Alejandro Bercovich
abercovich@diariobae.com
Nicolás Dujovne todavía no puso un solo adorno ni retrato familiar en el despacho del quinto piso de Economía que desalojó veloz Alfonso Prat-Gay. Pero en una semana ya bocetó una hoja de ruta para el próximo año y medio, confiado en que lo ocupará más tiempo que su antecesor. Su plan distingue dos fases: antes y después de las elecciones de fines de octubre. Y se limita al manejo del gasto y la recaudación, que Mauricio Macri le encargó emparejar, con las restricciones a las que obligan un año de campaña y un mundo súbitamente más hostil que el de dos meses atrás.
El “salto cualitativo” en lo fiscal, según prometió el flamante ministro al puñado de empresarios y gobernadores con los que habló esta semana, llegará recién en 2018. Este año, al margen del impuestazo de $7.500 millones con el que debutó al no prorrogar el reintegro del 5% del IVA para las compras con tarjeta de débito que regía desde 2001, no tendrá grandes novedades en materia tributaria. El Presupuesto que apunta a hacer cumplir es el que votó el Congreso, con sus proyecciones de inflación del 17% y de déficit fiscal del 4,2% del PBI. Una enormidad a los ojos de halcones como Carlos Melconian o Federico Sturzenegger pero difícil de achicar sin disparar conflictos como el del CONICET, que empañó un fin de año por cuya paz social Macri había aceptado ceder $30.000 millones a organizaciones sociales que detesta.
¿En qué consiste ese salto cualitativo post-electoral? El nuevo equipo que desembarcó en Economía jura y perjura que no será un ajuste tradicional con recortes presupuestarios, despido de empleados, nuevos impuestazos ni eliminación de funciones estatales. Que incluso habrá menos presión impositiva para las empresas pero que, por efecto de la reactivación que prevén este año, se recaudará más y no hará falta endeudarse al ritmo de 2016, un ritmo récord para todo el mundo emergente en las últimas dos décadas.
Su meta es poner de pie un Estado “low cost”, como las aerolíneas amigas que pretende introducir en el mercado aerocomercial Gustavo Lopetegui, el exCEO de LAN que acumula cada vez más poder en su minúsculo pero bien ubicado despacho de la Rosada. Con menos comodidades, claro, pero más ágil y más barato. Es una gesta sin precedentes exitosos en el país, aunque menos utópica que un ajuste fiscal draconiano en plena campaña electoral.
Mientras tanto, antes de las elecciones, Dujovne proyecta limitarse a ordenar áreas duplicadas del Estado, a informar de forma más simple en qué gasta y a dar certidumbre a cada ministerio sobre los fondos con los que contará, para evitar que sus proveedores le cobren más caro a fin de cubrirse de eventuales demoras o pagadioses. De recortes, promete, habrá poco y nada. Las 400 cesantías en el Ministerio de Educación de esta semana parecieron desmentirlo antes de su jura. También el pedido que transmitió Mario Quintana a todos los ministros en la última reunión del año del gabinete “ampliado”: que cada uno identifique diez programas o sectores que puedan clausurar o fusionar con otros.
Intocables
En las entrevistas que concedió esta semana a varios matutinos porteños, entre ellos BAE Negocios, Dujovne arremetió contra los “impuestos al trabajo” que a su entender afectan el poder adquisitivo de los empleados e inflan el costo laboral para los empresarios. Se refería a los aportes de ambas partes que financian el sistema jubilatorio, las asignaciones familiares (de ocupados y desocupados) y las obras sociales. Las alarmas no tardaron en sonar en la CGT. Pero luego de reunirse con él, anteayer, Jorge Triaca buscó llevar tranquilidad a los jerarcas gremiales. “Los aportes a las obras sociales no se tocan. Lo que estamos discutiendo son las contribuciones a la ANSES”, transmitió el ministro de Trabajo a sus principales donantes voluntarios de gobernabilidad. No es cuestión de reavivar las internas que todos parecieron zanjar con el plácido brindis con Macri en la quinta Olivos antes de sus prolongadas vacaciones en el sur. Tampoco de hacer enojar a férreos aliados como el matrimonio Barrionuevo- Camaño, quien se ocupa de contener al Frente Renovador cada vez que amaga con virar a una oposición más frontal.
El argumento oficial es que los aportes patronales al sistema jubilatorio están entre los más elevados de la región, y que por eso hay un 35% de empleo en negro. Pero para proponer bajar esos aportes sin que lo cuestionen duramente en el Congreso, Dujovne deberá pulir sus argumentos. Su propio viceministro, Sebastián Galiani, a quien encomendó “buscar la lógica” detrás de cada gasto, publicó en 2010 un estudio junto a otros expertos donde asegura que las rebajas de aportes patronales dispuestas por Domingo Cavallo entre 1995 y 2001 no redundaron en aumentos del empleo formal. Por el contrario, la desocupación saltó del 6% a 18,4% por ciento entre 1991 y 1995 y trepó al 21,5% a inicios de 2002.
Especialistas como Oscar Cetrángolo y Roxana Maurizio son más categóricos. “Los países más desarrollados tienen menores niveles de informalidad laboral y, en la mayoría de los casos, las alícuotas son más elevadas. En cambio, los elevados porcentajes de trabajo no registrado son característicos de los países latinoamericanos, con independencia de sus niveles de cargas sobre los salarios”, escribió Cetrángolo en un trabajo donde cita, entre otros, a Galiani. El empleo sube cuando crece la economía y no cuando se abarata contratar un trabajador, concluye. Elemental.
Cajas grandes y chicas
El riesgo ya conocido es que el Estado “low cost” empiece sacrificando recaudación (de la ANSES, por ejemplo) y luego se vea obligado a sacrificar prestaciones, congelar haberes jubilatorios o poner en práctica consejos como el que deslizó el Fondo Monetario en la revisión que volvió a efectuar en 2016: subir la edad de retiro de los trabajadores. Dujovne procura aventar esos fantasmas. Dice que la ley de movilidad garantiza los haberes para los pasivos y que no hace falta que la seguridad social se autofinancie. ¿Alcanzará con su palabra?
En otros rubros, la AFIP ya resignó ingentes recursos pese al declamado compromiso oficial con la reducción del déficit. Si no se hubiera votado junto con el blanqueo la reducción de la alícuota del impuesto a los Bienes Personales, por ejemplo, el buen resultado de la exteriorización habría permitido recaudar cerca de $10.000 millones más en 2017 exclusivamente de los ricos. No habría hecho falta subir el IVA a los compradores con tarjeta de débito, con certeza menos acaudalados que los blanqueadores. Eso sin contar el calendario de rebaja de retenciones a la soja de medio punto porcentual por mes desde el próximo enero, una transferencia que se suma a la rentabilidad que ya había ganado el complejo sojero por la devaluación inicial del macrismo.
La apuesta de largo plazo de Dujovne y de Lopetegui, el hombre que convenció a Macri de convocarlo, sigue centrada en seducir a los inversores, especialmente a los extranjeros. Durante todo el año, Lopetegui llevó en su agenda de papel un gráfico impreso que solía mostrar Dujovne en sus presentaciones como consultor: ahí se observa que la inversión privada evolucionó durante los últimos años casi a la inversa exacta del riesgo país, con alta correlación pero con un rezago de un año. Si la tendencia se mantuviera, la baja del costo de financiamiento que sobrevino al pago cash a los fondos buitre debería disparar una suba de 20% de la inversión en 2017.
¿Seguirá vigente esa correlación en el mundo en el que Donald Trump fuerza a las multinacionales de su país a suspender inversiones en el Latinoamérica para llevarlas a Estados Unidos? ¿Habrá financiamiento para esos desembolsos incluso con la suba de las tasas de interés internacionales registrada desde que el magnate dio el batacazo? ¿No debería haberse insinuado acaso un atisbo de recuperación en la inversión durante 2016, cuando ni siquiera aparecieron las nubes que preanuncien la prometida lluvia?
abercovich@diariobae.com
Nicolás Dujovne todavía no puso un solo adorno ni retrato familiar en el despacho del quinto piso de Economía que desalojó veloz Alfonso Prat-Gay. Pero en una semana ya bocetó una hoja de ruta para el próximo año y medio, confiado en que lo ocupará más tiempo que su antecesor. Su plan distingue dos fases: antes y después de las elecciones de fines de octubre. Y se limita al manejo del gasto y la recaudación, que Mauricio Macri le encargó emparejar, con las restricciones a las que obligan un año de campaña y un mundo súbitamente más hostil que el de dos meses atrás.
El “salto cualitativo” en lo fiscal, según prometió el flamante ministro al puñado de empresarios y gobernadores con los que habló esta semana, llegará recién en 2018. Este año, al margen del impuestazo de $7.500 millones con el que debutó al no prorrogar el reintegro del 5% del IVA para las compras con tarjeta de débito que regía desde 2001, no tendrá grandes novedades en materia tributaria. El Presupuesto que apunta a hacer cumplir es el que votó el Congreso, con sus proyecciones de inflación del 17% y de déficit fiscal del 4,2% del PBI. Una enormidad a los ojos de halcones como Carlos Melconian o Federico Sturzenegger pero difícil de achicar sin disparar conflictos como el del CONICET, que empañó un fin de año por cuya paz social Macri había aceptado ceder $30.000 millones a organizaciones sociales que detesta.
¿En qué consiste ese salto cualitativo post-electoral? El nuevo equipo que desembarcó en Economía jura y perjura que no será un ajuste tradicional con recortes presupuestarios, despido de empleados, nuevos impuestazos ni eliminación de funciones estatales. Que incluso habrá menos presión impositiva para las empresas pero que, por efecto de la reactivación que prevén este año, se recaudará más y no hará falta endeudarse al ritmo de 2016, un ritmo récord para todo el mundo emergente en las últimas dos décadas.
Su meta es poner de pie un Estado “low cost”, como las aerolíneas amigas que pretende introducir en el mercado aerocomercial Gustavo Lopetegui, el exCEO de LAN que acumula cada vez más poder en su minúsculo pero bien ubicado despacho de la Rosada. Con menos comodidades, claro, pero más ágil y más barato. Es una gesta sin precedentes exitosos en el país, aunque menos utópica que un ajuste fiscal draconiano en plena campaña electoral.
Mientras tanto, antes de las elecciones, Dujovne proyecta limitarse a ordenar áreas duplicadas del Estado, a informar de forma más simple en qué gasta y a dar certidumbre a cada ministerio sobre los fondos con los que contará, para evitar que sus proveedores le cobren más caro a fin de cubrirse de eventuales demoras o pagadioses. De recortes, promete, habrá poco y nada. Las 400 cesantías en el Ministerio de Educación de esta semana parecieron desmentirlo antes de su jura. También el pedido que transmitió Mario Quintana a todos los ministros en la última reunión del año del gabinete “ampliado”: que cada uno identifique diez programas o sectores que puedan clausurar o fusionar con otros.
Intocables
En las entrevistas que concedió esta semana a varios matutinos porteños, entre ellos BAE Negocios, Dujovne arremetió contra los “impuestos al trabajo” que a su entender afectan el poder adquisitivo de los empleados e inflan el costo laboral para los empresarios. Se refería a los aportes de ambas partes que financian el sistema jubilatorio, las asignaciones familiares (de ocupados y desocupados) y las obras sociales. Las alarmas no tardaron en sonar en la CGT. Pero luego de reunirse con él, anteayer, Jorge Triaca buscó llevar tranquilidad a los jerarcas gremiales. “Los aportes a las obras sociales no se tocan. Lo que estamos discutiendo son las contribuciones a la ANSES”, transmitió el ministro de Trabajo a sus principales donantes voluntarios de gobernabilidad. No es cuestión de reavivar las internas que todos parecieron zanjar con el plácido brindis con Macri en la quinta Olivos antes de sus prolongadas vacaciones en el sur. Tampoco de hacer enojar a férreos aliados como el matrimonio Barrionuevo- Camaño, quien se ocupa de contener al Frente Renovador cada vez que amaga con virar a una oposición más frontal.
El argumento oficial es que los aportes patronales al sistema jubilatorio están entre los más elevados de la región, y que por eso hay un 35% de empleo en negro. Pero para proponer bajar esos aportes sin que lo cuestionen duramente en el Congreso, Dujovne deberá pulir sus argumentos. Su propio viceministro, Sebastián Galiani, a quien encomendó “buscar la lógica” detrás de cada gasto, publicó en 2010 un estudio junto a otros expertos donde asegura que las rebajas de aportes patronales dispuestas por Domingo Cavallo entre 1995 y 2001 no redundaron en aumentos del empleo formal. Por el contrario, la desocupación saltó del 6% a 18,4% por ciento entre 1991 y 1995 y trepó al 21,5% a inicios de 2002.
Especialistas como Oscar Cetrángolo y Roxana Maurizio son más categóricos. “Los países más desarrollados tienen menores niveles de informalidad laboral y, en la mayoría de los casos, las alícuotas son más elevadas. En cambio, los elevados porcentajes de trabajo no registrado son característicos de los países latinoamericanos, con independencia de sus niveles de cargas sobre los salarios”, escribió Cetrángolo en un trabajo donde cita, entre otros, a Galiani. El empleo sube cuando crece la economía y no cuando se abarata contratar un trabajador, concluye. Elemental.
Cajas grandes y chicas
El riesgo ya conocido es que el Estado “low cost” empiece sacrificando recaudación (de la ANSES, por ejemplo) y luego se vea obligado a sacrificar prestaciones, congelar haberes jubilatorios o poner en práctica consejos como el que deslizó el Fondo Monetario en la revisión que volvió a efectuar en 2016: subir la edad de retiro de los trabajadores. Dujovne procura aventar esos fantasmas. Dice que la ley de movilidad garantiza los haberes para los pasivos y que no hace falta que la seguridad social se autofinancie. ¿Alcanzará con su palabra?
En otros rubros, la AFIP ya resignó ingentes recursos pese al declamado compromiso oficial con la reducción del déficit. Si no se hubiera votado junto con el blanqueo la reducción de la alícuota del impuesto a los Bienes Personales, por ejemplo, el buen resultado de la exteriorización habría permitido recaudar cerca de $10.000 millones más en 2017 exclusivamente de los ricos. No habría hecho falta subir el IVA a los compradores con tarjeta de débito, con certeza menos acaudalados que los blanqueadores. Eso sin contar el calendario de rebaja de retenciones a la soja de medio punto porcentual por mes desde el próximo enero, una transferencia que se suma a la rentabilidad que ya había ganado el complejo sojero por la devaluación inicial del macrismo.
La apuesta de largo plazo de Dujovne y de Lopetegui, el hombre que convenció a Macri de convocarlo, sigue centrada en seducir a los inversores, especialmente a los extranjeros. Durante todo el año, Lopetegui llevó en su agenda de papel un gráfico impreso que solía mostrar Dujovne en sus presentaciones como consultor: ahí se observa que la inversión privada evolucionó durante los últimos años casi a la inversa exacta del riesgo país, con alta correlación pero con un rezago de un año. Si la tendencia se mantuviera, la baja del costo de financiamiento que sobrevino al pago cash a los fondos buitre debería disparar una suba de 20% de la inversión en 2017.
¿Seguirá vigente esa correlación en el mundo en el que Donald Trump fuerza a las multinacionales de su país a suspender inversiones en el Latinoamérica para llevarlas a Estados Unidos? ¿Habrá financiamiento para esos desembolsos incluso con la suba de las tasas de interés internacionales registrada desde que el magnate dio el batacazo? ¿No debería haberse insinuado acaso un atisbo de recuperación en la inversión durante 2016, cuando ni siquiera aparecieron las nubes que preanuncien la prometida lluvia?
