La escena transcurre en la última reunión del año de la comisión de selección del Consejo de la Magistratura, el epicentro de las decisiones sobre nombramientos de jueces. “¿Nadie va a decir nada de esto?”, pregunta la camarista-consejera Gabriela Vázquez mientras agita un papel. Es una carta, la cuarta, enviada por María Gabriela López Iñíguez, una jueza penal porteña que concursó para ascender a un tribunal oral federal y ganó. Tiene el decreto que la designa desde septiembre de 2015, igual que otros dos colegas de ella, Sabrina Namer y Nicolás Toselli, pero ese tribunal para el cual se postularon todavía no existe pese a que una ley ordenó su creación seis años atrás. Ante la aparición de vacantes en los viejos tribunales orales de Comodoro Py el sentido común indica que deberían ocuparlas quienes concursaron para esa especialidad (como López Iñíguez y sus pares) que hay prioridad para las mujeres de modo de respetar la diversidad de género y también para quienes sacaron mejores notas en los exámenes. Pero no. Los consejeros, advierte la jueza, han decidido mandar varones como suplentes, algunos que ni concursaron, que ya pertenecen a otros tribunales, y que además siempre se ocuparon de delitos comunes, no federales.
Nadie quiere hablar de la carta de López Iñíguez ni de otras que mandó junto con sus colegas, porque pone dos cuestiones sobre el tapete que comprometen al macrismo. Una es un mecanismo que utiliza la mayoría del Consejo, compuesta por una alianza entre Cambiemos y exponentes de la corporación judicial, que juega a reservarse ciertos cargos vacantes y retarda concursos adrede para tenerlos disponibles y repartirlos entre conocidos, amigos o intercambiar favores. Y la otra cuestión es que todo esto encierra un propósito evidente del oficialismo de controlar a los tribunales orales federales, el lugar donde definirá la suerte judicial de tantos funcionarios y ex funcionarios. La intención quedó clara, además, con la promulgación –el último día del año– de la ley que transformará seis tribunales ordinarios en federales. ¿Quién decidirá cuáles de los 30 tribunales se convierten en expertos en delitos de corrupción, narcotráfico y derechos humanos? Una mayoría simple del Consejo para la que bastan los siete votos que concentran el PRO, el radicalismo, dos jueces y los abogados.
Los tribunales orales federales nuevos están destinados a llevar adelante los juicios de casos que hoy son tan resonantes a cargo de los jueces de instrucción de Comodoro Py, porque los otros están desbordados. La lista incluye las causas contra Cristina Fernández de Kirchner, contra Amado Boudou, Julio De Vido, Aníbal Fernández, Lázaro Báez pero también a futuro podría abarcar a funcionarios del actual gobierno, como los denunciados por Panamá Papers, entre ellos Mauricio Macri.
Temporada de pases
Los tribunales orales federales, que hoy son seis, están integrados por tres jueces cada uno y fueron creados después de una reforma que comenzó en 1992 que incluía la realización de juicios orales en reemplazo de una parte del procedimiento escrito. Se instauró un sistema mixto con una primera etapa de instrucción y una segunda fase oral, un método que ha llevado a que algunas causas de corrupción duren 15 o 20 años. A pesar de que en 2015 el Congreso votó pasar a un sistema acusatorio, todo oral, ágil y con gran protagonismo de los fiscales en las investigaciones, el gobierno de Macri no implementó esta reforma y se inclina por otros métodos.
Mucho antes, como los tribunales orales federales (TOF) se quejaban de que tenían mucho trabajo y megajuicios complejos, como los que juzgan a represores por crímenes de lesa humanidad, en 2010 el Congreso votó la creación de dos tribunales orales federales nuevos: el 7 y el 8. El Consejo llamó a concurso, tomó examen en agosto de 2012 y fueron ternados y lograron acuerdo del Senado: López Iñíguez, Sabrina Namer (que fue fiscal federal de juicio y miembros de la unidad AMIA) y Nicolás Toselli (defensor oficial en La Plata) para TOF 8; para el TOF 7 resultaron designados Andrés Basso (ex secretario en Lomas de Zamora), Javier Ríos (juez de instrucción) y Fernando Machado Pelloni (defensor oficial). En septiembre de 2015 CFK firmó los decretos que los nombran jueces federales.
Sin embargo, empezó a pasar el tiempo y sus tribunales no fueron habilitados. La habilitación está a cargo de la Corte Suprema, presidida por Ricardo Lorenzetti. El argumento para demorar ese paso es que si los jueces nuevos no tienen oficina, la habilitación no se concede. El Consejo debe conseguir los edificios. Tuvo seis años para hacerlo, en los que pasaron distintos consejeros, y tampoco lo hizo. Un día, el Tribunal Oral Federal 3 (TOF 3), que había hecho el juicio del caso AMIA, quedó desierto por la jubilación de sus jueces. En lugar de llamar a un concurso nuevo, ante un pedido por escrito del ministro de Justicia, Germán Garavano y con el empuje de su mayoría oficialista de la comisión de Selección –que presidió hasta fin de 2016 Luis Cabral, el cuestionado ex subrogante permanente de la Cámara de Casación– el Consejo hizo dos movimientos sin precedentes: primero decidió que los jueces que habían sido nombrados para el TOF 7 irían a parar al TOF 3, y allí están, en forma definitiva; luego, el 4 de agosto último, agarró la vieja lista de concursantes y tomó los tres nombres que seguían en el orden de mérito para asignarlos al TOF 7. Uno es Herminio Canero, quien trabajó con Cabral en el Tribunal Oral Criminal 9 y también en la Corte Suprema junto con el menemista Julio Nazareno y la secretaría general; otro es Enrique Méndez Signori, de la secretaría penal de la Corte; y el tercero era el fiscal Julio Castro, cuya designación no avanzó por una denuncia. En su lugar, quedaron dos nombres: Vanesa Alfaro (secretaria letrada de la unidad AMIA desde la gestión de Alberto Nisman) y el fiscal Ariel Yapur. El controvertido combo fue votado por todos los consejeros menos los del Frente para la Victoria.
Así, no hubo concurso para ninguno de los dos tribunales ni de las resoluciones del Consejo surge por qué razón los elegidos del TOF 7 fueron a parar al 3 y el resto, nada. Las dos mujeres nombradas para el TOF 8, López Iñíguez y Namer presentaron una nota ante el ministro Garavano, Lorenzetti y el Consejo en la que protestaban por quedar excluídas y decían que dado que en Comodoro Py hay solo tres mujeres no les quedaba otra opción que pensar que estaban siendo discriminadas. Recordaban que habían sido contundentes en explicar por qué les correspondían los cargos a ellas (ver aparte).
Esa carta no fue respondida, ni una anterior que también firmaba Toselli, en la que reclamaban la habilitación de sus tribunales. En otra nota, cuando vieron que se generaba una vacante en el Tribunal Oral Federal 1 (por la jubilación de Oscar Amirante) se anticiparon y pidieron que el Consejo se abstuviera de hacer pases de otros jueces que no fueran ellos, que habían concursado. No les contestaron y en ese lugar nombraron a un juez de un tribunal oral ordinario, Gabriel Vega. Cuando un juez subroga en otro lado le toca un 30 por ciento más de sueldo, innecesario en este caso, donde había jueces nombrados.
Más adelante Namer presentó otra nota en la que advertía sobre el absurdo de no poder asumir por falta de oficina. Decía: “…mientras se esperan soluciones inmobiliarias o cuasi futbolísticas a la deriva del cierre de la temporada de pases de un tribunal a otro, se lee en los diarios que algunas causas de banqueros o de funcionarios acusados de corrupción prescriben por falta de cuarto juez para iniciar los juicios, o que los juicios de lesa humanidad no pueden empezar por el mismo motivo, o que quedan libres narcotraficantes por soluciones que reducen su pena para no violar los plazos de prisión preventiva ante la imposibilidad de hacer juicios orales. La falta de un espacio físico, generó aparentemente que el Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no diera curso los pedidos de habilitación de los cargos efectuados por la Cámara de Casación Penal (…) Paradójico todo, si además se pregona que el sentido común, el respeto al interés público y la transparencia deben regir las decisiones de los funcionarios”. Ese texto, generó una respuesta casi inmediata y una acordada de la Corte dio la habilitación.
En medio sucedió algo insólito: la comisión de Selección, inventó un sorteo por el cual generó un orden para que a medida que se produjeran vacantes los designados las fueran ocupando. Quedaron así: Namer, López Iñíguez, Canero, Toselli y Méndez Signori. Un día mientras caminaba por Parque Centenario a Namer la sorprendió un llamado urgente del secretario de Selección, que le decía que había una vacante en un tribunal ordinario, el 20. La ex fiscal, harta, aceptó y el 28 de diciembre juró como jueza federal para un tribunal común junto con Canero y Méndez Signori, quienes llamativamente no tienen ningún tribunal asignado. A ella, por su extraña situación, le tomaron juramento las dos Cámaras de Casación juntas (la federal y la ordinaria).
Aquí es cuando entra en escena otra carta, esta vez de la jueza López Iñíguez, que reclama la vacante del TOC 1 cuya subrogancia vencía. Se queja por la falta de respuesta a sus pedidos y al “reclamo de género por la evidente discriminación que vengo padeciendo en relación a colegas varones que ya se encuentran desempeñando sus cargos, hecho que reviste gravedad institucional ya que la propia Corte Suprema” -recuerda-dijo debían ponerla en funciones. “Hasta ahora –se enojó López Iñíguez– el único que ha demostrado tener perspectiva de género es el bolillero utilizado el pasado 17 de noviembre” con el que se creó el orden de mérito que las ubicó a ella y Namer primeras. El Consejo no prevé por ahora darle el lugar en el TOF1 sino que podría trasladar al juez de un tribunal común, Ricardo Basílico.
La frutilla del postre
En el Consejo hubo discusiones caldeadas hacia el final del año en las que, por ejemplo, la senadora Virgina García (FpV) dijo que no podía ser que se estuvieran “subastando los cargos”. Le apuntaba a Cabral y su sociedad con los legisladores del Pro y la UCR, más el representante del Poder Ejecutivo Juan Mahiques, a la que suelen sumarse el juez Leónidas Moldes y los abogados Miguel Piedecasas y Adriana Donato. Pero el oficialismo está cómodo, hasta les sobra un voto para las cuestiones que se votan con mayoría simple (tienen ocho, les bastan siete).
Dos casos bien sintomáticos de los tejes y manejes con los cargos, en especial del fuero federal, son los concursos eternamente postergados para la Cámara Federal y la Cámara de Casación Penal. Para el primero están ternados: Julio César Báez, Javier López Biscayart y Sebastián Casanello, pero el Consejo prefirió, hace días nomás, algo que parece el colmo: puso como subrogante a Leopoldo Bruglia, que integra precisamente un tribunal oral federal, el 4, y si le dan la licencia que pide va a generar otro agujero. Para Casación también hay ternas disponibles para el plenario desde mayo de 2015.
Pero la demostración más explícita de que el gobierno de Cambiemos quiere controlar el fuero y sus tribunales orales es la llamada “Ley de Fortalecimiento de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal”. Prevé convertir seis tribunales ordinarios en federales: uno será disuelto y sus jueces trasladados y el resto serán convertidos desde TOF 7 en adelanete. También prevé juicios unipersonales. La decisión de cuáles son los jueces del fuero ordinario que serán federales (sin concurso para eso), será tomada por una mayoría simple del Consejo dominado por la coalición político-judicial donde nunca falta la pata mediática.
Guadalupe Lombardo Comodoro Py, escenario de los juicios más significativos.
Nadie quiere hablar de la carta de López Iñíguez ni de otras que mandó junto con sus colegas, porque pone dos cuestiones sobre el tapete que comprometen al macrismo. Una es un mecanismo que utiliza la mayoría del Consejo, compuesta por una alianza entre Cambiemos y exponentes de la corporación judicial, que juega a reservarse ciertos cargos vacantes y retarda concursos adrede para tenerlos disponibles y repartirlos entre conocidos, amigos o intercambiar favores. Y la otra cuestión es que todo esto encierra un propósito evidente del oficialismo de controlar a los tribunales orales federales, el lugar donde definirá la suerte judicial de tantos funcionarios y ex funcionarios. La intención quedó clara, además, con la promulgación –el último día del año– de la ley que transformará seis tribunales ordinarios en federales. ¿Quién decidirá cuáles de los 30 tribunales se convierten en expertos en delitos de corrupción, narcotráfico y derechos humanos? Una mayoría simple del Consejo para la que bastan los siete votos que concentran el PRO, el radicalismo, dos jueces y los abogados.
Los tribunales orales federales nuevos están destinados a llevar adelante los juicios de casos que hoy son tan resonantes a cargo de los jueces de instrucción de Comodoro Py, porque los otros están desbordados. La lista incluye las causas contra Cristina Fernández de Kirchner, contra Amado Boudou, Julio De Vido, Aníbal Fernández, Lázaro Báez pero también a futuro podría abarcar a funcionarios del actual gobierno, como los denunciados por Panamá Papers, entre ellos Mauricio Macri.
Temporada de pases
Los tribunales orales federales, que hoy son seis, están integrados por tres jueces cada uno y fueron creados después de una reforma que comenzó en 1992 que incluía la realización de juicios orales en reemplazo de una parte del procedimiento escrito. Se instauró un sistema mixto con una primera etapa de instrucción y una segunda fase oral, un método que ha llevado a que algunas causas de corrupción duren 15 o 20 años. A pesar de que en 2015 el Congreso votó pasar a un sistema acusatorio, todo oral, ágil y con gran protagonismo de los fiscales en las investigaciones, el gobierno de Macri no implementó esta reforma y se inclina por otros métodos.
Mucho antes, como los tribunales orales federales (TOF) se quejaban de que tenían mucho trabajo y megajuicios complejos, como los que juzgan a represores por crímenes de lesa humanidad, en 2010 el Congreso votó la creación de dos tribunales orales federales nuevos: el 7 y el 8. El Consejo llamó a concurso, tomó examen en agosto de 2012 y fueron ternados y lograron acuerdo del Senado: López Iñíguez, Sabrina Namer (que fue fiscal federal de juicio y miembros de la unidad AMIA) y Nicolás Toselli (defensor oficial en La Plata) para TOF 8; para el TOF 7 resultaron designados Andrés Basso (ex secretario en Lomas de Zamora), Javier Ríos (juez de instrucción) y Fernando Machado Pelloni (defensor oficial). En septiembre de 2015 CFK firmó los decretos que los nombran jueces federales.
Sin embargo, empezó a pasar el tiempo y sus tribunales no fueron habilitados. La habilitación está a cargo de la Corte Suprema, presidida por Ricardo Lorenzetti. El argumento para demorar ese paso es que si los jueces nuevos no tienen oficina, la habilitación no se concede. El Consejo debe conseguir los edificios. Tuvo seis años para hacerlo, en los que pasaron distintos consejeros, y tampoco lo hizo. Un día, el Tribunal Oral Federal 3 (TOF 3), que había hecho el juicio del caso AMIA, quedó desierto por la jubilación de sus jueces. En lugar de llamar a un concurso nuevo, ante un pedido por escrito del ministro de Justicia, Germán Garavano y con el empuje de su mayoría oficialista de la comisión de Selección –que presidió hasta fin de 2016 Luis Cabral, el cuestionado ex subrogante permanente de la Cámara de Casación– el Consejo hizo dos movimientos sin precedentes: primero decidió que los jueces que habían sido nombrados para el TOF 7 irían a parar al TOF 3, y allí están, en forma definitiva; luego, el 4 de agosto último, agarró la vieja lista de concursantes y tomó los tres nombres que seguían en el orden de mérito para asignarlos al TOF 7. Uno es Herminio Canero, quien trabajó con Cabral en el Tribunal Oral Criminal 9 y también en la Corte Suprema junto con el menemista Julio Nazareno y la secretaría general; otro es Enrique Méndez Signori, de la secretaría penal de la Corte; y el tercero era el fiscal Julio Castro, cuya designación no avanzó por una denuncia. En su lugar, quedaron dos nombres: Vanesa Alfaro (secretaria letrada de la unidad AMIA desde la gestión de Alberto Nisman) y el fiscal Ariel Yapur. El controvertido combo fue votado por todos los consejeros menos los del Frente para la Victoria.
Así, no hubo concurso para ninguno de los dos tribunales ni de las resoluciones del Consejo surge por qué razón los elegidos del TOF 7 fueron a parar al 3 y el resto, nada. Las dos mujeres nombradas para el TOF 8, López Iñíguez y Namer presentaron una nota ante el ministro Garavano, Lorenzetti y el Consejo en la que protestaban por quedar excluídas y decían que dado que en Comodoro Py hay solo tres mujeres no les quedaba otra opción que pensar que estaban siendo discriminadas. Recordaban que habían sido contundentes en explicar por qué les correspondían los cargos a ellas (ver aparte).
Esa carta no fue respondida, ni una anterior que también firmaba Toselli, en la que reclamaban la habilitación de sus tribunales. En otra nota, cuando vieron que se generaba una vacante en el Tribunal Oral Federal 1 (por la jubilación de Oscar Amirante) se anticiparon y pidieron que el Consejo se abstuviera de hacer pases de otros jueces que no fueran ellos, que habían concursado. No les contestaron y en ese lugar nombraron a un juez de un tribunal oral ordinario, Gabriel Vega. Cuando un juez subroga en otro lado le toca un 30 por ciento más de sueldo, innecesario en este caso, donde había jueces nombrados.
Más adelante Namer presentó otra nota en la que advertía sobre el absurdo de no poder asumir por falta de oficina. Decía: “…mientras se esperan soluciones inmobiliarias o cuasi futbolísticas a la deriva del cierre de la temporada de pases de un tribunal a otro, se lee en los diarios que algunas causas de banqueros o de funcionarios acusados de corrupción prescriben por falta de cuarto juez para iniciar los juicios, o que los juicios de lesa humanidad no pueden empezar por el mismo motivo, o que quedan libres narcotraficantes por soluciones que reducen su pena para no violar los plazos de prisión preventiva ante la imposibilidad de hacer juicios orales. La falta de un espacio físico, generó aparentemente que el Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no diera curso los pedidos de habilitación de los cargos efectuados por la Cámara de Casación Penal (…) Paradójico todo, si además se pregona que el sentido común, el respeto al interés público y la transparencia deben regir las decisiones de los funcionarios”. Ese texto, generó una respuesta casi inmediata y una acordada de la Corte dio la habilitación.
En medio sucedió algo insólito: la comisión de Selección, inventó un sorteo por el cual generó un orden para que a medida que se produjeran vacantes los designados las fueran ocupando. Quedaron así: Namer, López Iñíguez, Canero, Toselli y Méndez Signori. Un día mientras caminaba por Parque Centenario a Namer la sorprendió un llamado urgente del secretario de Selección, que le decía que había una vacante en un tribunal ordinario, el 20. La ex fiscal, harta, aceptó y el 28 de diciembre juró como jueza federal para un tribunal común junto con Canero y Méndez Signori, quienes llamativamente no tienen ningún tribunal asignado. A ella, por su extraña situación, le tomaron juramento las dos Cámaras de Casación juntas (la federal y la ordinaria).
Aquí es cuando entra en escena otra carta, esta vez de la jueza López Iñíguez, que reclama la vacante del TOC 1 cuya subrogancia vencía. Se queja por la falta de respuesta a sus pedidos y al “reclamo de género por la evidente discriminación que vengo padeciendo en relación a colegas varones que ya se encuentran desempeñando sus cargos, hecho que reviste gravedad institucional ya que la propia Corte Suprema” -recuerda-dijo debían ponerla en funciones. “Hasta ahora –se enojó López Iñíguez– el único que ha demostrado tener perspectiva de género es el bolillero utilizado el pasado 17 de noviembre” con el que se creó el orden de mérito que las ubicó a ella y Namer primeras. El Consejo no prevé por ahora darle el lugar en el TOF1 sino que podría trasladar al juez de un tribunal común, Ricardo Basílico.
La frutilla del postre
En el Consejo hubo discusiones caldeadas hacia el final del año en las que, por ejemplo, la senadora Virgina García (FpV) dijo que no podía ser que se estuvieran “subastando los cargos”. Le apuntaba a Cabral y su sociedad con los legisladores del Pro y la UCR, más el representante del Poder Ejecutivo Juan Mahiques, a la que suelen sumarse el juez Leónidas Moldes y los abogados Miguel Piedecasas y Adriana Donato. Pero el oficialismo está cómodo, hasta les sobra un voto para las cuestiones que se votan con mayoría simple (tienen ocho, les bastan siete).
Dos casos bien sintomáticos de los tejes y manejes con los cargos, en especial del fuero federal, son los concursos eternamente postergados para la Cámara Federal y la Cámara de Casación Penal. Para el primero están ternados: Julio César Báez, Javier López Biscayart y Sebastián Casanello, pero el Consejo prefirió, hace días nomás, algo que parece el colmo: puso como subrogante a Leopoldo Bruglia, que integra precisamente un tribunal oral federal, el 4, y si le dan la licencia que pide va a generar otro agujero. Para Casación también hay ternas disponibles para el plenario desde mayo de 2015.
Pero la demostración más explícita de que el gobierno de Cambiemos quiere controlar el fuero y sus tribunales orales es la llamada “Ley de Fortalecimiento de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal”. Prevé convertir seis tribunales ordinarios en federales: uno será disuelto y sus jueces trasladados y el resto serán convertidos desde TOF 7 en adelanete. También prevé juicios unipersonales. La decisión de cuáles son los jueces del fuero ordinario que serán federales (sin concurso para eso), será tomada por una mayoría simple del Consejo dominado por la coalición político-judicial donde nunca falta la pata mediática.
Guadalupe Lombardo Comodoro Py, escenario de los juicios más significativos.
