recordaban que, en febrero, Elisa Carrió propuso elevar el mínimo no imponible a $ 47.430, una reforma más cara que la que de Diputados. En la señora de Kirchner, en cambio, la inconsistencia es habitual. Cuando el gremialista Gerardo Martínez le sugirió bajar Ganancias, respondió: «¿Para qué? ¿Para que la clase media compre dólares y se vaya a Miami? Ni loca».
La reacción más eficaz contra la embestida fiscal no provino del Gobierno, sino de la interna peronista. Juan Urtubey, su hermano Rodolfo y su primo Dalmacio Mera Figueroa se preguntaron algo elemental: ¿en qué los beneficiaría inducir a un descalabro, si su duelo con Cambiemos está previsto, en el mejor de los casos, para 2019? De pronto Urtubey advirtió que estaba trabajando para Massa, a quien ve como rival.
El razonamiento de los Urtubey y Mera se extendió al resto del PJ federal, estimulado por una discordancia más concreta: ¿por qué las provincias pobres van a resignar recursos a favor de los habitantes de provincias ricas, que son los que pagan impuesto a las ganancias? La historia tiene regularidades misteriosas. A Macri no lo ayuda también la eterna diferencia entre norteños y bonaerenses, que hace 20 años alimentaba el duelo Menem-Duhalde, y ahora el de los Urtubey con Massa. Estas dinámicas determinan el comportamiento de Miguel Pichetto, el presidente del bloque de senadores peronistas.
El entredicho del PJ, además de ser electoral y regional, tiene una tercera dimensión: los sindicalistas, que pretenden reducir la presión impositiva de sus afiliados, enfrentan a los gobernadores, que no quieren desfinanciar a sus provincias. Macri arbitra entre ambos bandos. Durante el fin de semana, bajo el mando de Quintana, Triaca, Frigerio, Abad, Monzó y Massot operaron el clearing entre las demandas de la CGT, la disponibilidad de las provincias y los votos del Senado. El objetivo es, el miércoles, llegar a un texto que tendría un costo fiscal adicional de unos $ 5000 millones respecto del que envió el oficialismo a Diputados. Se repartiría por mitades entre la Nación y las provincias. Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba perderían $ 1500 millones cada una.
En el camino hacia esa meta, el Gobierno descubrió otra novedad: la CGT también está fisurada. Mientras dos de sus secretarios, Daer y Acuña, negociaban una versión más razonable del impuesto que la que habían pactado con Massa, el tercer secretario, Juan Schmid, acordaba con los gremios del transporte una medida de fuerza para hoy. La divergencia se debe a que a los transportistas les interesa más no pagar Ganancias sobre viáticos y horas extras que una corrección en el mínimo no imponible. El Gobierno fijaría topes para esos dos conceptos del salario. Si hoy llegara a un acuerdo, mañana los gobernadores tendrían la última palabra. Pichetto espera el visto bueno de esas dos vertientes del PJ para corregir la sanción de Diputados.
Al mismo tiempo que Quintana y los ministros median entre peronistas, los que desencadenaron la guerra pasan a cobrar la paz. La primera en hacerlo es la intransigente señora de Kirchner. Mientras su subordinado, el senador Marcelo Fuentes, acusaba a Pichetto de colaboracionista, la santacruceña y, como indica su apellido, ultrakirchnerista Ester Labado se negaba a firmar el dictamen que llegó de Diputados. A esa hora el ministro de Economía de Santa Cruz, Juan Donnini, firmaba en la Casa Rosada un petitorio federal para postergar la reforma Massa/Kicillof. Tres días más tarde, Alicia Kirchner anunció que, en un nuevo homenaje a la justicia social, podría pagar el aguinaldo a los empleados de la incendiada Santa Cruz. Primera impresión: Kicillof prestó, con su extremismo, un servicio invalorable a la tía de su jefe. Eso sí: habrá que ver si, en adelante, alguien le firma algún dictamen. Segunda impresión: Massa volvió a trabajar para los Kirchner. Ahora hay que ver si Macri no pagó, como suele hacer, antes de tiempo. En cuanto al pragmatismo santacruceño, no sorprende a nadie. Sin ir más lejos, Máximo habla cada vez más a menudo con Alberto Fernández, quien está por completar la vuelta al mundo. Es más: Juan Cabandié piensa invitarlos a comer.
Massa también saca réditos de la paz. Vidal selló de nuevo con él su pacto bonaerense. La clave de la sociedad es la Cámara de Diputados de la provincia. Todo indica que pasado mañana será elegido presidente Manuel Mosca, de Pro, y el renovador Ramiro Gutiérrez, vice. El actual presidente, Jorge Sarghini, encabezará el bloque del massismo. Los legisladores reciben con gran expectativa a alguien que se llama Mosca. Suponen que ampliará el presupuesto de la Cámara. Mosca es el esposo de Gladys González, la interventora del sindicato del «Caballo» Suárez y precandidata a senadora de Cambiemos.
Antes de ratificar su acuerdo con Massa, Vidal exploró, a pedido de Macri, otra sociedad. Intentó pactar con las distintas tribus del PJ, que suman 36 diputados. Integró a dos representantes «del cambio» -para usar el lenguaje oficialista-, como Alejandro Granados y Mario Ishii, quienes hoy recorren la provincia con el sello de la Unión Azul y Blanca, el partido de De Narváez, buscando adhesiones para la gobernadora. También integró a Francisco Echarren, el intendente que condenó a un grupo de vecinos de Castelli a vivir en un barrio que bautizó «Julio De Vido». Gracias a ese antecedente le asignaron el área de Vivienda. La designación hizo que el deteriorado De Vido saliera por un instante de la depresión para escribir a su discípulo: «Que te vaya bien, pero no me llames más en tu vida». Echarren fue acercado a Vidal por el secretario de Asuntos Municipales, Alex Campbell. Al frente de Castelli quedó su hermano.
La negociación con el PJ hizo aparecer en escena a Florencio Randazzo. A cambio del apoyo, el ex ministro del Interior de Cristina Kirchner pidió que Vidal desaire a Massa y ceda la vicepresidencia de Diputados a uno de sus hombres. Un acuerdo imposible, porque esos 36, que incluyen a representantes de La Cámpora, son inconciliables a la hora de votar. Randazzo se dio por ofendido y anunció que, con tantas dificultades, no se postularía para las elecciones. Lo interrumpió Martín Insaurralde: «Mirá que no tenemos mucho tiempo para esperarte». La eventual deserción de Randazzo dejaría a Vidal en un problema: los intendentes que abandonaron a Cristina Kirchner quedarían sin candidato. Eso entusiasma a Insaurralde. Y a Massa.
A Massa no le alcanza con que su pacto con Vidal desaliente la candidatura de Randazzo. Como siempre, quiere más. Anoche invitó a comer a varios intendentes desilusionados con el ex ministro del Interior para planificar una mayor presión sobre la gobernadora. Como ella espera que pasado mañana le aprueben el presupuesto y la autorización de endeudamiento, Massa aspira a ampliar el pliego de condiciones opositor el martes por la noche. Entre las cuestiones en disputa está la Defensoría del Pueblo, con su apetecible presupuesto. El jueves por la noche, en San Telmo, varias fracciones del PJ discutieron la identidad del funcionario. Gustavo Katopodis promovió a su amigo Guido Lorenzino. En cambio, el sector ligado a Scioli lo vetó. Es curioso, porque Lorenzino fue un engranaje decisivo en el tenebroso vínculo de Scioli con la policía provincial. O tal vez la ruptura se deba a esos antiguos compromisos. En negociación también está el cargo de subjefe de los fiscales, que secundaría a Julio Conte Grand. Se postula el juez Jorge Rodríguez, otro amigo dilecto de la bonaerense.
Estas candidaturas siguen abriendo incógnitas sobre la política de seguridad. El panorama que presenta el fin de año es inquietante. El jueves pasado por la noche, en Moreno, una banda de narcos asesinó a César Méndez, un militante de la organización social La Dignidad. Nada que sorprenda a los humildes vecinos de Cuartel Quinto: desde hace tiempo esa pandilla despoja a las familias de sus casas, bajo la mirada cómplice de la policía. El viernes hubo una manifestación frente a la comisaría. En cualquier momento empiezan las marchas de silencio. Mientras tanto, a Macri y a Vidal los entretienen con un complot organizado a través de Facebook por el anciano Hugo Curto, y Fernando Esteche y Luis D’Elía, «esos dos impresentables», como los llama en la intimidad Cristina Kirchner.ß
